jueves, 23 de noviembre de 2017

LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL FRAUDE FISCAL: CREDIT SUISSE


Como ejemplifican los casos de los bancos suizos Credit Suisse y UBS, investigados por el Senado estadounidense, la promoción del fraude fiscal entre los clientes extranjeros es parte del negocio bancario de nuestros días. La liberalización y globalización del sistema bancario y financiero global ha contribuido a potenciar el impago de impuestos en los países como fuente de liquidez y de beneficio bancario mediante las comisiones y la gestión de grandes paquetes de activos, bases hoy del negocio global de la banca.

En unos casos, el fraude fiscal de los clientes se canaliza de modo pasivo, donde la intervención del banco se reduce a facilitar los deseos de mayor rentabilidad para el capital del cliente. Es el caso de los bancos que ayudaron a crear o crearon las sociedades offshore instrumentales que aparecen en los mediáticos divulgados como papeles de Panamá o del Paraíso y Bahamas leaks,  Y en otros casos como ilustran UBS y Credit Suisse la banca desarrolla y gestiona políticas agresivas de captación de clientes foráneos adinerados incentivando el fraude fiscal en el país de origen.  Mediante una organización interna y una gestión planificada, se persigue facilitar el impago de impuestos en el país de origen para lograr una máxima rentabilidad del titular del dinero y unos beneficios para el banco por su gestión.

El Subcomité permanente de investigaciones del Senado estadounidense (que desde hace años impulsa el senador demócrata por Michigan, Carl Levin) y en el contexto del estudio del secreto bancario, examinó en profundidad el caso del banco suizo Credit Suisse ([i]), intentando comprender el alcance del fraude fiscal en EEUU mediante la promoción bancaria de sociedades offshore en paraísos fiscales y los esfuerzos realizados para que los bancos que utilizaban paraísos fiscales offshore y sus clientes rindieran cuentas y pagaran los impuestos adeudados en EEUU. Siendo el
Credit Suisse el segundo banco más grande de Suiza después del UBS, el Subcomité consideró que muy  probablemente también habría de tener un gran número de cuentas suizas no declaradas de clientes estadounidenses, que buscaban evadir impuestos utilizando los servicios de gestión de la llamada de banca privada o personalizada.

La banca globalizada incentiva el impago de impuestos

Con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá o del Paraíso y la filtración de datos del registro mercantil de las Bahamas, se ha demostrado una vez más que existe una práctica generalizada del impago de impuestos por las personas adineradas, identificadas con nombres y apellidos, que se sirve de la gran banca globalizada para la creación de estas sociedades mercantiles instrumentales en los llamados paraísos fiscales, entidades que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y que son un mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero, proceda del ahorro personal o de negocios ilícitos.
Anotemos que a la expansión de esta actividad bancaria contribuyó  la aplicación de la Directiva europea sobre el ahorro individual en 2005, extendida a Suiza y otros paraísos fiscales europeos mediante convenios bilaterales entre esos países y territorios con la Comisión europea un año después. Esta norma implicaba que los bancos del país helvético debían informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros o bien practicarles una retención tributaria sobre sus ganancias en función de unos tramos, que podían llegar al 35%. Como era de suponer, esto provocó una oleada de pánico entre los grandes patrimonios que tenían dinero escondido en Suiza y otras jurisdicciones offshore como Mónaco, Andorra, Panamá o las islas Vírgenes Británicas, micropaíses con secreto bancario y escasa fiscalidad. Para los afectados, la opción fue la creación de una sociedad pantalla tras la que ocultar su identidad y así evitaban tener que dar información al fisco del país de origen y la consiguiente retención fiscal. Al parecer, sobresalió Panamá por las facilidades del país y la agresiva operativa de despachos como el citado Mossack Fonseca (aunque el bufete también constituía estos instrumentos en otras jurisdicciones como las Islas Vírgenes).

Parece ser que al descubrimiento mediático de estas prácticas masivas en detalle contribuyó la ola de investigaciones sobre casos individuales, desencadenadas al hacerse pública la existencia de la conocida como lista Falciani de delincuentes tributarios, los datos revelados por un ex empleado del HSBC de Ginebra, que permitió de un modo u otro que las Haciendas nacionales europeas accedieran a estos mecanismos innovadores de defraudación fiscal, gestionados desde los departamentos de la denominada  banca privada o personalizada de la gran banca. Sin embargo, tras las revelaciones de los papeles de Panamá y Bahamas no ha habido noticias sobre posibles nuevas investigaciones sobre la labor de los bancos implicados en la cooperación para el fraude fiscal mediante la constitución de esas miles de sociedades offshore. Y el Parlamento europeo prosigue su inacabable debate sobre el Mediterráneo descubierto por las referidas investigaciones periodísticas.

El Credit Suisse, un negocio transnacional ilegal basado en el fraude fiscal

En mayo de 2014, ante las autoridades de los EEUU, el banco suizo Credit Suisse se declaraba culpable de una “conspiración extensa y de gran alcance” para ayudar a clientes estadounidenses a evadir el pago de impuestos y aceptaba pagar cerca de 2.600 millones de dólares en multas, convirtiéndose en el primer gran banco global en las dos últimas décadas que admitía acusaciones de haber cometido delitos penales. ([ii]) La aceptación negociada de la acusación (plea agreement) de conspiración presentada por representantes de los bancos Credit Suisse y su filial Clariden Leu ante un tribunal de Virginia, resolvía una investigación de larga duración sobre el negocio de banca privada o personalizada de este banco suizo, que ayudaba a ciudadanos estadounidenses a ocultar activos en el extranjero. Como parte de este pacto sui géneris, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibiría 1.800 millones de dólares en multas y reembolso; y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York recibiría 715 millones más 100 millones que irían a la Reserva Federal. ([iii]Y el banco suizo mantenía su licencia bancaria a pesar de su actividad delictiva.

Desde el colapso financiero de 2008, Credit Suisse era el primer gran banco acusado de un delito penal, que se declaraba culpable de ayudar a los clientes en el fraude fiscal y a la evasión de impuestos. Y tendría que pagar (en los EEUU) una multa sustanciosa  que, como una novedad, causó un gran impacto general. Pero subrayaba el experto estadounidense James Henry ([iv]), que esa multa para el Credit Suisse representaba solamente una cuarta parte de sus ingresos, por muy elevada que sonara la cifra de 2.600 millones; que puesta en perspectiva representaba sólo un trimestre de ganancias para un banco; que gestiona alrededor de 1,4 billones de activos de sus clientes y que sus propios activos alcanzan en torno a 1 billón de dólares. Es el segundo mayor banco suizo y lo ha sido casi siempre. Y desde siempre ha estado comprometido en este tipo de prácticas, que consisten en ayudar a los estadounidenses ricos y a los ricos de todo el planeta a colocar su dinero en Suiza libre de impuestos.

Como se logró saber, establecieron equipos especiales para tal objetivo que, en el caso de los EEUU deambulaban por las convenciones en torno al arte y cultivando la confianza de la gente rica; de modo que llegó acumular al menos 22.000 clientes selectos. Una actividad muy lucrativa para el Banco. En ese contexto, esa cifra tan elevada no resultaba enorme. Y como ejemplo comparativo, Henry citaba un reciente acuerdo de divorcio en los tribunales suizos entre un oligarca ruso y su esposa, por el cual ella tuvo que conformarse con 4.500 millones. Así comprende que el actual CEO del banco dijera, tras el anuncio de este acuerdo, que esto tendría un impacto trivial, de menor importancia para la rentabilidad del banco.

Los hechos ilegales reconocidos en la confesión acordada

En la declaración de hechos firmada por la representación legal del Credit Suisse y por las autoridades estadounidenses (y registrada en el tribunal de distrito de Virginia oriental en mayo de 2014), se reconocen los hechos básicos que fundamentan la sanción económica aplicada al banco suizo con su conformidad; y que describen la línea de negocio transatlántico ilegal que resumimos a continuación ([v]). En dicho documento judicial se dice que durante décadas antes y durante o en torno a 2009, en el Distrito Este de Virginia y en otros lugares, el banco “Credit Suisse realizó voluntaria e ilegalmente de forma deliberada y a sabiendas, conspirando, combinando, confederándose, y de acuerdo con otros a comisión del siguiente delito contra los Estados Unidos: ayudar voluntariamente,  procurar, asesorar, y aconsejar en la preparación y presentación de falsas declaraciones de impuestos” y otros documentos a la Agencia Tributaria o Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro, en violación del Título 26, Código de Estados Unidos, Sección 7206 (2), todo ello en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, la Sección 371. 
Durante décadas antes, durante o alrededor de 2009, “Credit Suisse operaba un negocio bancario transfronterizo ilegal que a sabiendas y voluntariamente ayudaba y asistía a miles de clientes estadounidenses en la apertura y mantenimiento de cuentas no declaradas y ocultando sus activos offshore y los ingresos ante la Agencia Tributaria”. A través de ciertos directivos, empleados y otras personas, Credit Suisse solicitaba de clientes estadounidenses la apertura de cuentas no declaradas, aprovechándose de que el secreto bancario suizo les permitiría ocultar la propiedad de esas cuentas. Credit Suisse admite que utilizó una variedad de medios para ayudar a sus clientes estadounidenses con la finalidad de que ocultaran sus cuentas en ese banco sin declararlas, que según el citado documento comprendían:
  • a.    Ayudar a los clientes en el uso de entidades tapaderas como supuestos propietarios beneficiarios de las cuentas no declaradas;
  • b.    Solicitar los formularios de la Agencia tributaria estadounidense (IRS) que falsamente declaraban bajo pena de perjurio, que las falsas entidades eran beneficiarias de la propiedad de los activos en las cuentas;
  • c.    No conservar en los Estados Unidos los registros relacionados con las cuentas;
  • d.    Destruir registros de cuentas enviadas a los Estados Unidos para su revisión por el cliente;
  • e.    Utilizar gerentes y empleados de Credit Suisse como asesores de inversiones no registrados sobre las cuentas no declaradas;
  • f.     Facilitar retiradas de fondos de las cuentas no declaradas, ya fuera mediante la entrega en mano de efectivo en EEUU o utilizando cuentas en bancos corresponsales del Credit Suisse en EEUU.
  • g.    Estructurar transferencias de fondos para eludir los requisitos de notificación de transacciones monetarias; y
  • h.    Proporcionar tarjetas de crédito y de débito en offshore para repatriar fondos de cuentas no declaradas.
  •  
  Asimismo, en la citada declaración suscrita por el banco suizo y las autoridades estadounidenses se hace referencia a la utilización de entidades ficticias en paraísos fiscales, como titulares de las cuentas suizas de estadounidenses no declaradas en su país. Los Gerentes de banca privada (conocidos como Gerentes de Relaciones) servían como el principal contacto para los clientes estadounidenses con cuentas no declaradas en el Credit Suisse. Todos estos Gerentes del negocio transfronterizo ilegal con los EEUU, asistían activamente o facilitaban a miles de contribuyentes individuales a establecer o mantener cuentas no declaradas de una manera diseñada para ocultar la propiedad por parte de contribuyentes estadounidenses o de los interesados beneficiadas en dichas cuentas. Credit Suisse mantenía cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos a través de las cuales los Gerentes de este banco y otros realizaban transacciones financieras en conformidad con su negocio transfronterizo ilegal.

La asistencia técnica para la creación de entidades offshore

El programa internacional del Credit Suisse para la captación y atención del cliente megarrico estadounidense comprendía, inclusive, desplazamientos periódicos de altos empleados a EEUU para la apertura de cuentas suizas vinculadas, el asesoramiento inversor y defraudador evitando informes sobre transacciones, emitiendo tarjetas de crédito y débito y gestionando la creación de sociedades offshore. ([vi]) Según un análisis elaborado por el propio Credit Suisse, sus registros de viaje indican que, desde 2.001 a 2.008, los gerentes suizos de relaciones hicieron más de 150 viajes por separado a los Estados Unidos para reuniones con sus clientes locales y para contactar con nuevos clientes.
El programa del Credit Suisse de promoción del fraude y la evasión fiscal en los EEUU se complementaba mediante la creación y utilización de sociedades offshore. De modo que en la citada declaración de hechos ilegales reconocidos, suscrita por el banco suizo y las autoridades estadounidenses, se hace referencia a la utilización de entidades instrumentales o tapadera en paraísos fiscales como titulares de las cuentas suizas de estadounidenses no declaradas en su país ([vii]); entidades offshore cuya creación facilitaba el propio banco. El resultado de esta actividad ilegal del Credit Suisse, como la de cientos de otros bancos, lo encontramos confirmado en las identificaciones con nombre y apellidos, suministradas por los llamados Papeles del Paraíso, de  Panamá o la filtración de Bahamas.

Las cuentas suizas para clientes estadounidenses del Credit Suisse utilizaban como titulares de cuentas nominales a entidades tapadera en paraísos fiscales; y además, algunos de sus banqueros asistían activamente a los clientes para la constitución de esas entidades instrumentales, banqueros a los que apelaban como  “intermediarios” o “fiduciarios” que actuaban como “proveedores de servicios en la creación y mantenimiento de entidades jurídicas”. Y de los cuales se servía el banco suizo para introducir clientes potenciales. Asimismo, según el propio banco, los banqueros de Credit Suisse remitían a los clientes potenciales o actuales a los intermediarios para que establecieran una entidad jurídica que actuara como titular de la cuenta suiza; y la mayor parte de los intermediarios que utilizaban los banqueros suizos estaban localizados en Suiza o Liechtenstein. La finalidad primordial de las entidades offshore era lograr el enmascaramiento de la titularidad de la cuenta del cliente. Al abrir cuentas suizas para clientes de Estados Unidos, la evidencia muestra que algunos banqueros de Credit Suisse recomendaban la utilización de entidades fantasma o tapadera (Offshore Shell Companies) como titulares de cuentas nominales. Si bien no es ilegal establecer un fideicomiso o entidad en un paraíso fiscal como titular de una cuenta, es una práctica corriente utilizar esas sociedades mercantiles fantasma, fideicomisos o entidades jurídicas similares como titular de una cuenta nominal en vez de un ciudadano que suministra los fondos a la cuenta; de hecho, es una táctica común usada para evadir impuestos tanto en Estados Unidos como en España y el resto de países, porque impide la identificación tanto de las cuentas como de sus titulares estadounidenses. El referido informe relata testimonios de algún ex titular de una cuenta de Estados Unidos, que corrobora estas prácticas que le proporcionarían “una capa más de protección” para sus activos del cliente, aunque este cliente desestimó las sugerencias de “los intermediarios”, a causa de la cargas adicionales involucradas, y porque el cliente se sentía suficientemente seguro después de colocar los fondos en Suiza. En otros casos los clientes firmaban papeles para constituir las sociedades instrumentales en Liechtenstein o Hong Kong.

En los interrogatorios de la Subcomisión del Senado, a las preguntas que pretendían cuantificar  las cuentas suizas vinculadas a los EEUU que fueron abiertas a nombre de entidades offshore, la representación del Credit Suisse informó de que en 2008 habían sido abiertas  1.243 fichas informativas de clientes (CIF) con 4.000 millones de francos suizos en activos a nombre de entidades offshore, que tenían como titulares beneficiarios a clientes estadounidenses que habían omitido presentar un formulario W-9 (a efectos de declaración fiscal) identificando su titularidad de la cuenta como mantenida por una persona de los EEUU.

Esta nota sobre el caso del Credit Suisse se integra en una docena de casos documentados sobre las actividades ilícitas de grandes bancos globales, como contenido de una investigación inédita del autor de este blog.-





[i] Offshore Tax evasion: The Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts. (Credit Swiss: Case Study in Swiss Secrecy) Permanent Subcommittee on Investigations, US Senate Report, February 26, 2014; pp. 41- 114.
[ii] Credit Suisse pleads guilty to tax evasion. Financial Times, 19/5/2014
[iii] Credit Suisse Pleads Guilty to Conspiracy to Aid and Assist U.S. Taxpayers in Filing False Returns. Department of Justice. RELEASE, May 19, 2014
[iv] Entrevista con James S. Henry sobre el caso del Credit Suisse en Real Networks, canal de TV independiente por internet.  Es un destacado economista y abogado, que fue economista jefe de la consultora internacional McKinsey & Co; y, como periodista de investigación ha colaborado con numerosas publicaciones como Forbes, The Nation y The New York Times. Fue el investigador principal del informe titulado “The Price of Offshore Revisited” publicado por Tax Justice Network. Video en https://youtu.be/Q5C8_k6fgCo
[v] cfr. Credit Suisse. Statement of facts 19/5/2014
[vi] Offshore Tax evasion… (Credit Swiss :..) US Senate Report cit.; pp. 65-113
[vii] cfr. Credit Suisse. Statement of facts; y Offshore Tax evasion… (Credit Swiss…) US Senate Report cit.; pp.73-76

martes, 7 de noviembre de 2017

Malta, paraíso fiscal europeo: papeles de Panamá y asesinato

El 16 de octubre pasado, la bloguera y periodista de investigación  Daphne Caruana Galizia, ciudadana de Malta, fue asesinada por la explosión de un coche-bomba al peor estilo mafioso, mostrando la amplitud de la corrupción y la impunidad con la que se mueven los negocios sucios  en este país de la Unión Europea, algo que ella había revelado en sus investigaciones. El primer ministro de Malta confirmaba que había sido un ataque contra la destacada periodista, un asesinato premeditado que ha sido el primero de este tipo pero al que le han precedido algunos otros en años recientes.

Los reportajes de Galizia solían referirse asuntos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la República de Malta y también había testificado ante la Comisión parlamentaria de Investigación sobre los conocidos como Papeles de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. Entre otras derivaciones, las investigaciones de la reportera maltesa asesinada implicaban a Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad de la Republica de Malta, quien - después de su negativa inicial - en febrero 2017 anunció que clausuraría su sociedad offshore en Panamá propiedad de un trust (fideicomiso) de Nueva Zelanda, alegando que había declarado la compañía y que la había clausurado por razones de transparencia.

Si creemos las informaciones del periódico The Times of Malta (PERIODISTA ASESINADA EN MALTA: Hay algo podrido en el corazón del Estado. The Times of Malta, 18/10/2017) "la economía está en auge pero algo está podrido en el corazón de esta República, tan podrido que amenaza con llevarse todo por delante. Las implicaciones de este crimen son enormes. Este asesinato fue un asesinato asociado con la mafia. El desafío es mayúsculo para quien dio la orden. La pregunta es si hay políticos involucrados. Porque hay mucho en juego en todo esto, que comienza a sonar como a un Estado fallido".

La República de Malta, un socio europeo offshore

Malta (415,000 habitantes), que ingresó junto con Chipre en la Unión Europea en 2004 y en 2008 en la eurozona, era ya un reconocido paraíso fiscal incluido en la lista oficial de la OCDE vigente hasta 2005; y lo ha seguido siendo como atestiguan las numerosas agencias en Internet que promocionan y gestionan la creación de sociedades mercantiles offshore. Para comprobarlo, basta insertar en cualquier buscador el nombre Malta y la palabra offshore o paraíso fiscal. La reciente filtración en noviembre de 2017 denominada los Paradise papers un destacado número de sociedades offshore aparecen registradas en Malta. De acuerdo con el informativo digital  Proceso.com.mx, asociado a esa investigación, al menos 62 ciudadanos mexicanos, entre ellos empresarios, magnates, personajes vinculados a la política y futbolistas que juegan en Europa, han elegido en Malta para resguardar sus secretos y sus millones.
Siendo ya miembro de la UE, en Agosto de 2006 la página de la CIA sobre Malta destacaba las graves deficiencias fiscales y financieras de la ex colonia británica; y los datos navieros recogían su oferta como bandera de conveniencia con las perniciosas consecuencias conocidas. Aunque como nuevo miembro de pleno derecho de la UE, siguió manteniendo características propias de la condición de paraíso fiscal offshore, que tampoco fue obstáculo para su admisión en la eurozona desde Enero de 2008, como se analiza en mi libro La Europa opaca de las finanzas, (páginas 171-187) que se puede descargar libremente (columna a la derecha.).

En el marco del plan de acción global contra los paraísos fiscales que fue abandonado tras la cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, nueve años antes el Informe del Foro de Estabilidad Financiera incluyó a Malta como un centro offshore con veinte bancos autorizados y supervisados (entre los 42  centros financieros offshore identificados oficialmente entonces). Y Malta y Chipre fueron considerados paraísos fiscales por el Comité técnico de la OCDE, por lo que ambos micro estados remitieron a esta organización su compromiso de eliminación de las prácticas fiscales perjudiciales  de modo anticipado, logrando que no se les incluyera en la lista negra publicada entonces, sin que exista informe alguno que acredite que cumplieron su compromiso. En todo caso y en aquel marco global, atenuar esa condición fue uno de los objetivos de las negociaciones autorizadas por el Consejo y la Comisión europea para su ingreso en la Unión en 2004. Mientras el gobierno maltés como el chipriota se resistían a equiparar su fiscalidad con la de la Europa de los quince, la Comisión europea les incentivaba  con sustanciosas ayudas económicas, financiadas con impuestos de los ciudadanos europeos perjudicados por las prácticas fiscales insulares; ayudas que durante el trienio 2004-2006, alcanzaron para Malta los 272 millones de euros; sin que se le exigiera la total eliminación de sus prácticas de paraíso fiscal para no residentes. 

El proceso negociador concluyó aunque el informe final detectaba graves deficiencias en Malta que no obstaculizaron la concesión de ayudas económicas y de un período transitorio hasta el 1 de enero de 2010, durante el cual se  le autorizan exenciones sobre el IVA y otras. La retórica de la Comisión  consideraba que se cumplía el acervo comunitario sobre la fiscalidad; sin embargo, el lenguaje burocrático ocultaba la realidad como demuestra el régimen transitorio concedido, al final. Entre otras cosas, estos procesos negociadores demostraron la falacia de las políticas comunitarias contra los paraísos fiscales decididas por el Consejo Europeo y la tecnocracia de Bruselas, que dicen pretender el logro de la armonización fiscal y la erradicación de las prácticas que la OCDE consideró que perjudicaban a los demás países.[i]

Los datos actuales de la CIA destacan que la economía de libre mercado de Malta -la más pequeña de la zona del euro- depende en gran medida del comercio tanto de bienes como de servicios, principalmente con Europa. Tras la crisis de la zona euro, el sector de servicios de Malta mantiene un crecimiento sostenido en los servicios financieros y los sectores del juego en línea además del turismo. Los esquemas fiscales ventajosos siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros, aunque los inacabables debates de la UE sobre medidas contra la evasión y el fraude fiscal han generado preocupación entre los proveedores de servicios financieros y seguros de Malta, ya que las medidas podrían tener un impacto significativo en esos sectores.

El negocio maltés de las banderas de conveniencia

Tras el ingreso de Malta en la UE, los expertos promotores de la evasión fiscal internacional en Internet han continuado catalogando a estas islas como un atractivo centro offshore.  Consideran que tras la integración europea, existe una estructura legislativa moderna para la mayoría de las principales actividades financieras, con nuevos incentivos que no solo reducen los tipos impositivos de sociedades offshore sino también ofrecen bonificaciones fiscales; y sobre todo, la ventaja competitiva de un apreciado grado de opacidad para negocios financieros.  Hay que destacar la industria marítima de  fletes con bandera de conveniencia y del registro de buques, que se inició durante los años ochenta; y que junto a la condición de destino turístico, integra una economía de servicios que sustenta cierto enriquecimiento reciente, sostén de la amplitud de la corrupción política actual.


Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado y esa vinculación determinada su nacionalidad y la legislación aplicable tanto para resolver los conflictos de índole internacional como para determinar las normas de seguridad a bordo y las relaciones laborales entre los  tripulantes y el armador o naviero. Una bandera se considera de conveniencia cuando la propiedad del buque reside en un país diferente del país cuya bandera enarbola, lo que supone para el dueño el disfrute de beneficios financieros y otro tipo que no tendría en el país del propietario, con todas los efectos desastrosos que ilustró el hundimiento de El Prestige y que ya analicé en el apartado "La desregulación financiera y las banderas de conveniencia" en mi libro de referencia Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias. Y, sin embargo, un buen número de los grandes cruceros de vacaciones siguen navegando bajo pabellón de la República de Malta, aunque los limitados recursos de esta pequeña República le dificulten practicar un nivel seguro en la inspección de los buques que portan su bandera. Entre otros casos menos publicitados, la bandera de Malta ondeaba en el  petrolero Erika, que se hundió partiéndose en dos frente a las costas de la Bretaña francesa en diciembre de 1999, ocasionando una grave catástrofe ecológica con la subsiguiente denuncia mediática de las responsabilidades de esa bandera de conveniencia.

Desde entonces, Malta emprendió una reforma de su código marítimo intentando librarse de  su etiqueta de proveedor de amparo de buques basura, que es una dimensión propia de algunos centros offshore.  Pero Malta sigue incluida en la relación de países que conceden bandera de conveniencia, establecida por la ITF, International Transports Workers´ Federation, que lleva a cabo una campaña mundial contra esta práctica que degrada el transporte marítimo y genera enormes catástrofes ecológicas. Actualmente, el organismo Transport Malta tiene registrados 1650 buques, de los cuales el 87 por ciento  pertenecen a países como Grecia (469 buques); Turquía (233); Alemania (135); España (8), etc. Es una actividad comercial de mero registro administrativo sin conexión alguna con las necesidades de la economía maltesa. El éxito de este negocio maltés tiene una explicación sencilla y es que para el registro naval maltés, el propietario del buque tiene que ser una sociedad constituida en Malta, que en la mayoría de los casos está exenta de impuestos y admite cualquier tipo de buque, desde los yates de recreo hasta las plataformas petrolíferas. La legislación maltesa muy liberal no señala restricciones para las tripulaciones ni límite de edad para los buques, siendo muy flexible en relación con la venta o las hipotecas sobre buques; y otras muchas ventajas competitivas.  

El asesinato de la citada periodista de Malta ha provocado alarma en el Parlamento europeo. Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica para el Greens / EFA Group y portavoz de los verdes en la Comisión de Investigación del Parlamento europeo sobre blanqueo de dinero y evasión fiscal hacía un llamamiento público afirmando que:

"Europa ahora debe mirar a Malta. El asesinato de una valiente periodista que ha estado luchando con élites corruptas en su país debe conducir a una protesta europea. El asesinato de la reportera Galizia es un ataque contra los valores democráticos europeos. Europa se rige por el estado de derecho, no por los métodos de la mafia. La energía criminal y los vínculos estrechos entre los políticos y la élite económica en Malta son devastadores. Malta es la meca del blanqueo de dinero sucio y los evasores de impuestos. Las alegaciones de lavado de dinero se extienden hasta el mismo gobierno maltés. Los dos principales partidos en el país han apoyado la evasión fiscal internacional en Malta. El centro del poder en Malta  padece una cultura de impunidad a diferencia de casi ningún otro país en la UE. Europa ya no debe hacer la vista gorda ante la forma en que se incumple el estado de derecho en estas islas. La Comisión Europea debe analizar de cerca la situación en Malta y, si es necesario, iniciar un procedimiento de infracción…. Debemos declarar claramente la responsabilidad del gobierno en Malta, como así como de otros países que permiten el lavado de dinero y el dumping impositivo. La imparcialidad fiscal y el enjuiciamiento efectivo del delito financiero son cruciales para la credibilidad de la Unión Europea".-   



[i] Unión Europea/Ampliación en http://europa.eu/scadplus/leg/es/s40000.htm

martes, 26 de septiembre de 2017

REQUIEM POR EL SUEÑO AMERICANO

Que millones de estadounidenses descontentos tras los ocho años del presidente demócrata Obama, optaran por elegir a un multimillonario reaccionario y ayuno de conocimientos como Donald Trump para la presidencia de los EEUU, es algo difícil de explicar incluso para numerosos especialistas. Pero ciertamente el libro y el film de Noam Chomsky REQUIEM FOR THE AMERICAN DREAM, nos ayuda a entender ese evento que trasciende el ámbito nacional.

El relato del filósofo y activista político estadounidense comienza con una reflexión sobre los efectos de la depresión económica de los años treinta, que fueron peores que hoy, afirmación que el autor avala con sus experiencias familiares. Un período en que, sin embargo, las gentes compartían la sensación de que las cosas iban a ir mejor: "no tenemos trabajo hoy pero lo tendremos mañana y juntos podremos trabajar por un futuro mejor". Fue una época de radicalismo político pero en la que el "sueño americano" siguió en vigor aun con su dimensión de mito: "somos pobres pero trabajando duro  encontraremos la salida hacia un futuro mejor". Algo que corroboran las biografías de muchos de sus amigos y conocidos.

Pero ahora sabemos que eso ya no es cierto, como revela el dato de la movilidad social en los EEUU que actualmente es inferior a la de Europa. Y un componente significativo del sueño americano es la movilidad de clase social: naces pobre, trabajas duro y te haces rico.  Pero los políticos estadounidenses intentan mantener ese mito: "Vótame y haré que regrese el sueño americano". Y ese fue el mensaje profundo de Donald Trump: "América, first" / "Make America great again".  Sin embargo, en los EEUU se acabó la idea de que todo el mundo puede tener un empleo decente, comprarse un coche y una vivienda y tener los hijos en un colegio… Todo eso se esfumó, asegura Noam Chomsky. Y la cruda realidad es la hiriente desigualdad social, que carece de precedentes históricos en los EEUU. Y que deriva de la extrema riqueza de un minúsculo sector de la población que no alcanza el 1 por ciento.

¿Cómo y por qué se ha producido esa tremenda mutación socioeconómica en los EEUU?

En primer lugar, mediante "la reducción de la democracia". En la reciente historia de EEUU, la dinámica del sistema constitucional ha impuesto la presión por una mayor libertad sobre la democracia desde abajo, con el claro predominio de los esfuerzos de control de la élite desde arriba, sostiene Chomsky. Y ese control ha significado una democracia reducida, en la que el Senado, que tiene el mayor poder, está alejado de la población; la Cámara de representantes, más próxima al pueblo, resulta muy debilitada con su renovación cada dos años. Y la Presidencia, la Casa Blanca, se eleva como un superpoder dentro y fuera del país. Esa reducción de la democracia es el primer principio, de los diez que explican el cambio histórico que analiza el referido libro y generado por la modelación de la ideología; el rediseño de la economía; la desviación de las cargas; el ataque a la solidaridad; la gestión de los reguladores; la ingeniería de las elecciones;  mantener las masas en orden; la fabricación del consenso y la marginación de la población. Este esquema de análisis podría ayudarnos a entender también la evolución reciente de las sociedades democráticas europeas.

Para la finalidad básica de esta reseña del libro, optamos por resumir el contenido del  capítulo o principio tercero, que nos adentra en cómo se ha rediseñado la economía, es decir, cómo la financiarización de la economía estadounidense y global mediante la mutación de las entidades bancarias.

El rediseño de la economía

Desde los años setenta ha habido un esfuerzo concertado por parte de *los dueños de la humanidad*, para dar un giro a la economía en dos aspectos decisivos, como se relata en el capítulo tercero del referido libro. Uno ha sido el incremento el papel de las entidades financieras; y el otro, la deslocalización de la producción. Hacia 2007, justo antes del último colapso, los bancos y grupos financieros disponían literalmente del 40 % de los beneficios empresariales, mucho más que en el pasado.

El papel de las entidades financieras

Como muchos años antes, hacia los años cincuenta la economía de los EEUU se basaba ampliamente en la producción, era el gran centro manufacturero del mundo. Las entidades financieras solían ser una parte relativamente pequeña de la economía y su función era distribuir los activos no utilizados como los depósitos bancarios para generar actividad. Esa era su contribución a la economía. Existía una regulación de la economía y los bancos estaban regulados. Había una separación ente los bancos comerciales y los bancos de inversión; y estaban limitadas las prácticas de inversiones de riesgo que pudieran dañar a los particulares. Recordemos que durante el largo período de la Regulación del New Deal (El programa de reactivación económica introducido por el Presidente Roosevelt en los años treinta) no hubo colapsos financieros. Pero hacia los años setenta eso cambió.

Hasta los primeros años setenta existía un sistema económico internacional, establecido por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los EEUU y el  Reino Unido, con la intervención de dos grandes economistas, el estadounidense Harry Dexter White y el británico John Maynard Keynes. Se denominó el sistema de Bretton Woods, que se basaba bastante en la regulación del capital, de modo que las monedas nacionales quedaban reguladas por su relación con el dólar, que estaba vinculado al oro. Por tanto, apenas se daba la especulación sobre las divisas porque había espacio para la misma. Con el Fondo Monetario Internacional se permitía e incluso se apoyaba la exportación de capital. Y el Banco Mundial financiaba los proyectos estatales de desarrollo. Pero todo eso sucedió durante los años cincuenta y sesenta   hasta que ese sistema fue desmantelado completamente durante los setenta. Se eliminaron los controles sobre las monedas, lo que condujo -como era predecible - a un inmediato y agudo aumento de la especulación contra las divisas.

La financiarización de la economía

Al mismo tiempo declinaban los ratios del beneficio sobre la producción industrial; a pesar de que aún se obtenían cuantiosas ganancias disminuía la proporción de los beneficios. De manera que comenzó a surgir un enorme incremento en los flujos de capital especulativo en cuantías astronómicas. Y se produjeron modificaciones enormes en el sector financiero, pasando de los bancos tradicionales a los bancos de inversiones de riesgo, con instrumentos financieros complejos, manipulaciones monetarias y demás innovaciones.
Las cifras macroeconómicas reflejan claramente la mutación de la economía estadounidense.  En 1950, el valor de las finanzas representaba un 11 por ciento del PIB de los EEUU y el sector manufacturero, el 28 %. Mientras que en 2010, las finanzas representaban ya el 21 por ciento del PIB y las manufacturas habían descendido al 11 por ciento.

De modo creciente, el negocio de EEUU fue dejando de ser la producción de bienes, al menos en su territorio. Lo vemos en la selección de los altos gestores. En los años cincuenta y sesenta el alto ejecutivo de una corporación estadounidense solía ser un ingeniero, alguien graduado en centros como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) o quizás en ingeniería industrial. Estaba extendida la sensación en la clase de los propietarios y los gerentes que debían atender la naturaleza de la sociedad, la fuerza laboral, el mercado, etc. Y que tenían que mirar por el futuro de su propia corporación empresarial. Y eso es cada vez menos cierto.

Más recientemente, las direcciones empresariales y los altos puestos gerenciales han sido ocupadas por gentes que provienen de las escuelas de negocios, donde han aprendido los trucos financieros de diverso tipo y otras innovaciones. Y todo eso ha llevado al cambio de la actitud de la corporación y del liderazgo de la firma. Actualmente entre los altos ejecutivos hay menos lealtad hacia la empresa y más hacia sí mismo. Ahora la vía para seguir avanzando en las principales empresas es mostrar los buenos resultados en el próximo trimestre; es lo que determina el sueldo y las primas o bonus de los ejecutivos; y no el futuro de la empresa a largo plazo. De manera que las prácticas empresariales se diseñan  para lograr beneficios a corto plazo y conseguir toneladas de dinero y, si se estrella al empresa sales pero con el dinero y el paracaídas de oro. Todo eso ha modificado muy significativamente la naturaleza del modo en que son tratadas las firmas.
Como sucede hoy con las grandes multinacionales, ya en los años ochenta la General Electric podía hacer más dinero jugando con el dinero que con la producción; y hoy recordemos que General Electric es sustancialmente una entidad financiera, que logra la mitad de sus beneficios moviendo por ahí el dinero por vía complicadas. De ahí que se haya producido un tremendo aumento en la función de las finanzas en la economía. Es el fenómeno conocido como "financiarización" de la economía que junto con la deslocalización de la producción han rediseñado otra economía.

La deslocalización de la producción (offshoring)

El fenómeno de la deslocalización de las fábricas es el otro fenómeno que ha trastocado la economía. Según Noam Chomsky, ha habido una decisión consciente para vaciar la capacidad productiva del país, de los EEUU, mediante el desvío de la producción a lugares donde la mano de obra es más barata, sin normativas sanitarias y de seguridad ni condiciones medioambientales, etc., como en el Norte de México, China, Vietnam y otros países. Los productores siguen haciendo mucho dinero pero lo generan fuera de los EEUU. (Es el modelo de deslocalización que se ha aplicado en cierta medida también en Europa). Esto resulta enormemente provechoso para las multinacionales, especialmente para sus ejecutivos, gestores y accionistas;  pero muy perjudicial para la población. Así tenemos que una de las grandes corporaciones como Apple genera su producción en China, en una cámara de tortura de propiedad taiwanesa; porque China es ante todo una planta de montaje, que se abastece de las áreas industriales del entorno chino como Japón, Singapur, Corea del Sur y los mismos EEUU, donde se generan los beneficios primarios aunque se esté desarrollando también una nueva clase de multimillonarios en China, un fenómeno del llamado tercer mundo en otro tiempo. Al mismo tiempo que se dispara la desigualdad, que tiene su expresión extrema en China y en los EEUU.
La lectura y la reflexión sobre este libro de Noam Chomsky nos permiten adentrarnos más allá de los noticiarios para entender el mundo en que vivimos.
                                                                                       


jueves, 24 de agosto de 2017

Cómo los lobistas corporativos se apoderaron de la democracia estadounidense

                                   Artículo escrito por  Lee Drutman*  y publicado en la revista estadounidense THE ATLANTIC el 20/4/2015.

No siempre las empresas tuvieron tanto poder en Washington D.C. pero en la actualidad algo está desequilibrado en la capital de los EEUU. Las corporaciones gastan ahora alrededor de 2.600 millones de dólares al año en gastos registrados de lobby, más de los 2.000 millones aprox. que se gastan en financiar la Cámara de Representantes (1.180 m $) y el Senado (860 m $). Es una brecha que se ha ido ampliando desde que los lobbies empresariales comenzaron a sobrepasar regularmente el presupuesto combinado de ambas Instituciones a principios de los años 2000.

Hoy en día, las mayores empresas tienen más de 100 agencias de lobby que las representan, lo que les permiten estar en todas partes y en todo momento. Actualmente, por cada dólar gastado en lobbies por sindicatos y grupos de interés público juntos, las grandes corporaciones y sus asociaciones  gastan 34 dólares. De las 100 organizaciones que gastan más en hacer lobby,  95 representan consistentemente a los negocios. Y la calidad auto-reforzante de los grupos de presión corporativos ha venido a superar cada vez más a todas las otras fuerzas potencialmente compensatorias.

Tendríamos que volver a la conocida Edad Dorada para encontrar a las grandes empresas en una posición política tan dominante en la política estadounidense. Si bien es cierto que incluso en los años 1950 y 1960 más pluralistas, la representación política se inclinaba hacia los acomodados, el lobismo estaba casi equilibrado conforme a los estándares actuales. Los sindicatos eran mucho más importantes; y los grupos de interés público de los años sesenta eran actores mucho más significativos. Y antes de los años setenta, muy pocas compañías tenían sus propios agentes de lobby en Washington. En la medida en que las empresas hacían lobby en los años cincuenta y sesenta (normalmente a través de asociaciones), sus gestiones eran torpes e ineficaces. "Cuando nos fijamos en el lobby típico", concluyen tres destacados científicos políticos en su estudio de 1963, titulado American Business and Public Policy, "encontramos que sus oportunidades de maniobra son muy limitadas, su personal mediocre y su problema típico no es la influencia en el voto del Congreso sino en encontrar  clientes y contribuyentes que le permitieran ante todo sobrevivir."

Las cosas son bastante diferentes hoy en día. En los últimos 40 años, la evolución del cabildeo de los negocios desde una fuerza reactiva escasa a otra omnipresente y cada vez más proactiva es una de las transformaciones más importantes de la política estadounidense. Examinar la historia de esta transformación revela que no hay un nivel "normal" de lobby empresarial en la democracia estadounidense. Más bien, el lobismo empresarial se ha ido reforzando con el tiempo, y su calidad auto-reforzante ha venido a superar cada vez más a todas las otras fuerzas potencialmente compensatorias. También ha cambiado fundamentalmente cómo las corporaciones interactúan con el gobierno, de modo que en lugar de tratar de mantener al gobierno fuera de su negocio (como hicieron durante mucho tiempo), las empresas ahora están incorporando cada vez más al gobierno como un socio, mirando a ver lo que el país puede hacer por ellos.

Si nuestra máquina del tiempo nos colocara de nuevo en 1971, encontraríamos a un destacado abogado corporativo escribiendo seriamente que, "como cada ejecutivo empresarial sabe, pocos elementos de la sociedad americana tienen hoy tan poca influencia en el gobierno como el hombre de negocios americano, Incluso los millones de accionistas corporativos. Si uno duda de esto, que adopte el papel de "lobista" para defender el punto de vista empresarial ante los comités del Congreso." Ese abogado pronto se convertiría en el Juez de la Corte Suprema de Justicia, Lewis F. Powell Jr., cuyo ahora célebre "Memorándum Powell" es una reveladora percepción de la frustración que sentían muchos líderes empresariales a principios de los años setenta. El Congreso había producido un montón de regulaciones en los años sesenta, impulsado por una nueva oleada de grupos de interés público. Las grandes corporaciones se habían marginado en gran medida  sin saber qué hacer.

En 1972, en un contexto de crecientes costes del cumplimiento de la legislación, ralentizando el crecimiento económico y el aumento de los salarios, una comunidad de presidentes ejecutivos y consejeros delegados formó la Business Roundtable (Mesa Redonda de Empresas), una organización dedicada explícitamente a cultivar la influencia política. El presidente ejecutivo de Alcoa, John Harper, uno de los fundadores de la misma, dijo en ese momento: "Creo que todos reconocemos que ha llegado el momento en que debemos dejar de hablar de ello y  ocuparnos de hacer algo al respecto".

Esta sensación de una amenaza existencial motivó a las empresas líderes a participar en una actividad política seria. Muchos comenzaron por contratar a sus primeros lobistas. Y empezaron a ganar. Se cargaron una importante reforma de la legislación laboral, derogaron la reglamentación, redujeron sus impuestos y ayudaron a movilizar a la opinión pública en favor de una menor intervención del gobierno en la economía.

A principios de la década de 1980, los líderes corporativos estaban "ronroneando" (como lo describió una encuesta de Harris de 1982). Las empresas podrían haber declarado la victoria y haberse ido a casa, ahorrando así los costos del compromiso político. En vez de eso, se mantuvieron atentos. Muchos profundizaron sus compromisos con la política. Después de todo, ahora tenían agentes lobistas para ayudarles a ver todo lo que estaba en juego en Washington, y de todas las maneras para mantenerse políticamente activos que podrían ayudar a sus negocios.

Esos grupos de presión continuaron gastando durante la década de 1980 enseñando a las empresas sobre la importancia del compromiso político. Pero les llevaría tiempo para que se convencieran completamente. Como me dijo un lobista de empresa que entrevisté para mi nuevo libro, The Business of America Is Lobbying (El negocio de América es el Lobismo), "cuando empecé [en 1983], la gente realmente no entendía los asuntos del gobierno. Cuestionaban por qué necesitaban una oficina en Washington, ¿qué hace una oficina en Washington? Creo que lo veían como un mal necesario. Todos nuestros competidores tenían oficinas en Washington, así que necesitábamos tener una presencia allí y era algo que teníamos que hacer. "
Para hacer la venta, las agencias de lobby tuvieron que ir en contra de la noción tan arraigada en los consejos de administración de que la política era un mal necesario que había que evitar a ser posible. Para lograr que las empresas invirtieran plenamente en política, los lobistas tuvieron que convencer a las empresas de que Washington podría ser un centro de beneficio. Tuvieron que convencerlos de que el lobismo no era únicamente mantener alejado al gobierno, sino que también podría consistir en atraer cerca al gobierno.
Como me dijo un lobista (en 2007): "Hace 25 años... era "mantener el gobierno fuera de nuestro negocio, queremos hacer lo que queramos ", y gradualmente eso cambió a "cómo podemos hacer al gobierno de nuestro socio". "Pasó de    "dejarnos solos" al " trabajar juntos en esto". Otro lobista corporativo recordaba que "cuando empezaron, [la gerencia] pensaba que las relaciones gubernamentales consistía en algo más. Pensaban que era gestionar crisis de relaciones públicas, atender encuestas ...Mi jefe me dijo que les había enseñado a hacer cosas que no sabían que se pudieran hacer".

A medida que las empresas se volvieron más activas políticamente y más adaptadas hacia finales de los años ochenta y los noventa, sus grupos de presión se volvieron más visionarios desde el punto de vista político. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas se habían opuesto durante mucho tiempo a la idea de que el gobierno agregara un beneficio de medicamentos recetados a Medicare (Seguridad Social), con la teoría de que esto daría poder de negociación gubernamental a través de las compras al por mayor, reduciendo así los beneficios de la industria farmacéutica. Pero en algún momento alrededor del año 2000, los grupos de presión de la industria idearon la audaz idea de proponer y apoyar lo que se convirtió en Medicare Part D, un beneficio de medicamentos recetados, pero que prohibía explícitamente la compra al por mayor, que representaba un beneficio estimado de 205.000 millones $ para las empresas en un período de 10 años.

Lo que hace que hoy sea tan diferente de los años setenta es que ahora las corporaciones disponen  de recursos para jugar simultáneamente a la ofensiva y a la defensa en casi cualquier asunto de máxima prioridad. Cuando examiné a los grupos de presión corporativa sobre las razones por las que sus compañías mantenían una oficina en Washington, la razón principal era "proteger a la compañía contra los cambios en la política del gobierno". En una escala de uno a siete, los lobistas clasificaban esa razón en el 6,2 de promedio; pero detrás, muy cerca, en el 5,7, situaban la "necesidad de mejorar la capacidad de competir buscando cambios favorables en la política gubernamental".

Aunque invertir la historia es obviamente imposible, hay que valorar cuánto han cambiado las cosas. Y hay maneras de recuperar el equilibrio: una mayor inversión en el gobierno, especialmente en el Congreso, daría a los principales representantes políticos recursos para contratar y disponer de personal más experimentado y experto, reduciendo su dependencia de los agentes lobistas. Además, las organizaciones que abogan por posiciones menos dotadas de recursos podrían recabar más apoyos. Si la historia enseña algo, es que el mundo no necesita aparecer como lo hace hoy.-
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                      * Lee Drutman es autor del libro The Business of America Is Lobbying: How Corporations Became Politicized and Politics Became More Corporate. Artículo traducido por jhv.

martes, 15 de agosto de 2017

Las sanciones contra Corea del Norte dependen de la banca global


Dejemos a un lado por unos momentos la incertidumbre y el desasosiego que suscitan las declaraciones belicosas de los impresentables Donald Trump, actual presidente de los EEUU, y Kim Jong-Un, Líder Supremo y presidente de la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Y la gran interrogante que vemos reflejada en los medios de comunicación internacionales podemos enunciarla así:

¿Contribuirá la presión de las sanciones económicas a que Corea del Norte reduzca su arsenal nuclear y se someta al control internacional superando el latente conflicto bélico?  .

A propuesta de los EEUU y con los votos favorables de China y Rusia, el sábado 5 de agosto de 2017, los quince Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acordaron por unanimidad la imposición de nuevas sanciones económicas y financieras a Corea del Norte para castigar al régimen autoritario por el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, que podrían trasladar cabezas nucleares miniaturizadas hasta Japón e incluso a los EEUU. Como todas las anteriores, el objetivo fundamental de estas medidas económicas, sigue siendo suprimir la financiación exterior del amenazante programa nuclear norcoreano, que se considera estratégicamente que afectará más a los intereses de la élite dirigente que a la depauperada población.

Porque el problema de fondo es que durante más de una década el Consejo de Seguridad ha venido intentando con escaso éxito ahogar la financiación del programa nuclear norcoreano acordando sanciones económicas al régimen de Kim Jong Un, que han abarcado desde restricciones el comercio de armamento y a los servicios financieros hasta las exportaciones. Durante décadas se ha intentado cancelar la financiación de los programas nucleares y de misiles intercontinentales, cortando los lazos con el sistema bancario global como prioridad clave. En consecuencia, a todos los países miembros de la ONU y las compañías basadas en sus territorios se les prohibía prestar servicios financieros a Corea del Norte, un país al que sin embargo se le ha tolerado el desarrollo de un inquietante programa nuclear y balístico. Hace unos meses un informe de la ONU publicado detallaba el fracaso de las medidas, revelando pruebas de que Corea del Norte estaba utilizando redes de compañías pantalla para obtener acceso a los bancos globales. . Y es que la cruda realidad señala que el asunto de las sanciones económicas internacionales contra países, remite a los abusos y libertades que el sistema financiero internacional concede a los grandes bancos globales, que les permite transgredir la legislación internacional.


Las sanciones económicas son una alternativa a la fuerza militar

Para comprender todo el alcance de las infracciones en materia de legislación sobre política exterior y seguridad nacional cometidas por los grandes bancos, como en los casos del BNP, Standard Chartered Bank, Commerzbank y muchos otros, hemos de tener presente que determinados gobiernos y organismos multinacionales imponen sanciones económicas internacionales para tratar de alterar las decisiones estratégicas de determinados Estados y entidades no estatales que amenazan los intereses de un Estado o asociaciones de Estados o infringen las normas internacionales de comportamiento. Los críticos dicen que las sanciones están a menudo mal concebidas y rara vez tienen éxito en lograr el cambio de la conducta del país o países a quienes van destinadas, mientras que los partidarios sostienen que se han vuelto más eficaces en los últimos años y siguen siendo una herramienta esencial de la política exterior. Las sanciones se han convertido en la característica definitoria de la respuesta occidental a varios desafíos geopolíticos, incluyendo el programa nuclear de Irán o de Corea del Norte y de la intervención de Rusia en Ucrania. ([i])

La banca global hace negocios con las sanciones económicas contra países

El Financial Times atribuía a un alto ejecutivo del banco británico Standard Chartered la exclamación: “¡Jodidos americanos! ¡Quienes sois vosotros para decirnos al resto del mundo que no vamos a comerciar con los iraníes ¡”. Con ella se evidenciaba lo que piensan y sienten gran parte de los altos ejecutivos de los megabancos globales frente a la política de sanciones económicas contra ciertos países que imponen los EEUU, la UE, la ONU u otros organismos internacionales a la comunidad internacional. Porque para la gran banca globalizada, impulsada por el lucro puramente financiero y cada vez más desvinculada de las economías productivas, reales, las sanciones económicas internacionales se presentan como interferencias frente a las operativas financieras y las prácticas comerciales habituales. De ahí que con frecuencia aquellas sean ignoradas, cuando no burladas aprovechando en ocasiones los posicionamientos políticos de aquellos gobiernos de países que no las comparte y no las secundan.  Y la condena del BNP Paribas en 2015 prueba esa actitud del sector.

Los grandes bancos de alcance mundial tienen un peso decisivo en el éxito o fracaso de la política de sanciones económicas contra países que suponen una amenaza para la comunidad internacional, los EEUU o la UE. Hoy por hoy las sanciones económicas, en particular,  son un instrumento de la política internacional, particularmente de la ONU, los EEUU, la Unión Europea y otros grandes Estados o entidades internacionales. Las sanciones económicas se definen como la restricción total o parcial del comercio habitual y de las relaciones financieras con fines de política exterior y de seguridad.

Y actualmente, en el entorno de unas relaciones económicas entre países dominadas por unos mercados financieros globales, la cooperación de los grandes bancos de ámbito mundial resulta clave para la aplicación efectiva y el logro de los objetivos previstos para esas políticas internacionales de sanciones económicas. La experiencia nos muestra que esa cooperación brilla por su ausencia en numerosos casos en los que se demuestra que el lucro comercial o financiero se impone sobre las consideraciones de estrategia política de los Estados por importantes que sean, como prueba el cuadro adjunto que registra los casos más relevantes de trece grandes bancos, con sede en diversos países del mundo desarrollado, que han infringido la legislación de sanciones internacionales de los EEUU siendo objeto de las correspondientes sanciones pecuniarias; ocupando el primer puesto el caso mencionado del banco francés BNP Paribas.


La condena pactada del BNP Paribas por sus negocios ilegales

Son numerosos casos de bancos globales sancionados por sus negocios que transgreden la legislación internacional sobre este asunto.  El 1 de mayo de 2015, el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Lorna Schofield, confirmaba la condena pactada del banco francés BNP Paribas, con sede en Paris, con una penalización económica de casi 9.000 millones de dólares, una cifra record, aplazando las acusaciones criminales por haber mantenido negocios financieros con Sudan, Irán y Cuba, países bajo sanciones económicas internacionales. Un mes antes, el 3 de abril, otro juez federal del Distrito de Columbia, Beryl Howell, aprobaba formalmente un acuerdo de enjuiciamiento diferido entre el gobierno de EEUU y Commerzbank AG, que obligaba al banco alemán al pago de 1.450 millones de dólares quedando aplazadas durante tres años las acusaciones criminales por haber transferido ilegalmente fondos a Irán y Sudan vía EEUU, entre otros hechos delictivos. Y en años anteriores, otros grandes bancos como ING con sede en Amsterdam, los británicos HSBC, Standard Chartered Plc, Lloyds TSB Bank Plc, Barclays, el suizo Credit Suisse AG  y otros habían aceptado penalizaciones económicas menores por hechos delictivos que suponían infracciones de las sanciones internacionales a ciertos países.


Destaca el escandaloso caso del BNP Paribas que resulta muy significativo, porque ha sido la primera vez que un banco global se declaraba culpable del quebrantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos con un volumen de operaciones internacionales muy importantes durante varios años; por lo que es un caso paradigmático del comportamiento inmoral e ilegal de los bancos globales. La cuestión de fondo es la frecuencia con que los grandes bancos quebrantan con sus negocios financieros mundiales las medidas sancionadoras contra países por razones puramente comerciales, revelando una autonomía y libertad de acción que se imponen sobre las organizaciones internacionales y los gobiernos más poderosos del planeta y resultando en gran medida impunes esas acciones ilegales.

Resulta ilustrativo el análisis, aunque sea somero, de la complejidad que implica demostrar los comportamientos ilegales de la gran banca a nivel internacional. Realizadas una serie de investigaciones por las autoridades estadounidenses durante años, el procedimiento sancionador del BNP tuvo dos fases;  En primer lugar, en 2014 el BNP Paribas firmaba una declaración de culpabilidad (plea agreement) ante las autoridades estadounidenses. Y, en segundo lugar, un año más tarde de ese reconocimiento pactado de los hechos delictivos, era ratificado por la sentencia condenatoria del tribunal neoyorquino de mayo de 2015.

Casi un año antes de la sentencia, el 30 de junio de 2014, el entonces Fiscal General de los EEUU Eric Holder, comunicaba en rueda de prensa la presentación al tribunal del Distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York de una información criminal contra el BNP Paribas, uno de los bancos más grandes del mundo, acusándole de conspirar desde hacía mucho tiempo con otras entidades para la violación deliberada y repetida de las sanciones estadounidenses contra los citados países de Sudán, Irán y Cuba; manteniendo negocios con entidades financieras radicadas en estos países y otros, habiendo practicado durante años un plan complejo y agudo para mover ilegalmente miles de millones a través del sistema financiero estadounidense en nombre de entidades sancionadas. ([ii]) Añadía que esas acciones representaban un quebrantamiento grave de la legislación estadounidense. Y las sanciones, que son una herramienta clave en la protección de los intereses de seguridad nacional de EEUU, sólo funcionan si se aplican estrictamente; si las sanciones han de ser efectivas, las violaciones deben ser castigadas. Y el Fiscal general afirmaba que los bancos que proyectan hacer negocios con las violaciones de las sanciones de Estados Unidos,  debían pensarlo dos veces porque el Departamento de Justicia no iba a mirar hacia otro lado.

En esta declaración pública ante la prensa, el Fiscal general (de la Administración Obama) resumía los hechos que el propio banco había reconocido. A través de prácticas ilegales generalizadas, el BNP a sabiendas gestionó cientos de millones en transacciones ilícitas en dólares estadounidenses que implicaban a una compañía controlada por un grupo energético con sede en Teherán y propiedad en su totalidad de un ciudadano iraní. Asimismo, el banco también había procesado miles de transacciones por un importe total de más de mil millones con entidades sancionadas en Cuba. Y el BNP había permitido al Gobierno de Sudán y las instituciones relacionadas el acceso al sistema financiero estadounidense, la participación en miles de millones de dólares en transacciones ilegales. Aunque era sabido que el gobierno sudanés apoyaba  el terrorismo, participaba en abusos contra los derechos humanos, e incluso, según le constaba al propio banco, había sido anfitrión de Osama ben Laden y había negado la intervención de las Naciones Unidas en Darfur.

Darfur es el nombre de un lamentable desastre humanitario resultado del triste conflicto armado en la región de Darfur, en Sudán, alimentado también por ese afán de lucro del capitalismo sin escrúpulos. A pesar de los sangrientos conflictos internos y externos, un país africano escasamente desarrollado como Sudan pero con importantes recursos naturales, particularmente petróleo, siguió atrayendo capital extranjero con la colaboración de los grandes bancos globales, como ejemplifica este caso del banco francés BNP Paribas.

El BNP llegó hasta el extremo de planificar la ocultación de transacciones prohibidas, cubrir sus pistas, y engañar a las autoridades estadounidenses. Había utilizado “pagos de cobertura” para ocultar la participación de las entidades sancionadas en las transacciones que se procesaron a través de Nueva York y en otros lugares en los Estados Unidos. Habían trabajado con los socios y filiales en todo el mundo para estructurar las transacciones de manera innecesariamente complicados, utilizando sofisticadas técnicas que servían a propósitos comerciales ilegítimos, pero que les permitió oscurecer la realidad y era que esas transacciones violaban la ley y ante todo no deberían haber sucedido.
Todas estas actividades referidas habían continuado durante años, a pesar de las reiteradas indicaciones y advertencias que la conducta del Banco violaba los embargos decretados por los Estados Unidos y de  la ONU. Por tanto, el BNParibas había socavado significativamente las sanciones económicas de larga data de Estados Unidos, en muchos casos, en detrimento de los intereses de seguridad nacional del país. Y después de años, de extensas investigaciones exhaustivas por parte del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, el Fiscal general anunciaba que se llevaba a cabo la rendición de cuentas de banco. Y el BNP Paribas sería declarado culpable por los tribunales de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos, basándose en la admisión de una declaración de hechos que detallaba la extensa conducta ilegal esbozada antes.
                                                                                                     






[i] Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions?. Council of Foreign Relations, 8/4/ 2015 en http://www.cfr.org/sanctions/economic-sanctions/p36259
[ii] Attorney General Holder Delivers Remarks at Press Conference Announcing Significant Law Enforcement Action. Washington, DC.United States .Monday, June 30, 2014 en http://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-holder-delivers-remarks-press-conference-announcing-significant-law