martes, 10 de abril de 2018

Draghi y el G-30: el lobismo financiero global


La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos, en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha consolidado la expresión lobicracia europea; y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido. Tras una investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión Europea, la irlandesa Emily O'Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE, Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger al  Banco y a su Presidente de cualquier percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo el Defensor del Pueblo recomienda que en adelante los futuros presidentes del BCE no se conviertan en miembros del G30.


Un club privado llamado el  Grupo de los 30 

El G-30 se autodefine como una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter consultivo en asuntos monetarios y económicos internacionales a la que se accede por invitación, con sede en Washington D.C., curiosamente en la calle K, muy conocida por acoger la domiciliación de las agencias de relaciones públicas, de estrategia y comunicación política. Y es que en realidad es que se trata de un distinguido lobby financiero global, que agrupa a un reducido número de presidentes de bancos centrales, altos ejecutivos de destacados grupos bancarios y relevantes académicos; y cuyas deliberaciones secretas abordan asuntos de trascendencia mundial. El G30 fue creado en 1978 por grandes corporaciones financieras, oficialmente como un grupo de expertos y un foro para intercambios informales entre líderes de las finanzas, públicas y privadas. Sin embargo, el grupo pronto ofreció signos de su actuación como lobby en el mundo financiero global, presionando intelectual y políticamente en favor de un tipo de regulación que favorece a los grandes actores en los mercados de capitales, casi siempre con representantes de los grandes bancos como voceros.

Al frente del G 30 se encuentra Jacob Frenkel como presidente de consejo de fideicomisarios (the Board of Trustees), labor que compatibiliza con su dedicación de presidente de JP Morgan Internacional. Y el Grupo está presidido por Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro del gobierno de Singapur, ministro coordinador de las políticas económicas y sociales y asimismo presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), de su Banco central y del Regulador financiero. Como tesorero del G-30 hallamos a Guillermo Ortiz que es el actual presidente del BTG Pactual Latin America ex-Brazil, un gran banco financiero y de gestión de patrimonios en Latinoamérica. Entre los restantes miembros del selecto grupo, hemos de destacar también a Axel Weber, ex presidente del Banco central alemán y actual presidente del grupo  bancario suizo UBS y presidente del Instituto Internacional de  Finanzas, primer lobby de la gran banca con sede asimismo en Washington D.C.

Mario Draghi se unió al G30 en 2005 cuando aún era un alto ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs. En aquel momento, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet estaba integrado en dicho Grupo; y cuando Draghi reemplazó a Trichet en el Banco de Fráncfort, ambos permanecieron como miembros. Y en los últimos años, ha habido muchos indicios de que el BCE estaba intensificando su participación, con varias personas de los órganos rectores que aparecen en eventos del G30 y participando en sus grupos de trabajo.

La independencia del BCE y Supermario

Conviene recordar que el Banco Central Europeo es el único banco del mundo cuyos poderes no dependen de un Estado y que su independencia está garantizada jurídicamente nada menos que por un tratado internacional. Lo que hace que esta vinculación del Presidente del BCE con el Grupo de los 30, un club exclusivo que ejerce de lobby financiero, resulte más odiosa y más inaceptable aún, es que esa vinculación ha tenido lugar en paralelo a una expansión del mandato del BCE. Tras la crisis financiera de 2008, y al asumir la supervisión de los bancos más grandes de Europa, el BCE ha consolidado y fortalecido su relación con muchos de ellos en el G30, suscitando la preocupación de que esos grandes bancos hayan podido ejercer una influencia indebida sobre las políticas del Banco, detrás del escenario de crisis y recesión económica en la UE, como fuente de consenso tácito. Y en estos cambios ha jugado un papel decisivo Mario Draghi.

Ya en 2011, cuando Mario Draghi llegó al BCE suscitó inquietudes en Alemania sobre la política que seguiría con el euro. Pero ciertamente Draghi no se quedó en la política monetaria estricta sino que, además, aplicó una batería de medidas no convencionales que han revolucionado el papel del Banco Central del euro en la economía y en la política comunitaria. A finales de julio de 2012, cuando la conocida como prima de riesgo de España estaba por las nubes, con el bono español a 10 años por encima del 7% y con el Ibex 35 cayendo 6 puntos por sesión, Draghi pronunció la frase que sirvió de apoyo para giro en las políticas del BCE cuyos límites no han tocado techo hasta hoy: «El BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente».  (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”). Incluso quienes le pusieron entonces el apodo de «Supermario» no sospechaban siquiera que llegaría a realizar compras mensuales de activos públicos y privados por valor de 80.000 millones de euros, rescatando a la banca  europea de modo soterrado. Muchos analistas le acusan hoy de haber convertido el BCE un el gran «banco malo» de Europa, sufragando la socialización de pérdidas de la banca de los Estados deficitarios que se encontraron con dificultades para ajustarse a la nueva realidad económica con cargo al sufrido contribuyente.

La decisión del Defensor del Pueblo Europeo de pedir al presidente del Banco Central Europeo que cancele su vinculación a un club opaco y exclusivo, dominado por las corporaciones financieras, es un paso significativo hacia el fin de una cultura de colusión secreta entre los reguladores y los grandes bancos. Aunque esta decisión no supone el final de la Europa opaca de las finanzas.

La decisión del  Ombudsman europeo: mala administración

A juicio del Defensor del Pueblo de la UE la vinculación del BCE al G-30, a un lobby de banqueros y financieros de alto rango, se considera contraria a las normas del BCE en sí misma; y el hecho de que esto se haya permitido durante tanto tiempo, equivale a "mala administración”, según razona este órgano supranacional europeo; algo que "podría socavar la confianza pública en la independencia del BCE". 

Los razonamientos de citada recomendación del Ombudsmaneuropeo resultan aplicables a las demás instituciones europeas:

“Los principios de la buena administración requieren que el desempeño objetivo e imparcial de quienes ejercen un cargo público no se vea influido, o incluso parezca estar influido, por las relaciones privadas. El hecho de que los propios miembros del BCE puedan considerar que no es así, y que su independencia no está en algún modo comprometida por la pertenencia al G30, de ninguna manera mitiga el riesgo de que la confianza pública en el BCE pueda verse socavada por la percepción de que existe tal alcance de influencia. Por lo tanto, las situaciones que podrían dar lugar a la aparición de cualquier tipo de influencia indebida deben evitarse. Esto es aún más importante después de la crisis financiera, con la preocupación pública continua sobre la relación entre la industria financiera y los reguladores. Como resultado, el Defensor del Pueblo considera que sin duda ayudaría a reforzar la confianza pública en el BCE si su Presidente suspendiera su pertenencia al G30”
(…) 
La cercanía implícita de la relación a través de la condición de miembro (del G30), particularmente entre un banco supervisor y aquellos que supervisa, no es compatible con la obligación de independencia de una institución como el BCE para la cual la independencia es el sello distintivo de sus operaciones.

La independencia operacional y política se otorga intencionalmente al BCE para que pueda llevar a cabo sus funciones vitales sin interferencia, incluida la interferencia tanto política como industrial. El grado de independencia otorgado al BCE en el interés público subraya su obligación de proteger esa independencia, incluso desde la percepción de que una persona o entidad podría buscar de manera inapropiada influir en su toma de decisiones.”

Sin duda ha resultado acertado en este caso recurrir al Defensor del Pueblo Europeo como institución destinada a investigar las reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea; a la cual pueden recurrir los ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la Unión, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con domicilio legal en la Unión, que ofrece un medio rápido, flexible y gratuito de resolver problemas con la gestión de las instituciones de la UE. 

La decisión del Defensor del Pueblo no solo le pide a Mario Draghi que renuncie al G30, sino que hace hincapié en que ningún miembro de los órganos rectores, o el personal del BCE, deberían unirse como miembros. También exige que, en la medida en que el BCE tenga la intención de participar en las actividades del G30, las reuniones tendrán que realizarse bajo condiciones de fuertes salvaguardas. En algunos casos, esto requeriría un fortalecimiento de los protocolos del banco central, como en el caso del Consejo de Supervisión del BCE, cuyas reglas éticas son demasiado vagas en la actualidad para asegurar los más altos estándares cuando se trata del sector financiero.

La fundación ciudadana el Observatorio de Europa Corporativa(Corporate Europe Observatory) de Ámsterdam, promotora de la investigación y resolución del Ombudsman (Ombudswoman) europeo, además de mostrar su satisfacción con la decisión tras el trabajo de seis años, resalta la necesidad de seguir actuando para desterrar la cultura que se ha desarrollado en el BCE y en las demás instituciones europeas, que implica una relación estrecha y opaca de la tecnocracia y los dirigentes electos con los líderes de la gran banca y los grupos financieros. Con demasiada frecuencia, la necesidad de 'mantenerse informado' se usa como pretexto para adoptar un enfoque estrecho de consulta con el mundo exterior, en el que los responsables de la toma de decisiones del BCE y de la Comisión se codean con los ejecutivos de las mismas entidades financieras que han de ser reguladas para proteger y promover el interés público.

En ese sentido, la decisión del Defensor del Pueblo abre la puerta a renovados esfuerzos para eliminar otros elementos de las iniciativas de consulta del BCE, especialmente sus grupos asesores, que el Observatorio Corporativo de Europa ha demostrado que están dominados de forma masiva por la industria financiera. Después de todo, este tema no es solo sobre el G30, se trata de la captura corporativa de la toma de decisiones que se supone que se está haciendo en interés del público.-
                                                                            

domingo, 18 de marzo de 2018

Los hackers y la ciberinseguridad bancaria


A finales de 2013, un cajero automático de un banco en Kiev comenzó a dispensar efectivo en momentos aparentemente aleatorios del día; sin que nadie hubiera insertado previamente una tarjeta ni hubiera tocado un botón. Las cámaras mostraron que las pilas de dinero se las habían llevado clientes que parecían afortunados por estar allí en el momento adecuado. Pero la firma rusa de seguridad cibernética, Kaspersky Lab, llamada a Ucrania para investigar esos hechos, descubrió que la máquina errante era el menor de los problemas de aquel banco, porque aquel ataque cibernético había alcanzado a otros bancos en otros países.

Los riesgos tecnológicos y los ciberataques están afectando cada vez más al sector financiero, amenazando la integridad de los datos y la confiabilidad de las operaciones interbancarias en un sistema global interconectado. Es una de las conclusiones de los informes del Comité Conjunto de las agencias europeas de supervisión (Spring Risky Report) de abril de 2017 y de agosto de 2016 sobre riesgos y vulnerabilidades clave para el sistema financiero de la Unión Europea. Aunque no aportan datos concretos de incidencias y hackeos sufridos por los bancos de la UE, esas amenazas actuales quedan ejemplificadas por los casos de diversos bancos divulgados por la prensa internacional, que han afectado a SWIFT, la red internacional de pagos interbancarios. Una vulnerabilidad más que atañe directamente a la globalización de las transacciones bancarias y que hemos de diferenciarla claramente de los frecuentes desplomes tecnológicos de las Bolsas y los robos de algoritmos entre grandes grupos financieros.

En el caso del banco de Kiev, el informe de la firma rusa especializada Kaspersky Lab que publicó The New York Timesaseguraba que en realidad el ataque de los hackers había tenido lugar contra más de 100 bancos y otras entidades financieras en 30 países, de modo que podría considerarse en uno de los mayores robos bancarios jamás realizados y sin los signos habituales de un robo. Aunque la firma con sede en Moscú aseguró que se abstenía de nombrar a los bancos afectados debido a acuerdos de confidencialidad con esas entidades; y que llevaría tiempo evaluar las pérdidas. Las computadoras internas del banco de Kiev, utilizadas por los empleados que procesan las transferencias diarias y las contabilizan, habían sido penetradas por malware permitiendo a los ciberdelincuentes registrar cada uno de sus movimientos. Este software malicioso estuvo al acecho durante meses, enviando videos e imágenes que informaban a un grupo criminal - de rusos, chinos y europeos- cómo el banco llevaba a cabo sus rutinas diarias, según relataron los investigadores. Luego, el grupo se hizo pasar por agentes bancarios que no solo activaron varios cajeros automáticos, sino que también transfirieron millones de dólares de bancos en Rusia, Japón, Suiza, Estados Unidos y los Países Bajos a cuentas ficticias creadas en otros países.

Sin embargo, mayor eco internacional ha tenido el ataque cibernético al Banco central de Bangladesh en febrero de 2016, porque ilustra no solamente la vulnerabilidad en los sistemas informáticos internos de los bancos sino la vulnerabilidad de SWIFT, la red mundial utilizada para transferir fondos entre entidades financieras de todo el mundo Los piratas informáticos robaron 101 millones de dólares del Banco central en Dhaka, valiéndose de esta la red mundial de pagos y comunicación interbancaria. Precisamente para lograr el objetivo del acceso al sistema bancario global, los ladrones de bancos lograron cinco transferencias de la cuenta del Banco de Bangladesh en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York a principios de ese mes. Irrumpieron en un banco con menores defensas, y luego en nombre de esa entidad sacaron dinero de un banco más grande. Posteriormente, los hackers realizaron ese ataque por segunda vez, en lo que se cree que fue un banco comercial en Vietnam. Según SWIFT, se detectó malware relativamente simple en los sistemas informáticos (bancarios) de sus clientes dirigidos a un lector de pdf utilizado para verificar los mensajes de estado de cuenta. Los hackers usaron el software malicioso para eludir los controles de riesgo primarios e iniciar procesos irrevocables de transferencia de fondos, mientras manipulaban declaraciones y confirmaciones que normalmente actúan como controles secundarios.

Al principio, el ataque cibernético en el banco central de Bangladesh fue calificado por SWIFT como "un problema operacional interno" para el banco. Si un cliente corporativo de un banco en Nueva York necesita pagar a un proveedor en Roma, el banco accede a la red SWIFT para conectar el banco correspondiente en Italia y hacer el pago; y los bancos confían tanto en la autenticidad de los mensajes de SWIFT que, por lo general, se procesan automáticamente. Según las investigaciones, Bangladesh se unió a la red Swift en 1995 y durante las siguientes décadas no fueron detectadas algunas prácticas arriesgadas del Banco central; que nunca cambió sus contraseñas SWIFT. Durante ese largo período, los piratas informáticos violaron los sistemas informáticos del banco, encontraron las credenciales de la terminal de acceso a la red y ordenaron las transferencias falsas de dinero. Pero el caso es cuando SWIFT supo que los hackers usaban un software que impedía la capacidad de los clientes de imprimir los registros de sus mensajes, emitió un parche de software, pero dejó en manos de los clientes la implementación de la actualización. Y los riesgos cibernéticos han persistido como se ha revelado en otros casos.

En mayo de 2016, otro ciberataque dirigido al banco Tien Phong de Vietnam alcanzó también a la red bancaria SWIFT; descubriendo el banco que las transferencias se realizaron con la infraestructura de un proveedor externo. La red SWIFT dijo no considerarse comprometida y se apresuró a instar a clientes a revisar los controles en su entorno de pago, junto con todos sus mensajes, pagos y canales de banca electrónica. Pero este caso ofreció como novedad que el encubrimiento del malware para el ataque revelaba un amplio conocimiento del software y de los sistemas utilizados para transferir el dinero; mostrando una versión troyana del lector de pdf, que puede detectar el examen de las transacciones fraudulentas y mostrar al personal bancario datos de diferentes.

Y de nuevo, en octubre de 2017, hackers actualizados lograron sustraer 60 millones de dólares del Far Eastern International Bank en Taiwán al infiltrarse en sus computadoras. Aunque se recuperó la mayor parte del dinero y se lograron dos detenciones en relación con el ciberataque, el banco admitió que los ciberdelincuentes plantaron malware en sus ordenadores personales y en los servidores para obtener acceso a su terminal de la red SWIFT. La explicación dada fue que el software malware logró hacerse con las credenciales necesarias para controlar la terminal y disponer de los fondos del banco. Para cuando el personal se percató de las extrañas transacciones, ya se habían transferido decenas de millones a bancos en los EEUU, de Camboya y de Sri Lanka. (Hackers nick $60m from Taiwanese bank in tailored SWIFT attack. 11Oct 2017)

Los agujeros cibernéticos de la red SWIFT

Lo cierto es que durante los años 2015 y 2016, la prensa internacional fue informando de una serie de ataques cibernéticos como los reseñados, que resultaron en robos exitosos de millones de dólares, revelando la vulnerabilidad de la red bancaria internacional SWIFT. Los ciberataques, perpetrados por grupos de piratas informáticos apodados con diversos nombres por los investigadores, explotaron las vulnerabilidades en los sistemas informáticos de los bancos interconectados, que cedieron el control de las credenciales para el acceso a la red mundial. Después hicieron posible el envío de solicitudes de transferencia de fondos por esa vía a otros bancos, que asumían la legitimidad de los mensajes y los fondos a cuentas controladas por los atacantes, como en el caso reseñado del Banco central de Bangladesh.

Los hackers se colaban por los agujeros en la red de Swift, llegó a sostener The Wall Street Journal. Y es que esa serie de ciberataques bancarios recientes  plantea serias dudas sobre la seguridad de SWIFT (conocidas siglas de the Society WorldwideInterbank Financial Telecomunication) con sede central en Bruselas,  que es la red interbancaria global que vertebra los servicios de pago para más de 11,000 entidades en todo el mundo, incluidos bancos y otras corporaciones empresariales, moviendo millones de órdenes de pago bancario diariamente alrededor del planeta. La Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) es una cooperativa que administra el servicio de mensajería internacional interbancaria desde su lanzamiento en 1977; y tiene el centro de operaciones en Culpeper, Virginia. En algunos medios internacionales se ha ironizado con la seguridad severa que se aplica en estas instalaciones; se cuenta que sus baúles se inspeccionan a su llegada por guardias armados que usan espejos para revisar debajo del chasis. Y esta seguridad interna incluye un escaneo de huellas digitales, una prueba de armas químicas y un escáner de iris en las áreas más restringidas. "Es como Fort Knox", dicen; pero ahí no es donde golpean los ladrones. El hecho es que la avalancha de ciberataques ha penetrado en los bancos a lo largo del perímetro menos defendido de SWIFT, socavando la confianza en esta red global dominante. Aunque esta red global siempre ha señalado a los bancos miembros como responsables de su propia defensa cibernética en gran parte, apoyándose en el caso de las antiguas contraseñas en el Banco central de Bangladesh.

Los análisis más documentados de la cultura y las prácticas de SWIFT, que incluyen entrevistas con cierto número de antiguos empleados, muestra que la red no seguía el ritmo de los avances de las innovaciones en la tecnología de información y sus retos. Últimamente esta red interbancaria ha endurecido sus estándares, incluyendo nuevas reglas para los clientes pero resulta complicado prevenir los ciberataques, en opinión de algunos expertos. Desde enero de 2018, las entidades financieras que utilizan SWIFT están obligadas a cumplir un nuevo marco de seguridad cibernética que pretende establecer una línea de base para la seguridad; y que requiere la aplicación de controles de seguridad tales como respuesta a incidentes, mayor formación de los empleados en materia de seguridad cibernética, autenticación de múltiples factores y detección de comportamientos anómalos. Aunque las innovaciones resultan significativas, sin embargo, el sector bancario sabe bien que, a pesar de la velocidad a la que los bancos puedan transformar la tecnología aplicada, los piratas informáticos siempre van un paso por delante.

La vulnerabilidad tecnológica de los bancos

Obviamente, dado que el sistema bancario se basa en la confianza pública, las altas direcciones de las grandes entidades bancarias son reacias a hacer públicos los diversos casos detectados de ataques cibernéticos, aunque no hayan tenido mayores consecuencias económicas.  Por tanto, resulta difícil evaluar la profundidad y el alcance real de los problemas de la ciberseguridad en el mundo bancario y financiero. Lo cierto es que la red bancaria internacional SWIFT se ha negado a revelar el número de ataques cibernéticos sufridos y a publicar algún informe sobre el nivel de penetración que los hackers han logrado alcanzar en esta red.

Ciertamente, la industria financiera ha tenido problemas para seguir el ritmo de la innovación tecnológica, especialmente por su estrecha relación con la ampliación de las reglamentaciones que rigen su funcionamiento. Si bien la tecnología heredada puede parecer solo un inconveniente para los consumidores, se ha convertido en un importante riesgo de seguridad para los bancos comerciales, las compañías de seguros y sus consumidores. Al mismo tiempo, los piratas informáticos se han aprovechado de las nuevas tecnologías que desarrollar el pirateo de estos sistemas bancarios heredados, provocando respuestas defensivas. Por ejemplo, se cita a la llamada autenticación de dos factores, que es una forma casi a prueba de balas para proteger las cuentas bancarias de los consumidores. Los bancos envían un código temporal al teléfono celular del consumidor antes de permitirles iniciar sesión, lo que significa que los piratas informáticos necesitarán acceso tanto a la computadora como al teléfono celular para obtener acceso a la cuenta. A pesar de la eficacia del método, varios bancos importantes no utilizan la autenticación de dos factores para proteger las cuentas bancarias de los consumidores. (Cyber Attacks and Bank Failures: Risks You Should Know.Investopedia, 21/1/2017)

Desde luego, a medida que los ciberataques continúan afectando a las empresas y organizaciones, son los bancos los que están bajo la creciente amenaza. No hay dudas de que el delito cibernético está en su punto más alto y no pasa un día sin que una organización sufra una brecha de seguridad o que los clientes de un banco importante hayan tenido un robo en sus cuentas. Si los bancos son un blanco preferido para los ciberdelincuentes, se debe a que el resultado puede ser más lucrativo: y los bancos tienen más dinero que la mayoría de las otras organizaciones. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan los bancos hoy en día? Los expertos señalan que, si bien abundan las amenazas para los sistemas bancarios y sus clientes, una de las mayores amenazas y con frecuencia de las más difíciles de detectar, es la de los usuarios maliciosos, descuidados y comprometidos. Estos empleados, contratistas y socios ya se encuentran dentro del perímetro de seguridad de los bancos y disponen de acceso legítimo a sus datos confidenciales y sistemas de tecnología de la información. Cuando estos clientes internos abusan de su acceso privilegiado o son atacados por agentes externos, los datos valiosos se exponen fácilmente. A medida que los bancos continúan expandiendo el acceso en línea y mediante móvil, también expanden el área del ataque posible.

Proliferación de software malicioso

Paralelo al desarrollo de la tecnología de la información ha ido apareciendo en escena una extensa variedad de programas informáticos perniciosos que responden a propósitos antisociales o motivaciones complejas y diversas, a disposición de grupos o entidades que logran perturbar incluso las relaciones entre Estados. En los últimos años hemos conocido numerosas infracciones de alto perfil contra las principales entidades de servicios financieros; y el volumen y la complejidad de los ataques van en aumento. A medida que las instituciones financieras cambian a canales digitales como la banca en línea y las transacciones móviles, crecen los riesgos cibernéticos y crece la dimensión de las áreas a proteger.  Los delincuentes pueden enviar correos electrónicos de phishing (obtención fraudulenta de contraseñas y datos confidenciales de tarjetas de crédito)  o configurar sitios web falsos que engañan a los consumidores para que entreguen datos financieros confidenciales. En los últimos años han abundado las estafas mediante phishing sufridas por clientes de los principales bancos del Reino Unido.

También pueden aprovechar la información de los sitios de redes sociales para diseñar su camino socialmente en las cuentas a través del servicio al cliente. Combinado esto con el hecho de que los ataques exitosos contra bancos y firmas de servicios financieros brindan una forma rápida de monetizar los datos, y puede ver por qué los bancos y las instituciones financieras son objetivos tan populares. Desde hace tiempo se centra la atención en prevenir los ataques de denegación de servicio distribuida (conocidos por la siglas DDoS: el servidor se sobresatura de solicitudes de acceso quedando sencillamente fuera de servicio); una modalidad de ciberataques que ha paralizado en ocasiones a bancos como HSBC.

Más graves han sido los ataques mediante un tipo de software malicioso (malware) conocido  como ransomware que encripta los archivos de la entidad o los usuarios o bloquea el acceso a sus sistemas informáticos hasta que el usuario paga una tarifa al ciberdelincuente para liberarlos. El virus lanza una ventana emergente en la que nos pide el pago de un rescate, dicho pago se hace generalmente en moneda virtual (bitcoins, por ejemplo). Esta estafa explota los errores humanos y las vulnerabilidades técnicas, ya que el malware a menudo se recibe por correo electrónico a través de archivos adjuntos infestados y/o enlaces que dirigen a los usuarios a un sitio web infectado. Según informa el sitio web de la Asociación de Banqueros Americanos (ABA), en mayo de 2016, las infecciones por ransomware habían causaron más de 1.6 millones de dólares en pérdidas en 2015 para individuos y empresas de todos los tamaños de los EEUU, según el FBI.

El impacto en los bancos y empresas puede ser devastador por las posibles pérdidas temporales o permanentes de información sensible o patentada, interrupción de las operaciones, pérdidas financieras derivadas de operaciones comerciales interrumpidas y restauración de sistemas y archivos, y daño potencial a la reputación de las instituciones. Para los altos ejecutivos de la banca es objeto de preocupación la piratería informática que alcanza al sistema financiero global aunque penetre por los bancos más pequeños. El caso del Banco central de Bangladesh provocó una reunión especial de la Comisión del Presidente Obama sobre la mejora de la ciberseguridad nacional, en la que altos ejecutivos bancarios debatieron la amenaza de los ciberataques, expresando su frustración por la dificultad del combate contra los hackers: las grandes empresas estadounidenses gastan millones de dólares defendiendo sus redes informáticas de las brechas de datos y las bombas digitales potencialmente destructivas. Pero los hackers logran alcanzarles simplemente apuntando hacia bancos más pequeños y menos defendidos para obtener acceso al sistema bancario global. (Jose Pagliery , Banking industry fears hackers can too easily attack the global financial system .18/5/2016)

Riesgos y vulnerabilidades clave del sistema financiero europeo

El mencionado informe del Comité conjunto de las agencias europeas de supervisión de agosto de 2016 sobre riesgos y vulnerabilidades clave para el sistema financiero de la UE, destacaba entre estos la creciente interconexión dentro del sistema financiero, además de apuntar el entorno de bajo crecimiento y bajo rendimiento y la baja rentabilidad de las entidades financieras. Y el informe de la primavera de 2017 se centra en los desafíos continuos de esos riesgos clave y particularmente la interconexión dentro del sistema financiero. Y a este respecto el informe destaca los crecientes desafíos planteados por los rápidos avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluidos los riesgos cibernéticos. Dado el conocimiento experto de los autores de este informe técnico, subrayamos algunas afirmaciones.

“Los riesgos tecnológicos están afectando cada vez más al sector financiero”, se constata. El cambio tecnológico rápido tendrá con el tiempo un impacto significativo en los modelos comerciales existentes de las instituciones financieras. Pero deja a muchos intermediarios financieros con sistemas básicos de tecnología de la información que envejecen y con la necesidad de participar en inversiones en tecnología, agravando aún más los problemas de rentabilidad. “El riesgo cibernético amenaza la integridad de los datos y la continuidad del negocio en un sistema financiero interconectado.” En este contexto, la atención de las entidades se centra en la demanda de seguro cibernético que se espera que crezca, mientras que los productos de cobertura cibernética son todavía relativamente nuevos en el mercado, con experiencias de suscripción limitadas y falta de datos históricos.

Dicho de otro modo, si se justifican y promocionan los derivados financieros (esas armas de destrucción masiva, que dijo Warren Buffet) para afrontas las pérdidas en las arriesgadas operaciones del casino financiero, este informe europeo apunta como medio para afrontar los riesgos cibernéticos, al contrato de aseguramiento, aunque a diferencia de otros tipos de seguro, existe una gran carencia de datos históricos que puedan utilizarse para calcular y fijar las primas de ese seguro cibernético.De ahí que el informe justifique que a menudo las compañías aseguradoras apliquen condiciones restrictivas en sus políticas para contener el riesgo de suscripción de ese seguro contra el riesgo cibernético bancario. Dado que los datos históricos no son suficientes, las aseguradoras podrían usar diferentes instrumentos para limitar los riesgos de suscripción; por ejemplo, se suelen incluir exclusiones contractuales o prescribir normas mínimas de la organización que establecerá el socio contractual como requisito previo para la cobertura del seguro. Al mismo tiempo, las aseguradoras complementan sus bases de datos con nuevos aspectos de riesgos que les permiten establecer un precio adecuado cuando cubren nuevas características de riesgo.

Lo cierto es que, según el citado informe de 2017, “para todo el sector financiero, el riesgo cibernético aparece como un riesgo importante y está en aumento. El nivel y la naturaleza del riesgo difieren entre países, subsectores financieros y tipos de intermediarios. Actualmente los ataques de denegación de servicio, robo y / o manipulación de datos, software malicioso, desinformación e identificación falsa son las formas más relevantes”.

Más aún, reitera el informe que   los riesgos operacionales relacionados con los riesgos de las TIC parecen estar en aumento en todo el sector financiero. Aprovechando el potencial de las innovaciones tecnológicas, la mejora de la experiencia del consumidor y la reducción de costes, las entidades financieras europeas han aumentado su dependencia de las plataformas de las tecnologías de la información y las redes de telecomunicaciones, haciendo que las preocupaciones sobre la conectividad y la tercerización sean más prominentes. La creciente digitalización de los canales de distribución y el apetito de los clientes por los servicios "siempre activos" presiona los sistemas para adaptarse, lo que debe estar respaldado por un fuerte cambio en las prácticas de gestión. Muchas entidades confían en el envejecimiento de los sistemas centrales de TI para los procesos de negocio centrales, y a menudo se necesitan más inversiones para mantener y reemplazar dichos sistemas.”

Según manifiestan las agencias europeas de supervisión del sistema financiero en el referido informe, las entidades financieras afrontan dificultades para hacer frente a la amenaza de intrusos que obtienen acceso no autorizado a sus sistemas y datos críticos. Por lo que los casos que hemos reseñado, y muchos otros no publicitados, ilustran la sofisticación de tales ataques a los sistemas de pago interbancarios y particularmente al sistema global SWIFT; y de los robos de cuentas en línea. Por lo que urge una mayor diligencia supervisora ​​y de control de las operaciones para afrontar estos riesgos cibernéticos.-


jueves, 8 de febrero de 2018

Donald Trump: corrupción y blanqueo de capitales asociados a negocios inmobiliarios

 “Every other country goes into these places and they do what they have to do… It’s a horrible law and [the Foreign Corrupt Practices Act] should be changed.”  

"Todos los demás países van a estos lugares y hacen lo que tienen que hacer... Es una ley horrible y [la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero] debería cambiarse"  escribió Donald Trump en uno de sus tweet. Y en noviembre de 2017, en conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los EEUU calificaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero como una ley "ridícula" y  " horrible" porque dificulta que las empresas estadounidenses compitan en el extranjero. Pero esta Ley de 1977, enmendada en 1978, que prohíbe a las empresas pagar sobornos a funcionarios en el extranjero, sigue siendo una parte clave del combate de EEUU contra la corrupción mundial. Dado que esta legislación se aplica a cualquier empresa, incluidas las empresas extranjeras que tienen intercambios y conexión con los EEUU, a lo largo de los años ha llevado a juicio a numerosas las multinacionales como Siemens, Daimler AG, Halliburton y Lockheed. Y desde luego coarta la libertad de acción de los promotores de grandes torres urbanas enfrentados a entornos legislativos estrictos en algunos países.

Indudablemente, las actividades empresariales de alcance internacional, desarrolladas durante décadas por el actual inquilino de la Casa Blanca en Washington, le otorgan fundamento a su opinión en el sentido de que la legislación antisoborno estadounidense puede ciertamente representar en muchos casos un obstáculo para negocios como los inmobiliarios y afines, en los que pesan fuertemente dos factores claves como son la necesidad de financiación (a menudo ligada al blanqueo de capitales) y la intervención estatal (frecuentemente ligada a la corrupción política).

Los negocios inmobiliarios son de alto riesgo  económico y público

Para entender el gran problema político que afronta hoy el Congreso de EEUU hay que reflexionar sobre la biografía empresarial de su Presidente. Según todas las informaciones, hasta su llegada a la Presidencia las actividades empresariales de Donald J.Trump se han centrado básicamente en negocios inmobiliarios, como la adquisición de extensos solares o inmuebles, la construcción de grandes torres urbanas y su explotación comercial, aunque también haya tenido relevancia su participación en la explotación de casinos de lujo y organización de grandes espectáculos. Negocios para los que se requiere una sustancial aportación inicial de dinero generalmente ajeno o  financiación externa a medio y largo plazo. En otras palabras, son empresas que requieren la aportación de inversiones millonarias que quedan asociadas al riesgo del posterior resultado del propio negocio; es decir, a la recuperación de esas inversiones mediante la comercialización posterior de apartamentos y locales, sea por venta o alquiler. Negocios en los que la procedencia ilegal del dinero facilita el crédito y disminuye sustancialmente su coste. Es sabido que las inversiones de dinero sucio resultan más baratas para el receptor que las procedentes del dinero legal. De ahí la frecuencia  con que los grandes negocios inmobiliarios son la vía más corriente para el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción o el latrocinio. Y asimismo se ven estimulados por entornos políticos neoliberales como demostró la crisis financiera.

Más aún, son un tipo de negocio cuya rentabilidad arriesgada en alto grado que, además de demandar sustanciales cifras iniciales de efectivo, depende mucho del entorno legal vigente, puesto que exige la obtención de permisos y autorizaciones de autoridades locales, regionales o nacionales, bien para la construcción como para la dotación de instalaciones y servicios o el alquiler o venta del producto final o de la administración y gestión de las viviendas y locales comerciales resultantes. En otras palabras, la rentabilidad de los negocios inmobiliarios está ligada estrechamente con la política, la legislación y las reglamentaciones urbanísticas de cada país. De donde el logro  de facilidades de las autoridades implicadas mediante el soborno reduce los costes finales y mejora la rentabilidad del negocio. De ahí también la frecuencia con que la promoción inmobiliaria resulta asociada a la corrupción política de las autoridades y funcionarios implicados que flexibilizan la aplicación de leyes y reglamentos; o que simplemente las ignoran y toleran su inaplicación.

Unos cuantos episodios de la trayectoria empresarial de Donald Trump nos ayudaran a comprender su oposición contra la legislación estadounidense sobre corrupción. Y asimismo entenderemos por qué el lavado de dinero sucio ha sido incluido, según cuenta la prensa estadounidense, en la investigación en curso de Robert Mueller, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia para indagar sobre la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de los EEUU, que comprende a cierto número de colaboradores.

Es conocido que desde que se convirtió en presidente de los Estados Unidos, numerosas investigaciones y artículos han indagado en los negocios de Trump y sus presuntos vínculos con criminales y  personajes sombríos. Esto es relevante porque parece probable que, después de sus diversas bancarrotas, al menos una parte del imperio empresarial de Trump se haya construido sobre fondos imposibles de rastrear por su aparentemente vinculación con redes criminales rusas.

La obtención de dinero fresco: La venta de la mansión en Florida

En el libro (recomendable) de amplia difusión internacional Collusion (2017), el periodista británico Luke Harding sostiene que durante cuatro décadas el imperio inmobiliario de Trump ha funcionado eficazmente como una laundromat, una lavadora automática para el dinero de Rusia. Los fondos que salían desde la antigua Unión Soviética se desparramaban en los bloques de pisos y lujosos apartamentos de Trump. Incluso mientras el candidato Trump hacia campaña por la presidencia en Iowa y New Hampshire, sus asociados seguían insistiendo en conseguir dinero de Moscú y permiso para la construcción de una torre en Moscú, un proyecto acariciado desde muchos años atrás. De esa seria investigación periodística extraemos algunos datos muy sugerentes.

Un ejemplo significativo que se cita es la venta de la mansión de Trump en Florida, de la que obtuvo limpiamente 50 millones de dólares de beneficio. Situada en Palm Beach, en el estado de Florida, bajo el nombre francés Maison de l´Ámitié, disponía de 18 dormitorios, fuentes griegas, una enorme piscina, garajes subterráneos y un jacuzzi con vistas al océano.  En 2004 Trump la adquirió por 41 millones y cuatro años más tarde la vendió por 95. Todo un extraordinario beneficio, aun descontando la inflación, el repintado de los edificios, el atractivo de la marca Trump y los caprichos de un megarrico que buscaba invertir en los EEUU.

El comprador, un oligarca ruso, Dimitry Rybolovlev, ya estaba registrado como multimillonario por la revista Forbes y, entre otras propiedades inmobiliarias  y una importante colección de grandes pintores, años después sería el dueño del Mónaco Club de futbol. Lo curioso es que nunca llegó a pisar esa gran finca en Florida, ni habitó la mansión ni mostro interés hasta el extremo de que más tarde fue demolida. Sin embargo, en 2016, durante la campaña electoral de Trump, su avión privado, un Airbus A319 registrado en la Isla de Man, fue visto con frecuencia en los aeropuertos estadounidense de ciudades donde Trump realizaba mítines electorales, según informaciones de prensa; uno de tantos testimonios que alimentan los interrogantes sobre la implicación rusa en la última campaña presidencial estadounidense.

El Trump Ocean Club International & Tower de Panamá

A principios de la década de 2000, una serie de quiebras significaron que Donald Trump fuera rechazado por la mayoría de los bancos prestamistas. En su búsqueda de crédito, comenzó a vender su marca comercial para proyectos inmobiliarios de alta gama. Un reciente informe de la veterana ONG británica Global Witness examina en detalle las conexiones criminales que impulsaron uno de esos proyectos, el Trump Ocean Club International Hotel y Tower en Panamá, y cómo este caso ofrece algunos de los mismos rasgos inquietantes que otras promociones inmobiliarias de Trump.

Es posible que Trump no se propusiera deliberadamente facilitar la actividad delictiva en sus negocios, señalan los autores del informe. Pero esta investigación muestra que vendía la licencia de su marca comercial de alto rango a promotores inmobiliarios de todo el mundo. Y uno de estos casos fue el lujoso Trump Ocean Club International Hotel and Tower en Panamá en cuya construcción y promoción los intereses financieros de Trump se alinearon con los de los delincuentes que buscaban blanquear ganancias ilícitas; sin que al parecer el empresario estadounidense hubiera hecho poco o nada para evitar esto. Y lo que está claro es que las ganancias del narcotráfico de los cárteles colombianos se lavaron a través del Trump Ocean Club mediante la compra de unidades hoteleras;  y que Donald Trump fue uno de los beneficiarios, ganando decenas de millones de dólares.
En el caso del Trump Ocean Club, aceptar dinero fácil y posiblemente sucio, desde el principio habría sido en interés de Trump; porque era necesario un cierto volumen de ventas previas a la construcción para asegurar el financiamiento del proyecto, que a fines de 2010 le costaría 75,4 millones de dólares. Uno de los hombres involucrados en el plan fue David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, quien posteriormente fue sentenciado a nueve años de prisión por un lavado de millones de dólares. Otro fue Alexandre Henrique Ventura Nogueira, quien vendió unidades en el Trump Ocean Club y más tarde admitió que algunas de las personas con las que hacía negocios eran miembros de la mafia rusa. Los familiares de Trump supuestamente estuvieron involucrados en la administración directa de este proyecto panameño.

En el reportaje de Newsweek sobre el citado informe, se subrayan las manifestaciones del subdirector de la Fundación Sunlight, Alex Howard: "Esto es intrínsecamente un problema político. El gobierno puede investigar una empresa, incluso la del presidente. El problema aquí es que se trata del presidente, y el Congreso no lo hace responsable de lo que ha hecho en este contexto. No están llevando a cabo audiencias sobre la Organización Trump, y el propio presidente no está siendo transparente".

El informe de Global Witness dice que el proyecto de Panamá es un caso de manual de blanqueo de capitales. "Invertir en propiedades de lujo es una forma probada y confiable para que los delincuentes transfieran dinero contaminado al sistema financiero legítimo, donde pueden gastarlo libremente. Una vez limpiado de esta manera, las vastas ganancias de las actividades delictivas como el tráfico de personas y las drogas, el crimen organizado y el terrorismo pueden llegar a los EEUU. Y a otros lugares".
Y es que numerosas investigaciones han demostrado que Trump rara vez investiga a las personas con las que contrata o hace negocios. En su lugar, los observadores dicen que aplica un patrón fijo de acuerdos comerciales con personas sospechosas de lavado de dinero y corrupción. Y el negocio en Panamá fue un típico ejemplo.

La construcción de la Trump Tower en Nueva York

Algunas informaciones de la prensa internacional registran unos diez gigantescos edificios promovidos y construidos por la Organización Trump que portan su nombre, desde New York City a Panamá o Manila pasando por Estambul; aunque todavía no ha podido hacer realidad su proyecto de construir una Torre Trump en Moscú, en las proximidades del Kremlin, que tantas veces ha mencionado en declaraciones públicas.

Pues bien, durante mucho tiempo Donald Trump les ha vendido bienes inmobiliarios a compradores rusos y euroasiáticos, incluso desde que comenzó la construcción de la Trump Tower de la ciudad de Nueva York en el año 1980, según relata el libro referido. En unos casos eran compradores legítimos, pero otras ventas estaban estrechamente ligadas al crimen ruso organizado. En los años en que los bancos occidentales se mostraban reacios a concederle préstamos al insigne promotor inmobiliario y el crédito se había evaporado, los ingresos generados en la antigua Unión Soviética parece que rescataron a Trump de la ruina económica. Tras los años setenta en que emigraban a EEUU los refugiados judíos con importantes fondos, posteriormente la mayor parte del dinero que salía de Rusia en los últimos años del comunismo provenía de la mafia rusa. Esto significaba mover efectivo en grandes cantidades, utilizando contactos de Israel como cauce pero más frecuentemente el flujo se producía vía bancos en Luxemburgo y Suiza; mientras estos recibían depósitos de oro y piedras preciosas.

La Trump Tower de Nueva York se abrió  en 1983. Y entre los nuevos arrendatarios encontramos a recién llegados del Este europeo con considerables recursos en efectivo. Al año siguiente de su inauguración, Trump vendió cinco apartamentos en la planta 53 a un cliente llamado David Volatín, un supuesto socio del jefe de la mafia ruso-ucraniana Semion Mogilevich, por 6 millones de dólares; quien utilizó esas propiedades para "lavar dinero y proteger activos", como señalaron los fiscales; es decir, para llevar a cabo una estafa mediante el contrabando de gasolina. Hasta que en 1987 un tribunal le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal; se  declaró culpable, eludió la fianza y huyó a Polonia, aunque finalmente fue extraditado a EEUU y encerrado.

A principios de los noventa llegó a EEUU otra oleada de dinero provocada por la caída de la URSS, por el caos durante la etapa de las privatizaciones del presidente Boris Yeltsin y el extenso saqueo de los activos y propiedades hasta entonces pertenecientes al Estado ruso. Gran parte de ese dinero se dedicó a negocios mafiosos de la prostitución, los casinos y el contrabando de armas, en parte radicados o dirigidos desde los EEUU, por lo que dieron ocupación a los agentes del FBI. Las recientes investigaciones encuentran muchos indicios de algún tipo de asociación con la Organización Trump. Desde luego la realidad es que los clientes rusos que adquirían los lujosos apartamentos y propiedades de Trump, fueron el núcleo de sus negocios inmobiliarios o derivados de estos. Y el citado periodista investigador de The Guardian, sostiene que eso tuvo lugar desde sus primeros tiempos como empresario-promotor inmobiliario o mediante asociaciones temporales de empresas, en las que aportaba la licencia de su marca a los inversores extranjeros, desde Panamá a Bakú en Azerbaiyán y Toronto en Canadá. Al parecer, los vínculos de Trump con el submundo del crimen organizado fueron poliédricos como lo eran sus socios más cercanos.
Ya en 2011, en la era del presidente Obama, los agentes del FBI consiguieron una orden judicial para pinchar el teléfono y localizar como objetivo a Vadim Trincher, un jugador de póker sospechoso de gestionar un círculo de salas de juego desde un apartamento en Nueva York.  Se trataba de un acaudalado ruso, que había adquirido la suite en 2009 a otro megarrico ruso, Oleg Boiko, pagando 5 millones de dólares en efectivo. Durante dos años el FBI realizó el seguimiento de las actividades que tenían lugar en el interior de un lujoso apartamento, el numero 63 A en la planta 51 de la Trump Tower, que desde ese momento se convirtió en un escenario significativo del delito. Donald Trump vivía tres plantas encima del tal Tricher, en un lujoso ático triple.  Las operaciones de casino eran gestionadas por un hijo de Trincher, en la planta 51 que había sido adquirida toda por 20 millones de dólares por un libanés estadounidense, marchante de arte y dueño de una destacada galería en N York llamado Helly Nahmad; al que los agentes federales habían identificado mediante las escuchas telefónicas; y al que tras el juicio le cayeron cinco meses de prisión.  En 2013 agentes del FBI registraron la Trump Tower en una operación en la que fueron detenidas treinta personas. A Trincher le cayeron cinco años de cárcel y en el juicio se supo que había lavado unos 100 millones de dólares, los beneficios de las operaciones de casino, mediante una sociedad offshore domiciliada en Chipre.

Todos estos personajes referidos y sus modus operandi ilustran quienes integraban la clientela y los socios del actual Presidente de los EEUU en sus largos años de promotor inmobiliario internacional.

El Deutsche Bank, acreedor de  Donald Trump

Ciertamente desde la época de Yeltsin, los bancos occidentales tuvieron sus cajas fuertes abiertas para los estafadores y lavadores de dinero sucio de Rusia. Y estos bancos fueron siempre reacios a pedir cuentas a Rusia pero si a alimentarse con bonus, comisiones, sobornos e instrucciones, como analiza la historiadora Karen Dawisha en su libro Putin´s Kleptocracy. El caso es que una vez más, el Deutsche Bank fue un punto de entrada del dinero sucio ruso en el sistema financiero global; y Donald Trump ha sido un asiduo cliente de este banco alemán. El último capítulo del citado libro del periodista investigador, está dedicado a las complejas relaciones del Deutsche Bank como acreedor con Donald Trump; y del banco alemán con el blanqueo de capitales rusos; hechos que podrían tener relevancia para la referida investigación de Robert Mueller, el fiscal especial del Departamento de Justicia de EEUU.

Según el relato del citado libro, en 2005 Donald Trump logró del Deutsche Bank en Nueva York el préstamo de una suma importante para financiar la construcción  del Trump International Hotel & Tower en Chicago, garantizando personalmente el reembolso de 640 millones de dólares. Pero cuando estalló la crisis financiera en Wall Street, el crédito impagado todavía ascendía a 330 millones de dólares que le fueron reclamados ante los tribunales. Y este singular litigio de Trump con el Deutsche Bank se cerró de modo extraño en 2010 con la obtención de un nuevo crédito, pero esta vez concedido de otra parte de la organización del banco alemán, la división de banca privada o de grandes fortunas. Según los datos de Bloomberg, cuando Trump alcanzó la presidencia debía al Deutsche Bank en torno a 300 millones de dólares, cuya devolución vence en 2023 y 2024. Es decir, que el país más importante del mundo está presidido por un deudor del Deutsche Bank.
Y durante todo ese tiempo, el Deutsche Bank ha estado lavando dinero sucio de Rusia en cantidades multimillonarias, porque  durante cuatro años participó con otros bancos globales en un plan mundial de blanqueo de dinero sucio que permitió a grandes delincuentes bombear más de 20.000 millones de dólares desde Rusia hacia paraísos fiscales offshore, adquisiciones inmobiliarias en Reino Unido, joyas, honorarios de colegios de élite e incluso giras musicales de rock. Los millones de dólares fueron transferidos gracias a la banca conforme a un plan denominado The Global Laundromat (La lavandería global),  utilizando firmas británicas de propiedad anónima que desempeñaban un papel importante.

Las agencias policiales revelaron cómo un grupo de rusos políticamente bien conectados fueron capaces de utilizar las empresas registradas en el Reino Unido para lavar miles de millones de dólares en efectivo. Las empresas se hacían préstamos ficticios entre sí, suscritos por empresas rusas, que terminaban incumpliendo el pago de estas "deudas". Lo que hacía que los jueces en Moldavia dictaran sentencias judiciales contra las compañías y las hicieran cumplir. Lo que permitía transferir legalmente enormes cantidades desde las cuentas bancarias rusas a Moldavia. De allí, el dinero pasaba a las cuentas de un pequeño banco de un pequeño país, del Trasta Komercbanka en Letonia, para el cual el Deutsche Bank actuaba como "banco corresponsal". Esto significó que el Deutsche Bank proporcionaba servicios denominados en dólares a los clientes rusos del Trasta no residentes.

Este caso ejemplifica cómo se engarzan las operaciones bancarias en el plano internacional, obstaculizando la persecución policial del blanqueo de capitales por la ausencia de medidas estructurales que controlen o corrijan la interconectividad bancaria. La gran pregunta es por qué no rechazaron las transferencias de dinero sospechoso, según las informaciones desveladas por el periódico The Guardian. 

En todo caso queda evidente una vez más la inclinación del Deutsche Bank por la labor de blanqueo de capitales, que podría haber facilitado la concesión generosa de créditos a clientes como Donald Trump. Aunque el asunto podría tener un alcance mucho mayor si la investigación oficial del fiscal especial Robert Mueller alcanza su meta. En un artículo de la prestigiosa revista estadunidense The Atlantic de 19 de enero de 2018, se destaca que "de todas las preguntas sobre las intrigantes relaciones entre Trump y Rusia, la cuestión de si el Kremlin podría haber lavado dinero a través de la Organización Trump para chantajear a Trump no siempre ha sido destacada, oscurecida por conexiones más directas, como las discusiones entre funcionarios rusos y altos responsables de la campaña presidencial  de Trump, como Donald Trump Jr.; el procesado George Papadapoulos u otros personajes más inquietantes del dossier de Trump". Y de ahí el título del artículo: Is Money-Laundering the Real Trump Kompromat? "¿El lavado de dinero es el verdadero Trump Kompromat?"
Kompromat es un vocablo ruso (literalmente «material comprometedor») para describir datos comprometedores sobre un político u otra figura pública, que las agencias de espionaje rusas podían utilizar en un futuro como chantaje o para asegurar lealtad. Vocablo de uso generalizado en los medios estadounidenses desde la emergencia del asunto Trump-Rusia.                                    



lunes, 22 de enero de 2018

Los paraísos fiscales: la lista amañada de la Unión Europea

Cumplidos sesenta años desde su nacimiento como mercado común europeo (Tratado de Roma de 1957), el pasado 5 de diciembre de 2017 la Unión Europea aprobó su propia lista negra de paraísos fiscales como instrumento contra la evasión y el fraude tributario en los países miembros; pero que excluye a Suiza y a Gibraltar, entre otros; y cuya pretensión queda limitada a servir de orientación para las políticas de los Estados miembros. Por tanto, la noticia ha recibido escasa atención de la opinión pública europea. Ni los megarricos ni la gran banca, titulares de sociedades mercantiles pantalla que aparecen en los publicitados papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, han dado muestras de inquietud alguna, porque temieran ver coartada la libertad de que disfrutan para  "invertir" en esos países de esta la lista europea o en otros notorios paraísos fiscales. Y es que en realidad se trata, ante todo, de un intento mediático de proyectar una pretendida política pública común europea contra la evasión y el fraude fiscal, que reducen seriamente los ingresos de los endeudados Estados europeos. Una medida de notoria irrelevancia en el entorno planetario regido por la libertad de movimientos de fondos y por la competencia entre las políticas fiscales de los Estados.

El LuxLeak scandal de 2014

Si tomamos como referencia la explicación surrealista de algún eurodiputado, la citada medida europea tendría su origen en el escándalo de la filtración en 2014 por la Organización de periodistas de investigación (ICIJ) (LuxLeak scandal) de los 548 acuerdos fiscales del gobierno de Luxemburgo, que presidió durante 18 años Jean-Claude Juncker, con grandes multinacionales como IKEA, Deutsche Bank, Amazon y otras,  concediéndoles reducciones tributarias para que residenciaran sus beneficios globales en el Gran Ducado. Pero, dado que estos antecedentes no fueron obstáculo para la elección de Juncker por el Parlamento europeo como Presidente de la Comisión europea, se dice, que a cambio el grupo socialdemócrata logró como compensación una agenda europea de reformas fiscales que incluiría la eliminación de los paraísos fiscales (eldiario.es,10/11/2014). Ahí estaría la incubación de la lista que analizaremos.

La vieja técnica del listado

Lo cierto es que la UE ha recurrido a la vieja técnica anglosajona del name & shame, "nombrar y avergonzar" a determinados pequeños países y territorios calificándolos como paraísos fiscales, una medida desacreditada por su ineficacia que ya aplicaron los gobiernos de algunos grandes países, desde la Francia de Zarkozy al Brasil de Lula, que pretendían tranquilizar a sus respectivas opiniones públicas frente al escándalo del fraude fiscal masivo.

Esta arbitraria lista europea de paraísos fiscales ha aparecido 17 años después de que la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) publicara su lista del año 2000 partiendo de una definición técnica de paraíso fiscal (baja o nula tributación; carencia de intercambio de información fiscal; falta de transparencia fiscal; y ausencia de actividad económica real local para beneficiarse de los beneficios tributarios); y como resultado de un programa de medidas contra las prácticas fiscales perjudiciales para los demás Estados. 

En los años noventa la OCDE había detectado que la dinámica de la globalización, había generado la aparición de unos países y territorios que atraían a capitales extranjeros mediante la concesión de ciertos beneficios, lo que redundaba en perjuicio de los restantes países; una realidad compleja - que estudiamos en un libro de referencia - pero que fue definida técnicamente como base para una política común de los países más desarrollados.

Y, aunque contraria a la ola neoliberal, esa definición técnica fue una referencia internacional para los gobiernos hasta su anulación en la cumbre del G-20 de Londres en 2009, que generó una cortina de humo para esconder el hecho de que los centros financieros offshore, conocidos como paraísos fiscales, habían sido una de las causas de la gran crisis financiera, como analicé en otro libro.  Los titulares de prensa sobre aquella cumbre de Londres anunciaron a bombo y platillo que el secreto bancario y los paraísos fiscales habían desparecido. Y desde entonces, la realidad es que determinadas jurisdicciones tributarias - generalmente micropaíses y territorios más Suiza y Luxemburgo, la City de Londres o el Estado de Delaware en los EEUU - han venido siendo identificadas por la opinión pública internacional como paraísos fiscales, porque desempeñan el papel de refugio fiscal y financiero (tax haven) o se presentan o son reconocidas generalmente como tal. Pero sin referencia a ninguna normativa internacional sino sencillamente en aplicación del criterio de la reputación, es decir, debido a los notorios los privilegios y exenciones fiscales que ofrecen, la escasa supervisión de las transacciones bancarias y la opacidad financiera que practican en beneficio del dinero legal o ilegal en circulación planetaria. Y todo ello ante la indiferencia o complacencia de los gobiernos del mundo y de la UE, particularmente, para disfrute de la gran banca y la comunidad financiera mundial.

La ventaja comparativa de la opacidad y sus perniciosos efectos

Con frecuencia las informaciones mediáticas pretenden ocultar las  causas de la disponibilidad de los llamados paraísos fiscales. Porque desde hace décadas la libertad internacional de los movimientos internacionales del  dinero conllevó al desarrollo de unos mercados financieros de amplitud y extensión creciente; hasta el punto que convirtieron a ciertos micropaíses y territorios en eje fundamental de la globalización de esos mercados de la especulación financiera, sobre todo por la facilidad ofrecida para ocultar la identidad del dueño del dinero; es decir, frente a la libre movilidad planetaria de capitales, ofrecen el atractivo de la opacidad para las operaciones internacionales como ventaja comparativa, dificultando o impidiendo la identificación del titular, individuo o entidad, beneficiario del dinero legal o ilegal (de la corrupción , del blanqueo de capitales, del fraude fiscal, etc..), sumada al incentivo del bajo coste fiscal para las operaciones internacionales gracias a la baja o nula tributación otorgada mediante el solo hecho de su contabilización en tales jurisdicciones. Los paraísos fiscales son ante todo plataformas para los negocios financieros internacionales, para la ocultación y explotación del ahorro y los flujos de la inversión desde el exterior.

El lado más dañino para los países (aunque no el único) o uno de los resultados de esa  funcionalidad de los paraísos fiscales asumida políticamente, es la creciente disminución de los ingresos fiscales de los países,  que genera el escandaloso endeudamiento de los Estados, como es el caso en la propia Unión Europea; y que amenaza el mantenimiento de la educación, la sanidad y los sistemas de pensiones públicas.  Y desde esa perspectiva se evidencia la inutilidad de los listados de paraísos fiscales para combatir el fraude y la evasión fiscal y demás efectos dañinos sobre las economías y las finanzas públicas.

La lista negra europea de paraísos fiscales

Para empezar, digamos, que históricamente las instituciones europeas ignoraron los llamados paraísos fiscales; de hecho jamás en sus documentos oficiales se mencionó la expresión paraíso fiscal. Por lo que la lista de paraísos fiscales de la UE publicada ha sido denominada así por los medios de comunicación  pero en la documento oficial se denomina "the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes", la lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes en materias fiscales, aprobada por el Consejo de Ministros de Finanzas o ECOFIN en diciembre de 2017, que en realidad comprende dos listas oficiales de jurisdicciones que no cooperan en cuestiones impositivas, como veremos.

La primera lista (lista negra) comprende 17 países que no han respondido a las solicitudes de información del Consejo o que no se han comprometido a hacer que su política tributaria cumpla con los criterios de la UE, como son:
Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palao, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

La segunda lista (lista gris) incluye otros 47 países considerados fiscalmente perjudiciales, pero que se comprometieron a mejorar la transparencia y otras deficiencias de su legislación tributaria que estará sujeta a una revisión en 2018. Una compleja lista que se desglosa según la deficiencia fiscal reconocida y pendiente de mejora:
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Mejora de estándares de transparencia
Armenia; Bosnia & Herzegovina; Botsuana; Cape Verde; Hong Kong SAR; Curasao; Fija; Forner Yugoslav Republic of Macedonia; Jamaica; Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; New Caledonia; Oman; Peru; Qatar; Serbia; Swaziland; Taiwán; Tailandia; Turquía; Vietnam.
Mejora de la tributación equilibrada   (Fair Taxation)
Andorra; Armenia; Aruba; Belice; Botswana; Cape Verde; Cook Islands; Curaçao; Fiji; Hong Kong SAR; Jordan; Labuan Island; Liechtenstein;  Malaysia; Maldives; Mauritius; Morocco; St Vincent & Grenadines; San Marino; Seychelles; Switzerland; Taiwan, Thailand, Turkey;  Uruguay; Vietnam.
Introducir requerimientos sustanciales
Bermuda; Cayman Islands; Guernsey; Isle of Man; Jersey; Vanuatu.
Comprometidos en la aplicación de las medidas específicas de la  OCDE para evitar el desvío de beneficios y la erosión de la base tributaria (BEPS)
Albania; Armenia; Aruba; Bosnia & Herzegovina; Cape Verde; Cook Islands; Faroe Islands; Fiji; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Greenland; Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; Nauru; New Caledonia; Niue; Saint Vincent & Grenadines; Serbia; Swaziland; Taiwan; Vanuatu.

Con algunos de estos micropaíses y territorios, la UE mantiene en vigor acuerdos bilaterales para la aplicación de la directiva europea sobre fiscalidad del ahorro, que tendrían que haber supuesto una transparencia tributaria; pero cuyo fragrante incumplimiento es ignorado de hecho. Conforme a las explicaciones oficiales, esta última lista siempre fue concebida como una opción de último recurso, una vez fracasados todos los demás esfuerzos para lograr el compromiso del tercer país. Aunque suene a broma, para ocho islas del Caribe (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes británicas, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes estadounidenses) se ha estimado que, debido a los huracanes de pasado verano, no han tenido tiempo suficiente para responder a las solicitudes de información del Consejo europeo; y se les ha concedido un plazo hasta principios de 2018 para que respondan.

Un proceso de elaboración complejo y opaco

El objetivo era que las jurisdicciones contactadas que estuvieran dispuestas para la cooperación fiscal con los países de la UE no figurarían en la lista, siempre que manifestaran un compromiso claro y concreto para abordar la eliminación de las deficiencias fiscales identificadas en un proceso compartido de análisis y de diálogo. Y desde luego, la UE ha perdido una oportunidad de gran calado para difundir y denunciar públicamente la opacidad y las prácticas fiscales perjudiciales para los demás países que siguen muchas jurisdicciones. Hasta ahora no se han hecho públicos los documentos del proceso de selección ni las actas de las reuniones de los Estados miembros durante el proceso. Paradójicamente a los Estados miembros de la UE no se les han aplicado esos criterios aplicados a esos terceros países.

A la opinión pública se le ha ocultado el desarrollo de los contactos entre las representaciones de los gobiernos para la confección de esos listados referidos, que se presentan como revisables anualmente. Por tanto, las dos listas publicadas son el resultado de un proceso de elaboración opaco de selección seguido de debates políticos dentro del Grupo sobre el Código de conducta en tributación empresarial dependiente del Consejo. (The Code of Conduct Group on BusinessTaxation), un comité intergubernamental que desde julio de 2016 ha supervisado un diálogo técnico con 92 jurisdicciones de terceros países, seleccionando las jurisdicciones pertinentes tras analizar y valorar los datos de su política y legislación fiscal en los casos en que ha decidido participar en el proceso y aplicando los criterios de la transparencia tributaria, impuestos justos (fair taxation) e instrumentación de los estándares contra el desvío de beneficios corporativos y de más medidas sofisticadasya acordadas por la OCDE. 

Recordemos que este Grupo, integrado por representantes de los ministerios de finanzas europeos y dependiente del Consejo Europeo, fue creado en diciembre de 1997 para adoptar decisiones no vinculantes, es decir, recomendaciones en materia de fiscalidad de las empresas, cuya inoperancia se ha venido escondiendo bajo el rótulo de "Código" de conducta fiscal para empresas, como analicé en el libro La Europa opaca de las finanzas  y sus paraísos fiscales offshore. Esta ineficacia en la práctica tiene su raíz en que la UE carece de competencias legislativas en materia fiscal, salvo la normativa europea sobre el IVA y los impuestos especiales; pero los Estados miembros gozan de plena libertad para decidir sus impuestos.  De ahí que la lista de paraísos fiscales referida tenga solamente un carácter indicativo para los gobiernos europeos, siendo sobre todo una decisión política conjunta que pretende ocultarse en rebuscados tecnicismos fiscales inoperantes por su difícil aplicación en la práctica.

De valor indicativo para Estados miembros

Cierto número de jurisdicciones interpeladas se han negado a la revisión efectiva de las deficiencias y no se han comprometido a abordar las cuestiones fiscales planteadas. Sin embargo, en ningún caso se ha llegado a un acuerdo sobre posibles sanciones contra alguna de las jurisdicciones incluidas en la lista negra o que incumplan los referidos criterios tributarios. Las listas tendrían, pues, un simple carácter defensivo  frente al atractivo de esos países y territorios para el ahorro y las inversiones desde el exterior, pero sin que en ningún caso pudieran fundamentar sanciones de algún tipo para las jurisdicciones señaladas. En el mejor de los supuestos tendrían una finalidad orientativa para las políticas bilaterales de los gobiernos europeos. El portavoz del grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo, Sven Giegold, considera que esta decisión europea, "socava la credibilidad de la UE ya que los Estados miembros se han limitado a acordar una lista negra blanqueada de paraísos fiscales. Ni uno de los más importantes paraísos fiscales ha sido incluido en la lista. La lista es políticamente sesgada al excluir a centros financieros relevantes... Desde el principio, los Estados miembros de la UE quedaron completamente excluidos del proceso de selección aunque los Países Bajos, Irlanda, Malta, Luxemburgo, el Reino Unido y Chipre no cumplen los criterios propios de la UE".

Otra cortina de humo que esconde la desregulación financiera

Para entender la irrelevancia de esta decisión europea de elaborar un listado de paraísos fiscales como instrumento para combatir el fraude y la evasión fiscal, hay que tener presente que en la Unión Europea resulta cuasi imposible la aplicación efectiva de cualquier política tributaria común, mientras siga vigente el consenso básico neoliberal en materia financiera, que impregna los tratados e instituciones europeas. El largo proceso de integración europea se fue desarrollando mientras se iban asumiendo sin cortapisas la desregulación y la globalización de los mercados financieros, dominadas por una dinámica regida por dos vectores:

a) Por un lado, la libertad de movimientos internacionales de capitales se estableció como criterio fundamental y universal. El Tratado de Maastricht de 1992 añadió al tratado de Roma nuevas disposiciones estableciendo que en la UE "quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países" (actualmente art. 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Por tanto, de ahí deriva la libertad de los reiterados movimientos planificados de fondos procedentes de la evasión tributaria, la corrupción política o el narcotráfico entre España u otro socio europeo o de terceros países como Suiza, la isla de Jersey o Belice.

b) Por otro lado, la competencia fiscal entre los Estados pasó a formar parte de la competencia entre los países por atraer capitales foráneos, factor dominante en las economías de mercado. De manera que tanto dentro como fuera de  la Unión, los gobiernos se afanan por disminuir la tributación del capital, sea de empresas o particulares, con la finalidad de contrarrestar su tendencia a desplazarse a países o jurisdicciones extranjeras que privilegian la opacidad financiera y la nula o escasa tributación.
La asunción de tales principios de la desregulación económica en la Unión Europa, llegó hasta el extremo de establecer en el citado tratado que las decisiones sobre materias financieras pueden adoptarse por mayoría, mientras las decisiones relacionadas con la fiscalidad han de adoptarse por unanimidad porque esta es competencia absoluta de los Estados miembros. De ahí que en la UE la libertad de movimiento de capitales vaya pareja con la competencia entre socios para ofrecer ventajas tributarias que mejoren la cuenta de capital en sus balanzas exteriores.

Una idea clave para combatir los paraísos fiscales

Sin embargo, en el largo y opaco proceso de debate dentro de las instituciones europeas han emergido - y se han ignorado - algunas ideas sobre las cuales construir una política solvente para combatir la actividad de los paraísos fiscales. Concretamente, entre las conclusiones de la reunión del ECOFIN, del Consejo europeo de Ministros de Finanzas del 8 de noviembre de 2016, se recoge un objetivo básico que resulta clave parar una estrategia eficaz de medidas comunes para  acabar con la funcionalidad que desempeñan los paraísos fiscales como plataformas de los flujos financieros internacionales:

The jurisdiction should not facilitate offshore structures or arrangements aimed at attracting profits which do not reflect real economic activity in the jurisdiction.
"La jurisdicción no debería facilitar estructuras offshore o acuerdos destinados para atraer beneficios que no reflejan actividad económica real en la jurisdicción".

Todas las filtraciones mediáticas difundidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)particularmente los llamados papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, han demostrado que las sociedades mercantiles pantalla o instrumentales (shell companies) registradas en centros offshore, son el instrumento decisivo para residenciar y contabilizar los flujos financieros en esas jurisdicciones; con la cooperación necesaria de bancos, gabinetes legales y agencias intermediarias. Y es sabido que se trata de entelequias jurídicas domiciliadas en una jurisdicción pero que gozan de reconocimiento internacional, pudiendo operar comercial y financieramente en el plano internacional, aunque generalmente carezcan de actividad económica real alguna donde están registradas. En realidad, los privilegios fiscales o de opacidad que concede el país o territorio donde se domicilian, están condicionados a su dedicación al ámbito internacional.
Esa tendría que ser el área apropiada para desarrollar una legislación europea que realmente combata esos instrumentos de evasión y fraude fiscal y las operaciones de la delincuencia económica que se esconden en los paraísos fiscales. Obviamente habría que contar antes con la aquiescencia de la lobicracia de Bruselas.-