lunes, 6 de marzo de 2017

BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR

En octubre de 2015, el sistema judicial de Islandia envió a la cárcel a los máximos responsables de los mayores bancos quebrados y a sus numerosos lugartenientes. Las sentencias culminaron un proceso en el que Islandia adoptó una vía diferente a la de los EEUU y el resto de Europa, dejando caer a los bancos en lugar de rescatarlos. Desde luego tuvieron lugar operaciones de rescate, pero fueron rescates de ciudadanos corrientes más que de banqueros, perdonando las deudas hipotecarias que excedían el 110 por ciento del valor real del hogar vinculado al préstamo. Y este pequeño país regresó al crecimiento económico mucho más rápidamente que la mayoría de los países europeos, que optaron por el rescate de los bancos al encontrarse con el colapso financiero global.

Como sabemos, cuando tras la quiebra del enorme banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008, el colapso de Wall Street amenazaba a todos los grandes bancos del sistema financiero mundial, surgió el argumento de que eran demasiado grandes para dejarles quebrar (too big to fail); y se impuso el modelo, aprobado primero en el Congreso estadounidense, de socialización de las pérdidas mediante ayudas públicas multimillonarias a los grandes bancos al borde de la quiebra en EEUU y, luego en la UE. Y lo cierto es que tanto en los EEUU como en la UE, desde que la crisis financiera metió a la economía en una espiral que llevó a la pérdida de millones de puestos de trabajo y de hogares excluidos, muchas voces populares reclamaron  que se exigieran responsabilidades y se juzgaran a los banqueros responsables de los múltiples fraudes y estafas que les condujeran a la cárcel. Porque sólo un banquero de alto nivel fue a la cárcel (Bernard Madof y por su propia confesión), y el Departamento de Justicia estadounidense se limitó a perseguir la imposición de multas millonarias contra los grandes bancos en lugar de procesar a los directivos responsables de los hechos delictivos.

Por fin, en su segundo  mandato, la Administración Obama pretendió poner remedio con un acuerdo de compensación económica entre las autoridades y los bancos afectados. Y en enero de 2013,  nueve grandes bancos de Wall Street (entre ellos Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo), llegaron a un acuerdo con los reguladores federales en los EEUU para imponerles una multa de 9.300 millones de dólares para cancelar la responsabilidad legal de estos bancos ante desahucios que incumplieron la legalidad. Concretamente el caso contra los estos megabancos se fundamentó en su incapacidad para mostrar los documentos requeridos que justificaran los desahucios de propietarios atrasados en los pagos del crédito hipotecario. La inexistente regulación y el alto volumen de créditos de este tipo generados en el periodo previo a la crisis, llevó a los bancos a contratar personas para que firmaran cientos de documentos al día, aprobando los desahucios sin llevar a cabo el procedimiento legal requerido. Esta situación tuvo lugar en al menos 450.000 casos, en los que los bancos se apropiaron de hogares sin acreditar la justificación económica o legal para llevar a cabo dicha acción. A pesar del masivo daño causado por las prácticas fraudulentas de los bancos, la multa impuesta equivalía a un pago de menos de 300 dólares por hogar afectado. Y es importante señalar que a pesar de las evidencias no se produjo una sola detención o acusación criminal, al mismo tiempo que el acuerdo excluyó la responsabilidad de los bancos para responder financiera o legalmente por cargos similares ocurridos en el periodo previo.

De ahí el debate político planteado sobre el problema latente de los bancos que se han hecho tan grandes y opacos que no sólo son demasiado grandes para dejarles quebrar, cuando acumulan enormes pérdidas, sino que resultan demasiado grandes para encarcelar, cuando transgreden gravemente las leyes. Desde una perspectiva crítica la expresión coloquial bancos demasiado grandes para encarcelar, denuncia la ausencia de voluntad política o la incapacidad de las autoridades públicas para procesar y enjuiciar a los grandes bancos por los grandes fraudes y otros hechos delictivos. Y el uso de la expresión ha llegado hasta el extremo que un informe del Congreso estadounidense de julio de 2016 se titula Too big to jail (Demasiado grandes para encarcelar); en este informe resultado de tres años de investigaciones, se cuestiona la decisión del Departamento de Justicia de no procesar a un gran banco global como el gigante británico HSBC, por transgresiones de la legislación antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, favoreciendo a narcotraficantes mexicanos y a países que amparan organizaciones terroristas; una decisión surgida de la preocupación del entonces Fiscal General Eric Holder de que el procesamiento del Banco tuviera consecuencias adversas para el sistema financiero; expresada en una sesión pública del Comité Judicial del Senado estadounidense en marzo de 2013, al ser cuestionado sobre la posición de su Departamento respecto a los sucesivos escándalos bancarios de corrupción y fraude. Ideas que habían sido precedidas de confesiones similares del Fiscal General adjunto Lanny Breuer, realizadas a The New York Times el año anterior a propósito del mismo caso, alegando el temor a que una dura condena del HSBC afectara a la economía mundial. De manera que quedaba explicitada oficialmente la política seguida frente a la gran banca, asumiendo que sus ramificaciones e interconexión dentro del sistema financiero y la economía actual, coartan o impiden apelar a los tribunales para que juzguen los abusos y hechos delictivos cometidos por los grandes bancos, que han venido denunciando los medios de comunicación.

Y es que desde 2012 han abundado los escándalos de manipulaciones de precios de referencia en mercados financieros por los grandes bancos globales, resueltos sin sanción o con multas ridículas en relación a los beneficios obtenidos con los fraudes sobre el líbor, el interés básico interbancario de Londres; el euríbor; el tipo de cambio; el precio de referencia del oro y de las materias primas en los mercados financieros; y demás grandes casos de delincuencia bancaria que he analizado en un nuevo libro. Por ejemplo, en 2016 mediante un acuerdo extrajudicial con demandantes particulares, el Deutsche Bank reconocía sus propias manipulaciones sobre el precio de referencia del oro, mientras fue miembro del panel de megabancos en Londres que lo fija; algo que no habían logrado averiguar las investigaciones de las autoridades financieras alemanas ni ha sido sancionado.                                              


En los EEUU otras sanciones con multas multimillonarias a los bancos suizos USB y Credit Suisse de basaron en que promovieron durante años el fraude fiscal entre los megaricos estadounidenses. Y con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá y Bahamas leaks (la filtración de datos del registro mercantil de ese pequeño país caribeño) ha quedado demostrado una vez más como la gran banca global incentiva el impago de impuestos de personas adineradas, ahora identificadas con nombres y apellidos, facilitándoles la creación y utilización en los conocidos paraísos fiscales de sociedades mercantiles instrumentales, que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero. El Banco Santander se encuentra entre los grandes bancos internacionales que han creado sociedades pantalla en las Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes, según las informaciones publicadas en septiembre de 2016 por el diario alemán Süddeutsche Zeitung; el Confidencial y La Sexta en España, en el marco de las investigaciones coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El registro mercantil de Bahamas confirma que el banco español, presidido actualmente por Ana Botín, abrió 559 sociedades mercantiles instrumentales entre 1990 y 2015; cifra que ha variado según los años; y que actualmente mantiene unas 380 estructuras. Y es mayor el número de sociedades fantasma creadas por los grandes bancos suizos, el UBS con 9.717 y el Credit Suisse con 8.299. Otros grandes bancos con una presencia relevante en ese paraíso fiscal son JP Morgan con 1.617 estructuras; y BNP Paribas con 657.
Y antes, en abril de 2016, por otra investigación también del citado Consorcio Internacional y publicada por los medios ya citados, supimos que más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, según el análisis de la documentación revelada. El gigante británico HSBC (el megabanco que colaboró con el narcotráfico mexicano; el de la conocida lista Falciani; y accionista importante del Grupo Prisa), a través de distintas filiales seria el responsable por sí solo de más de 2.300 de estas sociedades que solo buscan defraudar al fisco. Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canadá (378), el alemán Commerzbank (92) y el Credit Suisse (1.105). Asimismo los bancos españoles Santander y BBVA realizaron esta  actividad para clientes de elevado patrimonio de los distintos países en los que operan, incluyendo algunos con domicilio en España. Pero, hasta la fecha, desconocemos si el Gobierno español ha abierto alguna investigación sobre la cooperación delictiva de los bancos españoles en esa promoción del impago colectivo de impuestos en España. Y la gran pregunta que hemos de hacernos es si podrá sobrevivir el Estado democrático frente a estos ataques de los megabancos.-                                          
                                                
(Publicado en la revista digital Argumentos Socialistas, nº 20-febrero 2017 El capitalismo a debate)          http:/


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