lunes, 25 de enero de 2016

BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA EXISTIR

En España, la prolongada bajada de las Bolsas ha abaratado, en particular, la capitalización y el posible precio de algunos bancos; y circulan rumores que apuntan a la absorción de algún banco mediano y otras ventas y fusiones. Es decir, tendríamos bancos más grandes aún (he ahí un punto soterrado del debate político en curso por un gobierno a favor). Y es que se han olvidado los proyectos de regulación de la gran banca financiera (El informe Liikanen de 2011) de la Comisión europea de Barroso. Por el contrario, en los Estados Unidos continúa el debate sobre los megabancos que ha llegado al máximo nivel político. 

Uno de los puntos más agudos y de claro contraste entre los candidatos demócratas a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se refiere a deseo de este último de "romper" los grandes bancos de Wall Street. Según Sanders, si un banco es demasiado grande para quebrar es demasiado grande para existir, un tema que ofrece como el título de la importante legislación que propone sobre el tema.
El pasado 5 de enero, en un discurso pronunciado en Nueva York sobre Wall Street y la economía, el senador Sanders realizó un intento de elevar el nivel de desacuerdo con Hillary Clinton al sostener tajantemente la conveniencia de “romper” las principales entidades financieras, afirmando que él podría lograr esto mediante de la acción legal del Poder Ejecutivo. 

Después de destacar, ente otros puntos, el crecimiento de la desigualdad económica y social en los Estados Unidos que ha empobrecido a las clases medias, el actual senador y candidato demócrata Sanders arremetió contra la gran banca financiera:


Necesitamos un sistema bancario que sea parte de la economía productiva con la concesión de préstamos a precios asequibles para las pequeñas y medianas empresas, de modo que se creen puestos de trabajo pagados decentemente. Wall Street no puede seguir siendo una isla en sí misma, jugándose miles de millones en productos financieros de riesgo, obteniendo enormes beneficios y con la seguridad de que, si fallan sus planes, los contribuyentes estarán allí para rescatarlos.
En 2008, los contribuyentes de este país rescatamos Wall Street porque nos dijeron que sus bancos eran "demasiado grandes para quebrar". Sin embargo, hoy, 3 de los 4 mayores entidades financieras (JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo) son casi un 80 por ciento más grandes que antes de que los rescatáramos. Increíblemente, los seis bancos más grandes de este país emiten más de dos tercios de todas las tarjetas de crédito y más del 35 por ciento de todas las hipotecas. Esos mismos seis megabancos controlan más del 95 por ciento de todos los derivados financieros y poseen más del 40 por ciento de todos los depósitos bancarios. Sus activos son equivalentes a casi el 60 por ciento de nuestro PIB. Basta ya.
Si un banco es demasiado grande para quebrar, es demasiado grande para existir. Cuando se trata de la reforma de Wall Street, esa debe ser la cuestión de fondo. Esto es cierto no sólo desde una perspectiva del riesgo y del temor a otro rescate. Es también cierto desde la realidad de que un puñado de grandes entidades financieras simplemente tienen demasiado poder económico y político de este país”

Pero Sanders, este candidato demócrata al que califican de “socialista”, ha ido más allá de ofrecer una legislación avanzada para sugerir que si es elegido presidente, va a lograr una ruptura bancaria en el plazo de un año, tanto si al Congreso le gusta como si no. Es una afirmación dura que, de mantenerse, significaría elevar drásticamente las bazas en unas primarias del partido demócrata, que en su mayor parte se están desarrollando en un clima de una mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Un gobierno de Hilary Clinton probablemente ofrece continuidad al acento que Obama pone en la estabilidad del sistema financiero, mientras que una Administración Sanders parece probable que se apoyará en un enfoque mucho más resistente frente a las finanzas, que por sí solo podría conducir a una disminución sustancial de la importancia económica y política de los megabancos al afirmar en el citado discurso que:

"Dentro de los primeros 100 días de mi Administración, yo le pediré al secretario del Departamento del Tesoro que establezca una lista entidades " “demasiado grandes para quebrar " con los bancos comerciales, los bancos en la sombra y las compañías de seguros cuyos fallos plantean un riesgo catastrófico para la economía de los Estados Unidos, sin rescate de los contribuyentes. Dentro de un año, mi gobierno va a romper estas entidades de manera que ya no constituyan una grave amenaza para la economía, como se autoriza por la Sección 121 de la Ley Dodd-Frank " (la ley de la reforma financiera de Obama de julio de 2010)

Este planteamiento saca a debate los rescates bancarios de un modo mucho más serio y decisivo que lo haría si fuera una propuesta legislativa. De ser mantener este discurso, significa que Clinton no podrá argumentar frente a quienes en el ala izquierda demócrata siguen a Sanders, que esas ideas son inviables porque los republicanos del Congreso no las van apoyar. Desafortunadamente para Sanders, los expertos apuntan que el texto de la Sección 121 de la ley Dodd-Frank de reforma financiera de 2010 en realidad no otorga a su hipotética Administración este poder en la forma en que parece pensar Sanders. A lo largo del proceso legislativo, los lobbies financieros – como conté en mi libro – lograron introducir las pertinentes lagunas o contenidos para prever obstáculos para la futura aplicación de esa ley.


Y el problema ahora, según los expertos estadounidenses, es que la citada ley Dodd-Frank otorga una competencia colectiva a las agencias reguladoras federales para ordenar fragmentaciones bancarias; por tanto, este proceso de “romper” los megabancos queda fuera del control directo de un futuro Presidente Sanders. La referida disposición de la Sección 121 de la Ley Dodd-Frank requiere el voto de la Reserva Federal para considerar que estas entidades bancarias representan una "grave amenaza para la estabilidad financiera de los Estados Unidos", y una nueva votación de las dos terceras partes del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC). Eso significaría que Sanders necesitaría cuatro de los siete gobernadores de la Fed para llevar adelante su plan, y el voto favorable de siete de los diez miembros del FSOC para aprobarlo. Por lo que los comentaristas se han apresurado a anunciar que eso no va a suceder.- 

martes, 22 de diciembre de 2015

La corrupción de la FIFA facilitada por los megabancos

A los escándalos de la gran banca de los últimos años sobre la manipulación de los tipos de interés del Libor y Euríbor, del tipo de cambio de las divisas, del precio del oro y de las Bolsas, se suma ahora la corrupción de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) que afecta a dirigentes de las 209 asociaciones nacionales que la integran. 

Y este escándalo mundial de la corrupción en la FIFA pone de manifiesto una vez más el papel decisivo que juega la gran banca internacional en el lavado de dinero sucio, en la evasión  y el fraude fiscal, en la delincuencia económica de gran calibre y en la corrupción política.

Las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de EEUU en mayo de 2015 menciona a más de 20 grandes bancos utilizados por nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de la industria deportiva para las transferencias y la recepción de posibles sobornos, incluyendo al Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered, Julius Baer, JPMorgan Chase, Citigroup o Bank of America.
Los presidentes de la FIFA y la UEFA, Sepp Blatter y Michel Platini, fueron suspendidos de sus funciones a principios de octubre, después de un pago de la FIFA de dos millones de francos suizos a Platini en 2011 según informó el banco suizo USB a las autoridades.

Y en octubre último, según el Financial Times (30/10/2015), el Credit Suisse se convertía en el primer banco mundial que declaraba haber sido contactado por las autoridades estadounidenses y suizas en la indagación sobre la corrupción de la FIFA, siendo interrogado acerca de la gestión de los pagos ilegales a los dirigentes del órgano rector del fútbol. Según afirmaba en el informe de resultados trimestrales, este banco suizo estaba cooperando con las autoridades.
"Las autoridades de Estados Unidos y Suiza están investigando si varias entidades financieras, incluyendo Credit Suisse, permitieron el procesamiento de transacciones sospechosas o de otra manera inapropiadas, o dejó de observar las leyes y regulaciones contra el blanqueo de capitales, con respecto a las cuentas de determinadas personas y entidades asociadas con la FIFA ", decía este banco. Aunque portavoces informales de la entidad, restaron importancia a esa declaración alegando que era una "información rutinaria" dada por el banco a los reguladores.

Sin embargo, los Fiscales estadounidenses han amenazado con castigar a los bancos por no informar sobre las actividades sospechosas en las cuentas relacionadas con la FIFA como parte de la investigación sobre corrupción de los altos dirigentes del fútbol mundial, según ha contado posteriormente el periódico británico citado (13/12/2015); lo que tendrá graves consecuencias si avanza las indagaciones de los fiscales. En 2014, JPMorgan Chase pagó una multa de 2.000 millones por no presentar los informes  reglamentarios en relación con las  operaciones bancarias relacionadas con la estafa piramidal que dirigía Bernard Madoff.

Además de Credit Suisse, JPMorgan, junto con Bank of America, Citigroup, HSBC, Standard Chartered y UBS son algunos de los bancos que mantienen conversaciones privadas con los fiscales acerca de lo que sabían y cuando lo supieron, como parte de la referida investigación. Todos estos y otros grandes bancos mantuvieron cuentas de la FIFA o de entidades conectadas con la FIFA y los individuos acusados, o fueron utilizados como parte de las transferencias de dinero ilícito, que en algunos casos podrían ascender a millones de dólares, de acuerdo con la acusación que en mayo conmocionó al mundo del fútbol.

En los casos de Credit Suisse y UBS en Suiza, los fiscales de Estados Unidos también intentan obtener información sobre la FIFA y sus entidades relacionadas sin tener que lidiar con las restricciones de las leyes suizas de secreto bancario. Un acuerdo con el Gobierno suizo podría darles un acceso más libre a la información de las cuentas bancarias relacionadas con la FIFA, en lugar del sistema actual de tener que hacer solicitudes individuales de datos. Los fiscales han apuntado a la aplicación de la legislación aprobada por el parlamento suizo en 2010 que permitió a UBS transferir a las autoridades estadounidenses miles de nombres de clientes estadounidenses sospechosos de evadir impuestos.

Hasta ahora, en la investigación de la FIFA, la Oficina Federal de Justicia ha congelado algunas cuentas bancarias en Suiza en respuesta a cuatro solicitudes estadounidenses de asistencia judicial, y también ha ordenado la entrega de los documentos correspondientes en cinco, resoluciones parciales finales, de acuerdo con los Departamento Federal de Justicia y Policía suizos.

A principios de este mes las autoridades estadounidenses dieron a conocer las acusaciones penales contra 16 ejecutivos actuales y anteriores de la FIFA en América Central y del Sur. Hasta el momento, un total de 41 personas y entidades han sido acusadas en la investigación de la FIFA.

Los fiscales han hecho saber a todos estos megabancos que desde hace mucho tiempo era sabido que la FIFA es una organización corrupta, por lo que los bancos deberían haber presentado regularmente informes sobre las actividades sospechosas de las personas y entidades vinculadas a aquella organización. Curiosamente muchos de los bancos implicados, han respondido que hasta hace poco los medios de comunicación apenas habían informado de modo significativo de las acusaciones de corrupción que rodean la FIFA; entre otras razones porque algunas de las personas acusadas de los sobornos eran empresarios muy respetados en sus países, que no suscitaban sospechas.

Pero lo que se demuestra una vez más es que la gran banca ampara el lavado de dinero sucio así como la evasión y el fraude fiscal o la delincuencia económica de gran calibre, dada la laxitud de las regulaciones vigentes y en la insuficiente supervisión bancaria junto a unas penalizaciones económicas previsibles muy inferiores a los beneficios previamente logrados con transacciones internacionales al margen de la ley.-

lunes, 30 de noviembre de 2015

Cambio climático y especulación financiera

Tras la tragedia que ha conmocionado a la ciudadanía del mundo civilizado, ha quedado inaugurada hoy 30 de noviembre de 2015 la Conferencia de las Naciones Unidas en Paris, que reúne a más de 100 jefes de Estado y de gobierno y a la que asisten más de 40,000 personas, en búsqueda de  un acuerdo global significativo para la reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero y ralentizar los efectos del cambio climático.
Pero entre las opciones de redacción que ya previstas en el texto de negociación dela Convención Marco sobre el Cambio Climático, nada indica que se vaya a excluir o al menos obstaculizar la especulación financiera que tanto distorsiona, neutraliza o impide la efectividad de las políticas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esas opciones se limitan, entre otros detalles, a señalar la necesidad de proporcionar “recursos financieros nuevos, adicionales… para la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo”; y que “la movilización de inversiones del sector privado son elementos imprescindibles para catalizar la transformación que requiere nuestro esfuerzo común por alcanzar el objetivo fijado en el artículo 2 de la Convención “, es decir, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.”  Los actuales negociadores de los gobiernos han ignorado que la lucha contra la contaminación atmosférica se ha convertido ante todo en una actividad comercial que sustenta un sector en auge de los mercados financieros globales.

El comercio de los derechos a contaminar

Todo el mundo sabe que el Protocolo de Kyoto, en vigor desde el año 2005, tenía como objetivo limitar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, evitando así que el llamado efecto invernadero repercuta en el cambio climático. Pero es menos conocido que sobre ese tratado, la Unión Europea creo todo un mercado común donde las empresas europeas pueden comprar y vender derechos de emisión de Co2. Y la ciudadanía, y en particular el movimiento ecologista, apenas  ha prestado atención a que sobre ese comercio real se ha montado un mercado financiero de contratos de futuro y demás derivados, siguiendo el modelo elaborado sobre el petróleo y las materias primas; lo que supone el predominio de los intereses financieros sobre las políticas gubernamentales de lucha contra la contaminación. Actualmente el 80 % de este mercado está copado por bancos, intermediarios y especuladores sin una mayor inquietud por este problema climático que afecta a la humanidad, como se documenta en mi libro El casino quenos gobierna (Parte II, capítulo 4)

Y actualmente la invención europea se ha globalizado prácticamente, transformada en mercados de “topes y comercio” de las emisiones, los cap and trade markets,  en la terminología anglófona, basada en “los créditos del carbono” (carbon credit); es decir, básicamente se trata del comercio sobre “un derecho a contaminar” que venden aquellas empresas menos contaminadoras a las que lo son más, es decir, que por alguna razón propia aplazan por ahora su obligación legal de reducir sus emisiones de dióxido de carbono. El mercado, pues, se apoya en los planes gubernamentales y los precios del diferencial entre los límites fijados y las emisiones reales, que se traducen en unas autorizaciones, derechos o créditos objeto de compraventa entre empresas. Considerados desde el rigor técnico, los “créditos del carbono” no son verdaderos productos financieros derivados, puesto que no derivan de un activo subyacente, de otro valor bursátil; son nada más que la posibilidad que tiene una empresa de emitir gases de carbón hasta la cuota que le corresponda, pudiendo vender ese derecho a contaminar sin sobrepasar su tope. Pero por su propia lógica, la dinámica comercial actual se ha adueñado del mercado de Co2  entre empresas, que queda sometido a la comercialización de productos financieros respaldados por los créditos de emisión de Co2 con base en las respectivas legislaciones nacionales.

Derivados financieros del derecho a contaminar

Este comercio empresarial de los derechos a contaminar, está controlado por los grandes bancos de inversiones de Wall Street para ofertar derivados financieros, contratos de opciones, futuros y demás productos innovadores junto con los inevitables agentes intermediarios y las plataformas electrónicas de negociación. Por ejemplo, la Intercontinental Exchange, con sede en Atlanta (EEUU) y que controla el mercado de futuros del petróleo, ofrece en la actualidad  una amplia gama de productos derivados, futuros y opciones, sobre diversos tipos de “carbon credit”, es decir, la posibilidad de suscribir apuestas sobre las variaciones de los precios del derecho a contaminar, volumen alcanzable, etc.  Esta irrupción de la especulación financiera sobre los planes oficiales de lucha contra la contaminación, ha distorsionado su desarrollo y sus resultados porque la banca intenta marcar sus objetivos de negocio, lejos de movilizar las inversiones privadas hacia la actividad industrial menos contaminante o limpia. Una manifestación más de la financiarización de esa actividad económica real que absorbe los capitales disponibles hacia inversiones especulativas a corto plazo motivadas por el lucro financiero inmediato.

Hace ya seis años, a propósito de la cumbre de la ONU de Copenhague en diciembre de 2009, el canal multimedia de información financiera Bloomberg analizaba las perspectivas del mercado de dióxido de carbono en los EEUU según la nueva legislación estadounidense, entonces en proyectos de ley en el Congreso, bajo el sugerente título  de “los capitalistas calientan el mercado del clima utilizando derivados”  (Carbon Capitalists Warming to Climate Market Using Derivatives, 4/12/2009 en www.bloomberg.com). Y destacaba el interés que por este nuevo mercado entre los bancos de inversiones y demás entidades financieras con vistas a desarrollar productos financieros ligados a los derechos de emisión de Co2  como se evidencia hoy en la prensa especializada.

Alternativas

Por el contrario, el aumento del peso de Wall Street sobre Washington, ha silenciado voces autorizadas y solventes que proponen alternativas. Un ejemplo poco difundido son las críticas y las propuestas de James Hansen, el científico climatólogo de la NASA que ha liderado campañas contra el calentamiento global y que ha venido sosteniendo que el comercio de topes a las emisiones de dióxido de carbono no solo no las reduce sino que más bien las incrementa por los mecanismos instrumentales que se han desarrollado. Porque en definitiva lo que importa es el resultado a nivel planetario; y con esos mecanismos comerciales y financieros introducidos sobre los límites, las emisiones se trasladan de una geografía a otra, ya que mientras el combustible fósil sea el más barato, se quemará en algún lugar. Las imágenes humeantes en TV, en particular, de las grandes ciudades chinas así lo sugieren. Este científico abogaba por la aplicación del “impuesto y dividendo”, un impuesto sobre la contaminación en lugar del comercio de topes sobre las emisiones de gases nocivos; proponiendo la imposición de un tributo en la venta inicial de combustible fósil cuya recaudación luego beneficiaría el interés público. Y esas ideas las ha desarrollado James Hansen con más precisión en una publicación en 2015, en la argumenta que el enfoque de límites máximos y la comercialización de compensaciones del Protocolo de Kioto deben ser abandonados y reemplazados por un enfoque que retire paulatinamente los combustibles fósiles en una manera económicamente eficiente, reemplazados por la utilización de fuentes de energía libres de carbono, como la energía renovable. En concreto, propone un tributo general creciente sobre las emisiones de carbono, que podría implementarse tanto a nivel nacional como internacional.
(James E. Hansen, Environment and Development Challenges: The Imperative of a Carbon Fee and Dividend   in The Oxford Handbook of the Macroeconomics of Global Warming Edited by Lucas Bernard and Willi Semmler, May 2015) 

















Cambio

martes, 27 de octubre de 2015

Los negocios con commodities de los megabancos de Wall Street

En medio de la crisis financiera de 2008, los bancos de inversiones de Wall Street se convirtieron en bank holding companies para tener acceso  a los programas de ayudas y préstamos de la Reserva Federal; y para que los depósitos de sus clientes quedaran garantizados por el Estado. Desde entonces la realidad es que se han consolidado financiera y políticamente como poderes fácticos.

Hace casi un año, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos daba a conocer un informe detallado (Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities, November 2014) que documenta otro aspecto más de la información privilegiada, la manipulación de precios y la dimensión delictiva en general que impregna el sistema financiero estadounidense y global. Este informe de 400 páginas profundiza en el reciente ascenso de los bancos y holdings bancarios de Wall Street como principales actores en los mercados físicos de los productos, en los negocios financieros derivados y en las empresas relacionadas.

 Y el documento nos da una idea de la potencia extraordinaria y nociva de tres de los mayores bancos del mundo, como son Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan Chase, en el control físico y financiero de las commodities o materias primas, incluidos los recursos energéticos y los metales. Estas corporaciones controlan mercados que suponen cientos de miles de millones e incluso billones (trillion) de dólares en activos, dominan en gran medida la economía mundial y controlan el sistema político estadounidense. Las actividades de estos grupos bancarios incluyen el comercio de uranio, las minas de carbón, el almacenamiento de aluminio y cobre, empresas que operan los oleoductos y gasoductos, las plantas de gas natural y otras energías o la venta de combustible para aviones a las compañías aéreas.
 "El nivel actual de participación de los bancos en las materias primas fundamentales, en la generación de energía y en el suministro de alimentos parece que carece de precedentes en la historia de Estados Unidos", señala el informe referido.

La larga tradición de los EEUU, de separación de los bancos de depósito y de los bancos de inversiones o de negocios, se ha erosionado definitivamente; y con esta erosión se han atenuado gravemente las protecciones frente a una larga lista de riesgos y frente a conductas potencialmente abusivas, acrecentando los peligros de crisis en las finanzas, los riesgos de eventos catastróficos, el comercio injusto, la manipulación del mercado, las distorsiones de crédito, la competencia comercial desleal y los conflictos de interés.
Tras la desregulación de los mercados de materias primas a finales de los noventa, que fue parte de una desregulación bancaria más amplia bajo la Administración Clinton, aumentó enormemente el tráfico comercial nacional e internacional en activos relacionados con productos básicos. Una amplia gama de derivados financieros se fueron desarrollando para permitir la especulación sobre las materias primas. Y actualmente estos bancos obtienen sustanciosos beneficios comprando y vendiendo derivados y otros instrumentos financieros vinculados a los precios de tales productos básicos más necesarios como el petróleo y el trigo, mediante los juegos tramposos analizados en El casino que nos gobierna.
El creciente control directo de los bienes físicos por parte de los megabancos les ha permitido no sólo influir en los precios que pagan los consumidores sino también han logrado aprovechar su control de los productos básicos para manipular los precios de los instrumentos financieros con los que se juegan en el casino financiero. Las consecuencias pueden ser fatales porque, por ejemplo,  la especulación sobre los precios de los alimentos es un factor importante en las variaciones de precios; que como ya hemos visto puede lanzar a millones de personas a la pobreza y al hambre en todo el mundo.
Algunas cifras del informe dan una idea de lo que todo esto implica. En un momento determinado, el banco de inversión Morgan Stanley "controló una capacidad de almacenamiento de más de 55 millones de barriles de petróleo, 100 petroleros y 6,000 millas de tuberías."
JPMorgan construyó una participación significativa en el mercado del cobre, con "unos stocks de cobre que comprendían casi el 60 por ciento del cobre físico disponible en los intercambios comerciales más importante del mundo." Otras actividades de los bancos según el citado informe, incluyen el comercio de uranio, la venta de combustible para aviones de las líneas aéreas, y las minas que poseen y plantas de energía.
The Goldman Sachs Group, Inc., una sociedad financiera de cartera, ha descrito las materias primas como una de sus principales negocios. En la actualidad logra miles de millones de dólares en actividades de las materias primas físicas relacionadas con la energía, los metales y los negocios relacionados, y ha expresado su compromiso de continuar en el campo de las materias primas físicas. Después de convertirse en un holding bancario en 2008, además de la expansión de sus actividades con productos básicos físicos que involucran uranio y carbón de Colombia, Goldman incrementó sustancialmente su participación en el mercado mundial del aluminio. En 2010, Goldman compró Metro International Trade Services, una compañía de almacenamiento del área de Detroit que acumula alrededor del 85 por ciento del aluminio que cotiza en bolsa en los Estados Unidos. Y procedió a implementar nuevas y complejas reglas e incentivos en su filial para crear cuellos de botella en los suministros, según dicho informe. Uno de los objetivos del informe del subcomité del Senado precisamente era conocer el control del mercado de aluminio por Goldman Sachs, que ha sido demandado por decenas de empresas que acusan a este Banco de manipular deliberadamente la oferta para aumentar los precios del aluminio y sus propios beneficios.
Este informe referido aquí es sólo el último de una larga serie de revelaciones sobre las nefastas actividades de los bancos de Wall Street, que se contienen en tres documentos importantes publicados por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado en los últimos tres años y medio. Pero hasta la fecha resulta significativo que estas revelaciones del Senado estadounidense, apoyadas en 90.000 documentos, no hayan tenido ninguna repercusión, ni suscitado investigaciones judiciales ni de las agencias reguladoras.- 


lunes, 28 de septiembre de 2015

Argentina: la inquietud de un país acosado


Todo estado tiene derecho, por principio, a la defensa de los intereses nacionales” es la frase que con que se titulaba la conversación sostenida con el periodista Pablo E. Chacón dela agencia Telam, el pasado 4/9/2015; conversación celebrada con ocasión de la publicación  por la editorial Capital Intelectual de Buenos Airesde de mi último libro, que contiene un extenso capítulo sobre la dura experiencia argentina frente a esta especulación financiera sofisticada con la deuda pública.


T : ¿Qué son (o cómo operan) exactamente los fondos buitre, y a qué condiciones de producción la sociedad civil debe la emergencia de semejante dispositivo?

JHV : La expresión mediática fondos buitre hace referencia a la estrategia de aves rapaces que practican determinados fondos de inversión especulativa o de alto riesgo (hedge funds y private equity firms). Son un elemento más de la globalización de los mercados financieros. Actualmente las deudas de los países y las deudas de las empresas constituyen mercados financieros mundiales, legales pero desregulados, abiertos a su comercialización como activos financieros. Estos fondos aparecen especializados en los negocios con las deudas en dificultades de cobro o en apuros; de ahí que en la terminología anglófona se les califique como distressed debt funds o fondos de inversión en deuda deprimida.

T : ¿Cuál es la relación de los fondos buitre con los llamados paraísos fiscales?

HV : Como he escrito y analizado desde hace más de una década, los conocidos como paraísos fiscales son ante todo plataformas para los negocios financieros globales, con su oferta de registro de sociedades instrumentales sometidas a la laxa legislación local y sin actividad económica alguna en ese ámbito (offshore). Esas entidades ficticias se destinan a operaciones internacionales con opacidad (dificultad o imposibilidad de identificación del titular real de la transacción) y con bajo coste (tributación nula o muy reducida). De ahí que la gran mayoría de los fondos buitre sean sociedades mercantiles domiciliadas en territorios o micro países catalogados como paraísos fiscales, desde las Caimán a las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.

 T : ¿Y cuál la relación con los flujos de capital catapultados por la globalización financiera?

 HV : Cuando se habla de inversiones en el plano internacional, generalmente se olvida la distinción clásica entre inversiones directas, que aportan un proyecto económico real, industrial, de servicios o tecnología; y las inversiones de cartera o financieras, que se traducen en meros apuntes electrónicos (hoy) que buscan el mero lucro dinerario sin crear riqueza ni empleo en las economías nacionales receptoras. Y una gran parte de los flujos internacionales de dinero son capitales golondrina, de corto plazo o de ida y vuelta. En el caso de los fondos buitre, especializados en la deuda en apuros como he apuntado al comienzo y que proceden de países con gran potencial financiero, invierten en países endeudados con riesgo de default como Grecia en 2010 o en 2015; y en activos físicos o financieros temporalmente devaluados para forzar el logro de rentabilidades en breve liquidando empresas, violando reglas, etcétera.

T : ¿Puede un país, cualquiera sea, ignorar a los fondos buitre contra las normativas de otro país que dice tener la autoridad legal para ejecutar su acción?

 HV : Todo Estado tiene derecho por principio a la defensa de los intereses nacionales frente a los de los bancos y los fondos de inversiones extranjeros. Hace tiempo que se acabó la etapa histórica de la presión de las cañoneras en favor de prestamistas o inversores extranjeros. Pero la creciente dependencia de los gobiernos de la banca extranjera y de la financiación exterior, ha conducido a un declive histórico de la inmunidad soberana por la vía de los pleitos internacionales. Y en las relaciones económicas internacionales los Estados han quedado equiparados a entidades comerciales, habiendo sido desposeídos de los privilegios de la inmunidad soberana. A esa evolución histórica, que sintetizo en mi libro mediante el análisis de ciertos casos, hemos de añadir que el sistema actual impone de facto la preeminencia del poder financiero sobre los gobiernos democráticos. De ahí las penalizaciones a las que se exponen los gobiernos cuando intentan librarse de las reglas no escritas del sistema.

 T : ¿Cuál es su opinión sobre la posición que tomó la Argentina respecto de los fondos buitre?: 

HV : Argentina afronta el acoso de los fondos buitre desde hace más de trece años, como documento en el capítulo 3 de mi libro. Y de la lectura de esas páginas es fácil deducir mi valoración como un ejemplo de las nefastas e injustas consecuencias de las políticas neoliberales de privatizaciones y desregulación que han conducido al dominio del actual sistema financiero internacional sobre los gobiernos democráticos. Si usted me pide mi opinión respecto a la no aplicación de la sentencia del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, claramente sesgada en favor de los fondos buitre, le diré que hasta finalizar 2014 Argentina no tenía otra opción que la resistencia en defensa de sus intereses nacionales. Y que a partir de 2015 le tocaría al gobierno argentino valorar la decisión de buscar una salida razonable, negociada, para superar las dificultades posibles que afronta en los mercados internacionales. Pero en todo caso resulta intolerable la existencia de la ATFA, esa Fuerza de choque estadounidense contra Argentina, la agencia de lobby del grupo de fondos buitre liderados por Paul Singer, de gran peso en el entramado institucional estadounidense; y que además promueve campañas de descrédito exterior de Argentina en la prensa internacional e interfiere los procesos políticos internos del país.

 T : Finalmente, ¿cómo está España y cómo Grecia respecto de esta cuestión?

HV : En algunos países europeos como es el caso de España, la devaluación generalizada de activos físicos y financieros producida por la política llamada de austeridad seguida por el actual gobierno y las instituciones de la eurozona, ha atraído abundantes depredadores financieros en el sector privado; aunque no se han publicado datos sobre si estos han adquirido bonos soberanos españoles a la espera de futuras crisis del actual endeudamiento. Y en el caso de Grecia, la debilidad del gobierno permitió que aquellos fondos buitre que no aceptaron la quita acordada en la reestructuración de la deuda griega en 2010, mantengan el 100 por cien del valor nominal de sus bonos. Y en junio de 2015, según manifestaba una experta en la TV de Bloomberg News, conocidos fondos de inversión en deuda deprimida habían adquirido deuda griega a la espera de un posible default con el fin de lograr por algún modo rentabilidades futuras superiores a las ofrecidas por los mercados.


lunes, 31 de agosto de 2015

Fondos buitre en España: de la especulación a los pleitos


Como resultado de la reducción radical de las subvenciones solares, a principios de 2014 veintidós empresas han demandado a España ante los tribunales internacionales en siete casos diferentes; se trata principalmente de fondos de renta variable privados que entraron en el mercado después de que la crisis hubiera comenzado, según el informe publicado por las ONG Transnational Institute y Corporate Europe Observatory. Aunque no estaba claro la cuantía que alcanzarían las demandas, se estima que los fondos internacionales tenían invertido 13,000 millones de euros (17,000 millones de dólares en activos de energías renovables en España; y el gobierno había incumplido las condiciones de las inversiones. Todas las demandas se basan en el Tratado de la Carta de la Energía, un convenio multilateral que proporciona protección a los inversionistas en el sector energético, reconociéndoles derechos similares a los encontrados en los tratados bilaterales de inversión (TBI); y que también permiten a las empresas demandar a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje.

Todos los inversores demandantes están domiciliados ​​en países europeos (Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Italia y Bélgica; y de los siete casos, la firma de abogados Allen & Overy representa a cinco. Más de la mitad de estas empresas inversoras sólo comenzó a invertir después de 2009 (al año siguiente de la quiebra de Lehman Brothers) y continuaron aumentando sus inversiones durante 2010 y 2011, como registra el referido informe. De las 22 firmas demandantes únicamente diez invirtieron antes de la primera medida que restringía las tarifas subvencionadas en 2008; y de esas diez, ocho lo hicieron durante 2009 y 2010 después de los recortes iniciales de las subvenciones,  cuando la crisis era ya reconocida. Cuando la crisis financiera global era una evidencia, siguieron produciéndose estas inversiones que por definición son de riesgo. De modo que para cuando llegaron la mayoría de estos inversores extranjeros, España estaba en plena crisis económica y ya habían comenzado las restricciones a las subvenciones a la energía solar. Lo que permite pensar que estas firmas practicaban estrategias especulativas similares a los fondos buitre, buscando la rentabilidad en la garantía del Estado que lograrían vía pleitos.

La mayoría de las plantas fotovoltaicas se instalaron durante 2007-2008; y era sabido que para agosto de 2007, España había superado el 85% el objetivo para 2010 en energía fotovoltaica (paneles solares y energía eólica). Hasta 2009, la mayoría de los operadores solares eran empresas nacionales que construyeron los parques (instalaciones solares a gran escala) y luego los vendían en subastas. Entonces bandadas de inversores extranjeros -  particularmente firmas de capital riesgo y de fondos de gestión de activos y patrimonio, atraídos todos por los altos márgenes de rentabilidad compraban participaciones de control estas plantas solares ya instaladas. Aunque la cuantía de la inversión no se divulgara, el modus operandi de estas empresas suele consistir en quedarse en el negocio durante cinco a siete años y después desinvierten para recoger la cosecha de los beneficios. Los fondos de inversiones prefieren grandes parques con tecnología y calidad demostrada que ofrezcan seguridad técnica, con tasas de retorno de 12% o 13%, aseguraba Delphine Barredo, Director de la revista Capital & Corporate, especializada en firmas de capital riesgo”.

(Del capítulo 5 del libro LOS FONDOS BUITRE, CAPITALISMO DEPREDADOR, pp.231-232)




lunes, 20 de julio de 2015

Las puertas giratorias nutren los lobbies pro TTIP

Las puertas giratorias entre los sectores público y privado de Europa crean conflictos de intereses y exacerban la captura corporativa de las actuales negociaciones comerciales Unión Europea-Estados Unidos, asegura un nuevo Informe publicado el 15 de julio de 2015 por la fundación independienteCorporate Europe Observatory (CEO), que vigila y nos informa sobre las actividades de los grandes grupos empresariales y financieros sobre los órganos de decisiones europeas.
A medida que continúa la décima ronda de conversaciones para el TTIP, el referido Observatorio europeo radicado en Ámsterdam, documenta una variedad de casos de puertas giratorias entre ellos los de un eurocomisario, eurodiputados y altos funcionarios europeos con vínculos o intereses en este Tratado de Comercio e Inversiones UE- EEUU, más conocido como TTIP, que busca la plena liberalización del comercio y la desregulación interna entre los dos lados del Atlántico y propone la privatización de servicios tales como la Educación o la Sanidad.

Las puertas giratorias entre los sectores público y privado están engrasando las ruedas de la presión empresarial sobre el TTIP, como subraya el Informe referido. Algunos de los más altos responsables políticos y funcionarios de la UE, junto con los de los niveles de los Estados miembros, a través de la puerta giratoria pasan a funciones de asesor de empresas; otros van en la otra dirección, de puestos de trabajo en la empresa a puestos en el sector público. Estos casos de puertas giratorias cubren algunos de los mayores sectores de lobby empresarial europeo, incluidas las telecomunicaciones y de la tecnología de la información; la alimentación y la agricultura; finanzas; solución de controversias entre inversores privados y los Estados; productos farmacéuticos; legislación y normativas, etc.
Estos son algunos casos de puertas giratorias del TTIP cuyas biografías profesionales se relatan en el referido Informe:


Nombre
Desde
A
Comisario de Comercio
Consejo directivo de Belgacom?
Portavoz del Comisario de Comercio
FTI Consulting
DG de Comercio
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

DG del Mercado Interior
Google
DG de Agricultura
Consultancy & Farm Europe
Ekenberg & Andersson
Asesor especial de la DG de Comercio
BusinessEurope
DG Sanco & DG Trade
Parlamento Europeo
Hanover & Opel
Parlamento
gplus

En estas acciones de lobby están implicados algunos de los mayores actores de la incesante presión corporativa sobre las instituciones de la EU, como BusinessEurope, Google, Opel y Telefónica, además de los grandes grupos financieros. 
En Europa, se plantean interrogantes muy relevantes en torno a la endeblez de las normas sobre puertas giratorias para prevenir que se produzca el riesgo de conflictos de intereses en los niveles decisorios europeos y en los planos nacionales. De hecho, algunos países como España y las instituciones europeas incluido el Parlamento Europeo, carecen de reglas para impedir o restringir el funcionamiento de las puertas giratorias entre el sector público y el privado que son un elemento básico del lobismo europeo. En el capítulo sobre la lobicracia de Bruselas en mi libro Los lobbies financieros…, se describe y analiza la profunda inserción de los grupos de presión financiera y económica en los procesos legislativos europeos, gracias sobre todo a los comités de expertos y a la permanente demanda de asesoramiento desde el sector privado para políticos y funcionarios.
Teniendo en cuenta la falta de transparencia en este ámbito, los casos que se presentan en el Informe de la citada ONG es probable que sean sólo la punta del iceberg de la negociación opaca en curso  del TTIP. Por ejemplo, los ex comisarios y altos funcionarios europeos deben abstenerse durante tres años de realizar trabajos de cabildeo o lobismo o cualquier otro trabajo que pueda suscitar un conflicto de intereses entre lo privado y lo público. Otros funcionarios de la Comisión y los eurodiputados deben enfrentarse a un período de reflexión dos años, y los Estados miembros tendrían que mejorar su intervención en la prevención de estas actividades no éticas o a menudo cuasi delictivas.
Actualmente, dado el objetivo previsto oficialmente de convertir el TTIP en el mayor acuerdo comercial en el mundo, las negociaciones en curso son el centro de una gran ofensiva de los intereses de las grandes multinacionales en una batalla masiva que tiene lugar en Bruselas.
Los asuntos en juego enfrentan claramente los intereses de los grandes grupos empresariales internacionales y los marcos legislativos  nacionales en vigor o las futuras políticas progresistas de gobiernos europeos en materia medioambiental y de protección de los consumidores de productos alimenticios o de ahorro; en definitiva, en el fondo está en juego la efectividad de la democracia en Europa.
Asuntos tales como el arbitraje privado previsto al que tendrían que someterse los Estados que infrinjan las disposiciones de tal Tratado internacional una vez suscrito, frente a las reclamaciones de los grupos empresariales; y la exigencia de la armonización de las leyes de la UE y de Estados Unidos en favor de los intereses económicos de las grandes corporaciones empresariales, representan una amenaza para la protección de los consumidores, la agricultura sostenible, las normas ambientales y los derechos laborales. En resumidas cuentas, una serie de limitaciones que coartarán o vaciarán de contenido las opciones democráticas y la soberanía mínima de los Estados.
La publicación de este informe de CEO subraya el influyente papel que están teniendo las puertas giratorias en esta batalla en curso, un documento que viene avalado por nuevos datos sobre quién está presionando en favor del proyecto neoliberal del TTIP y cómo influyen en los tecnócratas y en los responsables políticos. Los datos e infografías que integran el informe confirman que los contactos empresariales con la Comisión europea superan enormemente las de las ONG, sindicatos y otras organizaciones que representan los intereses públicos.-