lunes, 6 de marzo de 2017

BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR

En octubre de 2015, el sistema judicial de Islandia envió a la cárcel a los máximos responsables de los mayores bancos quebrados y a sus numerosos lugartenientes. Las sentencias culminaron un proceso en el que Islandia adoptó una vía diferente a la de los EEUU y el resto de Europa, dejando caer a los bancos en lugar de rescatarlos. Desde luego tuvieron lugar operaciones de rescate, pero fueron rescates de ciudadanos corrientes más que de banqueros, perdonando las deudas hipotecarias que excedían el 110 por ciento del valor real del hogar vinculado al préstamo. Y este pequeño país regresó al crecimiento económico mucho más rápidamente que la mayoría de los países europeos, que optaron por el rescate de los bancos al encontrarse con el colapso financiero global.

Como sabemos, cuando tras la quiebra del enorme banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008, el colapso de Wall Street amenazaba a todos los grandes bancos del sistema financiero mundial, surgió el argumento de que eran demasiado grandes para dejarles quebrar (too big to fail); y se impuso el modelo, aprobado primero en el Congreso estadounidense, de socialización de las pérdidas mediante ayudas públicas multimillonarias a los grandes bancos al borde de la quiebra en EEUU y, luego en la UE. Y lo cierto es que tanto en los EEUU como en la UE, desde que la crisis financiera metió a la economía en una espiral que llevó a la pérdida de millones de puestos de trabajo y de hogares excluidos, muchas voces populares reclamaron  que se exigieran responsabilidades y se juzgaran a los banqueros responsables de los múltiples fraudes y estafas que les condujeran a la cárcel. Porque sólo un banquero de alto nivel fue a la cárcel (Bernard Madof y por su propia confesión), y el Departamento de Justicia estadounidense se limitó a perseguir la imposición de multas millonarias contra los grandes bancos en lugar de procesar a los directivos responsables de los hechos delictivos.

Por fin, en su segundo  mandato, la Administración Obama pretendió poner remedio con un acuerdo de compensación económica entre las autoridades y los bancos afectados. Y en enero de 2013,  nueve grandes bancos de Wall Street (entre ellos Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo), llegaron a un acuerdo con los reguladores federales en los EEUU para imponerles una multa de 9.300 millones de dólares para cancelar la responsabilidad legal de estos bancos ante desahucios que incumplieron la legalidad. Concretamente el caso contra los estos megabancos se fundamentó en su incapacidad para mostrar los documentos requeridos que justificaran los desahucios de propietarios atrasados en los pagos del crédito hipotecario. La inexistente regulación y el alto volumen de créditos de este tipo generados en el periodo previo a la crisis, llevó a los bancos a contratar personas para que firmaran cientos de documentos al día, aprobando los desahucios sin llevar a cabo el procedimiento legal requerido. Esta situación tuvo lugar en al menos 450.000 casos, en los que los bancos se apropiaron de hogares sin acreditar la justificación económica o legal para llevar a cabo dicha acción. A pesar del masivo daño causado por las prácticas fraudulentas de los bancos, la multa impuesta equivalía a un pago de menos de 300 dólares por hogar afectado. Y es importante señalar que a pesar de las evidencias no se produjo una sola detención o acusación criminal, al mismo tiempo que el acuerdo excluyó la responsabilidad de los bancos para responder financiera o legalmente por cargos similares ocurridos en el periodo previo.

De ahí el debate político planteado sobre el problema latente de los bancos que se han hecho tan grandes y opacos que no sólo son demasiado grandes para dejarles quebrar, cuando acumulan enormes pérdidas, sino que resultan demasiado grandes para encarcelar, cuando transgreden gravemente las leyes. Desde una perspectiva crítica la expresión coloquial bancos demasiado grandes para encarcelar, denuncia la ausencia de voluntad política o la incapacidad de las autoridades públicas para procesar y enjuiciar a los grandes bancos por los grandes fraudes y otros hechos delictivos. Y el uso de la expresión ha llegado hasta el extremo que un informe del Congreso estadounidense de julio de 2016 se titula Too big to jail (Demasiado grandes para encarcelar); en este informe resultado de tres años de investigaciones, se cuestiona la decisión del Departamento de Justicia de no procesar a un gran banco global como el gigante británico HSBC, por transgresiones de la legislación antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo, favoreciendo a narcotraficantes mexicanos y a países que amparan organizaciones terroristas; una decisión surgida de la preocupación del entonces Fiscal General Eric Holder de que el procesamiento del Banco tuviera consecuencias adversas para el sistema financiero; expresada en una sesión pública del Comité Judicial del Senado estadounidense en marzo de 2013, al ser cuestionado sobre la posición de su Departamento respecto a los sucesivos escándalos bancarios de corrupción y fraude. Ideas que habían sido precedidas de confesiones similares del Fiscal General adjunto Lanny Breuer, realizadas a The New York Times el año anterior a propósito del mismo caso, alegando el temor a que una dura condena del HSBC afectara a la economía mundial. De manera que quedaba explicitada oficialmente la política seguida frente a la gran banca, asumiendo que sus ramificaciones e interconexión dentro del sistema financiero y la economía actual, coartan o impiden apelar a los tribunales para que juzguen los abusos y hechos delictivos cometidos por los grandes bancos, que han venido denunciando los medios de comunicación.

Y es que desde 2012 han abundado los escándalos de manipulaciones de precios de referencia en mercados financieros por los grandes bancos globales, resueltos sin sanción o con multas ridículas en relación a los beneficios obtenidos con los fraudes sobre el líbor, el interés básico interbancario de Londres; el euríbor; el tipo de cambio; el precio de referencia del oro y de las materias primas en los mercados financieros; y demás grandes casos de delincuencia bancaria que he analizado en un nuevo libro. Por ejemplo, en 2016 mediante un acuerdo extrajudicial con demandantes particulares, el Deutsche Bank reconocía sus propias manipulaciones sobre el precio de referencia del oro, mientras fue miembro del panel de megabancos en Londres que lo fija; algo que no habían logrado averiguar las investigaciones de las autoridades financieras alemanas ni ha sido sancionado.                                              


En los EEUU otras sanciones con multas multimillonarias a los bancos suizos USB y Credit Suisse de basaron en que promovieron durante años el fraude fiscal entre los megaricos estadounidenses. Y con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá y Bahamas leaks (la filtración de datos del registro mercantil de ese pequeño país caribeño) ha quedado demostrado una vez más como la gran banca global incentiva el impago de impuestos de personas adineradas, ahora identificadas con nombres y apellidos, facilitándoles la creación y utilización en los conocidos paraísos fiscales de sociedades mercantiles instrumentales, que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero. El Banco Santander se encuentra entre los grandes bancos internacionales que han creado sociedades pantalla en las Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes, según las informaciones publicadas en septiembre de 2016 por el diario alemán Süddeutsche Zeitung; el Confidencial y La Sexta en España, en el marco de las investigaciones coordinadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El registro mercantil de Bahamas confirma que el banco español, presidido actualmente por Ana Botín, abrió 559 sociedades mercantiles instrumentales entre 1990 y 2015; cifra que ha variado según los años; y que actualmente mantiene unas 380 estructuras. Y es mayor el número de sociedades fantasma creadas por los grandes bancos suizos, el UBS con 9.717 y el Credit Suisse con 8.299. Otros grandes bancos con una presencia relevante en ese paraíso fiscal son JP Morgan con 1.617 estructuras; y BNP Paribas con 657.
Y antes, en abril de 2016, por otra investigación también del citado Consorcio Internacional y publicada por los medios ya citados, supimos que más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, según el análisis de la documentación revelada. El gigante británico HSBC (el megabanco que colaboró con el narcotráfico mexicano; el de la conocida lista Falciani; y accionista importante del Grupo Prisa), a través de distintas filiales seria el responsable por sí solo de más de 2.300 de estas sociedades que solo buscan defraudar al fisco. Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canadá (378), el alemán Commerzbank (92) y el Credit Suisse (1.105). Asimismo los bancos españoles Santander y BBVA realizaron esta  actividad para clientes de elevado patrimonio de los distintos países en los que operan, incluyendo algunos con domicilio en España. Pero, hasta la fecha, desconocemos si el Gobierno español ha abierto alguna investigación sobre la cooperación delictiva de los bancos españoles en esa promoción del impago colectivo de impuestos en España. Y la gran pregunta que hemos de hacernos es si podrá sobrevivir el Estado democrático frente a estos ataques de los megabancos.-                                          
                                                
(Publicado en la revista digital Argumentos Socialistas, nº 20-febrero 2017 El capitalismo a debate)          http:/


jueves, 23 de febrero de 2017

Con el Presidente Trump gana Wall Street

Con el magnate Donald Trump en la Casa Blanca, la banca se dispone a conseguir lo que siempre ha sido su principal prioridad, que es modificar drásticamente la regulación financiera introducida por Obama. En julio de 2010, el Congreso aprobó la ley Dodd-Frank para reformar Wall Street e introducir la protección del consumidor superando la crisis financiera; todo ello dos años después de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, que tuvo un enorme coste por los rescates bancarios para el contribuyente estadounidense y generó la Gran Recesión económica que sufre el mundo. Entre otras medidas proyectadas para impedir los abusos y desmanes bancarios, esa ley creo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y cambió básicamente el modo en que los reguladores supervisan Wall Street y a los grandes bancos. Aunque el lobby bancario y sus amigos en el Senado y la Cámara de Representantes aguaron muchas de normas de proyecto inicial, retrasaron la aplicación de algunas y se olvidaron de otras, dejando pendiente temas claves para la seguridad del sistema financiero global, como la separación de la banca de inversiones y la banca de depósito; la reducción de la enorme dimensión financiera de los megabancos globales de alcance sistémico; y la prohibición de los derivados más peligrosos. Lagunas normativas importantes que hacen que los grandes bancos sean demasiado grandes para asegurar la estabilidad y seguridad del sistema financiero actual.

La desregulación bancaria, una prioridad del Presidente

Con el objetivo prioritario de “flexibilizar” las regulaciones financieras, el nuevo Presidente dictó la Orden ejecutiva del 3 de febrero pasado, que concede al Departamento del Tesoro un plazo de  120 días para presentar un informe con las posibles modificaciones normativas o recomendaciones legislativas sobre el sector financiero. Esta Orden ya en vigor inició una revisión de las regulaciones del sistema financiero, incluida la ley Dodd-Frank de Obama, con normas para la banca aprobadas tras la crisis financiera de 2008 que fueron fuertemente criticadas a lo largo de la campaña presidencial. Y una segunda actuación que tiene como objetivo demorar una norma que pretende que se requiera a los asesores financieros para que los consejos a los clientes sean en el mejor interés de los mismos. La Orden del nuevo Presidente intenta que el Departamento del Tesoro examine si la legislación y reglamentos vigentes se ajustan a lo que Trump ha identificado como “principios nucleares” de su Administración. Insiste  en la reducción del intervencionismo gubernamental en los negocios y hacer a las compañías estadounidenses más competitivas. Asimismo, pretende “empoderar a los estadounidenses para que adoptaran decisiones financieras independiente”, “impedir los rescates financiados por los contribuyentes” y lograr el crecimiento económico mediante un “análisis más riguroso del impacto de la regulación” según destacaba el canal de TV CNBC. 

La colaboración de Goldman Sachs

Para los propósitos de desmontar la legislación financiera de Obama, el nuevo Presidente cuenta con la colaboración de dos antiguos ejecutivos de Goldman Sachs: Steven Mnuchin  como Secretario del Tesoro y Gary Cohn como asesor económico. Finalmente el 13 de febrero de 2017 el Senado estadounidense confirmó a Steven Mnuchin como nuevo Secretario del Tesoro nombrado por el nuevo Presidente; tras una votación que se resolvió con los 53 votos del partido republicano frente a los 47 votos de senadores demócratas en contra (excepto el senador por West Virginia que apoyó el nombramiento). Y durante la cual los demócratas le criticaron como banquero de Wall Street, acusando a Trump de quebrantar su promesa de defender a los trabajadores de los EEUU.  Mnuchin, además de ejecutivo de Goldman Sachs, fue director financiero de la campaña electoral del candidato Trump; y también dirigió el Banco One West en la etapa de los escándalos de las ejecuciones hipotecarias. Como dijo el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, “toda la carrera profesional del señor Mnuchin puede resumirse efectivamente en una línea: privatizaba las ganancias y socializaba las pérdidas”. Desde luego no escasearon  las descalificaciones, como el “rey de los desahucios” que le llamó el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon. En una complicada audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado, Mnuchin fue reprendido por los demócratas por no revelar su papel como director de un fondo de inversión basado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Las duras críticas en la prensa

La prensa estadounidense recordaba que Trump llegó a la Casa Blanca con una plataforma populista rebosante de ataques contra los megabancos de Wall Street, asegurando que aplicaría grandes recortes a las disposiciones de la ley Dodd-Frank, hasta que celebró un encuentro de asesoramiento al que asistieron el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y el CEO de Blackstone, Steve Schwarzman. Según Trump, las normas aprobadas durante la etapa Obama tras la crisis han ahogado los negocios y la creación de empleo.
La Orden ejecutiva establece que la revisión se centrará en varios objetivos generales de la Administración que se relacionan en gran medida con sus promesas de campaña para reducir la participación del gobierno en los negocios y hacer que las compañías estadounidenses sean más competitivas. Trump apunta a "capacitar a los estadounidenses para tomar decisiones financieras independientes", "prevenir los rescates financiados por los contribuyentes" y crear crecimiento económico a través de "un análisis más riguroso del impacto regulatorio". Asimismo, la Orden también señala objetivos para "permitir que las compañías estadounidenses sean competitivas con las firmas extranjeras" y "promover los intereses estadounidenses en las negociaciones de regulación financiera internacional”. Los cambios importantes en la ley Dodd-Frank requerirán probablemente la intervención del Congreso.
Destacados senadores demócratas han criticado esta Orden. Para el líder de la minoría, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, Trump está dejando que los grandes bancos “escriban las normas de circulación”. La destacada senadora demócrata por Massachussets, Elizabeth Warren, conocida por su posición crítica frente a Wall Street, afirmó que la segunda decisión demorando las reglas fiduciarias, “hará más fácil para los asesores de inversiones que nos engañen con los ahorros para la jubilación” y “dará a dos antiguos ejecutivos de Goldman Sachs el encargo de vaciar las normas que nos protegen del fraude financiero y de otro colapso económico”, refiriéndose a los citados dos ex ejecutivos de Goldman Sachs del equipo presidencial. Aunque a lo largo de la campaña presidencial atacó reiteradamente a esta firma como prueba de la influencia de las élites ricas en el sistema financiero. Como señalaba The NewYork Times, con esta Orden ejecutiva se ha borrado cualquier duda que quedara de que Trump no tiene ninguna intención de cumplir las promesas de su campaña a las familias trabajadoras a lo largo y ancho del país. 
Los críticos frente a la idea de alterar la legislación financiera de la presidencia de Obama, señalan que todo apunta a una vuelta a la etapa anterior a la crisis de 2008, cuando los bancos operaban sin una regulación y supervisión significativas, señala el director de Americanos por la Reforma Financiera, una coalición  de grupos de derechos humanos, consumidores y de la pequeña empresa. “Ya hemos tenido la experiencia con la auto regulación de Wall Street antes de la crisis financiera y no funcionó bien…” “Cuando se deja al sector bancario que establezca sus propias reglas, crea más riesgos… que terminan pagando los contribuyentes y las familias trabajadoras.”
Trump cuenta con los trabajos previos del partido republicano 
El proyecto del Presidente Trump para volver a la desregulación bancaria anterior a la crisis de 2008, entronca con los planteamientos del partido republicano que tiene la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes, influida fuertemente por el Banking caucus. La Administración Trump tiene ya un proyecto de ley elaborado por el partido republicano para desmantelar la ley Dodd- Frank. Este proyecto se llama Financial Choice Act y fue presentado el año pasado aunque sus ideas son  más viejas. No tendría como objetivo la derogación de la legislación de Obama sino modificar aquellas disposiciones que disgustan particularmente al sector bancario. La estabilidad económica y la mayor seguridad de los bancos alcanzada, no han impedido que el congresista Jeb Hensarling, republicano por Texas, liderara la presentación del proyecto de ley contra la reforma financiera de Obama.  Hensarling es un cruzado de la desregulación, amigo del actual Vicepresidente Mike Pence, que también fue un duro crítico de la Dodd-Frank en su etapa de congresista como presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Hensarling es miembro del llamado Banking caucus, un grupo de legisladores que mantienen estrechos lazos con la industria financiera y han recibido de los grandes bancos algunas de las mayores aportaciones a la campaña electoral, según el Center for Public Integrity.
La gran banca de Wall Street cuenta, pues, con una Administración representativa del 1% más rico de la población en la Casa Blanca, dispuesta a manejar el timón de la mayor economía de mundo en su propio beneficio.-

martes, 31 de enero de 2017

Banca Monte dei Paschi, la fragilidad de la banca financiera


Los problemas del Deutsche Bank y el rescate del Banco Monte dei Paschi de Siena son síntomas de que el sistema bancario europeo sigue sin haber digerido la crisis; y de su fragilidad frente a los avatares propios de la financiarización de la banca. Porque las mediáticas reformas funcionales no han aportado la estabilidad y la transparencia necesarias. Los analistas apuntan, en particular, a los  bancos italianos y portugueses que suscitan inquietudes, dado el volumen de sus préstamos con riesgo de impago y las operaciones financieras opacas de alto riesgo. Ciertamente la fragilidad del sistema bancario es una preocupación en la eurozona, según corroboran analistas críticos, que se acrecienta con los anuncios del nuevo inquilino de la Casa Blanca.  Esta incertidumbre mantiene alta la predisposición de los gobiernos a los rescates bancarios a cargo de los contribuyentes para hacer frente al riesgo sistémico incontrolado. Es decir, los rescates de los bancos a cargo de dinero público sigue siendo una práctica gubernamental ordinaria. Prosigue, pues, la política de socialización de las pérdidas de los bancos por el temor al contagio sistémico incontrolado por las autoridades nacionales y europeas

En Italia, el 23 de diciembre de 2016, con una inyección de 21.000 millones de euros el gobierno aprobaba el rescate de la Banca Monte dei Paschi di Siena para evitar su quiebra dadas las pérdidas ocultadas durante años por operaciones con derivados. Y este no es un  banco cualquiera sino el tercer banco del país, fundado por la Magistratura de la República de Siena en 1472, tres siglos antes de que existiera la idea de una Italia unificada, y por ello se le considera el banco más antiguo del mundo aún en funcionamiento, que hasta hace poco disponía de 3.000 sucursales, 33.000 empleados y 4,5 millones de clientes. Este banco que sobrevivió a las guerras italianas, superó las pestes y las plagas, la campaña de Napoleón y la segunda guerra mundial, se transformó desde hace décadas en banca financiera, gracias al invento de los contratos de apuestas conocidas como derivados financieros.

Hace casi cuatro años, en 2013 los negocios con derivados financieros del Banco de Siena provocaron un escándalo de grandes proporciones, que no solo involucró a los ejecutivos sino también a Mario Draghi y al Deustche Bank por ocultar información y hacer préstamos fraudulentos. Según fuentes fiables, todo comenzó con la acumulación de riesgos por parte del Banco Monte dei Paschi di Siena, siguiendo el modelo de los grandes bancos como Goldman Sachs que logran altas rentabilidades de los mercados financieros de alto riesgo. La fuerte especulación en estos mercados por parte del Monte dei Paschi tuvo la aprobación del entonces Ministro de Finanzas y luego gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi. Gran parte de esas operaciones de préstamo se gestaron a través de la banca alemana, principalmente el Deutsche Bank, que le había ayudado a tapar las pérdidas sufridas con la crisis y la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.
Pero el tsunami de Lehman Brothers y las pérdidas acumuladas por los derivados financieros, le obligaron en el 2009 a pedir al gobierno italiano un rescate de 1.900 millones de euros; y en 2012 logro otro segundo rescate oficial de 500 millones de euros, acumulando 3.900 millones de euros entre los rescates del Banco de Italia y el “rescate” de tapadillo por parte del Deutsche Bank. El gran problema es que el Monte dei Paschi nunca reveló los 1.500 millones de euros que el Deutsche Bank le había prestado en 2008, y esa revelación en 2013 provocó una enorme sacudida financiera porque mostraba una vez más la  poca transparencia de la banca europea. Las pérdidas millonarias de este banco italiano fueron ocultadas mediante préstamos secretos del Deutsche Bank alemán y el Nomura Bank japonés, gracias a mecanismos financieros similares a los que Goldman Sachs ayudó a Grecia durante años a ocultar los déficit fiscales, como he analizado en El casino que nos gobierna. Aunque el asunto tenía otra dimensión porque quien estaba al mando del Banco de Italia y “supervisaba” esas operaciones con el banco alemán era el presidente del Banco Central italiano, Mario Draghi, el mismo que entonces y hoy lleva las finanzas del Banco Central de Europa. Desde el inicio de la crisis el Monte Paschi fue perdiendo hasta un 90 por ciento de su valor.

Minado por todas las operaciones de derivados que ocultaron las pérdidas, según Bloomberg para 2016 Monte dei Paschi había recibido 4.000 millones de euros en rescates financiados por los contribuyentes, la mayoría de los cuales los había reembolsado más 8.000 millones de euros aportados por los inversores desde 2009. El Monte dei Paschi fue considerado el banco más débil de Europa en los stress tests o pruebas europeas de resistencia de julio de 2016 y el Banco Central Europeo le requirió para que limpiara su balance. La firma debía recaudar 5 billones de euros de fondos frescos para aumentar su capital a finales de año; y cubrir las pérdidas generadas por la eliminación de los préstamos incobrables. Pero no lo consiguió. El fondo soberano de inversión de Qatar, que había considerado una posible inversión, se abstuvo de comprometerse a comprar acciones; y esa misma desconfianza impidió las inversiones de otras entidades.

Las previsiones de una próxima falta de liquidez pero, sobre todo, los temores de que la quiebra anunciada desencadenara otras quiebras bancarias en Italia e incluso una potencial nueva crisis en Europa, según la prensa internacional, fundamentaron la decisión del gobierno italiano. Los bancos italianos están luchando bajo el peso de una montaña de 360.000 millones de euros de préstamos incobrables, según Bloomberg, una situación que ha erosionado la rentabilidad y socavado la confianza de los inversores. La nacionalización de Monte Paschi podría ser seguida de rescates para prestamistas como Veneto Banca SpA y Banca Popolare di Vicenza como parte del paquete gubernamental. Porque está demostrado que la acumulación de riesgos sistémicos garantiza los rescates de la banca financiarizada.-                                





martes, 20 de diciembre de 2016

Deutsche Bank: la caída de un megabanco

Todo lo dicho sobre los banksters podría ser una descripción del caso del Deutsche Bank, según el informe de la ONG SOMO de Ámsterdam. Las multas, los acuerdos de compromiso y las compensaciones obligatorias que el Banco ha tenido que pagar desde 2009 ascienden a casi 20.000 millones de euros. Entre los delitos cometidos encontramos la manipulación del líbor y el euríbor (junto con la mayoría de los grandes bancos europeos y estadounidenses), el lavado de dinero sucio, el fraude fiscal, la manipulación de swaps de tipos de interés, los CDS y otros derivados, adquisiciones fraudulentas mediante falsos pretensiones de garantías públicas y las prácticas ilegales con hipotecas. El banco es también uno de los culpables de los fraudes fiscales revelados por los Offshore Leaks de 2013 y los Luxemburg Leaks. Sin embargo, el caso más espectacular todavía está por cerrarse. El 16 de septiembre de 2016, el Departamento de Justicia de los EEUU presentó una reclamación de más de 14.000 millones de dólares por los métodos ilegales utilizados en el negocio hipotecario estadounidense del Banco antes de la crisis. Aunque el Banco ya se ha dotado de unas provisiones de 5.000 millones de euros para afrontar futuros juicios, el pago de la cuantía total demandada por los EEUU podría llevarle a su colapso. Aunque al  final de las negociaciones a puerta cerrada, se puede esperar una reducción de la multa. A esta amenaza jurídica se une la crisis económica del Deutsche Bank que muestran todos los indicadores. Entre el 1 de enero de 2006 y el 29 de septiembre de 2016, su valor en el DAX (índice de la Bolsa alemana) ha caído de 45.300 millones a 14.500 millones de euros; una disminución del 67,9%; una bajada solo superada por el Royal Bank of Scotland con un descenso del 70%.

Fundado en 1870, el Deutsche Bank (DB) ha sido el orgullo de la industria financiera alemana durante muchos años. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, el banco era un actor global con importantes filiales desde Buenos Aires hasta Hong Kong, Singapur y Calcuta. Muchos comentarios en Alemania que lamentan la crisis actual de este banco apuntan a esa tradición de 150 años.
Tras sus años de vergonzante colaboración con el régimen nazi, después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno militar de Estados Unidos consideró dividir el Banco; pero el comienzo de la Guerra Fría, paralizó estos planes. En las décadas siguientes, el DB se convirtió en el núcleo de lo que se llamaba Alemania Inc. Alemania S.A., una simbiosis con los grandes actores de la industria alemana, como Mercedes, BASF, Siemens, etc. En ese período el DB tenía un asiento en el consejo de 35 de las 100 mayores corporaciones alemanas; y era uno de los principales financiadores de la reconstrucción de postguerra. Sin embargo, a partir de los años noventa, el DB comenzó a integrarse en el nuevo tipo de capitalismo financiero globalizado abierto a la supresión de los controles sobre el movimiento de capitales y a la liberalización vía acuerdos comerciales, así como al estímulo del supervisor alemán. E DB se convirtió en un megabanco sistemáticamente importante a nivel internacional y el mayor banco de la zona euro.

La división de inversiones del Banco, cuya base principal era la sucursal de Londres, se convirtió en el centro de gravitación para el nuevo modelo de negocio; y  también el centro de beneficios hasta 2008. En una conferencia del SPD, el partido socialdemócrata alemán, Ackermann consejero delegado del DB, declaró que después de las crisis asiáticas de 1998, "los mercados financieros se han vuelto mucho más estables". Las razones de esta estabilidad eran las "sabias políticas" junto con "el uso de instrumentos financieros innovadores y la aparición de nuevos actores que permiten una mejor distribución de los riesgos. Estamos hablando de instrumentos como los derivados y la titulización". Aunque sucedió todo lo contrario, Ackermann permaneció en el cargo hasta 2012 como personaje arrogante e influyente, sobre todo como presidente del Instituto Internacional de Finanzas, una agencia del lobby bancario global. Sólo después de que los rumores sobre las prácticas delictivas del DB se fueron confirmando, se desvaneció este ejemplo de colusión entre el capital financiero y la política.




jueves, 1 de diciembre de 2016

La actividad de los lobbies de los bancos en Holanda


La ONG holandesa acaba de publicar un informe sobre la actividad de los lobbies de bancos holandeses (ING, ABM AMRO, Rabobank, ASN,SNS y Triodos Bank) en materia de regulación financiera, del que hemos traducido algunas informaciones y datos de interés.

Ante todo, hay que tener presente la importancia que la legislación financiera europea tiene para las leyes de los Estados miembros. La legislación financiera nacional en los Países Bajos se configura a menudo a nivel internacional y luego Legislación comunitaria. Por ejemplo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea establece las normas bancarias y sobre esa base se definen las leyes europeas que regulan el sector bancario. La mayor parte de la legislación financiera nacional incorpora las directivas europeas, mientras que las "regulaciones" de la UE son directamente aplicables a los Estados miembros. Por lo tanto, la actividad exitosa de los lobbies  de los bancos se desarrolla a nivel internacional y de la UE para poder influir sobre la legislación nacional.

Algunos de los bancos holandeses hacen lobby a nivel europeo e internacional, pero la mayor parte de ese cabildeo ocurre a través de la pertenencia a las asociaciones de la industria financiera. Con el fin de tener una visión completa del lobbying de los bancos holandeses y su posible impacto en la legislación financiera holandesa, el informe de la ONG holandesa SOMO dedica un capítulo sobre el modo en que hacen lobby los bancos holandeses a través de sus múltiples vinculaciones a organizaciones bancarias.

¿Cuánto gastan los bancos en hacer lobby?

Es evidente que el sector bancario holandés cuenta con una buena capacidad para supervisar, interactuar y ejercer presión sobre el Ministerio de Hacienda de Holanda. En sus cuentas públicas, los bancos no mencionan los costes y los gastos generales dedicados a los grupos de presión, y mucho menos especifican la actividad de lobby con el Ministerio de Hacienda holandés. Tampoco hay un desglose de los costes operacionales (coste del profesionales, atenciones, etc.) de la unidad dentro del banco responsable del hacer lobby y de las relaciones con los gobiernos, 

Y tampoco se informa de ningún detalle de los honorarios pagados a las asociaciones del sector bancario que hacen lobby en nombre de sus miembros. Diferentes unidades bancarias y divisiones contribuyen a desarrollar y defender las posiciones de los bancos, contando con sus propios presupuestos de gastos. El lobby también tiene lugar en los diferentes países donde el banco opera (Los bancos holandeses en España) que es sufragado por los gerentes con cargo a sus presupuestos locales. En algunos de estos países, se estima que el coste de las asociaciones del sector bancario nacional es moderado. 

Durante las entrevistas para este informe se hizo evidente para SOMO que una visión general de todos estos costes no se conoce ni siquiera a aquellos en losl bancos responsables de las relaciones gubernamentales y el lobbismo. Esto significa que nadie - incluidos los bancos y el Ministerio de Hacienda de Holanda - es plenamente consciente de la capacidad de los grupos de presión de los bancos holandeses.

La Asociación holandesa  DBA / NVB tampoco publica información sobre sus gastos en lobbies. En 2012, su presupuesto total se estimaba en unos 14 millones de euros, con aportaciones de los tres principales bancos que afrontaban la mayor parte de los costes. ING solo paga una cuota anual de aproximadamente de 3 millones de euros.

El Registro de Transparencia de la UE pide a los bancos registrados que estimen cuánto gastan en representación y en lobbies ante las instituciones europeas. Lo que significa una mínima transparencia. Los bancos holandeses ABN AMRO, ING y Rabobank informaron que en 2015 cada uno gastó entre 400.000 y 499.999 euros. Triodos Bank Informó al registro que gastó entre 10.000 y 24.999 euros en dichas actividades en 2014. Aunque un consultor mencionó que Triodos era un cliente que pagaba entre  50.000 y 99.999 euros.
Los representantes de estos bancos admiten que estas cifras son sólo estimaciones muy aproximadas. Y la Asociación bancaria holandesa DBA / NVB estima que sus costes a nivel de la UE oscilaron entre 700.000 y 799.999 euros en 2014.-                             

lunes, 31 de octubre de 2016

El Banco Santander y otros en los papeles de Panamá y Bahamas leaks


Con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá y Bahamas leaks, la filtración de datos del registro mercantil de ese pequeño país caribeño, ha quedado demostrado una vez más como el impago de impuestos de personas adineradas, ahora identificadas con nombres y apellidos, se sirve de la gran banca globalizada, que facilita la creación y aprovechamiento de estas sociedades mercantiles instrumentales en los llamados paraísos fiscales, unas entidades que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero.

El Banco Santander se encuentra entre los grandes bancos internacionales que han creado sociedades pantalla en las Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes, según Bahamas leaks, las informaciones publicadas en septiembre de 2016 el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y elConfidencial y La Sexta en España, en el marco de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).  La documentación del registro mercantil de Bahamas confirma que el banco español, presidido actualmente por Ana Botín, abrió 559 sociedades mercantiles instrumentales entre 1990 y 2015 a través de su filial Santander Bank & Trust Ltd. en las Bahamas; cifra que ha variado según los años; actualmente se mantienen unas 380 estructuras que no han sido disueltas, aunque se desconoce el grado de actividad.

Las cifras de sociedades fantasma creadas por el Banco Santander en Bahamas están muy lejos de las de los grandes bancos suizos: UBS ha constituido 9.717 sociedades pantallas durante el mismo periodo de tiempo, y Credit Suisse, 8.299. Otros grandes bancos con una presencia relevante en ese paraíso fiscal son JP Morgan, con 1.617 estructuras y BNP Paribas, con 657.

Y en abril de 2016, por la investigación tambien liderada por el citado Consorcio Internacional de Periodistas y publicada por los medios citados antes, supimos que más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca con sede en Panamá, según el análisis de la documentación revelada. El gigante británico HSBC (el banco que colaboró con el narcotráfico mexicano; el de la conocida lista Falciani; y el avalista del Grupo Prisa),  a través de distintas filiales seria el responsable por sí solo de más de 2.300 de estas sociedades instrumentales para defraudar al fisco; y UBS creó 1.100. 

Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho citado son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canadá (378), el alemán Commerzbank (92) y el Credit Suisse (1.105). Asimismo los bancos españoles Santander y BBVA realizaron esta  actividad para clientes de elevado patrimonio de los distintos países en los que operan, incluyendo algunos con domicilio en España, según la citada investigación, el primero creó 118 sociedades tapadera en Panamá y el segundo, 19.

Y es que la banca globalizada incentiva el impago de impuestos.- 

martes, 20 de septiembre de 2016

El gasto del lobby financiero británico en Bruselas


Por primera vez en la historia un ex Presidente de la Comisión europea, Jose Manuel Barroso, ha sido contratado este verano por el banco de negocios Goldman Sachs, un megabanco con gran peso en la tecnocracia europea. Porque, como escribió Matt Taibbi en la revista Rolling Stones, “lo primero que se necesita saber sobre Goldman Sachs es que está en todas partes. El más potente banco de inversiones del mundo es un gran calamar –vampiro (Vampire squid) que cubre la faz de la humanidad, atiborrando sus vasos sanguíneos con algo que huela a dinero”. En un momento clave de la política europea, el capitalismo financiero podrá diseñar la Unión Europea post Brexit; gracias a la puerta giratoria que es apoyo básico para la labor de los lobbies financieros.

Un estudio publicado recientemente por la Fundación holandesa Corporate Europe Observatory, titulado Lobbying for the City of London”,nos recuerda la influencia del lobby financiero británico sobre la Unión Europea. Según ese estudio el sector financiero del Reino Unido gasta por lo menos 34 millones de € al año en lobbies en Bruselas; y emplea a más de 140 grupos de presión para influir en la formulación de políticas de la UE. La potencia de fuego del sector financiero del Reino Unido en Bruselas muestra que los bancos británicos, los fondos de alto riesgo o hedge funds, las compañías de seguros y sus grupos de presión disponen de recursos masivos y disfrutan de fácil acceso a los procesos de toma de decisiones en las instituciones de la UE. Y colectivamente, la industria financiera ha salido victoriosa de muchas batallas de lobby en Bruselas, con victorias clave en la regulación bancaria, la regulación de los fondos de alto riesgo, y los productos financieros complejos como los derivados, a menudo a costa de la regulación en interés público.

Relevancia del lobby financiero británico

Desde diciembre 2014 hasta mayo 2016, los grupos de presión del sector financiero del Reino Unido tuvieron 228 encuentros como lobbies con funcionarios de élite de la Comisión Europea.  Además de esto, 71 representantes de “La City de Londres" disponían de pases de acceso al Parlamento Europeo, lo que les permite acumular cientos de reuniones de lobby con los eurodiputados para persuadirles de la bondad de los interese que defienden.

El activista Vicky Cann del Observatorio Europa Corporativa sostiene que:
"El lobby de servicios financieros del Reino Unido es muy activo en Bruselas. Dispone de los recursos, de las personas y del acceso para tener la seguridad de que su agenda se escucha fuerte y claro, y esto se traduce en una seria influencia política en la agenda de los procesos de decisiones de la UE. Los ciudadanos de la UE deben presionar a los políticos para desarmar y derrotar a la potencia de fuego del lobby del sector financiero".

¿Quién pertenece en el lobby financiero del Reino Unido?

Podría resultar sorprendente por qué los Bancos estadounidenses como Goldman Sachs y Morgan Stanley pueden aparecer como grupos del Reino Unido en las estadísticas. Pero eso tiene mucho sentido debido a la dinámica de los grupos de presión financiera. Los bancos del Reino Unido, como Barclays, Lloyds Banking Group y el Royal Bank of Escocia, comparten posiciones y coordinan esfuerzos en estrecha colaboración con otras grandes entidades financieras con fuerte presencia en las Islas británicas. Incluso la Asociación de Banqueros Británicos (British Bankers 'Association) incopora miembros no sólo del Reino Unido sino de España, EEUU, Alemania, Suiza y los Países Bajos inclusive. Y la AFME, the Association for Financial Markets para Europa, posible mayor grupo de presión financiera en Bruselas, comenzó en Londres, teniendo a bancos británicos y estadounidense como protagonistas. Por lo tanto, cuando los intereses de la City se presentan por el gobierno del Reino Unido como los intereses de la nación en su conjunto, de hecho  son únicamente los intereses de la mayoría de los grupos de poder en el sector financiero

La investigación de esta Fundación independiente muestra que el mayor gasto en lobby corresponde a la Asociación para los mercados financieros en Europa (AFME) y que se distribuye en más de 7 millones de € por año para hacer lobby en Bruselas. Mientras tanto, la City londinense gastó por lo menos  2 millones de €, justo por delante del banco HSBC. Otros grupos de presión importantes incluidos en el estudio incluyen nombres conocidos del mundo de las finanzas globales, tales como Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, y el Royal Bank of Scotland.

Esta investigación se basa en varias fuentes de datos sobre lobbies y en el análisis de 50 de los mayores actores de servicios financieros del Reino Unido. Es probable que el gasto real de estos grupos de presión sea muy superior al reseñado en este informe, porque – aclara el citado Observatorio-  al efectuar la declaración las diferentes organizaciones sobre gasto en lobby lo hacían dentro de un rango y los investigadores solían tomar la cifra más baja. Además, los jugadores clave que no están en el registro de lobbies de la EU, que sigue siendo voluntario, no pudieron ser incluidos ya que no hay datos disponibles sobre sus actividades como grupos de presión.

En definitiva, estos datos reafirman La lobicracia financiera de Bruselas, analizada en el capítulo III del libro Los lobbies financieros, tentáculos del poder”, que ayuda a entender lo que ocurre en la Unión Europea de hoy.-