Al relatar los escándalos sobre la utilización de los
paraísos fiscales o centros offshore, se suele olvidar que es una operativa
ordinaria legal en el marco europeo y en cualquier entorno, porque hasta las
corporaciones chinas utilizan Hong Kong para grandes operaciones en el
exterior.
Habrá delito cuando resulte ilegal el origen del dinero
ocultado en los paraísos fiscales mediante sociedades mercantiles (una ficción
jurídica porque carecen de actividad económica in situ y gozan de privilegios
allí para su actividad en el exterior). Y siempre que se logre demostrar que el
titular referido lo sea realmente y no haya declarado en su país de residencia
esas rentas generadas por esas entidades instrumentales. Son los casos conocidos
de la Baronesa Thyssen, el ex senador Luis Bárcenas, Iñaki Urdangarín y el
profesor Torres o el dimitido ministro de Hollande, como tantos otros revelados últimamente por el Consorcio de periodistas investigadores.
Obviamente, merecen la condena moral de los contribuyentes
pero apuntan una amenaza para la democracia. Porque estos hechos bancarios,
financieros o comerciales, muestran la dimensión muy dañina de los centros
financieros offshore que reducen la recaudación fiscal de los Estados;
obstruyen la persecución del fraude fiscal, el blanqueo, la corrupción, etc., y
en definitiva constituyen una seria
amenaza para la credibilidad de los gobiernos y los Estados democráticos.
Cuando en 2009, el G-20 en Londres, con Barack Obama, afirmó
oficialmente “se acabó el secreto bancario”,
nuestros gobernantes se apresuraron a declarar que los paraísos fiscales se
habían terminado. Pero algunos documentamos entonces que era una cortina dehumo para ocultar el fracaso reformista, como se ha corroborado después. Y es
que, pese a la crisis sistémica global (irresuelta aún), aquel G-20 optó por
mantener el consenso neoliberal del sistema financiero mundial garantizando el
libre movimiento de capitales; y acordó únicamente modificaciones
funcionales del sistema con exclusión de cambios estructurales, que fue la
opción de Obama para la reforma
financiera en los EEUU.
Por entonces ya, entre las causas identificadas del colapso
bancario, se incluían los centros offshore o paraísos fiscales como parte del shadow banking o banca en la sombra
junto con otros elementos de riesgo sistémico para los mercados financieros,
como los derivados, los repos, las finanzas estructuradas con filiales
bancarias para recaudar fondos para el banco matriz.
Toda una amenaza para la seguridad y la estabilidad porque
esa banca en la sombra sin supervisión de los bancos centrales ha crecido,
según el Financial Times. Y como siguió intacta la opacidad, rasgo básico de
los países y territorios considerados paraísos fiscales, aumentaron las
operaciones internacionales con sociedades offshore, que operan comercialmente
en cualquier bolsa o mercado sea del arte o de fincas en la Argentina.-
