Las SOCIMI llevan ya invertido más de 1600 millones en el
mercado inmobiliario español, según la prensa económica. SOCIMI es el acrónimo
de las Sociedades (anónimas) Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Aunque estas empresas estaban reguladas desde 2009, se han expandido en la
Bolsa tras la reforma normativa de 2012, promovida de modo opaco por un lobby financiero
europeo en la sombra, la. EPRA (European Public Real Estate Association).
Un nuevo negocio financiero-inmobiliario
Estas sociedades de inversión inmobiliaria que han salido
este año a Bolsa compran oficinas, centros comerciales y naves logísticas,
sobre todo. Y según las informaciones de
la prensa española, las SOCIMI están
animando el mercado del ladrillo, con las cuatro mayores —Hispania, Lar, Merlin
Properties y Axia— que se estrenaron este año. Y desde su salida a Bolsa, han
realizado ya inversiones por valor de más de 1,600 millones de euros.
Como compañías propietarias de activos inmobiliarios están
sometidas a ciertas obligaciones, entre ellas,
mantener los inmuebles que compran en su cartera al menos tres años y
repartir dividendo todos los ejercicios.
“Como es natural” a cambio de estos condicionantes, disfrutan de
exenciones fiscales y bonificaciones. Fueron algunos de los remedios para que
los bancos se liberaran del peso muerte de los inmuebles invendibles.
Pero la investigación periodística no alcanza a averiguar quienes
están detrás de este nuevo negocio financiero. Como tampoco nos contaron antes las
negociaciones del gobierno español con un lobby financiero para la modificación
de su legislación.
Porque la primera regulación de las SOCIMI
de 2009, perseguía facilitar en España la existencia de un sector de empresas cotizadas
muy desarrollado en países como Francia y en Estados Unidos. Sin embargo, no
cuajaron hasta que se introdujeron cambios normativos a medida de las exigencias
de los mercados financieros. Y en septiembre de 2012, el actual gobierno redujo
los requisitos de constitución (menos capital social, más posibilidad de
endeudarse y menos exigencias sobre el número mínimo de activos, entre otros);
y también aumentaron las ventajas fiscales para los inversores. Se trataba de
ampliar la gama de ayudas
gubernamentales a la banca española para que se liberara del lastre del parque
inmobiliario invendible, que provenía de promotores y propietarios sobreendeudados.
Obviamente estas ventajas legales han generado el nuevo negocio financiero – inmobiliario
con siete SOCIMI autorizadas para cotizar y dispuestas a comprar.
Pues gracias a los lobbies extranjeros, que con la crisis
económica intensificaron su labor en España, unos más conocidos y otros menos,
cuyos contactos apenas han atrajeron a la prensa local. A los gobiernos
españoles les ofrecían soluciones o servicios, entre otros objetivos, para dar
salida al stock de viviendas, centros comerciales y solares sin compradores, a los activos inmobiliarios llamados tóxicos.
La legislación española aprobada en 2009 (en la etapa de
Zapatero) para las inversiones en propiedades inmobiliarias, mediante la
creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario
(SOCIMI), que no logró su objetivo. Esa legislación no dio resultado porque no
logró contar con posibles inversores foráneos puesto que su diseño no tenía el
respaldo de la citada organización internacional, la EPRA, y dada la ausencia
de atractivo para los inversores al tener que tributar.
Pero en junio de 2012, una representación del gobierno
español se reunía con representantes de la EPRA (European Public Real Estate
Association), una Asociación europea que promueve la cotización en bolsa de
propiedades inmobiliarias. Y de esas reuniones salió la nueva regulación
jurídica de las SOCIMI como un instrumento para resolver el endeudamiento de
los bancos derivado de la explosión de la burbuja, según venia a decir la noticia en la propia
web de la Asociación. El principal ejecutivo Philip Charls y el director
financiero, Gareth Lewis estaban “haciendo
lobby sobre el gobierno español” para desarrollar un régimen jurídico sui
géneris para la SOCIMI ((Real Estate Investment Trust o REIT en su
terminología) que contribuyera a superar la paralización del sector
inmobiliario mediante las inversiones en sociedades cotizadas. ([i]) Es uno de tantos ejemplos de la actividad de
los lobbies financieros en España como he contado en mi libro.
La citada organización, autodefinida como asociación sin
ánimo de lucro, está ligada a grupos
financieros y tiene su sede en Bruselas. Y se ofrece a los gobiernos sus
expertos para la introducción de nueva legislación favorable a las inversiones inmobiliarias
y avalando ante los inversores extranjeros el régimen jurídico establecido.
Pero tras los contactos de la EPRA con el gobierno Rajoy y aceptadas las
sugerencias del citado lobby, surgió la
legislación de 2012 que diseña estas SOCIMI como un instrumento de inversión
inmobiliaria con nula fiscalidad.
Como apuntaban recientemente los análisis de un economista
de un periódico digital, gran parte de las nuevas inversiones en España son
inversiones de ida y vuelta, como en últimos los tiempos de Franco. El dinero
generado en España, legal o ilegalmente, y ocultado en Andorra, Suiza, Jersey o
Luxemburgo u otro paraíso fiscal, regresa al país de origen contabilizándose
como nueva inversión extranjera. De modo
que el dinero de los Pujols, de los Bárcenas o de los Matas y de muchos otros
“honrados” personajes puede ser repatriado mediante inversiones “exteriores” en
inmuebles o en negocios en España en un entorno que controlan y conocen. Todo gracias
al anonimato de las sociedades instrumentales, ficciones jurídicas, registradas
en aquellos países que ofrecen la cuasi- imposibilidad de la identificación del
titular del dinero. Las SOCIMI podrían ser una de tantas vías para esas
inversiones extranjeras de ida y vuelta.-
[i] European Public Real Estate
Association, EPRA lobbies Spanish
government over REITs to help fix debt crisis,8/6/2012 en www.epra.com
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