martes, 2 de diciembre de 2014

Cómo los lobbies financieros presionan en las democracias

                    

Al final, la Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, ganó la batalla por la modificación de la legislación hipotecaria frente a los jueces decanos y a las organizaciones ciudadanas que llevaron su voz al Congreso, persiguiendo normas más justas y humanitarias para los miles de desahucios hipotecarios de victimas de las facilidades crediticias de bancos y Cajas, que no controlaron sus riesgos.

Y en la primavera de 2013, el actual Gobierno convocó a un grupo de expertos para estudiar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Y para este estudio de interés general, acudieron expertos del sector privado: de las aseguradoras Aviva, Mapfre y de su patronal Unespa, más personajes de la banca. No sorprende que la nueva legislación resultante haya reducido las pensiones y promueva indirectamente  planes de pensiones privados, porque la ampliación de mercado global de los seguros es un objetivo del mundo financiero.

Más aún, en los últimos años de graves problemas financieros, la prensa informó de los contactos directos en Madrid del Rey Juan Carlos, del presidente del Gobierno y de otras autoridades  con los máximos directivos del Instituto de Finanzas Internacionales, el principal lobby financiero mundial con sede en Washington. Este Instituto intervino en el diseño político y legislativo de la conversión de las Cajas de Ahorros en bancos (sin intervención de los electores); y en la creación del “banco malo” (la sociedad mercantil Sareb) para liberar a los accionistas de la banca de los activos tóxicos (solares y urbanizaciones invendibles, etc.) con cargo a los contribuyentes españoles.

Son tres ejemplos vivos de cómo actúan en nuestro país los lobbies que defienden los intereses bancarios y financieros.

Ciertamente, los lobbies o grupos de interés forman parte de las democracias avanzadas. Grupos económicos, sindicatos, ONG, iglesias, etc., intentan o  dejan sentir su presión ante los gobiernos por medios legales o no para imponer sus intereses particulares. En las sociedades democráticas se tiende a la proliferación de estos grupos de intereses de todo tipo. Y la complejidad de los asuntos públicos ha dado lugar a lobbies especializados como agencias de profesionales, gabinetes jurídicos o de comunicación estratégica, asociaciones gremiales o profesionales que ofrecen estudios, informes, contactos u otras prestaciones por cuenta ajena para influir ante los gobernantes o ante la opinión pública.

Y la influencia o presión que ejerce cualquier lobby o grupo de interés es directamente proporcional al poder que representa, sea por los recursos de que dispone, por su peso en la opinión pública o por la capacidad de la movilización ciudadana. Ese poder dependerá de factores muy diversos, entre ellos, de la relevancia social que tengan los intereses que defiende y de los recursos que dispongan quienes ejerzan las actividades de lobby, sean económicos, organizativos o intelectuales.

De ahí que las actividades de presión política de los grupos financieros tengan un alcance difícilmente comparable al que pueda tener cualquier otro grupo de interés aunque sea también de alcance mundial. Los lobbies que sirven a la banca o a los grupos financieros acumulan medios de todo tipo (dinero, conocimiento experto, vinculaciones sociales, etc.) superiores a los de los gobiernos. Además, sus organizaciones están conectadas a nivel internacional porque los mercados financieros son globales. Y en la medida en que se ha liberalizado la actividad financiera y se han eliminando los controles y la supervisión estatal que siempre ha ejercido el poder político sobre la banca, frente a la libertad de innovación y de creación de nuevos productos para el ahorro el ciudadano está indefenso a menudo, sin la deseable protección del Estado. Porque la banca financiera globalizada genera riesgos, casi siempre ocultos, para el consumidor o pequeño ahorrador e incluso para el sistema, como nos ha enseñado la experiencia reciente.

Y de la UE deberíamos saber que los lobbies financieros tienen un peso específico en la elaboración de las directivas bancarias y financieras. De los 30,000 lobistas que pululan por Bruselas, se estima entre 700 y 2000 profesionales altamente cualificados de los grandes bancos, como Goldman Sachs o Deutsche Bank, quienes como expertos participan en los comités de la Comisión europea para los estudios e informes previos a las decisiones plasmadas en las directivas que, aprobadas por el Consejo de jefes de Estado y de gobierno, son tramitadas en los Parlamentos sin debate alguno, convirtiéndose en leyes nacionales. De ahí que casi siempre los intereses ciudadanos queden relegados frente a los intereses de los grandes grupos financieros.

Es urgente, pues, una ciudadanía activa, informada, critica y más organizada para la defensa de sus intereses en materia de gestión del dinero.-
                                                                                                      
          



lunes, 10 de noviembre de 2014

Las finanzas opaca de Luxemburgo

Dado que en círculos europeos se rumoreaba su candidatura por el PP europeo para presidir la Comisión europea, el pasado enero recordábamos aquí que durante los dieciocho años de Jean-Claude Juncker como primer ministro de Luxemburgo, había efectuado un retoque cosmético del paraíso fiscal suficiente para que alguna prensa anunciara en titulares que esta “gran finca” había suprimido el secreto bancario. Pero Luxemburgo era un paraíso fiscal y financiero central. 

Precisamente durante esa etapa de Juncker, se gestaron los 548 acuerdos fiscales de Luxemburgo para favorecer con reducciones de impuestos a una trama de multinacionales integrada, entre otras, por Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Apple, Deutsche Bank, Amazon, Fiat, Burberry, Heinz o JP Morgan. Acuerdos que acaba de revelar la Organización de periodistas de investigación (ICIJ)basando su investigación en información obtenida de fuentes internas de la auditora PrizeWaterhouseCoopers, una de las cuatro grandes del mundo; cuando ejercía responsabilidades directivas, el actual ministro de Economía delgobierno español, que habría ayudado a  negociar y diseñar "estructuras fiscales complejas” para conseguir reducciones drásticas en los impuestos" a esos grupos empresariales. Por entonces el actual Presidente de la Comisión europea era el primer ministro de Luxemburgo.
Y es que tras la crisis, la finanzas han incrementado su dominio sobre la Uniön Europa.
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Dado que en seis años apenas han perdido actualidad, reproducimos aquí las páginas 159-171 de mi libro La Europa opaca de las  finanzas. Y sus paraísos fiscales offshore, publicado en 2008 por Icaria en Barcelona; y descargable gratis en pdf desde la columna derecha de este blog.


LAS FINANZAS OPACAS DE  LUXEMBURGO 

A pesar de su posición como el  Estado más pequeño de los miembros de la UE (de los 15), es uno de los mayores centros financieros del mundo,  que permite  que se beneficien de su legislación  sobre el estricto secreto bancario  las instituciones financieras internacionales con operaciones de una amplia gama de actividades y servicios”

La opacidad de los holdings luxemburgueses la ejemplifica el caso de la empresa española Ercross - Ertoil, aunque fuera un episodio más dentro del affaire de gran alcance de la petrolera francesa Elf-Aquitaine. En Enero de 1991 el grupo empresarial Ercros percibió  más de 36,000 millones de pesetas por la venta de su petrolera Ertoil a la sociedad de cartera  General Mediterranean Holding (GMH)  domiciliada en Luxemburgo; y en Septiembre del mismo año este holding luxemburgués vendía, la empresa adquirida  a la empresa española Cepsa por 46,000 millones, unos 10,000 adicionales, de modo que  la Hacienda española había dejado de ingresar el 35 % de esa plusvalía alcanzada, cerca de 4000 millones, según el informe de  la Fiscalía Anticorrupción. Y, además, a los accionistas  de Ercross se les privaba de su parte de los millones de plusvalía,  que se quedó en poder de la sociedad luxemburguesa interpuesta.  Más aún, además de instrumentar la evasión de impuestos, la sociedad luxemburguesa GMH interpuesta había sido utilizada como una mera pantalla de la compañía estatal francesa Elf-Aquitaine para obtener el visto bueno de la Comisión europea, puesto que Elf tenía una opción para adquirir Ercross, que luego se frustró.  Un episodio de un famoso caso judicial de la petrolera  gala con trascendencia internacional terminado con sentencia condenatoria.[i]

El Gran Ducado de Luxemburgo “es uno de los mayores centros financieros del mundo que permite  que se beneficien de su legislación  sobre el estricto secreto bancario  las instituciones financieras internacionales con operaciones de una amplia gama de actividades y servicios. Con más de un billón de euros en activos gestionados por la industria global  de los fondos de inversión, Luxemburgo se une a los EEUU y Francia como uno de los tres primeros domicilios para la actividad de los fondos de inversión.  Luxemburgo está considerado como un centro financiero offshore, con bancos  de propiedad extranjera que responden de la mayor parte del total de activos bancarios.  Aunque hay unos cuantos bancos propios que operan en el país, la mayoría de los bancos registrados allí son filiales de bancos alemanes, franceses y belgas. Por esta razón y también debido  a la proximidad de estos tres países, una cuota significativa de los informes de transacciones sospechosas (de blanqueo) se refiere a operaciones en que intervienen clientes de esos tres países.” [ii]

EN LA RAÍZ DEL PODER FINANCIERO EUROPEO

Como solía decir un famoso aristócrata español, Luxemburgo es sólo una gran finca, con unos 480,000 habitantes que producen un PIB de 34,530 millones de dólares (CIA, est.2006); pero este socio fundador de la CEE, es “uno de los mayores centros financieros del mundo” que gestiona  unos 1,7 billones de euros solamente en fondos de inversión.[iii]  El Gran Ducado cuenta principalmente con una clientela no residente, atraída por regímenes fiscales que dan preferencia a ciertas actividades, aunque algunas predicciones estiman que su atractivo está condenado a perder fuerza. 

Tras los cuatro años de ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, abandonaba su neutralidad anterior recuperando la unión económica con Bélgica y convirtiéndose en miembro fundador de la ONU y luego de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)  y  uno de los seis signatarios del Tratado de Roma, constituyendo casi en paralelo el Benelux,  una unión económico-aduanera con Bélgica y Holanda. La configuración financiera arranca desde su conversión durante la posguerra en cabeza de puente de los EEUU  en Europa, que instalaron allí a las grandes empresas industriales (Good Year, Du Pont de Nemours y Monsanto) y bancos  como Wells Fargo Bank y  Bank of América, que por entonces era el primer banco mundial; a  lo que no fue ajena la amistad  intima que unía al Presidente estadounidense con la familia del Gran Duque.

Después de que los primeros bancos estadounidenses descubrieran sus ventajas como plataforma del Euromarket, el mercado del  dólar en los sesenta y setenta, los bancos alemanes y escandinavos tomaron posiciones significativas, porque era un polo de atracción para inversores de  Alemania, Francia y Bélgica por sus bajos  niveles de tributación, la carencia de  retención fiscal  para no residentes sobre los intereses  y  los dividendos y las normas legales sobre el secreto bancario. Durante la etapa de los eurodólares y los petrodólares, como los eurobonos denominados en dólares estaban exentos de impuestos en el Gran Ducado, se convirtió  en una potente plaza financiera internacional; Alemania se aprovechaba del estatuto fiscal ventajoso de los holdings luxemburgueses e Italia invertía allí sus capitales más o menos legales.

Otros factores favorables fueron también el régimen liberal de la Bolsa de Luxemburgo e incluso la creación en 1970 de la cámara de compensación de Cedel, luego Clearstream International. Y desde hace veinte años, el dinamismo financiero  explica el notable crecimiento anual de su economía, al que no han sido ajenas sus características propias de paraíso fiscal que las autoridades del microestado han conseguido defender hasta ahora.  En la década de los años ochenta, superada la crisis de la siderurgia, el país experimentó un segundo auge económico impulsado por las finanzas y, como reacción frente a las políticas fiscales de los vecinos, la actividad derivó hacia la banca privada o personalizada para las grandes fortunas; al mismo tiempo, que desarrollaba el mercado de los fondos de inversión.

 EL SECRETO  DEL NEGOCIO

En Septiembre de 2006, los bancos luxemburgueses gestionaban más de un billón de dólares y los activos de los fondos de inversión superaban los dos billones de dólares. Para entender este privilegiado centro financiero se requiere de una cierta perspectiva histórica. El Gran Ducado  fue incluido en la lista de 42 centros financieros offshore inventariados en el Informe de Mayo de 2000 del Foro de Estabilidad Financiera, organismo creado por los Gobiernos del G 7,[iv] siendo catalogado en el grupo  I, junto con Suiza, la isla de Man, Jersey y Guernesey; ante lo cual las autoridades  luxemburguesas expresaron sus protestas  porque consideraban que no reunía los criterios aplicados. No obstante, esta catalogación  no tendría que haber sorprendido porque, entre otros,  el famoso caso de la quiebra  del  Banco BCCI, cuya sede se encontraba en Luxemburgo, ya había revelado en 1991 uno de los mayores fraudes bancarios hasta la fecha en el mundo, que motivó el temor en Luxemburgo de que se le percibiera por la opinión pública como un paraíso fiscal que no disponía de control apropiado a  la dimensión de su plaza financiera.

Su poder e influencia quedó patente, cuando asociado a Suiza, el Gran Ducado se opuso como miembro del Consejo de esta Organización al  Informe de la OCDE sobre la competencia fiscal perjudicial, alegando que “Luxemburgo no comparte la convicción implícita en el Informe según la cual el secreto bancario estaría automáticamente en el origen de una competencia fiscal nociva”. En otras palabras, mostraba su coincidencia con Suiza en la defensa del secreto bancario; aunque formalmente ambos países miembros se abstuvieron. Y quedaron ambos incluidos entre los 47 países con regímenes fiscales preferenciales identificados por la OCDE; aunque lograba no ser incluido en la lista oficial de paraísos fiscales de 2000.[v]

Pero su notoriedad como paraíso fiscal, llevó a ser incluido en una extensa investigación sobre el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera en Europa llevada a cabo  por una delegación de parlamentarios de la Asamblea Nacional francesa, con un análisis  y un conocido Informe sobre Luxemburgo  que es una referencia obligada para el conocimiento  de los paraísos europeos y que define sus peculiaridades financieras y fiscales.[vi] En este documento se destaca que a diferencia de otros países como Suiza o Reino Unido,  carece de tradición bancaria y financiera y su desarrollo financiero reciente se ha basado en una legislación concebida para atraer al capital extranjero, adaptada a los requerimientos de los flujos  financieros con instituciones jurídicas como los holdings, los fideicomisos,  la domiciliación de sociedades y, en particular, la aplicación de un riguroso secreto bancario.

Casi simultáneamente a su oposición al Proyecto de la OCDE, el Gran Ducado mantuvo durante años una posición de bloqueo en el largo proceso negociador que llevó a la Directiva de 2003, para mantener el secreto bancario. Y el establishment  luxemburgués estimó injustificado que se incluyera a los holdings 29 en el Informe de 2000 del Grupo de trabajo presidido por la Ministra del Tesoro británico, Dawn Primarolo, que identificaba cinco mecanismos luxemburgueses perjudiciales que posteriormente se han reducido parcialmente; pero en Julio de 2006 la Comisión europea emplazaba a Luxemburgo a su eliminación antes de 2010.  Aunque esas sociedades de cartera, refugio fiscal de grandes fortunas, no se ven afectadas por la  Directiva de 2003  que solo se aplica sobre los intereses abonados por los depósitos bancarios de particulares residentes en países de la Unión, sobre los cuales se aplica solamente en Bélgica, Austria, Suiza y los demás paraísos fiscales una retención fiscal  del 15 % en la fuente, en lugar de someterse al intercambio automático de información fiscal.

Fiscalidad luxemburguesa

Como se apunta en el Informe parlamentario francés, los luxemburgueses son los magos de la fiscalidad, que llegaron a crear una reducción fiscal  sobre un impuesto que no existía, de modo que los inversores que lanzaban estudios de producción  audiovisual estaban fiscalmente exentos pero podían ceder su  ventaja fiscal  a un luxemburgués Y los convenios internacionales, como el firmado entre Francia  y Luxemburgo en 1958 y 1970, estipulan que el impuesto será liquidado en el país de residencia del inversor, por lo que un francés que obtiene beneficios de sus cuentas  luxemburguesas tiene que presentar la declaración ante la administración tributaria francesa; el único problema es que se puede olvidar de declarar sus beneficios sin el riesgo de que la banca luxemburguesa tan discreta le cree ningún problema; de ahí, el turismo fiscal hacia Luxemburgo  de miles de acaudalados  franceses, alemanes y belgas.  Y de ahí también su abierta oposición a la armonización fiscal europea.

Actualmente, los habitantes del Gran Ducado no viven en un paraíso fiscal puesto que el impuesto de la renta de las personas físicas varía del 8 % a 38,95 % (en 2005), habiendo suprimido recientemente el impuesto sobre el patrimonio que estaba fijado en 0,5 %. A excepción de los holdings regulados por la legislación de 1929, las sociedades de capitales están sometidas al  impuesto de las colectividades y al impuesto comercial comunal y a diversos impuestos indirectos, como el de registro.  Por el contrario, para el sector  extraterritorial, offshore o de los no residentes la situación es muy distinta, ya que disfrutan de  exención tributaria.  La evasión fiscal no está reconocida como delito que  requiera la cooperación de Luxemburgo y el secreto bancario se aplica de un modo muy estricto, que no puede levantarse más que dentro de un procedimiento judicial en caso de delito grave, que no es el caso de la evasión fiscal. Por tanto, para los contribuyentes europeos es grande la tentación de pasar los fondos por Luxemburgo o no  declarar en el país de origen las rentas obtenidas o los fondos allí depositados.

                               El blanqueo sofisticado de dinero sucio  

El grupo empresarial Zeta Gas, el monopolio del gas licuado en México, opera con una red  de 85 sociedades, algunas meras sociedades instrumentales, entre las que se incluye Zetagas Holding radicada en Luxemburgo; y según la prensa mexicana en Agosto 2007 era objeto de investigación porque debido a su gran dimensión financiera estaba estructuralmente expuesto al blanqueo de capitales ilícitos.  Los Informes para 2007 y para 2006 de la Oficina contra el Narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU, dedican varias páginas a Luxemburgo (véase Nota 80); bajo una prosa aséptica aportan datos significativos de la importancia del fenómeno del lavado de dinero sucio en el Gran Ducado, aunque se reconozca un reciente esfuerzo de las autoridades por lograr un mayor control.  Destaca el hecho de que la mayoría de los bancos registrados allí sean filiales de bancos de Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Suiza, de donde procede el mayor volumen de la actividad financiera, por lo que los clientes de esas nacionalidades suelen aparecer implicados en  un número significativo de informes sobre transacciones sospechosas. Aunque este microestado no sea un eje importante en la distribución de droga en Europa, la dimensión y “el grado  de sofisticación” de su centro financiero ofrece grandes oportunidades para el negocio del dinero sucio, relacionado con el narcotráfico y la financiación del terrorismo.

Estas observaciones son avaladas por el Informe del FMI de Diciembre de 2004 aunque considera que Luxemburgo dispone de “un sólido marco legal  y de supervisión penal de antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo” y “en general cumple con casi todas las recomendaciones del GAFI” del cual es miembro. Pero ese marco legal es de dudosa eficacia en la práctica porque el alto volumen de negocios transfronterizos, el secreto bancario riguroso, la banca personalizada y “ciertos vehículos para inversiones” crean un entorno difícil para la efectividad de las medidas contra la financiación del terrorismo y el antiblanqueo,  con un factor añadido en el escenario porque  este país carece de información sobre las operaciones transnacionales. El Informe de 2007 recomienda a Luxemburgo el refuerzo de la prevención del abuso de su sector financiero, regulando el uso continuado de acciones al portador y la ratificación del Convenio de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

Ambos Informes citados señalan que la legislación del sector financiero de Luxemburgo refleja en gran medida las directivas europeas sobre blanqueo,  señalando deficiencias legislativas como la carencia de una base legal clara para la unidad de inteligencia financiera (la Cellule de Renseignement Financier), reclamándole que regule legalmente la utilización de acciones al portador y establezca normas sobre información de los movimientos transfronterizos de moneda.  La legislación luxemburguesa  autoriza la inaplicación de las normas del secreto bancario, estando los profesionales obligados a cooperar con las investigaciones; pero las estructuras formales y legales ocultan los vínculos sociales estrechos y las conexiones locales en este diminuto país donde una oligarquía influyente controla los resortes estatales, como revelan los libros del periodista francés Denis Robert, que corroboran el rasgo común a todos los paraísos  fiscales offshore en los que una élite local resulta beneficiaria directa de los negocios financieros con los no residentes.  Para lograr la condena judicial por lavado de dinero sucio, los fiscales tienen que demostrar la intencionalidad criminal, no bastando la negligencia que puede ser objeto de  multas elevadas. La intensa actividad de la delincuencia financiera ha hecho que el numero de informes sobre operaciones sospechosas detectadas aumentaron más del doble de 2001 a 2004, para descender al año siguiente.

El Informe estadounidense menciona una serie de casos sometidos a procesos judiciales de los últimos años; con datos sobre el desbordamiento que sufren las autoridades para controlar una actividad financiera tan voluminosa donde el marco neoliberal imperante con mecanismos opacos.  Y subraya que solamente se haya producido un procesamiento  sobre blanqueo, que aún estaba pendiente; y para 2007 estaba previsto la celebración de otro juicio más sobre blanqueo. Lo que  es un indicio de una gran actividad persecutoria del lavado de dinero sucio en el Gran Ducado.

Clearstream  International  

El auge financiero de Luxemburgo se asocia a la organización de la compensación y liquidación de las operaciones financieras transnacionales y sus pagos, sustituyendo las remesas de papel de los títulos y valores por anotaciones electrónicas, mediante la creación de Cedel, luego Clearstream. Esta cámara de compensación( clearing)  facilita las operaciones financieras por vía electrónica  (compras de acciones, bonos, depósitos, préstamos), que se ven simplificadas y consolidadas regularmente mediante la  compensación electrónica interbancaria, que consiste en la acumulación de créditos y deudas de los operadores económicos y su liquidación y abono de los saldos resultantes, reduciéndose o eliminándose  el desplazamiento de efectivo; además del registro y garantía de la solvencia de la contraparte.

 Cedel- Clearstream  junto con Euroclear en Bélgica son las dos sociedades de compensación de rango internacional en Europa.  Desde Julio de 2002 opera Clearstream International, resultado de la fusión de Cedel International y Deutsche Börse Clearing, la cámara de la Bolsa Alemana, propiedad del Deutsche Börse Group se ha convertido en proveedor principal de servicios de intercambio y liquidación de pagos sobre valores de renta fija y variable, mediante la compensación, liquidación y custodia de valores. En Diciembre de 2005, de las transacciones procesadas  sólo el  22 %  se registran como operaciones bursátiles y el  78 % son OTC (Over The Counter) operaciones extrabursátiles. En años recientes, los libros del periodista francés  Denis Robert (Revelation$, La boîte noire) revelaron las prácticas  de dudosa legalidad aplicadas por este “banco de bancos” como verdadera caja negra de las transacciones financieras relacionadas muchas con operaciones de dinero negro, mediante un doble sistema de cuentas codificadas, secretas o no publicadas, que  permitían a  bancos y grandes corporaciones efectuar transferencias que no quedaban reflejadas en los listados oficiales de la entidad; por lo general se trataba de cuentas de filiales domiciliadas en notorios paraísos fiscales offshore; por este sistema circularon operaciones de grandes escándalos financieros como el famoso caso del Banco Ambrosiano y la Banca rusa Menatep. En 2006 2007, Clearstream daba su nombre a otro escándalo político que implicaba a agentes del espionaje, jueces  y ministros del  Gobierno francés, mediante la  utilización de  sus listados, falsificados  esta vez al parecer.

LOS HOLDINGS FINANCIEROS SIN TRANSPARENCIA

En la actualidad, tras los EEUU, Luxemburgo es el segundo centro más importante en el mercado mundial de los fondos de inversión, gestionando  fondos con un valor combinado  de 1,7 billones de euros (unos 2,18 billones de dólares), según registra la Oficina estadounidense citada; siendo las compañías de seguros y de reaseguros los actores clave; dispone de una banca importante  y de una capitalización bursátil muy  superior a  la de las islas Caimán, Singapur o Hong Kong.  En 2006 había establecidos 154 bancos con un balance total de 824,000 millones de euros, casi veinticinco veces el valor del PIB luxemburgués; otro rasgo común a todos los centros offshore.  Y en la Bolsa de Luxemburgo cotizaban más de 35,000 títulos de valores emitidos por casi 4,100 entidades de unos  cien países diferentes; y una nueva legislación aprobada permite la constitución de fondos de capital riesgo o societé  d´investissement en capital a risqué (Sicar). Y es que “su estricta legislación sobre secreto bancario permite a las instituciones financieras internacionales beneficiarse de y  operar una amplia gama de servicios  y actividades” [vii] bajo unas normas asumidas por sus profesionales bancarios, que pueden ser sancionados fuertemente por la revelación de datos sobre los clientes.

Los  holdings  29 y las SOPARFI

El emblema  del paraíso fiscal de Luxemburgo son los holdings 1929  -  “H. 29”  en la terminología de los iniciados  -  que al amparo de una regulación original de las sociedades de cartera de valores tienen por objeto poseer y administrar las participaciones financieras en el capital de otras sociedades, ofreciendo como mayor atractivo sus ventajas fiscales y su confidencialidad. Son los “holdings puros”  regulados por la ley desde 1929 que hay que distinguir de las sociedades de participación financiera (SOPARFI) amparados por otra ley de 1990.  Las diferencias esenciales entre ambas modalidades de sociedades de cartera son fiscales; mientras la SOPARFI esta sujeta a los impuestos, quedando exentos solamente los dividendos y las plusvalías por cesión de participación, el holding 1929 disfruta de una fiscalidad reducida al 1 % de la aportación en el momento de la suscripción del capital, y  la tasa de pago anual  del 0,2 % del capital desembolsado; no pagando impuesto de sociedades, ni IVA, ni impuestos sobre las rentas sean de la naturaleza que sean, dividendos, intereses, tasa por autorizaciones, etc., pero no se beneficia de los convenios de doble imposición suscritos por Luxemburgo con los demás países; y se caracteriza, además, por  sus normas de constitución y de funcionamiento que garantizan la opacidad.  Estas ventajas fiscales se justifican oficialmente por el hecho de que el objeto social de las sociedades de cartera quedado limitado a  las operaciones financieras, no estando autorizadas para ejercer una actividad industrial o comercial; aunque es  evidente que  la regulación está concebida con la finalidad deliberada de  atraer capital  al Gran Ducado.

Aunque los holdings y las SOPARFI, se constituyen en forma de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada, la forma de SA es con  mucho la mas frecuente, porque permite la emisión de acciones al portador, transferibles  inmediatamente; dos accionistas como mínimo, titulares personas jurídicas o físicas, residentes  o  no residentes, y un capital mínimo  de euros con desembolso de un cuarto de ese capital en el momento de la constitución.  Para su publicidad mediante el registro de comercio y de sociedades, no se exige  aportar información de la composición de la cartera y la identidad de los acreedores  y deudores. (La modalidad autorizada varía según el tipo de actividad de la sociedad de cartera, como  holdings de control de un grupo de sociedades; holdings de gestión de una cartera de valores mobiliarios; para la promoción de la suscripción de acciones de  sociedades; para la gestión de la cartera de una patente; y holdings de financiación, para la emisión de  empréstitos en bonos u obligaciones cuyos ingresos sirvan para la financiación de las sociedades integradas en un grupo empresarial).

Billones sin transparencia

En 2006 operaban unas 2,158 sociedades o fondos de inversión colectiva con activos financieros próximos a 1,7 billones (trillion) de euros  (2,18 billones de dólares), además, Luxemburgo tenía registradas unas 15,000 sociedades de cartera o holdings, más un buen número de compañías  aseguradoras y de compañías de reaseguros, según datos de la Oficina estadounidense referida. Actualmente los  miles de H.29 existentes se utilizan menos como instrumento de control de un grupo de sociedades, ya que los operadores financieros prefieren recurrir a las “sociedades de control de participaciones”, que es la denominación educada de las SOPARFI; mientras que los H.29 son preferidos por los acaudalados particulares para la gestión de patrimonios privados porque las rentas generadas no tributan en el Gran Ducado, aunque puedan tributar en el país de origen del accionista si son declaradas. 

De ahí que sean más instrumentos de gestión patrimonial que elemento de la estrategia fiscal de las corporaciones; dato en que se apoya la oligarquía luxemburguesa para considerar injustificado que estos holdings sean considerados  como  practicas fiscales perjudiciales,  que políticamente  Luxemburgo no está  dispuesto a suprimir.  Pero, tras cuatro años de investigaciones, en Julio de 2006 los servicios de la competencia de la Comisión europea alcanzaban la conclusión de que estos holdings son un mecanismo contrario a la norma de la competencia, pero sin imponer ninguna penalización a Luxemburgo. La Comisaria de la Competencia pedía a las autoridades luxemburguesas que eliminaran este régimen fiscal antes de finalizar 2006 pero el plazo oficial llega hasta 2010, aunque el ministro luxemburgués del Tesoro subrayaba que estas estructuras no tienen ahora la importancia que tenían porque se “destinan solo a la gestión de fortunas familiares”.  Y por otro lado, las SOPARFI también ofrecen ventajas fiscales.

De ahí que la Agencia Carlton Press en Internet  ofrezca la constitución de una sociedad SOPARFI en Luxemburgo por un coste de 10,999 dólares estadounidenses, incluyendo la constitución, las tasas gubernamentales, las tasas del primer año, agente autorizado, directores testaferros, etc.; siendo suficiente un accionista y tres directores con exención fiscal offshore y abono de una tasa anual de 150 dólares (datos al 4 Feb 2006)  Esas estructuras que no sólo son un instrumento para la reducción de ingresos fiscales de sus socios europeos sino que su funcionamiento permite garantizar el anonimato a los políticos y funcionarios corruptos que utilicen este tipo de sociedad. Desde luego, es obvio que la relevancia internacional de Luxemburgo se corresponde más con estas ventajas comparativas que con su dimensión geográfica o cultural, que abarcan entre otras cosas un buen número de convenios internacionales suscritos fuera del ámbito de la UE.  Como ejemplo de su influencia internacional, la Agencia para la transferencia de tecnología financiera de Luxemburgo, cuyo presupuesto para 2004 superaba los dos millones de euros, viene prestando asistencia técnica a los gobiernos y bancos de países del Este y Balcanes como República Checa, Rumania, Bulgaria, Croacia, Bosnia, Macedonia y también a Rusia, Ucrania y Egipto, contribuyendo con su experiencia y conocimientos técnicos a modelar los sistemas financieros ruso y chino.-




[i] Almirón, N. Juicio al Poder. El pulso de la Justicia con el SCH. Temas de Hoy, 2003, pp. 59-60
[ii] CIA, Febrero 2005. Los datos sobre estimaciones del PIB  y población del país o territorio se han obtenido en 2007 de la CIA The World Facts en https://www.cia.gov/cia/publications.
[iii] 2007 INSC Report. Algunos datos financieros y sobre todo la información del apartado dedicado al blanqueo de capitales sobre los países y territorios analizados provienen del Informe 2007 (y excepcionalmente  2006 y 2005) del Bureau  for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. U.S. Department o State. International Narcotics Control Strategic Report. Volume II. Money Laundering and Financial Crimes Countries reports. March 2007, disponible en http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2007/vol2/.  Como se suele traducir en otras publicaciones, nos referimos siempre a este organismo como la Oficina contra el Narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU y a sus informes anuales con las siglas INCS Report.
[iv] La relación de centros offshore del Informe del Foro de Estabilidad Financiera se encuentra en dos Informes del FMI: OFCs. IMF Background paper y OFCs; y The Role of the IMF ambos de 23 de Junio de 2000.
[v] La relación de paraísos fiscales de la OECD y modificaciones posteriores se encuentran en OECD, Harmful Tax Competition: an Emerging Global, 1998 y Towards Global Tax Cooperation, 2000 y posteriores informes de progreso.
[vi] N°  2311 registrado el 30 de Marzo de 2000. ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE.  Rapport d'information par la Mission d'information commune  sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe. President M. Vincent Peillon, Rapporteur M. Arnaud Montebourg, Députés. Tome I  Monographies Volume 5 - Le Grand Duché du Luxembourg.
[vii] 2007 INCS Report.

martes, 7 de octubre de 2014

“Goldman cobraba por guardarle el maletín al Santander”


Como muestra el informe difundido por Propública, la organización de periodismo investigador estadounidense, las grabaciones secretas de Carmen Segarra, la economista portorriqueña graduada en Harvard, son como una mirada sin precedentes al interior de Goldman Sachs, una de las entidades más poderosas y secretas de los EEUU y del mundo.

Como parte de los planes de reforma financiera, la Reserva Federal de Nueva York – parte de la Reserva Federal de Washington - había encargado un informe altamente confidencial al profesor de la Universidad de Columbia David Beim, que identificaba las causas de los fallos en los años previos a la crisis y exponía recomendaciones específicas sobre cómo el supervisor bancario podría solucionar sus problemas de funcionamiento. La Fed, el Banco central en Nueva York, intentaba convertirse en un regulador más fuerte sobre los megabancos para prevenir otra crisis financiera como la que se había llevado por delante Lehman Brothers en 2008.

A finales de 2011, Carmen Segarra fue contratada por la Fed de Nueva York como integrante de una nueva ola de auditores bancarios independientes para examinar las interioridades de los megabancos. Y siete meses más tarde, era despedida por diferencias con sus superiores sobre su informe negativo de Goldman Sachs, que ha generado un pleito pendiente del tribunal de apelación.

Pero antes, al encontrarse con unas relaciones promiscuas entre el supervisor bancario y los grandes bancos, Segarra había adquirido una pequeña grabadora con la que había grabado en secreto sus conversaciones profesionales como auditora, que ahora se han hecho públicas. Y  que han hallado gran eco en ciertos medios estadounidenses, porque nos permiten comprobar que el regulador bancario mantenía unas relaciones de connivencia con los grandes bancos supervisados. Un panorama poco tranquilizador como señalan los analistas.

 Las autoridades españolas autorizaron las trampas del Santander

Uno de los relatos en las grabaciones referidas concierne a la crisis bancaria europea y concretamente a la gran banca española. El viernes 6 de enero de 2012 a las 3:54 de la tarde, un alto funcionario de Goldman Sachs envió un correo electrónico a los reguladores de la Fed in situ – entre estos Segarra -  para notificarles algunos pormenores de una transacción en rápido movimiento con un gran banco español, el Banco Santander. Aunque los reguladores españoles habían autorizado ya el acuerdo, Goldman lo notificaba a sus propios reguladores estadounidenses para ver si tenían alguna objeción o querían alguna aclaración.

En ese momento, los bancos europeos se tambaleaban, particularmente los españoles (contrariamente a lo que se informaba oficialmente entonces en España). Para apuntalar la confianza en el sistema, la Autoridad Bancaria Europea exigía que los bancos se dotaran de más capital propio para compensar posibles pérdidas futuras. El cumplimiento de estos requisitos de capital estaba en el corazón de la operación Goldman-Santander.

Conforme al acuerdo aprobado por las autoridades españolas, el Banco Santander transfirió parte de las acciones que poseía en su filial brasileña a Goldman Sachs, reduciendo así efectivamente la cantidad de capital necesario del banco español para cumplir la normativa recién establecida por el Gobierno español. A cambio de una comisión del Banco Santander, Goldman mantendría las acciones durante unos pocos años y luego las devolvería. El acuerdo permitía al Santander proclamar que había alcanzado el ratio de capital requerido, seis meses antes de la fecha límite.

Para Goldman Sachs la tarifa a percibir fue de 40 millones de dólares más los cientos de millones que potencialmente podría ganar negociando con el gran número de acciones que Goldman tendría a su disposición. Los expertos de la Fed, según el informe, reconocen que la operación era “perfectamente legal” pero obviamente ayudaba al Banco Santander para aparecer más sólido de lo que estaba en aquellos momentos.

Según el referido informe, el Banco Santander y Goldman Sachs se negaron a responder a preguntas detalladas sobre el acuerdo alcanzado. Y al escuchar las grabaciones de Segarra, un alto funcionario de la Fed de Nueva York comentó que era como que “Goldman cobraba por guardarle el maletín al Santander”.-


jueves, 11 de septiembre de 2014

Una zorra para guardar el gallinero

El ascenso de Jean Claude Juncker desde el cargo de Presidente del Eurogrupo, y coautor de los planes europeos de austeridad,  al cargo de Presidente de la nueva Comisión Europea, como anticipamos en este blog, tenía que significar ante todo el progreso del dominio financiero sobre la actual Unión. Bastaba recordar su biografía y cómo había mejorado la fachada mediática de su Luxemburgo, el prestigioso paraíso financiero y fiscal por  donde ha pasado y pasa gran parte del dinero sucio de la corrupción política española y otras nacionalidades, gracias al rasgo básico de la opacidad.

Consecuentemente, para un puesto clave y en un momento clave, el Presidente electo propone como comisario para los serviciosfinancieros y la unión bancaria, al británico Jonathan Hill, un reconocido lobista del sector financiero que tendrá a su cargo la regulación financiera y la vigilancia de su cumplimiento. Lord Hill fue uno de los fundadores de Quiller Consultants y ha defendido los intereses muy particulares de una amplia gama de clientes, entre otros, grandes firmas del sector financiero como el HSBC.

De acuerdo con su declaración de intereses para la Cámara de los Lores, sigue todavía teniendo acciones en el grupo empresarial Huntsworth plc.,  al que pertenece Quiller Strategic Communications Consultants, una relevante agencia de lobby y de “comunicación estratégica” o de relaciones públicas,  con gran experiencia en la labor entre bastidores y en campañas mediáticas para crear estados de opinión favorables a la City londinense, como describo y analizo en el capítulo “Los lobbies de la City” de mi libro.

Esa propuesta del nombramiento del británico Jonathan Hill para la nueva cartera de Estabilidad financiera, Servicios financieros y Mercados de capitales en la Comisión Europea, es calificada como una provocación por elportavoz de Los Verdes en Economía y Finanzas, Sven Giegold, alguien que como eurodiputado ha trabajado intensamente en el avance de la regulación del mercado financiero.

Sería poner “una zorra a guardar el gallinero”,  subraya Sven Giegold, un amigo con  quien compartí años de dedicación a la creación de Tax Justice Network. Y añade que Lord Hill, con sus contactos bien desarrollados en Londres y en la industria financiera global estaría en una posición clave para influir en el futuro  de la regulación del mercado financiero europeo.

Desde luego, a estas alturas resulta incomprensible que un político británico de la derecha conservadora pro-City,  sea propuesto para la toma de decisiones en el desarrollo de la unión bancaria como regular la disolución de los bancos europeos que fracasen y el proceso de separación de banca comercial y banca de inversiones, etc.; con la paradoja de que proceda del Reino Unido, que optó por no participar en el mecanismo de resolución bancaria de la UE.

Precisamente, durante los últimos años, una alianza de todos los partidos del Parlamento Europeo – dice Giegold -  ha estado presionando por una más estricta regulación financiera. Y Michel Barnier, el comisario saliente de esa cartea, aunque perteneciente a la derecha francesa,  a menudo ha sido apoyado por el Parlamento Europeo a este respecto. Además,  Lord Hill tendrá que enfrentarse a una sesión difícil ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del PE, para la ratificación de su nombramiento. Porque resulta que la ex-presidenta de esa comisión parlamentaria, Sharon Bowles, haya dejado este puesto por la Bolsa de Valores de Londres (LSE) mediante el no-regulado proceso de la puerta giratoria, tan habitual en el plano europeo.

Desde la opinión publicada española, como un eco de la visión seudo patriótica que tiene de Europa el actual gobierno, la atención parece centrarse en la asignación de la cartera de Energía y Medioambiente al polémico eurodiputado de la rancia derecha española, Arias Cañete, con intereses en dos empresas petroleras y una lamentable gestión ministerial en los asuntos medioambientales. Sin embargo, conviene recordar que, tras “las reformas” nos  han dejado el sistema bancario español en manos de unas cuantas grandes entidades privadas, que se regirán por las normas que decidan en Bruselas y no en Madrid.- 



martes, 2 de septiembre de 2014

Las SOCIMI, un éxito financiero de los lobbies

Las SOCIMI llevan ya invertido más de 1600 millones en el mercado inmobiliario español, según la prensa económica. SOCIMI es el acrónimo de las Sociedades (anónimas) Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Aunque estas empresas estaban reguladas desde 2009, se han expandido en la Bolsa tras la reforma normativa de 2012, promovida de modo opaco por un lobby financiero europeo en la sombra, la. EPRA (European Public Real Estate Association).

                        Un nuevo negocio financiero-inmobiliario

Estas sociedades de inversión inmobiliaria que han salido este año a Bolsa compran oficinas, centros comerciales y naves logísticas, sobre todo. Y  según las informaciones de la prensa española, las SOCIMI  están animando el mercado del ladrillo, con las cuatro mayores —Hispania, Lar, Merlin Properties y Axia— que se estrenaron este año. Y desde su salida a Bolsa, han realizado ya inversiones por valor de más de 1,600 millones de euros.

Como compañías propietarias de activos inmobiliarios están sometidas a ciertas obligaciones, entre ellas,  mantener los inmuebles que compran en su cartera al menos tres años y repartir dividendo todos los ejercicios.  “Como es natural” a cambio de estos condicionantes, disfrutan de exenciones fiscales y bonificaciones. Fueron algunos de los remedios para que los bancos se liberaran del peso muerte de los inmuebles invendibles.

Pero la investigación periodística no alcanza a averiguar quienes están detrás de este nuevo negocio financiero. Como tampoco nos contaron antes las negociaciones del gobierno español con un lobby financiero para la modificación de su legislación.

Porque la primera regulación de las SOCIMI de 2009, perseguía facilitar en España la existencia de un sector de empresas cotizadas muy desarrollado en países como Francia y en Estados Unidos. Sin embargo, no cuajaron hasta que se introdujeron cambios normativos a medida de las exigencias de los mercados financieros. Y en septiembre de 2012, el actual gobierno redujo los requisitos de constitución (menos capital social, más posibilidad de endeudarse y menos exigencias sobre el número mínimo de activos, entre otros); y también aumentaron las ventajas fiscales para los inversores. Se trataba de ampliar la  gama de ayudas gubernamentales a la banca española para que se liberara del lastre del parque inmobiliario invendible, que provenía de promotores y propietarios sobreendeudados. Obviamente estas ventajas legales han generado el nuevo negocio financiero – inmobiliario con siete SOCIMI autorizadas para cotizar y dispuestas a  comprar.

¿Cómo nacieron estas nuevas empresas financieras en España?

Pues gracias a los lobbies extranjeros, que con la crisis económica intensificaron su labor en España, unos más conocidos y otros menos, cuyos contactos apenas han atrajeron a la prensa local. A los gobiernos españoles les ofrecían soluciones o servicios, entre otros objetivos, para dar salida al stock de viviendas, centros comerciales y solares sin compradores, a  los activos inmobiliarios llamados tóxicos.

La legislación española aprobada en 2009 (en la etapa de Zapatero) para las inversiones en propiedades inmobiliarias, mediante la creación de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que no logró su objetivo. Esa legislación no dio resultado porque no logró contar con posibles inversores foráneos puesto que su diseño no tenía el respaldo de la citada organización internacional, la EPRA, y dada la ausencia de atractivo para los inversores al tener que tributar.

Pero en junio de 2012, una representación del gobierno español se reunía con representantes de la EPRA (European Public Real Estate Association), una Asociación europea que promueve la cotización en bolsa de propiedades inmobiliarias. Y de esas reuniones salió la nueva regulación jurídica de las SOCIMI como un instrumento para resolver el endeudamiento de los bancos derivado de la explosión de la burbuja,  según venia a decir la noticia en la propia web de la Asociación. El principal ejecutivo Philip Charls y el director financiero, Gareth Lewis estaban “haciendo lobby sobre el gobierno español” para desarrollar un régimen jurídico sui géneris para la SOCIMI ((Real Estate Investment Trust o REIT en su terminología) que contribuyera a superar la paralización del sector inmobiliario mediante las inversiones en sociedades cotizadas. ([i])  Es uno de tantos ejemplos de la actividad de los lobbies financieros en España como he contado en mi libro.

La citada organización, autodefinida como asociación sin ánimo de lucro,  está ligada a grupos financieros y tiene su sede en Bruselas. Y se ofrece a los gobiernos sus expertos para la introducción de nueva legislación favorable a las inversiones inmobiliarias y avalando ante los inversores extranjeros el régimen jurídico establecido.

Pero tras los contactos de la EPRA  con el gobierno Rajoy y aceptadas las sugerencias  del citado lobby, surgió la legislación de 2012 que diseña estas SOCIMI como un instrumento de inversión inmobiliaria con nula fiscalidad.  

 ¿Para las Inversiones españolas o extranjeras o para las dos cosas?

Como apuntaban recientemente los análisis de un economista de un periódico digital, gran parte de las nuevas inversiones en España son inversiones de ida y vuelta, como en últimos los tiempos de Franco. El dinero generado en España, legal o ilegalmente, y ocultado en Andorra, Suiza, Jersey o Luxemburgo u otro paraíso fiscal, regresa al país de origen contabilizándose como  nueva inversión extranjera. De modo que el dinero de los Pujols, de los Bárcenas o de los Matas y de muchos otros “honrados” personajes puede ser repatriado mediante inversiones “exteriores” en inmuebles o en negocios en España en un entorno que controlan y conocen. Todo gracias al anonimato de las sociedades instrumentales, ficciones jurídicas, registradas en aquellos países que ofrecen la cuasi- imposibilidad de la identificación del titular del dinero. Las SOCIMI podrían ser una de tantas vías para esas inversiones extranjeras de ida y vuelta.- 


[i] European Public Real Estate Association, EPRA lobbies Spanish government over REITs to help fix debt crisis,8/6/2012 en  www.epra.com

martes, 5 de agosto de 2014

Mentiras,verdades y negocios sobre el default de Argentina

En un país como España que acumula una deuda soberana equivalente ya al valor de su producción anual de bienes y servicios (PIB) y con un crecimiento un tanto raquítico, la complicada situación de Argentina (si está o no en suspensión de pagos o default para argentinos), merecería análisis menos sesgados en algunos grandes medios convencionales. 

Porque, para empezar, se pretende ignorar el hecho de que una vez emitida la deuda pública se compra y se vende como cualquier otra mercancía; y los instrumentos de la deuda soberana son hoy uno de los negocios financieros más florecientes. Y cuando un fondo de inversiones no busca la rentabilidad comerciando con bonos soberanos adquiridos sino que intenta obtener esa rentabilidad del propio Estado emisor, intentando su abono al valor nominal más los intereses recurriendo a presiones de cualquier tipo, tenemos a un fondo buitre, calificativo que no admiten muchos ortodoxos. Pero esa es la línea de negocio que siguen esos fondos especulativos que acosan a Argentina desde hace varios años y que han creado la complicada situación actual.
                                                     

A menudo se subraya que la Argentina se declaró en suspensión de pagos en 2001, pero se omite el dato que la enorme deuda que pesaba sobre los gobiernos se había acumulado desde la dictadura militar y se había acrecentado por las medidas neoliberales aplicadas durante diez años por el presidente Carlos Menem al dictado del FMI. Como también se suele omitir que en 2005 y 2010 el gobierno argentino acordó la reestructuración de esa deuda acumulada con el 92,4 por ciento de los tenedores de los bonos, que aceptaron el canje de bonos antiguos por los nuevos con recortes del 40 y el 70 por ciento del valor nominal; pero al mejorar las políticas, crecer la economía y la coyuntura mundial, los resultados fueron beneficiosos para ambas partes.

Los problemas surgieron porque un 7,6 por ciento de los bonistas no aceptaron aquel canje de bonos acordado; y vendieron sus bonos devaluados a un grupo de fondos buitres que los adquirieron a 20 centavos el dólar, unos 325 millones de dólares que ahora representan 3250 millones, según algunas fuentes. Y comenzó el acoso implacable de estos fondos buitre liderados por MNL Capital, domiciliado en Las Caimán,  filial de Elliot Management, un fondo de inversiones de alto riesgo (hedge fund),  propiedad del multimillonario Paul Singer, un influyente y acreditado depredador financiero desde Perú al Congo-Brazzaville. Y desde hace años, los últimos gobiernos argentinos hacen frente a la presión de esos fondos buitre que ha incluido la creación de un lobby financiero en los EEUU, la  ATFA (American Task Force Argentina) que, entre otras tareas, ha fomentado la sesgada imagen exterior de Argentina (véase la web oficial de ATFA); el secuestro en Ghana de la fragata escuela Libertad o la ristra de pleitos contra ese país del Cono Sur.

En esta última fase, han logrado que un juez de Manhattan obligue a Argentina a pagarles 1500 millones de dólares a estos fondos, el valor nominal más intereses de los bonos rebajados que compraron; algo que en algún caso supone una ganancia del 1600 por cien, según datos del gobierno. Pero si Argentina pagara esos 1500 millones antes de acabar 2014, en virtud de la ley argentina y de la cláusula de igualdad de trato de los acuerdos de reestructuración (RUFO), las reclamaciones de los tenedores de los bonos reestructurados podrían alcanzar la cifra de 120,000 millones, lo que sí supondría la suspensión de pagos del país.

Lo cierto es que para expertos estadounidenses este fallo judicial favorable a los fondos buitre, resulta cuando menos discutible. El premio Nobel Joseph Stiglitz señalaba también la debilidad de los argumentos de la decisión del tribunal; y destacaba que resulta revelador que el FMI, el Departamento de Justicia de EE.UU. y las ONG de lucha contra la pobreza coincidan en la oposición contra los fondos buitre, (La victoria de los buitres, articulo en Project Syndicate, 4/9/2013)

Finalmente, para complicar más las cosas, el mismo juez neoyorquino ha impedido en julio al Banco Mellon de Nueva York, que es el gestor  de los pagos argentinos, el abono a los tenedores de bonos de los 539 millones de dólares de intereses que Argentina entregó en plazo a ese Banco. De ahí la interrogante, ¿puede un juez provocar la suspensión  de pagos del Estado argentino? Desde luego hasta el momento de escribir este artículo no puede decirse que ha sido declarada por el gobierno. 

Pero hay otro asunto generalmente ignorado por la opacidad del mundo financiero. Y es que, entre tanto, siguen en paralelo otros negocios financieros, porque estos fondos especulativos, que disponen de abundante liquidez, buscan oportunidades en el mercado de derivados del crédito donde se cruzan apuestas sobre las contingencias que afectaran al crédito del que derivan. Son los conocidos CDS (credit default swap) o permutas de impago de créditos, una suerte de seguro  sobre el bono soberano adquirido frente al impago de los intereses o del capital (pero carente de regulación ni control público), un contrato convertido en activo financiero que se compra y vende en estos mercados financieros opacos y extrabursátiles.

Por un lado, como se trata de un mercado de notoria volatilidad, le impactan las noticias y rumores espontáneos o fabricados por los propios fondos buitre o medios afines, que dificultan la financiación exterior del país afectado ofreciendo una imagen nociva o distorsionada de su situación. Lo que explicaría el alarmismo y la confusión reflejada en ciertas informaciones o los comentarios repletos de verdades a medias y también de mentiras sobre Argentina en este caso, aprovechando la complejidad de los intereses en juego.

Por otro lado, el hecho es que la decisión judicial haya impedido el pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados, ha acentuado en los últimos días las  bajadas en las cotizaciones de los bonos argentinos en los mercados; y al mismo tiempo ha provocado subidas en el coste de los “seguros” de esos bonos, que los días 1 y 2 de agosto dispararon  la prima de riesgo de los CDS soberanos argentinos, de los cuales ciertamente una buena cantidad se dice que está en poder de esos propios fondos buitre o de entidades allegadas a sus dueños. Por lo pronto, la asociación gremial  que regula  privadamente este mercado de derivados CDS, la ISDA (International Swaps and Derivatives Association), ya ha declarado que ese  impago de intereses por Argentina, aunque sea a causa de la orden judicial, es una “contingencia de crédito” (crédit event), lo que faculta a que los tenedores de bonos con CDS soberanos argentinos requieran el pago del “seguro” a la contraparte apostante. Y esas liquidaciones de los CDS ascenderán a un billón (trillion) de dólares según Bloomberg (Argentine Bonds Decline as Default Triggers $1 Billion of Swaps,  2/8/14); es decir, estos fondos buitre habrán logrado pingües beneficios en la cuantía que les toque.

Más aún, como la contraparte de esas apuestas de los derivados CDS suelen ser los grandes bancos, se podrían explicar las noticias de que algunos grandes bancos estén gestionando un posible arreglo del conflicto entre fondos buitre y el gobierno argentino, una inesperable “ayuda”.

Y es que las complejidades del funcionamiento de estos mercados financieros desregulados y descontrolados por el poder público, colocan con frecuencia a los gobiernos en posiciones complicadas, cuando no de debilidad y hasta de subordinación a los mercados  globales que intentan gobernarnos.                                                         

                                                (Artículo publicado Zona crítica en eldiario.es  4/8/2014)
Adición.

El titular de la Comisión Nacional de Valores de Argentina afirma que existen pruebas contundentes para imputar al juez de Nueva York Thomas Griesa y a los acreedores, porque se cree que bloquearon los pagos de la Argentina para cobrar seguros CDS del default. Además, explicó que "estas prácticas son tomadas como delitos penales en Argentina y en Estados Unidos

Noticia en
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/piden-investigar-a-griesa-y-a-los-fondos-buitres-por-delitos-penales-5081.html



domingo, 20 de julio de 2014

La potencia de fuego del lobby financiero

 En los últimos tiempos, ha crecido la atención al peso de las finanzas sobre la Unión Europea que le venía prestando el Observatorio de las Corporaciones en Europa, Corporate Europe Observatory (CEO). Esta fundación sin ánimo de lucro, residente en Ámsterdam, constituye un grupo activista y de investigación que trabaja para exponer y denunciar la desmesurada influencia de que gozan los grandes grupos empresariales, incluidos los bancos y firmas financieras, en la elaboración de las políticas de la UE. Con noticias, campañas e informes este Observatorio denuncia lo que muchos venimos criticando desde hace más de una década, particularmente la captura de Bruselas por los grupos financieros que controlan los procesos de decisiones europeas. Un control que ha llegado al punto en que el Presidente del Banco Central Europeo, un hombre de Goldman Sachs, sea el gobernante europeo con mayor poder e influencia que ejerce, por ejemplo, sobre el nivel de la mal llamada prima de riesgo o nivel de rentabilidad (yield) exigida por los inversores a los bonos soberanos españoles en el mercado secundario; y cuya bajada se atribuye a si mismo el gobierno español actual.

Sobre la tremenda influencia de la banca sobre las instituciones europeas, hace unos meses este Observatorio ha publicado un informe con el título de The fire power of financial lobby,disponible en pdf, del que ofrecemos traducida la introducción:  

“La enorme influencia y el poder destructivo de los mercados financieros se hicieron evidentes con el colapso económico mundial de 2008 que alimentó una crisis financieras de la que Europa aún tiene que recuperarse. Estos hechos pusieron de manifiesto la extrema necesidad de normas más estrictas en los mercados financieros. Pero la reforma ha resultado difícil, particularmente debido al éxito de las campañas emprendidas por el lobby financiero en la Unión Europea, con su "potencia de fuego" para resistir las reformas que le desagradan, ha sido demasiado evidente en cuestiones como la regulación bancaria, los derivados, las agencias de calificación de crédito, las normas contables, y muchas más.

Los resultados son impresionantes. En total, el sector financiero gasta más de 120 millones de euros al año en cabildeos en Bruselas y emplea a más de 1.700 lobistas. El sector financiero presionó sobre la regulación post-crisis  de la UE a través de más de 700 organizaciones de lobby; superando en número a las organizaciones de la sociedad civil y a los sindicatos por un factor de más de siete, con un predominio aún más fuerte cuando se tienen en cuenta la cuantía de los gastos del lobismo y personal. En suma, el lobby financiero supera masivamente en gastos a otros intereses (públicos) en términos de grupos de presión de la UE, por un factor de más de 30.

En el curso de nuestra encuesta  siempre tomamos las cifras más conservadoras, con el fin de que resulte una estimación segura. Los números reales son probablemente mucho más altos. Esta subestimación se debe también a la falta de un registro obligatorio en el ámbito de la UE que proporcione información fiable para un seguimiento adecuado del lobismo del sector privado. Por último, una mirada a la presencia del lobby financiero en los grupos de asesores oficiales en la UE, que ayudan a conformar las políticas, revela su predominio masivo, en el que estaban dominados por el sector financiero 15 sobre 17 grupos de expertos que se incluyeron en la investigación. En suma, el lobby de la industria financiera dispone de enormes recursos y disfruta de acceso privilegiado a quienes toman las decisiones. Teniendo en cuenta el fracaso en abordar de raíz algunos de los problemas en el corazón de la crisis financiera, y el impacto negativo de la crisis sobre los ciudadanos europeos, esta situación representa un grave problema democrático que los políticos deben abordar con rapidez, especialmente para evitar la repetición.”

El referido informe  sobre los grupos de presión en la UE aporta detalles de interés  y abunda en el análisis que se ofrece el capítulo  sobre La lobicracia de Bruselas  en el libro Los lobbies financieros, tentáculos del poder.-