lunes, 3 de febrero de 2020

EL COLAPSO NEOLIBERAL: Los mercados no son la respuesta

La autora de este ensayo es la economista Miatta Fahnbulleh, de nacionalidad liberiana y británica, y actual  Directora ejecutiva de la New Economics Foundation. Y está publicado en el número de Enero-Febrero 2020 de la revista Foreign Affairs. Nos permitimos difundir aquí su traducción íntegra por su singular clarividencia y por su particular interés en la actual coyuntura europea tras el Brexit, el conflicto de los chalecos amarillos en Francia y el inicio del primer gobierno de coalición de la izquierda transformadora en España y otros eventos significativos de la crisis de la política occidental.
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El capitalismo está en crisis. Hasta hace poco, esa convicción se refería solo a la izquierda. Sin embargo, hoy ha ganado fuerza en todo el espectro político en las economías avanzadas. Los economistas, los responsables políticos y la gente corriente cada vez más se han ido dando cuenta que ha llegado a su límite el neoliberalismo, un credo basado en la fe en los mercados libres, la desregulación y el gobierno pequeño, y que ha dominado las sociedades durante los últimos 40 años.

Esta crisis llevaba mucho tiempo cociéndose, pero surgió a la luz con las consecuencias del colapso financiero global de 2007–8 y la recesión mundial que le siguió. En los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el crecimiento económico en la última década dejó de beneficiar a la mayoría de las personas. A finales de 2017, el crecimiento de los salarios nominales entre los países miembros de la OCDE era solo la mitad de lo que era una década antes. Se estima que más de una de cada tres personas en esos países son económicamente vulnerables, lo que significa que carecen de los medios para mantener un nivel de vida igual o superior al nivel de pobreza durante al menos tres meses. Mientras tanto, en esos países, la desigualdad de ingresos es más alta que en cualquier otro momento del último medio siglo: el diez por ciento más rico posee casi la mitad de la riqueza total, y el 40 por ciento inferior posee solo el tres por ciento.

Los defensores del neoliberalismo señalan con frecuencia que, aunque las décadas de estancamiento salarial y concentración de la riqueza han llevado a una desigualdad creciente en los países desarrollados, durante este mismo período de tiempo se ha visto un aumento dramático de la prosperidad a escala global. Argumentan que más de mil millones de personas han salido de la pobreza extrema debido a los avances tecnológicos, las inversiones y la prosperidad que fueron posibles gracias a la expansión de los mercados libres. Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta el papel fundamental que los gobiernos han desempeñado en ese cambio a través de la provisión de educación, de atención médica y de empleo. Se puede decir que tales intervenciones estatales han sido tan decisivas para elevar el nivel de vida como la mano invisible del mercado. Esta defensa también ignora el hecho de que, a pesar de los muchos avances en prosperidad, la concentración masiva de riqueza y la asombrosa desigualdad continúan conformando la economía global: menos del uno por ciento de la población mundial posee el 46 por ciento de la riqueza mundial, y el 70 por ciento más pobre posee menos de tres por ciento.

La desigualdad siempre ha sido una característica de las sociedades capitalistas; y la gente ha estado dispuesta a tolerarla siempre y cuando sintieran que su calidad de vida estaba mejorando, sus oportunidades se expandían y sus hijos podían esperar hacerlo aún mejor que ellos, esto es, siempre y cuando todos los proverbiales barcos se reflotaran. Cuando eso dejó de suceder en las últimas décadas, se alimentó la percepción creciente de que el sistema es injusto y no funciona en interés de la mayoría de las personas. La frustración acumulada ha llevado a un clamor por el cambio, incluida una nueva receptividad a los ideales socialistas que durante mucho tiempo han sido marginados o incluso considerados tabú. Recientemente en el Reino Unido, por ejemplo, el 53 por ciento de las personas encuestadas dijeron que creían que la economía se había vuelto más injusta en la última década. El ochenta y tres por ciento dijo sentir que la economía funcionaba bien para los ricos, pero solo el diez por ciento dijo que funcionaba para las personas nacidas en familias pobres. Y las ideas como la restauración de la propiedad pública de los servicios públicos esenciales que se privatizaron en las últimas décadas, como los ferrocarriles, los servicios eléctricos y las compañías de agua, están ganando terreno, con más del 75 por ciento de las personas encuestadas apoyando ese paso. Mientras tanto, en los Estados Unidos, una encuesta de Gallup de 2018 descubrió que entre los estadounidenses de 18 a 29 años, el socialismo tenía una tasa de aprobación más alta (51 por ciento) que el capitalismo (45 por ciento). "Esto representa una disminución de 12 puntos en las opiniones positivas de los adultos jóvenes sobre el capitalismo en los últimos dos años", señalaba Gallup, "y un cambio marcado desde 2010, cuando el 68 por ciento lo veía positivamente".

El neoliberalismo no le está fallando solo a la gente: le está fallando a la Tierra.

Desde luego, un simple renacimiento de la agenda socialdemócrata de la era de la postguerra no sería suficiente. Por una razón, el énfasis de ese período en la autoridad central y la propiedad estatal va en contra de la demanda generalizada en las economías desarrolladas de un mayor control local y colectivo de los recursos. Sin embargo, quizás lo más importante sea la necesidad de afrontar un desafío que los modelos socialdemócratas de postguerra no tuvieron que tener en cuenta: la amenaza que representa el cambio climático y la catastrófica degradación ambiental. Después de todo, el neoliberalismo no le está solo fallando a la gente: le está fallando a la tierra. Debido en gran parte a los niveles masivos de consumo y al uso de combustibles fósiles requeridos por un modelo económico que prioriza el crecimiento por encima de todo, el cambio climático ahora pone en peligro el futuro de la existencia humana. El año pasado, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático concluyó que el mundo apenas dispone de más de una década para reducir a la mitad las emisiones de carbono, si la humanidad tiene alguna posibilidad de limitar el aumento en promedio de las temperaturas globales a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, un punto más allá del cual el daño a los sistemas humanos y naturales sería devastador y en gran medida irreversible.

Al igual que el colapso económico que ha afectado a la calidad de vida de las personas, el deterioro ambiental está enraizado en la crisis del capitalismo. Y ambos desafíos pueden abordarse adoptando un modelo económico alternativo, pero que responda al hambre de una reforma genuina adaptando los ideales socialistas a la era contemporánea. Un nuevo modelo económico debe priorizar un entorno natural próspero y saludable. Debe ofrecer mejoras en el bienestar y garantizar a todos los ciudadanos una calidad de vida decente. Debe ser construido por empresas que planifiquen a largo plazo, busquen servir un propósito social más allá de aumentar las ganancias y el valor para los accionistas, y se comprometan a dar voz a sus trabajadores. El nuevo modelo empoderaría a las personas y les otorgaría una mayor participación en la economía al establecer la propiedad común de los bienes públicos y la infraestructura esencial y al alentar la propiedad cooperativa y conjunta de las empresas privadas administradas localmente. Esto requiere un estado activo pero descentralizado que delegue el poder al nivel de las comunidades locales y permita a las personas actuar colectivamente para mejorar sus vidas.

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

El Reino Unido ofrece un interesante caso de estudio de cómo se desarrolla la crisis del capitalismo. Allí, como en los Estados Unidos, los gobiernos de centroderecha y centroizquierda han pasado décadas siguiendo una receta neoliberal de recortes de impuestos, beneficios sociales reducidos y desregulación, con mucho más entusiasmo que la mayoría de los otros países europeos que tienen tradiciones e instituciones socialdemócratas más fuertes. Como resultado, el colapso neoliberal ha sido particularmente doloroso en el Reino Unido, donde las personas son en promedio más pobres hoy que en 2008, ajustándose a la inflación. La deuda de los hogares británicos es más alta de lo que era antes de la crisis financiera, ya que más personas solicitan préstamos solo para subsistir y viven en la pobreza la asombrosa cifra de 14,3 millones de personas.

Para muchos británicos, el referéndum de 2016 sobre si abandonar la Unión Europea sirvió como una salida para su descontento y enojo ante un sistema fallido. El voto a favor del Brexit fue un mensaje claro de las comunidades bajo presión de que el statu quo necesitaba cambiar. Más de tres años después, esta inquietud continúa creciendo, abriendo espacio para cambios más radicales en la política interna, como lo demuestra el reciente abrazo de ideas del Partido Laborista que alguna vez se consideraron demasiado arriesgadas, como la renacionalización de las empresas de servicios públicos y la establecimiento de una compañía farmacéutica estatal.

Pero incluso en el Reino Unido, las plataformas políticas se han quedado atrás de las demandas públicas de un cambio significativo. Lo que se necesita en las economías desarrolladas de todo el mundo no es retocar los bordes, sino una reforma a gran escala de la relación entre el estado, la economía y las comunidades locales. El primer paso sería un New Deal verde global: una movilización masiva de recursos para descarbonizar y al mismo tiempo crear millones de empleos y elevar el nivel de vida. El objetivo debe ser emisiones de carbono netas de cero dentro de diez a 15 años, lo que requerirá que los gobiernos realicen inversiones significativas en infraestructura verde, como parques eólicos en tierra y en alta mar y redes inteligentes de energía; en nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono; y al capacitar a los trabajadores para que desarrollen las habilidades que necesitarán para los empleos que creará una economía verde, como instalar aislamientos, mantener sistemas de energía renovable y reacondicionar y restaurar bienes usados.

Los responsables políticos también deberán crear incentivos para que las empresas reduzcan su uso de carbono al reemplazar los subsidios para combustibles fósiles con exenciones de impuestos para el uso de energías renovables. Las nuevas regulaciones, como las normas de construcción sin carbono o las cuotas para el uso de energía de combustibles fósiles, ayudarían a doblar los mercados que han tardado en actuar en respuesta a la crisis climática. Y los bancos centrales deberán alentar a los mercados financieros a desinvertir en los combustibles fósiles a través de políticas más estrictas de orientación crediticia, incluida la limitación de la cantidad de crédito que se puede utilizar para apoyar la inversión en actividades intensivas en carbono y establecer cuotas para la cantidad de financiación que debería fluir hacia la baja inversión en carbono.

La rabia ante un sistema fallido ha abierto espacio para cambios radicales en la política interna.

Para impulsar los débiles salarios, los gobiernos deberían utilizar todas las palancas del Estado (impuestos corporativos, regulaciones salariales y subsidios) para incentivar u obligar a las empresas a pagar a sus trabajadores de manera justa. Una parte justa de las recompensas de su trabajo debería venir no solo en forma de salarios más altos sino también en reducciones en la jornada de trabajo, con un cambio a una semana laboral promedio de cuatro días, que los gobiernos pueden lograr al aumentar los días festivos por ley. Al mismo tiempo, debe fortalecerse el poder de los trabajadores para proteger sus intereses, exigiendo a todas las empresas que reconozcan   automáticamente a los sindicatos y otorgándoles a los trabajadores derechos legales más sólidos para organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga. Los trabajadores también deben obtener una mayor propiedad de las organizaciones que los emplean. Los gobiernos deberían ordenar fondos de la propiedad de los empleados, que transfieran una parte de las ganancias de una empresa, en forma de capital, a un fideicomiso que es propiedad colectiva de los trabajadores. A través del fideicomiso, los trabajadores recibirían acciones en la empresa, al igual que cualquier accionista. Esas acciones vendrían con derechos de voto, permitiendo a los empleados convertirse en los accionistas dominantes en todas las empresas a lo largo del tiempo, con el poder de dar forma a la dirección de las empresas donde trabajan. En el Reino Unido, un número creciente de empresas, incluida la cadena de grandes almacenes John Lewis, el minorista de entretenimientos en el hogar Richer Sounds y la firma de consultoría Mott MacDonald, ya están cosechando los beneficios de poner la propiedad en manos de los trabajadores: una mayor productividad, mejor retención y compromiso de los trabajadores, y mayores ganancias.

Sin embargo, un nuevo contrato social con los ciudadanos debe extenderse más allá del lugar de trabajo, con el objetivo final de establecer un "estado de bienestar" que brinde a todos, lo básico necesario para mantener una calidad de vida decente. Esto requeriría una mayor inversión en los productos básicos del Estado de bienestar, que se han debilitado bajo los gobiernos neoliberales, como el acceso universal garantizado a una atención médica y a una educación de alta calidad. Pero el nuevo enfoque iría más allá de esos elementos familiares al ofrecer acceso universal al cuidado de los niños, el transporte público y la protección de ingresos mínimos, es decir, un umbral por debajo del cual los ingresos de nadie puedan caer con independencia de si una persona está empleada. Estas expansiones del Estado de bienestar deberían ser financiadas a través de impuestos progresivos que elevarían la carga impositiva sobre aquellos que más pueden pagarlos, al aumentar los tipos máximos de los impuestos sobre la renta y corporativos y mediante la tributación sobre la riqueza, como las ganancias de capital, al mismo nivel que las rentas.

EL PODER PARA LA GENTE

Sin embargo, las políticas de arriba hacia abajo no serán suficientes para estimular el tipo de transformación que debe tener lugar en los países desarrollados para sacudir verdaderamente el estancamiento y el declive neoliberal. Esas sociedades también deben volverse más democráticas, con poder y recursos distribuidos a los gobiernos regionales y locales, más cerca de las personas en las comunidades a las que sirven. Esta es una forma crítica en la que una agenda económica tan nueva diferiría del socialismo más tradicional, que tiende a favorecer la autoridad centralizada y la propiedad estatal. Por ejemplo, en lugar de depender de los gobiernos federales o provinciales para los elementos esenciales cotidianos, como la energía, la vivienda asequible y el transporte público, los municipios deberían establecer corporaciones que sean propiedad de los residentes y que rindan cuentas ante ellos para proporcionar estos servicios.

En España, el País Vasco ofrece un ejemplo de cómo podría ser una economía más democrática. Allí, la Corporación Mondragón, creada en 1956 por graduados de una universidad técnica para proporcionar empleo a través de cooperativas de trabajadores, se ha convertido en uno de los diez grupos empresariales más grandes y el cuarto mayor empleador en España, con cientos de empresas y filiales diferentes y más de 75,000 trabajadores. Las cooperativas operan en una variedad de sectores, incluyendo banca, bienes de consumo e ingeniería. Están configuradas no solo para obtener ganancias sino también para lograr un objetivo social o ambiental específico. Son propiedad y están a cargo de las personas que trabajan para ellas en lugar de inversores externos; y sus estructuras de gobierno aseguran que los miembros tengan un interés en las organizaciones y compartan la riqueza que crean.

Los fideicomisos de tierras comunales en el Reino Unido proporcionan otro ejemplo. Las calles Granby Four en Liverpool, y London Community Land Trust, en el distrito Mile End, proporcionan viviendas asequibles a sus comunidades locales comprando tierras del sector privado y convirtiéndolas en propiedad de la comunidad. El fideicomiso construye viviendas asequibles que vende o alquila a residentes locales a precios reducidos. Un bloqueo de activos evita la reventa de la tierra, lo que garantiza que las viviendas seguirán siendo asequibles.

Experimentos ascendentes como estos serán críticos para el éxito de un nuevo modelo económico. Para que esos experimentos prosperen, las figuras políticas influyentes que se identifican con la tradición socialista (personas como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders en los Estados Unidos y Jeremy Corbyn en el Reino Unido) deben usar sus plataformas para llamar la atención sobre los activistas a nivel local y organizaciones que están trabajando para crear una economía más democrática. Mientras tanto, será necesario un cierto grado de paciencia: llevará tiempo para que este nuevo pensamiento produzca los necesarios cambios a gran escala. Pero esa paciencia también debe tener un límite: cuando se trata de reparar el daño que ha causado el neoliberalismo, el tiempo se está acabando.-  

viernes, 10 de enero de 2020

NORD STREAM 2: EEUU RIVALIZA CON RUSIA Y LA UNIÓN EUROPEA


La firma por  el presidente Donald Trump de un proyecto de ley de defensa masiva el pasado 20 de diciembre, convirtió en ley las sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Berlín y Bruselas han denunciado estas sanciones contra las empresas que llevan a cabo la construcción del segundo gasoducto ruso de gas natural hasta Alemania bajo el Mar Báltico, acusando al presidente Trump de imponer  'una intervención severa en los asuntos internos alemanes y europeos'.
Esta decisión de EEUU frente a Rusia y Alemania (Europa)  tiene un gran alcance político internacional y hasta geopolítico. Para intentar comprenderla hay que explicar las dimensiones colosales de este proyecto técnico y económico así como su alcance continental. Ya en marzo de  2018, la DW, la televisión alemana, anunciaba en un documental en español que en Europa había comenzado la final por el poder y la energía, e informaba que en los siguientes meses se decidiría en Bruselas y Berlín, en Moscú y Washington, si un consorcio empresarial europeo liderado por la compañía estatal rusa Gazprom iba a construir otro gasoducto por el fondo del Báltico.  Gazprom, propiedad mayoritaria del gobierno ruso, posee el 51 por ciento de las empresas del Nord Stream 1, con su gasoducto ya operativo, y todo Nord Stream 2 AG, el nuevo gasoducto que estará operativo próximamente.


Pero en estos tiempos las cuestiones de energía siempre se relacionan directamente con el poder y la geopolítica. Y en este caso, dada la presión de los intereses de EEUU y el giro en su política exterior respecto a Europa, se esperaba que se dejaría sentir fuertemente. Más aun teniendo en cuenta que desde su origen el proyecto Nord Stream 2 era sumamente controvertido, con partidarios y detractores que únicamente concuerdan en una cosa: que este proyecto  marcará la política energética europea de las próximas décadas y también modificará la geopolítica.  

Porque es sabido que Europa es muy deficitaria  en materia de energía, y apenas dispone de gas natural. El importante campo de gas natural holandés de Groningen, está llegando al final de su vida útil, que se espera para 2022, al igual que los campos del Mar del Norte; y la energía nuclear sabemos que plantea problemas. Y junto con Rusia, los otros dos países desde los que Europa importa gas natural disponen de reservas muy inferiores a las rusas. Y la necesidad de Europa de gas natural aumentará lo suficiente como para garantizar que el gas ruso también continúe viajando a través de tuberías ucranianas. Sin embargo, desde su origen la Administración Trump mostró su firme oposición al Nord Stream 2 dada su clara voluntad de reservar el mercado europeo para las exportaciones de su propio gas natural, más caro que el ruso. Al comenzar 2020, esta oposición se ha traducido ya en sanciones económicas para las empresas que contribuyen al proyecto Nord Stream 2, que obligará a duras negociaciones, según prevén los analistas más informados. Porque hay una razón objetiva para añadir y es que el gas por oleoducto es mucho más limpio y menos dañino para el medio ambiente que la traída del gas licuado en buques metaneros gigantes desde EEUU, aparte de que el fracking es supercontaminante; y por eso quedó prohibido en la UE.

La era del gas y el problema económico político

El déficit energético de Europa es indiscutible; se ha evidenciado popularmente en la Europa central particularmente tras las oleadas de frio de algunos de los últimos años, que han traído una mayor demanda de gas natural. Y ciertamente el rápido crecimiento del consumo y producción de gas natural se debe a su mejor aprovechamiento  en la producción de electricidad; y más ecológico que la energía fósil. Este  aumento del consumo y producción de gas natural permite afirmar a los expertos que estamos inmersos en la era de este hidrocarburo, etapa intermedia entre la etapa del petróleo y la de las energías renovables. Al construir numerosas centrales de ciclos combinados de gas, las compañías eléctricas europeas dependen cada vez más del gas importado, en particular de Rusia.

En realidad el suministro de gas natural  a Europa procede básicamente de tres países Rusia, Noruega y Argelia, que es el proveedor de España. El procedimiento técnico de generación de gas natural licuado (GNL en español / LNG en siglas inglesas) le convierte a -161 º en 600 veces menos voluminoso que en su estado gaseoso, haciendo posible su transporte en grandes buques metaneros desde su origen hasta almacenamientos terminales para su distribución por tierra; o mediante gasoductos, que se financian gracias a los contratos de suministro y distribución de GNL a largo plazo asegurando precios de venta a los consumidores finales. Sin duda, el problema económico y político que se genera es la dependencia energética con respecto a las importaciones, dada la carencia europea de este tipo de energía, y simultáneamente plantea la necesidad de diversificar los proveedores mientras dure esta era del gas natural. De ahí, las rivalidades geopolíticas entre Europa, Rusia y los EEUU; y los casos de Ucrania, Polonia y demás países del Este europeo  que  han perdido importancia como proveedores y han  reducido sus ingresos por peajes del paso del gas ruso.

Los expertos resaltan la importancia del gas natural como fuente de energía hoy por hoy. Las energías renovables como la eólica y la solar son importantes, pero el gas natural llena los vacíos cuando el sol no brilla o no sopla el viento. Quemar gas natural también produce menos emisiones de dióxido de carbono que el carbón, aunque este sea más barato. De ahí que un abundante y seguro suministro de gas natural sea la mejor manera de promover más competencia y a precios de gas más baratos, subrayándose la reducción de costes que habrá de generar el nuevo gasoducto del Mar Báltico, mientras las innovaciones  tecnológicas no amplíen las fuentes de energía.

Nord Stream 2, un proyecto colosal

La infraestructura, construida bajo el mar Báltico, se espera que duplique los envíos de gas natural ruso a Alemania. El nuevo gasoducto costará más de 10.000 millones de euros y conectará la ciudad rusa de Víborg  con la de Lubmin alemana, duplicando el volumen de suministro de Nord Stream 1 Este corredor de transporte pronto podrá permitir que la mayor parte de las exportaciones de gas natural de Rusia fluya a la UE. El gas natural proveniente de Rusia que transitará por el nuevo gasoducto Nord Stream-2 conviene más a Europa por su precio que el gas licuado que quiere venderle EEUU, aunque desde el inicio hubo dos bandos: unos a favor mientras que otros se oponían por el temor de acentuar la dependencia energética de Moscú.

La ejecución del proyecto la lleva a cabo Nord Stream 2 AG, que es una compañía creada para su  construcción y operación del gaseoducto así  denominado; con sede en Zug (Suiza) y  propiedad de la empresa estatal rusa, Gazprom S.A. que es el mayor proveedor de gas natural del mundo y representa aproximadamente el 15 por ciento de la producción mundial de gas, con una tremenda experiencia como compañía global de energía dedicada a la exploración geológica, producción, transporte, almacenamiento, procesamiento y venta de gas, condensado de gas y petróleo, ventas de gas como combustible para vehículos, así como la generación y comercialización de calor y energía eléctrica. Esta empresa estatal rusa posee las mayores reservas de gas natural del mundo; y representa el 11 y el 66 por ciento de la producción de gas global y nacional correspondientemente; con  el sistema de suministro  de gas natural más grande del mundo con una longitud total de 171.200 kilómetros; del cual vende más de la mitad de su gas a los consumidores rusos y exporta gas a más de 30 países. El gasoducto  Nord Stream 2 duplicará el rendimiento de la ruta rusa directa de suministro de gas a través del Mar Báltico.

Para el proyecto referido, la compañía suiza Nord Stream 2 AG tiene acuerdos de financiación con cinco grandes empresas europeas como accionistas e inversoras que tienen una gran experiencia en el negocio de extraer gas natural, construir redes de transporte y llevar el gas de manera confiable y segura a los mercados donde se requiere.  Si bien Gazprom posee el gasoducto, la mitad de la financiación del coste de capital de unos  8.000 millones de euros proviene de cinco empresas europeas: Uniper y Wintershall de Alemania, OMV de Austria, Engie de Francia y Royal Dutch Shell.

El debate político europeo

Ciertamente, los gasoductos desencadenaron en Europa un debate político, cuyas razones resultan complejas y abarcan desde la necesidad del suministro energético de Europa a la complejidad del mercado global del gas natural pasando por la geopolítica, las relaciones entre tres bloques de poder internacional como son la UE, Rusia y EEUU; y el problema candente de Ucrania acosada por Rusia tras la ocupación por la fuerza de Crimea en 2014, una región de población mayoritariamente rusófila.

Polonia ha manifestado su rechazo al Nord Stream por boca del ex primer ministro de Polonia y actual eurodiputado, Jerzy Buzek, así como por parte de Radoslaw Sikorski, el ex ministro de defensa polaco, que comparó esta colosal obra del gasoducto con el infame Pacto de Ribbentrop-Molotov de 1939 que alió a  Hitler con Stalin, los nazis con los soviéticos. Los polacos, eslovacos y países bálticos han mostrado su oposición al gasoducto por el Mar  Báltico porque temen que esa vía preferente entre rusos y alemanes para el suministro del gas ruso, les acarre la pérdida de cientos de millones de ingresos por los  peajes del tránsito del gas desde Rusia. Ucrania se sentiría abandonada a merced de los intereses rusos, si Occidente dejara de necesitarla como un corredor energético. En la UE, los opositores al gasoducto del Báltico intentaron postergar su construcción y boicotearla con trucos legales. Por el contrario, los representantes del gobierno en Berlín y Moscú alegan que se trata de un proyecto del sector privado, que garantizará la seguridad del suministro y un precio módico del gas natural.

Respecto al problema de Ucrania, la canciller alemana Ángela Merkel ha defendido el proyecto del oleoducto por el Mar Báltico. En febrero 2019, en la Conferencia de Seguridad de Munich, se burló de las preocupaciones estadounidenses, afirmando que "una molécula rusa de gas sigue siendo una molécula rusa de gas, independientemente de si proviene de Ucrania o de debajo del Mar Báltico". A lo que Norbert Röttgen, ministro alemán de Medioambiente apostillaba que su comentario "tiene una lógica física pero no lógica política", ya que "mientras Rusia necesite a Ucrania como país de tránsito, tendrá influencia". Desde Nord Stream se argumentaba que la vulnerabilidad de Ucrania es exagerada, y que la necesidad europea de gas natural aumentará lo suficiente como para garantizar que el gas ruso también continúe viajando a través de tuberías ucranianas.
Otro argumento en favor del proyecto Nord Stream 2 es la interdependencia o complementariedad entre Rusia y Europa. Partidarios del proyecto argumentan que Rusia ha sido durante mucho tiempo un proveedor confiable para Europa, que necesita la moneda fuerte y los ingresos, y que la dependencia es mutua. Las exportaciones a Europa representan la mayor parte de las ganancias de Gazprom, y son vitales para el Estado ruso. La producción de petróleo y gas representa el 40 por ciento del presupuesto de Rusia. Eso es parte de la crítica tácita del proyecto, como es su importancia para una Rusia que aún depende en gran medida de las exportaciones de energía para financiar a su gobierno (y sus ejércitos). Al aumentar las exportaciones de energía, argumentan los críticos, los gasoductos esencialmente ayudarán a estabilizar el régimen ruso.

Por lo tanto, el juego de la política y la geopolítica es una parte tan importante de la historia de Nord Stream como cualesquiera argumentos sobre economía, el cambio climático o la diversificación de los suministros de energía en Europa. Kristine Berzina, investigadora principal del German Marshall Fund en Bruselas declaraba a The New York Times que "Nord Stream es políticamente sensible porque fractura a Europa estratégicamente entre los intereses de Alemania y los intereses de todos los demás. Eso genera mucha desconfianza y tensiones con Polonia y Ucrania".

Para EEUU los gasoductos desde Rusia cruzan líneas políticas

Ese era el título de un reportaje en The New York Times (7/10/2019) Pipelines From Russia Cross Political Lines, desde la perspectiva del otro lado del Atlántico, subrayando que Estados Unidos apuesta por la venta de su propio gas licuado en el mercado europeo; y de ahí la amenaza de sanciones, hoy confirmadas. Desde EEUU, la Administración Trump y los críticos dicen que el proyecto Nord Stream 2 hará  que Alemania será demasiado dependiente del gas natural ruso y castigaría económicamente a Ucrania, afirmando Trump  que "realmente convierte a Alemania en un rehén de Rusia", añadiendo el senador Ted Cruz, republicano de Texas, que el gasoducto del Báltico  alentaría el "aventurerismo militar" ruso. Retórica política que esconde intereses económicos.

Asimismo, Gordon Sondland, el embajador estadounidense en la UE y multimillonario amigo personal de Trump, afirmaba que "la independencia energética para Europa siempre ha sido una gran preocupación de los Estados Unidos". Y el Nord Stream 2, "pone demasiado control en manos rusas, y los rusos tienen un historial de uso de ese control en formas nefastas en el pasado". Pero, al igual que Trump, Sondland también está promoviendo exportaciones a Europa de gas natural licuado estadounidense.
Los críticos, incluidos los de EEUU, que desearían vender a Europa más gas natural licuado, aseguran que no les preocupa simplemente que Alemania se vuelva demasiado dependiente del gas ruso a medida que se aleja de la energía nuclear y el carbón. También temen que la intención más grande de Rusia sea privar a Ucrania de una parte importante de los ingresos. Rusia está librando una especie de guerra en la parte oriental de Ucrania después de anexionarse Crimea en 2014.

Hay quienes piensan que "cuando ya se ha colocado tanta tubería, no está claro cuál sería el objetivo de las sanciones. Porque el proyecto está tan avanzado que gran parte de la decisión sobre las sanciones para detenerlo parecería  muy tardía". Algo así vino a decir Norbert Röttgen, presidente del comité de relaciones exteriores del Parlamento alemán, que se había opuesto al Nord Stream 2. Peor aún, considera este ex ministro  alemán que las sanciones estadounidenses "significarían una escalada profunda con respecto a Alemania y otros países europeos, y se acercaría a una guerra comercial". Las sanciones "serían un duro golpe para los transatlánticos", que ya están a la defensiva. Y subrayaba que "Rusia está creando una brecha entre Alemania y sus vecinos orientales, entre Alemania y la UE, y entre Alemania y Estados Unidos".

Alemania y la UE condenan las sanciones contra Nord Stream 2

Lo cierto es que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de defensa masiva, que el presidente Donald Trump firmaba el pasado viernes 20 de diciembre, formalizando  las sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. El proceso en curso  de la imputación política del Presidente (impeachment) por la mayoría demócrata del Congreso frente a los republicanos, no fue obstáculo para que ambos partidos se pusieran de acuerdo sobre las sanciones contra Rusia y Alemania y, por ende, contra la Unión Europea.
Berlín y Bruselas han apresurado a  denunciar estas sanciones  contra las empresas que llevan a cabo la construcción del segundo gasoducto ruso de gas natural a Alemania bajo el Mar Báltico, acusando al presidente Trump de imponer  'una intervención severa en los asuntos internos alemanes y europeos'.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, manifestaba el rechazó las sanciones planeadas por Estados Unidos contra las compañías que trabajan en el gasoducto, lo que supone “la intervención externa y las sanciones con efectos extraterritoriales como cuestión de principios”, instando a Washington a no entrometerse en la política energética de Europa. “La política energética europea se decide en Europa, no en Estados Unidos”, afirmó el jefe de la Diplomacia de Alemania. Y la Cámara de Comercio Germano-Rusa indicó la semana pasada que el oleoducto es esencial para la seguridad energética de Europa y pidió sanciones de represalia. Es evidente que esta decisión de EEUU contra los intereses de Rusia pero también contra los intereses de Europa  tendrá un gran alcance político internacional y geopolítico.
Las sanciones se dirigen a las empresas involucradas en la construcción de un proyecto energético que supone casi 11.000 millones de dólares (9.930 millones de euros), que transportará el gas ruso hasta Alemania. El gobierno de Trump ahora tiene 60 días para identificar a las empresas y las personas que prestan servicios para la tubería. Las sanciones permiten a Washington revocar las visas estadounidenses y bloquear la propiedad de estas personas. Los afectados por las sanciones tendrían 30 días para cerrar sus operaciones.

Por lo pronto, una de esas compañías, Allseas de Suiza, que está colocando los enormes tubos, anunció pocas horas después de que las sanciones se convirtieran en ley que había "suspendido sus actividades de canalización del Nord Stream 2". Ciertamente, se dice que los fuertes intereses de esta compañía en territorio estadounidense le han obligado a esa decisión temporal, que al parecer no será obstáculo para la terminación de la ejecución del gasoducto. El sábado siguiente, el grupo empresarial tras el nuevo oleoducto manifestó que el objetivo seguía siendo completar el proyecto rápidamente en un esfuerzo por minimizar el daño de las sanciones estadounidenses. "Completar el proyecto es esencial para la seguridad del suministro europeo. Nosotros, junto con las empresas que lo apoyan, seguiremos trabajando para terminar la tubería lo antes posible ", se decía en un comunicado de Nord Stream 2.

Como es público y notorio, Estados Unidos mantiene sobre Rusia una política de restricciones, bajo una amplia variedad de pretextos —entre ellos la crisis de Ucrania, la interferencia en las elecciones de EEUU, el caso Skripal, etc. Moscú en muchas ocasiones ha respondido basándose en el principio de reciprocidad. Ante el régimen de sanciones estadounidenses, el Gobierno del país euroasiático, presidido por Vladimir Putin, ya ha impulsado su estrategia de desarrollo económico, tratando de afianzar sus lazos y su cooperación con sus aliados como China e Irán y a terminar y mantener el nuevo gasoducto Nord Stream 2.

Los analistas europeos más informados ya han razonado que no hay otra salida que la terminación de esta colosal obra y la negociación entre los tres bloques de poder para ajustar sus respectivos intereses económicos y políticos.- 



domingo, 29 de diciembre de 2019

LAS BOLSAS DE VALORES ESTÁN MANIPULADAS: el caso de Credit Suisse (II)


Como reseñamos en la primera entrega bajo este mismo título, tras años de investigación sobre la historia y las actividades de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y sus compañías vinculadas, Walter Mattli, reputado profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de Oxford, Walter Mattli, en 2019 ha publicado su magnífica obra Darkness by Design: The Hidden Power in Global Capital Markets (Opacidad de diseño: el poder oculto en los mercados mundiales de capital), en la que profundiza en la transformación sufrida por los mercados de capitales en las dos últimas décadas, ratificando la denuncia  del periodista financiero Michael Lewis, efectuada con su bestseller Flash Boys, en el que describía con detalle en 2014 cómo son amañados los mercados bursátiles tras esta hiperactividad del comercio financiero de alta frecuencia (conocido por las siglas HFT), siempre en perjuicio de inversores corrientes, popularizando la frase publicitaria  Las bolsas están amañadas (Stock Markets Rigged), que los profesionales no han desmentido. Sin embargo, el profesor de Oxford, que ratifica la manipulación de las Bolsas que supone esa operativa ultrarrápida en os mercados financieros opacos, concluye que los mayores perdedores de ese desarrollo no son los inversores minoristas, que tienden a ser bastante acomodados, sino los fondos de pensiones, las compañías de seguros y otros importantes inversores institucionales, que encauzan fondos de pequeños ahorradores, como vimos ya.

El análisis de esta operativa de trading financiero hiperveloz, apoyado en superordenadores y en una laxa regulación, hemos de completarla examinando las  estrategias depredadoras de los megabancos, que incluimos en un texto inédito del que extraemos unas páginas (*) porque responden a hechos probados. En enero de 2016 los megabancos Credit Suisse, con sede en Zúrich, y Barclays, con sede en Londres, alcanzaban un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York para el pago de multas -  de cuantías  ridículas en comparación con los volúmenes de sus negocios -  por las irregularidades cometidas en sus respectivas plataformas opacas de negociación de trading de alta frecuencia. Mientras proseguían las investigaciones sobre esta modalidad operativa en auge, estos grandes bancos sacaban provecho de las innovaciones tecnológicas que acrecientan la velocidad de las operaciones bursátiles en perjuicio de los medianos y pequeños inversores. Porque la misma hipervelocidad de las Bolsas es una fuente de negocio no siempre lícita.

Las investigaciones sobre estrategias depredadoras.

Los analistas financieros señalan que esta estrategia del trading veloz o HFT beneficia a los mercados porque aporta más liquidez (el  mantra del fundamentalismo del libre mercado financiero) puesto que –argumentan-  al reducir las diferencias entre precios de compra propuestos y precios de venta obtenidos genera menos costes para las transacciones, objetivo perseguido por otras innovaciones estratégicas de las grandes firmas de las finanzas. La realidad es que el trading veloz asociado a las plataformas opacas de negociación es una fuente adicional de ingresos para los grandes bancos; y que ofrece enormes posibilidades para la especulación y, como apuntaban sus detractores, permite peligrosamente que la manipulación del mercado convierta en irreal la supervisión de las autoridades públicas, como la experiencia está demostrando. Sin proponer la adaptación de medidas reguladoras concretas, el communiqué de la cumbre del G-20 en Cannes (ítem 14), se limitaba a destacar la necesidad de abordar los riesgos financieros que presenta el trading de alta frecuencia y la “dark liquidity” (la liquidez  sin trasparencia), en referencia a las plataformas negociadoras opacas que pueden ocultar manipulaciones de las cotizaciones, según se constata en las páginas siguientes. Y últimamente, se señalaba que la operativa de alta velocidad supone un serio obstáculo para la posible aplicación de cualquier modalidad  de tributación sobre las transacciones financieras, sea del tipo tasa Tobin o equivalente ([i])

Las dificultades de las investigaciones oficiales

Hace pocos años, la BBC y la prensa económica internacional desvelaban que el FBI, la Oficina Federal de Investigación, tenía abierta una investigación sobre posibles delitos cometidos mediante  la manipulación de las transacciones financieras de alta velocidad o HFT por algunas firmas neoyorquinas especializadas. Investigaciones que se centraban al parecer en algunas prácticas que consisten en generar falsos niveles de actividad bursátil, colocando muchas órdenes de compra de valores en los mercados para anularlas inmediatamente. Y una vez que han logrado subidas de precios, ejecutan compras pendientes por cuenta del cliente inversor sobre activos que previamente han sido adquiridos por los propios traders. Otra de las investigaciones apuntaba a la utilización de información privilegiada aprovechando la velocidad de las transacciones. De hecho, el Fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman (bajo la Administración Obama) anunciaba en 2014 que estaba investigando algunas firmas. Y también la agencia reguladora de futuros, la CFTC, y la agencia reguladora de bolsas de valores, la SEC, estaban examinando si las principales bolsas daban un trato preferencial a las operaciones de alta velocidad en detrimento de otros inversores que prefieren seguir las vías más convencionales. De hecho, en la primavera de 2014, dado el impacto público del libro citado, los agentes del FBI hacían una apelación pública inusual para que la industria financiera revelara sus secretos, según Bloomberg; solicitaba abiertamente a operadores y demás empleados bursátiles que delataran el posible front-running (operación anticipada) y la manipulación a través de computadoras de alta velocidad. De este modo, el FBI se unía a una lista de autoridades que examinaban transacciones de alta frecuencia, en el que las empresas suelen utilizar las computadoras súper rápidas para enviar y cancelar órdenes a precios medidos en milésimas o incluso millonésimas de segundo para capturar las discrepancias de precios. Y animaba a cualquier persona con conocimiento de la posible conducta indebida entrara en contacto con ellos, según un portavoz. Esta investigación se derivaba de una ofensiva de varios años en el uso de información privilegiada, lo que habría provocado al menos 79 condenas de los operadores de fondos inversión de alto riesgo y otros. Agentes examinaban, por ejemplo, si los traders abusan de información para actuar delante de pedidos por parte de inversores institucionales. Incluso las transacciones basadas ​​en algoritmos informáticos podrían ascender a fraude electrónico, fraude de valores o de abuso de información privilegiada. La estrategia de invitar a posibles denunciantes fue motivada en parte por la complejidad de la prueba de cualquier mala conducta, según quienes tenían conocimiento directo del asunto. ([ii])

Asimismo, el Fiscal General de Nueva York Eric Schneiderman abría una investigación amplia sobre si el intercambio de valores en EEUU y lugares alternativos que conceden ventajas indebidas a esos agentes de bolsa. Los reguladores se habían centrado durante años sobre si la negociación de alta velocidad afectaba a la estabilidad del mercado. Las investigaciones policiales más recientes estaban cambiando el enfoque hacia las prácticas desleales y la posible actividad criminal. Schneiderman estaba estudiando la venta de productos y servicios que ofrecen un acceso más rápido a los datos y la información más rica en las rutas que lo que está normalmente disponible para el público. Bancos de Wall Street y empresas de comercio financiero de alta velocidad pagan miles de dólares al mes por estos servicios que prestan firmas como Nasdaq OMX Group Inc. y la firma de gestión de bolsas, Intercontinental Exchange Group Inc. de Nueva York Stock Exchange.

El FBI comenzó a centrarse en los operadores de alta frecuencia en 2015, antes de que el Fiscal General revelara sus investigaciones. Y las agencias reguladoras llevaban años intentando atender las quejas de participantes e inversores y recopilando información sobre las prácticas del mercado para identificar las irregularidades y posibles ilegalidades. En 2012 la Comisión del mercado de valores (SEC) estaba examinando prácticas como la co-ubicación (colocación de servidores informáticos  dentro las grandes bolsas o centros de negociación para acortar el tiempo necesario para el flujo de precios y otros datos desde las bolsas a la firma inversora) y las rebajas en las comisiones que las bolsas pagan para atraer las transacciones. En julio de 2014 la SEC buscaba información sobre los 10 agentes de bolsa registrados como parte de una investigación en curso sobre estrategias de negociación de alta frecuencia, de acuerdo con un documento interno examinado por Reuters ([iii]) El regulador bursátil daba instrucciones a su personal técnico sobre el interés en analizar las sugerencias, las quejas o referencias que recibieran relacionadas  con traders dedicados a la negociación de alta frecuencia. Entre esas firmas registradas figuraban Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, propiedad de Bank of America Group y otras vinculadas a la gran banca. Todas ellas son algunas de las firmas financieras estadounidenses más grandes, con sede en Chicago, Nueva York, New Jersey City y en Kansas City. La agencia informativa manifestaba su ignorancia sobre si la SEC habría encontrado infracciones de las leyes de valores en cualquiera de las firmas mencionadas en el informe.

Varias otras agencias gubernamentales como la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, la  CFCT, la Comisión reguladora de futuros sobre materias primas y el FBI habían dado a conocer que tenían investigaciones activas referidas al trading de alta velocidad y al comercio financiero automatizado. La SEC, añadía Reuters, había estado buscando evidencias sobre abuso de tipos de órdenes, así como las formas tradicionales de negociación abusiva como “layering” o “spoofing” y otras cuestiones relacionadas con el comercio de alta frecuencia que podrían ser violaciones de la ley; y que son tácticas donde los traders colocan órdenes que se cancelan antes de ser ejecutadas para crear la falsa impresión de demanda, con el objetivo de engañar a otros a comprar o vender una acción a precio artificial. Estas firmas del comercio de alta frecuencia representan más de la mitad de todas las transacciones en el mercado de valores estadounidense; y con frecuencia son consideradas como creadores de mercado de hoy en día, puesto que compran y venden desde ambos lados del mercado, facilitando la negociación a los inversores por intervenir desde uno y otro lado de muchas órdenes y lucrándose con los diferenciales en las cotizaciones. Lo cierto, según Reuters, es que se había intensificado la investigación en torno al trading de alta frecuencia con la publicación en marzo del libro mencionado.

Las estrategias depredadoras del megabanco suizo Credit Suisse

Lo que resulta difícil saber es si las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de la documentación disponible en Internet desde diciembre de 2012, publicada por el banco suizo Credit Suisse, que analizaba y explicaba todas esas formas de manipulación del comercio financiero de altísima velocidad,  que las investigaciones policiales iban poniendo al descubierto. En el cuadro adjunto resumimos las prácticas más corrientes de manipulación en el trading de alta frecuencia, de las que se venía acusando prácticamente a todas las firmas dedicadas al mismo desde el año 2009, al menos. Y de esa manipulación es de la que se acusó en 2015 a su vez a Credit Suisse por practicar todas las estrategias depredadoras que el propio banco había descrito a la altura del año 2012, con las operaciones algorítmicas y de alta frecuencia.

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Cuadro.   Estrategias depredadoras de Credit Suisse
                                      
·         Operación anticipada de compra (frontrunning). Es una práctica ilegal de un agente intermediario,  generalmente un operador de un gran banco, que anticipa la compra de valores bursátiles basándose en la información deducida de las órdenes recibidas de sus clientes. El corredor se anticipa o adelanta comprando por su propia cuenta antes de cumplimentar las órdenes de compra del cliente que tiene a la espera y que elevaran el precio. Adelantarse se considera poco ético ya que el corredor logra un beneficio a costa directa de sus propios clientes. En la práctica, para el comercio computarizado las grandes órdenes se dividen en muchas otras más pequeñas, haciendo más  difícil de detectar el frontrunning.  Con esta práctica corriente, el operador ha puesto su propio interés económico por encima de los intereses del cliente, cometiendo así el fraude, que en los Estados Unidos podría infringir las leyes sobre la manipulación del mercado o de abuso de información privilegiada.
·         La saturación de las cotizaciones (Quote Stuffing). Es una práctica manipuladora que consiste en inundar un mercado (electrónico opaco) con un número enorme de órdenes de compra o de venta y de cancelaciones que se suceden con rapidez. Esto crea un gran número de nuevos precios mejores de venta (bids) o de compra (offer), con una duración potencial de unos simples microsegundos para cada una. Esta estrategia se utiliza por una serie de razones que comprenden, por ejemplo, jugar con órdenes que basan la fijación del precio en el mejor precio de oferta (bid) o en el mejor precio de demanda (offer). También, en crear falsos puntos intermedios que ordinariamente fundamentarían la decisión final; es decir, creando brevemente un falso punto medio en el precio final muy próximo al precio de venta o al de compra, negociándose entonces ese precio en la opacidad (donde el punto intermedio sirve a menudo como referencia) en lugar del “verdadero punto medio”.
·         La superposición de capas u oleadas (Layering). Mediante esta práctica depredadora se colocan múltiples y grandes órdenes de compraventa de forma pasiva con el objetivo de “empujar” hacia adelante la cartera de órdenes. Esta estrategia se manifiesta cuando un operador coloca cierto número de órdenes de venta, a menudo con varios puntos de precios con el fin de dar la falsa impresión de estar bajo una fuerte presión para vender, impulsando la bajada del precio de venta. Cuando eso se ha conseguido, entonces el trader compra al precio más bajo y cancela todas las anteriores órdenes de venta. Y lo mismo sucede en el caso contrario, con las compras. La cobertura de capas es más viable para los traders del negocio financiero de altísima velocidad. Porque precisamente esta modalidad tecnológica permite a los operadores mitigar el riesgo de que alguien negocie contra esas “falsas” órdenes de venta, al poder cancelarlas inmediatamente en respuesta de cualquier movimiento alcista. Esto significa que el comprador obtiene menos de lo que se expone en la pantalla, que suele ser una queja común de los clientes. Algo que se muestra claramente en los escenarios siguientes.
·         El desvanecimiento de la cartera de órdenes (Order Book Fade). El “desvanecimiento del precio” se consigue con la desaparición inmediata del volumen tras una transacción en la misma plataforma. Esta práctica manipuladora del mercado consiste en provocar reacciones relámpago ante las noticias llevando la presión de la cartera de órdenes hasta la desaparición de la liquidez, es decir, una situación en la que nadie compra. Una de las razones para que esto suceda es que los operadores cancelen las órdenes en respuesta a las transacciones para evitar la selección adversa. “El desvanecimiento del precio” (Price fade) se refiere a la desaparición del volumen en una plataforma tan pronto se opera en ella; por ejemplo, después de comprar 100s, el 10s se cancela inmediatamente.   
. El desvanecimiento del escenario o plataforma (Venue Fade). Esta estrategia consiste en la desaparición inmediata del volumen tras una operación pero que sucede sobre una plataforma electrónica diferente de aquella plataforma donde se ejecuta. Sucede de modo similar al price fade y puede ocurrir mientras los traders cancelan las órdenes en respuesta a operaciones en las plataformas con el fin de evitar selección adversa. El desvanecimiento también puede propagarse a través de otras plataformas, con las negociaciones en Escenario A conducen a cancelaciones en Escenario B. Esto podría ser originado por operadores de alta frecuencia que reaccionan rápidamente para cancelar órdenes en otras plataformas antes de que tenga lugar allí cualquier otra operación.
·         El momento de ignición (Momentum ignition). Esta práctica manipuladora se desencadena cuando un operador de HFT detecta una gran orden que apunta a un significativo porcentaje del volumen y se anticipa a la misma. Es una estrategia que intenta provocar que negocien rápidamente cierto número de otros participantes, originando un rápido movimiento al alza. Al tratar de instigar a otros participantes para comprar o vender de forma rápida, el instigador del impulso hacia el momento de la ignición se beneficiará bien sea por haber tomado una posición prefijada o por el laddering de la cartera (haber preprogramado las órdenes de su cartera)

Fuente: Credit Suisse, High Frequency Trading – Measurement, Detection and Response, december 2012.
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La trascendencia de tales prácticas depredadoras sobre los inversores, se entiende mejor si tenemos en cuenta que más de un tercio de la contratación diaria de Estados Unidos se ejecuta fuera de las Bolsas públicas. Como apuntamos al comienzo, después de laboriosas investigaciones oficiales, en enero de 2016 los megabancos Credit Suisse, con sede en Zúrich, y Barclays, con sede en Londres, alcanzaban un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York para el pago de multas -  de cuantías  ridículas en comparación con los volúmenes de sus negocios -  por las irregularidades cometidas en sus respectivas plataformas opacas de negociación de trading de alta frecuenciaEstos casos marcan la primera victoria importante en la lucha para combatir el fraude en el comercio de las plataformas opacas y traer reformas significativas que protejan a los inversores de los depredadores, los traders de alta frecuencia”, dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. “Este esfuerzo, que comenzó cuando por primera vez demandamos a Barclays, incluye la acción gubernamental coordinada y agresiva que obligó a las admisiones de mala conducta de las partes. Vamos a seguir llevando la lucha a los que pretenden manipular el sistema y los que miran hacia otro lado”. ([iv])
Algunos analistas ortodoxos afirman que desde la comunidad financiera se consideraba que en los comienzos la negociación opaca en general tenía una razón positiva. Las operaciones con grandes volúmenes de acciones en abierto, o como algunos dicen “a la luz del día”, podría generar inestabilidad en los mercados, ya que algunos habrían sacado ventaja de estas prácticas convirtiendo la falta de transparencia en un factor positivo. En Europa las directivas MiFID II / MiFIR traerán consigo cambios sustanciales en ese modelo de negocio, según se preveía. En el nuevo modelo de negocio las transacciones opacas estarán fuertemente reguladas y tendrán que publicar información con un tiempo de desfase que dependerá del tamaño de la transacción, entre otras cosas. Ciertamente hasta ahora, los reguladores de EEUU no habían mostrado ningún interés en la regulación de las operaciones opacas en la misma medida que Europa (se asegura que en los EEUU predomina el criterio del “está básicamente prohibido a menos que” se dedique a operaciones por cuenta propia, del propio banco dueño de la plataforma opaca).-



[i] J.Plender, Long-term investor benefit from TobinTax, en Financial times, 27/9/2011
[ii] FBI Seeks Help From High-Frequency Traders to Find Abuses. Bloomberg, 1/4/ 2014 en http://www.bloomberg.com/news/2014-03-31/fbi-said-to-probe-high-speed-traders-over-abuse-of-information.html
[iii] Exclusive: SEC targets 10 firms in high frequency trading probe - SEC document. Reuters, New York 17/7/2014
[iv] Barclays and Credit Suisse to pay $154m over dark pools. Financial Times, 31/1/2016

          *Del Capítulo III.1. Del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera - cuya publicación fue descartada por editoriales españolas en 2017  Dbre 2019



viernes, 20 de diciembre de 2019

Malta, paraíso fiscal europeo: papeles de Panamá y asesinato político


La actual crisis de la República de Malta representa un reto para la nueva Comisión europea y, en particular, para su presidenta, como señalan los grupos de la  oposición en el Parlamento europeo.  Pero entendemos que ese reto que presenta la actual situación de Malta implica al futuro del principio del Estado de Derecho  en la Unión.

Hace más de dos años, la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia fue asesinada en Malta al parecer por delincuentes ligados al actual gobierno, según  publicamos en este Blog el 7/11/2017, que reproducimos a continuación. Algunos de los mejores periodistas de investigación europeos han continuado su trabajo. Y a pesar de todas sus revelaciones, ningún sospechoso de relevancia ha sido condenado o acusado al menos durante mucho tiempo. La serie de delitos graves en el sector de servicios financieros de Malta se ha complementado con nuevos episodios. Pero los periodistas se enfrentan a una mayor hostilidad. Y Malta necesita leyes de medios que debiliten la influencia de los partidos políticos y protejan a los periodistas del reclamo por difamación que amenaza su propia existencia. Lo más importante es que el actual Gobierno carece de credibilidad para defender el estado de derecho, después de la dimisión de algunos ministros que han sido señalados por la prensa como asociados al asesinato.

 Por todas estas razones, desde el Parlamento Europeo y la opinión pública europea se ha planteado la necesidad de investigar qué ´está ocurriendo en Malta que cuestiona el funcionamiento correcto del estado de derecho en esta República miembro de la UE. Y  dada la gravedad, la Presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen reaccionó a la situación en Malta en una conferencia de prensa con un análisis insuficiente, asegurando simplemente que la Comisión cooperará con las autoridades maltesas en la reforma del sistema judicial sin que hiciera comentarios sobre un posible procedimiento de evaluación del estado de derecho.  Y, una delegación del Parlamento Europeo completó su misión urgente a Malta y presentó un informe final.

Por tanto, la oposición en el PE considera que la reacción de Ursula von der Leyen a los problemas masivos en Malta es demasiado débil. Porque no se trata solo de reformar el sistema judicial sino de afrontar la cultura local de la impunidad cuando se trata de corrupción y delitos financieros. Un problema fundamental es que Malta a menudo no tiene investigaciones en absoluto sobre casos de corrupción o lavado de dinero. La Comisión de la UE debería iniciar investigaciones sobre el estado de derecho, de lo contrario se enfrentará a un grave problema de credibilidad, porque tampoco debe seguir tolerando el incumplimiento de los acuerdos con la UE sobre la venta de pasaportes por parte de Malta. Y las conclusiones deben incluir consecuencias claras para la República de Malta.


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El 16 de octubre pasado, la bloguera y periodista de investigación  Daphne Caruana Galizia, ciudadana de Malta, fue asesinada por la explosión de un coche-bomba al peor estilo mafioso, mostrando la amplitud de la corrupción y la impunidad con la que se mueven los negocios sucios  en este país de la Unión Europea, algo que ella había revelado en sus investigaciones. El primer ministro de Malta confirmaba que había sido un ataque contra la destacada periodista, un asesinato premeditado que ha sido el primero de este tipo pero al que le han precedido algunos otros en años recientes.

Los reportajes de Galizia solían referirse asuntos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la República de Malta y también había testificado ante la Comisión parlamentaria de Investigación sobre los conocidos como Papeles de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. Entre otras derivaciones, las investigaciones de la reportera maltesa asesinada implicaban a Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad de la Republica de Malta, quien - después de su negativa inicial - en febrero 2017 anunció que clausuraría su sociedad offshore en Panamá propiedad de un trust (fideicomiso) de Nueva Zelanda, alegando que había declarado la compañía y que la había clausurado por razones de transparencia.

Si creemos las informaciones del periódico The Times of Malta (PERIODISTA ASESINADA EN MALTA: Hay algo podrido en el corazón del Estado. The Times of Malta, 18/10/2017) "la economía está en auge pero algo está podrido en el corazón de esta República, tan podrido que amenaza con llevarse todo por delante. Las implicaciones de este crimen son enormes. Este asesinato fue un asesinato asociado con la mafia. El desafío es mayúsculo para quien dio la orden. La pregunta es si hay políticos involucrados. Porque hay mucho en juego en todo esto, que comienza a sonar como a un Estado fallido".

La República de Malta, un socio europeo offshore

Malta (415,000 habitantes), que ingresó junto con Chipre en la Unión Europea en 2004 y en 2008 en la eurozona, era ya un reconocido paraíso fiscal incluido en la lista oficial de la OCDE vigente hasta 2005; y lo ha seguido siendo como atestiguan las numerosas agencias en Internet que promocionan y gestionan la creación de sociedades mercantiles offshore. Para comprobarlo, basta insertar en cualquier buscador el nombre Malta y la palabra offshore o paraíso fiscal. La reciente filtración en noviembre de 2017 denominada los Paradise papers un destacado número de sociedades offshore aparecen registradas en Malta. De acuerdo con el informativo digital  Proceso.com.mx, asociado a esa investigación, al menos 62 ciudadanos mexicanos, entre ellos empresarios, magnates, personajes vinculados a la política y futbolistas que juegan en Europa, han elegido en Malta para resguardar sus secretos y sus millones.
Siendo ya miembro de la UE, en Agosto de 2006 la página de la CIA sobre Malta destacaba las graves deficiencias fiscales y financieras de la ex colonia británica; y los datos navieros recogían su oferta como bandera de conveniencia con las perniciosas consecuencias conocidas. Aunque como nuevo miembro de pleno derecho de la UE, siguió manteniendo características propias de la condición de paraíso fiscal offshore, que tampoco fue obstáculo para su admisión en la eurozona desde Enero de 2008, como se analiza en mi libro La Europa opaca de las finanzas, (páginas 171-187) que se puede descargar libremente (columna a la derecha.).

En el marco del plan de acción global contra los paraísos fiscales que fue abandonado tras la cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, nueve años antes el Informe del Foro de Estabilidad Financiera incluyó a Malta como un centro offshore con veinte bancos autorizados y supervisados (entre los 42  centros financieros offshore identificados oficialmente entonces). Y Malta y Chipre fueron considerados paraísos fiscales por el Comité técnico de la OCDE, por lo que ambos micro estados remitieron a esta organización su compromiso de eliminación de las prácticas fiscales perjudiciales  de modo anticipado, logrando que no se les incluyera en la lista negra publicada entonces, sin que exista informe alguno que acredite que cumplieron su compromiso. En todo caso y en aquel marco global, atenuar esa condición fue uno de los objetivos de las negociaciones autorizadas por el Consejo y la Comisión europea para su ingreso en la Unión en 2004. Mientras el gobierno maltés como el chipriota se resistían a equiparar su fiscalidad con la de la Europa de los quince, la Comisión europea les incentivaba  con sustanciosas ayudas económicas, financiadas con impuestos de los ciudadanos europeos perjudicados por las prácticas fiscales insulares; ayudas que durante el trienio 2004-2006, alcanzaron para Malta los 272 millones de euros; sin que se le exigiera la total eliminación de sus prácticas de paraíso fiscal para no residentes. 

El proceso negociador concluyó aunque el informe final detectaba graves deficiencias en Malta que no obstaculizaron la concesión de ayudas económicas y de un período transitorio hasta el 1 de enero de 2010, durante el cual se  le autorizan exenciones sobre el IVA y otras. La retórica de la Comisión  consideraba que se cumplía el acervo comunitario sobre la fiscalidad; sin embargo, el lenguaje burocrático ocultaba la realidad como demuestra el régimen transitorio concedido, al final. Entre otras cosas, estos procesos negociadores demostraron la falacia de las políticas comunitarias contra los paraísos fiscales decididas por el Consejo Europeo y la tecnocracia de Bruselas, que dicen pretender el logro de la armonización fiscal y la erradicación de las prácticas que la OCDE consideró que perjudicaban a los demás países.[i]

Los datos actuales de la CIA destacan que la economía de libre mercado de Malta -la más pequeña de la zona del euro- depende en gran medida del comercio tanto de bienes como de servicios, principalmente con Europa. Tras la crisis de la zona euro, el sector de servicios de Malta mantiene un crecimiento sostenido en los servicios financieros y los sectores del juego en línea además del turismo. Los esquemas fiscales ventajosos siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros, aunque los inacabables debates de la UE sobre medidas contra la evasión y el fraude fiscal han generado preocupación entre los proveedores de servicios financieros y seguros de Malta, ya que las medidas podrían tener un impacto significativo en esos sectores.

El negocio maltés de las banderas de conveniencia

Tras el ingreso de Malta en la UE, los expertos promotores de la evasión fiscal internacional en Internet han continuado catalogando a estas islas como un atractivo centro offshore.  Consideran que tras la integración europea, existe una estructura legislativa moderna para la mayoría de las principales actividades financieras, con nuevos incentivos que no solo reducen los tipos impositivos de sociedades offshore sino también ofrecen bonificaciones fiscales; y sobre todo, la ventaja competitiva de un apreciado grado de opacidad para negocios financieros.  Hay que destacar la industria marítima de  fletes con bandera de conveniencia y del registro de buques, que se inició durante los años ochenta; y que junto a la condición de destino turístico, integra una economía de servicios que sustenta cierto enriquecimiento reciente, sostén de la amplitud de la corrupción política actual.


Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado y esa vinculación determinada su nacionalidad y la legislación aplicable tanto para resolver los conflictos de índole internacional como para determinar las normas de seguridad a bordo y las relaciones laborales entre los  tripulantes y el armador o naviero. Una bandera se considera de conveniencia cuando la propiedad del buque reside en un país diferente del país cuya bandera enarbola, lo que supone para el dueño el disfrute de beneficios financieros y otro tipo que no tendría en el país del propietario, con todas los efectos desastrosos que ilustró el hundimiento de El Prestige y que ya analicé en el apartado "La desregulación financiera y las banderas de conveniencia" en mi libro de referencia Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias. Y, sin embargo, un buen número de los grandes cruceros de vacaciones siguen navegando bajo pabellón de la República de Malta, aunque los limitados recursos de esta pequeña República le dificulten practicar un nivel seguro en la inspección de los buques que portan su bandera. Entre otros casos menos publicitados, la bandera de Malta ondeaba en el  petrolero Erika, que se hundió partiéndose en dos frente a las costas de la Bretaña francesa en diciembre de 1999, ocasionando una grave catástrofe ecológica con la subsiguiente denuncia mediática de las responsabilidades de esa bandera de conveniencia.

Desde entonces, Malta emprendió una reforma de su código marítimo intentando librarse de  su etiqueta de proveedor de amparo de buques basura, que es una dimensión propia de algunos centros offshore.  Pero Malta sigue incluida en la relación de países que conceden bandera de conveniencia, establecida por la ITF, International Transports Workers´ Federation, que lleva a cabo una campaña mundial contra esta práctica que degrada el transporte marítimo y genera enormes catástrofes ecológicas. Actualmente, el organismo Transport Malta tiene registrados 1650 buques, de los cuales el 87 por ciento  pertenecen a países como Grecia (469 buques); Turquía (233); Alemania (135); España (8), etc. Es una actividad comercial de mero registro administrativo sin conexión alguna con las necesidades de la economía maltesa. El éxito de este negocio maltés tiene una explicación sencilla y es que para el registro naval maltés, el propietario del buque tiene que ser una sociedad constituida en Malta, que en la mayoría de los casos está exenta de impuestos y admite cualquier tipo de buque, desde los yates de recreo hasta las plataformas petrolíferas. La legislación maltesa muy liberal no señala restricciones para las tripulaciones ni límite de edad para los buques, siendo muy flexible en relación con la venta o las hipotecas sobre buques; y otras muchas ventajas competitivas.  

El asesinato de la citada periodista de Malta ha provocado alarma en el Parlamento europeo. Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica para el Greens / EFA Group y portavoz de los verdes en la Comisión de Investigación del Parlamento europeo sobre blanqueo de dinero y evasión fiscal hacía un llamamiento público afirmando que:

"Europa ahora debe mirar a Malta. El asesinato de una valiente periodista que ha estado luchando con élites corruptas en su país debe conducir a una protesta europea. El asesinato de la reportera Galizia es un ataque contra los valores democráticos europeos. Europa se rige por el estado de derecho, no por los métodos de la mafia. La energía criminal y los vínculos estrechos entre los políticos y la élite económica en Malta son devastadores. Malta es la meca del blanqueo de dinero sucio y los evasores de impuestos. Las alegaciones de lavado de dinero se extienden hasta el mismo gobierno maltés. Los dos principales partidos en el país han apoyado la evasión fiscal internacional en Malta. El centro del poder en Malta  padece una cultura de impunidad a diferencia de casi ningún otro país en la UE. Europa ya no debe hacer la vista gorda ante la forma en que se incumple el estado de derecho en estas islas. La Comisión Europea debe analizar de cerca la situación en Malta y, si es necesario, iniciar un procedimiento de infracción…. Debemos declarar claramente la responsabilidad del gobierno en Malta, como así como de otros países que permiten el lavado de dinero y el dumping impositivo. La imparcialidad fiscal y el enjuiciamiento efectivo del delito financiero son cruciales para la credibilidad de la Unión Europea".-   




[i] Unión Europea/Ampliación en http://europa.eu/scadplus/leg/es/s40000.htm