“Como resultado de la
reducción radical de las subvenciones solares, a principios de 2014 veintidós
empresas han demandado a España ante los tribunales internacionales en siete
casos diferentes; se trata principalmente de fondos de renta variable privados
que entraron en el mercado después de que la crisis hubiera comenzado, según el
informe publicado por las ONG Transnational Institute y Corporate Europe
Observatory. Aunque no estaba claro la cuantía que alcanzarían las demandas, se
estima que los fondos internacionales tenían invertido 13,000 millones de euros
(17,000 millones de dólares en activos de energías renovables en España; y el
gobierno había incumplido las condiciones de las inversiones. Todas las
demandas se basan en el Tratado de la Carta de la Energía, un convenio multilateral
que proporciona protección a los inversionistas en el sector energético,
reconociéndoles derechos similares a los encontrados en los tratados
bilaterales de inversión (TBI); y que también permiten a las empresas demandar
a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje.
Todos los inversores
demandantes están domiciliados en países europeos (Dinamarca, Francia,
Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Italia y Bélgica; y
de los siete casos, la firma de abogados Allen & Overy representa a cinco.
Más de la mitad de estas empresas inversoras sólo comenzó a invertir después de
2009 (al año siguiente de la quiebra de Lehman Brothers) y continuaron
aumentando sus inversiones durante 2010 y 2011, como registra el referido informe.
De las 22 firmas demandantes únicamente diez invirtieron antes de la primera
medida que restringía las tarifas subvencionadas en 2008; y de esas diez, ocho
lo hicieron durante 2009 y 2010 después de los recortes iniciales de las
subvenciones, cuando la crisis era ya
reconocida. Cuando la crisis financiera global era una evidencia, siguieron
produciéndose estas inversiones que por definición son de riesgo. De modo que
para cuando llegaron la mayoría de estos inversores extranjeros, España estaba
en plena crisis económica y ya habían comenzado las restricciones a las
subvenciones a la energía solar. Lo que permite pensar que estas firmas
practicaban estrategias especulativas similares a los fondos buitre, buscando
la rentabilidad en la garantía del Estado que lograrían vía pleitos.
La mayoría de las
plantas fotovoltaicas se instalaron durante 2007-2008; y era sabido que para
agosto de 2007, España había superado el 85% el objetivo para 2010 en energía
fotovoltaica (paneles solares y energía eólica). Hasta 2009, la mayoría de los
operadores solares eran empresas nacionales que construyeron los parques
(instalaciones solares a gran escala) y luego los vendían en subastas. Entonces
bandadas de inversores extranjeros -
particularmente firmas de capital riesgo y de fondos de gestión de
activos y patrimonio, atraídos todos por los altos márgenes de rentabilidad
compraban participaciones de control estas plantas solares ya instaladas.
Aunque la cuantía de la inversión no se divulgara, el modus operandi de estas
empresas suele consistir en quedarse en el negocio durante cinco a siete años y
después desinvierten para recoger la cosecha de los beneficios. Los fondos de
inversiones prefieren grandes parques con tecnología y calidad demostrada que
ofrezcan seguridad técnica, con tasas de retorno de 12% o 13%, aseguraba
Delphine Barredo, Director de la revista Capital & Corporate, especializada
en firmas de capital riesgo”.
(Del capítulo 5 del libro LOS FONDOS BUITRE, CAPITALISMO
DEPREDADOR, pp.231-232)
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