martes, 10 de abril de 2018

Draghi y el G-30: el lobismo financiero global


La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos, en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha consolidado la expresión lobicracia europea; y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido. Tras una investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión Europea, la irlandesa Emily O'Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE, Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger al  Banco y a su Presidente de cualquier percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo el Defensor del Pueblo recomienda que en adelante los futuros presidentes del BCE no se conviertan en miembros del G30.


Un club privado llamado el  Grupo de los 30 

El G-30 se autodefine como una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter consultivo en asuntos monetarios y económicos internacionales a la que se accede por invitación, con sede en Washington D.C., curiosamente en la calle K, muy conocida por acoger la domiciliación de las agencias de relaciones públicas, de estrategia y comunicación política. Y es que en realidad es que se trata de un distinguido lobby financiero global, que agrupa a un reducido número de presidentes de bancos centrales, altos ejecutivos de destacados grupos bancarios y relevantes académicos; y cuyas deliberaciones secretas abordan asuntos de trascendencia mundial. El G30 fue creado en 1978 por grandes corporaciones financieras, oficialmente como un grupo de expertos y un foro para intercambios informales entre líderes de las finanzas, públicas y privadas. Sin embargo, el grupo pronto ofreció signos de su actuación como lobby en el mundo financiero global, presionando intelectual y políticamente en favor de un tipo de regulación que favorece a los grandes actores en los mercados de capitales, casi siempre con representantes de los grandes bancos como voceros.

Al frente del G 30 se encuentra Jacob Frenkel como presidente de consejo de fideicomisarios (the Board of Trustees), labor que compatibiliza con su dedicación de presidente de JP Morgan Internacional. Y el Grupo está presidido por Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro del gobierno de Singapur, ministro coordinador de las políticas económicas y sociales y asimismo presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), de su Banco central y del Regulador financiero. Como tesorero del G-30 hallamos a Guillermo Ortiz que es el actual presidente del BTG Pactual Latin America ex-Brazil, un gran banco financiero y de gestión de patrimonios en Latinoamérica. Entre los restantes miembros del selecto grupo, hemos de destacar también a Axel Weber, ex presidente del Banco central alemán y actual presidente del grupo  bancario suizo UBS y presidente del Instituto Internacional de  Finanzas, primer lobby de la gran banca con sede asimismo en Washington D.C.

Mario Draghi se unió al G30 en 2005 cuando aún era un alto ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs. En aquel momento, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet estaba integrado en dicho Grupo; y cuando Draghi reemplazó a Trichet en el Banco de Fráncfort, ambos permanecieron como miembros. Y en los últimos años, ha habido muchos indicios de que el BCE estaba intensificando su participación, con varias personas de los órganos rectores que aparecen en eventos del G30 y participando en sus grupos de trabajo.

La independencia del BCE y Supermario

Conviene recordar que el Banco Central Europeo es el único banco del mundo cuyos poderes no dependen de un Estado y que su independencia está garantizada jurídicamente nada menos que por un tratado internacional. Lo que hace que esta vinculación del Presidente del BCE con el Grupo de los 30, un club exclusivo que ejerce de lobby financiero, resulte más odiosa y más inaceptable aún, es que esa vinculación ha tenido lugar en paralelo a una expansión del mandato del BCE. Tras la crisis financiera de 2008, y al asumir la supervisión de los bancos más grandes de Europa, el BCE ha consolidado y fortalecido su relación con muchos de ellos en el G30, suscitando la preocupación de que esos grandes bancos hayan podido ejercer una influencia indebida sobre las políticas del Banco, detrás del escenario de crisis y recesión económica en la UE, como fuente de consenso tácito. Y en estos cambios ha jugado un papel decisivo Mario Draghi.

Ya en 2011, cuando Mario Draghi llegó al BCE suscitó inquietudes en Alemania sobre la política que seguiría con el euro. Pero ciertamente Draghi no se quedó en la política monetaria estricta sino que, además, aplicó una batería de medidas no convencionales que han revolucionado el papel del Banco Central del euro en la economía y en la política comunitaria. A finales de julio de 2012, cuando la conocida como prima de riesgo de España estaba por las nubes, con el bono español a 10 años por encima del 7% y con el Ibex 35 cayendo 6 puntos por sesión, Draghi pronunció la frase que sirvió de apoyo para giro en las políticas del BCE cuyos límites no han tocado techo hasta hoy: «El BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente».  (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”). Incluso quienes le pusieron entonces el apodo de «Supermario» no sospechaban siquiera que llegaría a realizar compras mensuales de activos públicos y privados por valor de 80.000 millones de euros, rescatando a la banca  europea de modo soterrado. Muchos analistas le acusan hoy de haber convertido el BCE un el gran «banco malo» de Europa, sufragando la socialización de pérdidas de la banca de los Estados deficitarios que se encontraron con dificultades para ajustarse a la nueva realidad económica con cargo al sufrido contribuyente.

La decisión del Defensor del Pueblo Europeo de pedir al presidente del Banco Central Europeo que cancele su vinculación a un club opaco y exclusivo, dominado por las corporaciones financieras, es un paso significativo hacia el fin de una cultura de colusión secreta entre los reguladores y los grandes bancos. Aunque esta decisión no supone el final de la Europa opaca de las finanzas.

La decisión del  Ombudsman europeo: mala administración

A juicio del Defensor del Pueblo de la UE la vinculación del BCE al G-30, a un lobby de banqueros y financieros de alto rango, se considera contraria a las normas del BCE en sí misma; y el hecho de que esto se haya permitido durante tanto tiempo, equivale a "mala administración”, según razona este órgano supranacional europeo; algo que "podría socavar la confianza pública en la independencia del BCE". 

Los razonamientos de citada recomendación del Ombudsmaneuropeo resultan aplicables a las demás instituciones europeas:

“Los principios de la buena administración requieren que el desempeño objetivo e imparcial de quienes ejercen un cargo público no se vea influido, o incluso parezca estar influido, por las relaciones privadas. El hecho de que los propios miembros del BCE puedan considerar que no es así, y que su independencia no está en algún modo comprometida por la pertenencia al G30, de ninguna manera mitiga el riesgo de que la confianza pública en el BCE pueda verse socavada por la percepción de que existe tal alcance de influencia. Por lo tanto, las situaciones que podrían dar lugar a la aparición de cualquier tipo de influencia indebida deben evitarse. Esto es aún más importante después de la crisis financiera, con la preocupación pública continua sobre la relación entre la industria financiera y los reguladores. Como resultado, el Defensor del Pueblo considera que sin duda ayudaría a reforzar la confianza pública en el BCE si su Presidente suspendiera su pertenencia al G30”
(…) 
La cercanía implícita de la relación a través de la condición de miembro (del G30), particularmente entre un banco supervisor y aquellos que supervisa, no es compatible con la obligación de independencia de una institución como el BCE para la cual la independencia es el sello distintivo de sus operaciones.

La independencia operacional y política se otorga intencionalmente al BCE para que pueda llevar a cabo sus funciones vitales sin interferencia, incluida la interferencia tanto política como industrial. El grado de independencia otorgado al BCE en el interés público subraya su obligación de proteger esa independencia, incluso desde la percepción de que una persona o entidad podría buscar de manera inapropiada influir en su toma de decisiones.”

Sin duda ha resultado acertado en este caso recurrir al Defensor del Pueblo Europeo como institución destinada a investigar las reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea; a la cual pueden recurrir los ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la Unión, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con domicilio legal en la Unión, que ofrece un medio rápido, flexible y gratuito de resolver problemas con la gestión de las instituciones de la UE. 

La decisión del Defensor del Pueblo no solo le pide a Mario Draghi que renuncie al G30, sino que hace hincapié en que ningún miembro de los órganos rectores, o el personal del BCE, deberían unirse como miembros. También exige que, en la medida en que el BCE tenga la intención de participar en las actividades del G30, las reuniones tendrán que realizarse bajo condiciones de fuertes salvaguardas. En algunos casos, esto requeriría un fortalecimiento de los protocolos del banco central, como en el caso del Consejo de Supervisión del BCE, cuyas reglas éticas son demasiado vagas en la actualidad para asegurar los más altos estándares cuando se trata del sector financiero.

La fundación ciudadana el Observatorio de Europa Corporativa(Corporate Europe Observatory) de Ámsterdam, promotora de la investigación y resolución del Ombudsman (Ombudswoman) europeo, además de mostrar su satisfacción con la decisión tras el trabajo de seis años, resalta la necesidad de seguir actuando para desterrar la cultura que se ha desarrollado en el BCE y en las demás instituciones europeas, que implica una relación estrecha y opaca de la tecnocracia y los dirigentes electos con los líderes de la gran banca y los grupos financieros. Con demasiada frecuencia, la necesidad de 'mantenerse informado' se usa como pretexto para adoptar un enfoque estrecho de consulta con el mundo exterior, en el que los responsables de la toma de decisiones del BCE y de la Comisión se codean con los ejecutivos de las mismas entidades financieras que han de ser reguladas para proteger y promover el interés público.

En ese sentido, la decisión del Defensor del Pueblo abre la puerta a renovados esfuerzos para eliminar otros elementos de las iniciativas de consulta del BCE, especialmente sus grupos asesores, que el Observatorio Corporativo de Europa ha demostrado que están dominados de forma masiva por la industria financiera. Después de todo, este tema no es solo sobre el G30, se trata de la captura corporativa de la toma de decisiones que se supone que se está haciendo en interés del público.-
                                                                            

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