sábado, 1 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (IV)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )


La estafa de las participaciones preferentes

La venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores, fue cronológicamente el primer engaño de Caja Madrid-Bankia para los ahorradores; y para muchos el tercer engaño vendría con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas.  Ante la congelación de los mercados financieros derivada de la crisis global, los bancos y las cajas de ahorro españolas descubrieron las grandes ventajas de las participaciones preferentes como fuente de capital, que resulta mucho más barata que las acciones. Bancos y cajas españolas colocaron estos productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo superior a la de los depósitos a plazo en ocasiones, el interés era muy inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta los riesgos que implicaban las preferentes. Desde un principio, las participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La propia denominación ocultaba un doble engaño; la expresión es una mala traducción del término anglófono preference share, cuya traducción correcta hubiera sido “acciones preferentes”. Si se hubieran vendido como acciones, los compradores habrían entendido que era un producto de riesgo, al estar asociado a Bolsa. En cambio, las preferentes que en la jerga del sector se calificaban de productos complejos, reunían características de capital y de deuda a la vez; por lo que también se les llama productos híbridos. Por una parte, las preferentes se asemejan a las acciones como parte del capital social con sus ventajas de mayor rentabilidad, pero también sus mayores riesgos pues si la entidad va mal pueden perder  todo su valor. Por otra parte, también ofrecen rasgos de deuda al tener, por ejemplo, un período de rendimiento fijo como los depósitos a plazo y, en el caso de los bancos, no son las primeras en asumir las pérdidas. Una de las ventajas para los bancos es que el capital captado a través de las participaciones preferentes no tiene derechos políticos (derecho de voto), con los cual no afecta al poder de los accionistas sobre la entidad. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes permitían capitalizarse de una manera más rápida, pues hasta entonces solo podían hacerlo básicamente destinando a este fin una parte de los beneficios obtenidos cada año. ([i])

Comercialización engañosa para pequeños ahorradores

La operación de las participaciones preferentes por Caja Madrid en mayo de 2009 fue la más impactante por su volumen y agresividad de todas las operaciones comerciales similares realizadas ese año, con una recaudación de 3.000 millones de euros. En realidad, fue la emisión de productos híbridos más cuantiosa realizada jamás por una entidad financiera española, sin contar la de Valores Santander por valor de 7000 millones de euros en 2007. La decisión de la caja madrileña presidida por Miguel Blesa, de recabar una cuantía tan elevada de dinero obedecía a que la Caja se encontraba en una situación muy delicada con serias necesidades de capital para afrontar el creciente número de impagados a medida que la crisis financiera se dejaba sentir con más fuerza en España. La colocación de preferentes de la histórica caja madrileña se efectuó a través de una incisiva campaña comercial que implicó activamente a toda su extensa red de sucursales. La entidad se hizo con una parte importante de los ahorros de casi 300.000 clientes ([ii]), que siguieron ciegamente las recomendaciones de los empleados de la entidad, en quienes habían confiado en algunos casos desde varias generaciones atrás. Dentro de una agresiva campaña de marketing y publicidad, Caja Madrid elaboró un completo argumentario comercial de carácter confidencial para uso exclusivo de sus empleados con la advertencia expresa y repetida en todas las páginas del documento de que “esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes”; según rezaba el argumentario comercial de 2008. El temor a que el documento cayera en manos del público tenía su fundamento. Sus autores querían evitar a toda costa que los clientes conocieran determinadas características de las preferentes porque, de conocerlas, muy probablemente no habrían realizado la inversión; por ejemplo, saber que su dinero se quedada en el banco a perpetuidad. En este sentido, en el argumentario comercial se afirmaba que las preferentes son “títulos subordinados sin vencimiento definido y su rentabilidad está condicionada a la obtención de beneficios por parte del emisor”. Y el mismo documento destacaba que el producto tiene la garantía 100% de Caja Madrid, que había sido la única entidad financiera de las cuatro grandes españolas que en el primer trimestre de 2009 había aumentado sus beneficios respecto al año anterior. Desde luego se omitía la advertencia de que el principal riesgo de las participaciones preferentes no era el impago de los intereses prometidos sino que la inversión se podía perder completa o parcialmente por su condición de participación en capital social, como sucedió en muchos casos. ([iii])

Desde finales de 2008, la CNMV como regulador bursátil había intensificado sus actuaciones al comprobar que un creciente volumen de preferentes “estaban dirigidas a inversores minoristas”. Pero debido a falta de contundencia, sus advertencias no resultaron lo suficientemente convincentes para que las entidades financieras abandonaran estas prácticas. La apertura de 13 expedientes de limitada capacidad sancionadora tampoco inquietaba a los bancos. La sanción más elevada en materia de preferentes fue impuesta al Banco Santander por la cuantía de 16,8 millones de euros, que la Audiencia rebajó a 6.9 millones, por la emisión de un producto financiero denominado Valores Santander, similar a las preferentes; sanción no comparable en absoluto con el volumen de la operación que captó 7.000 millones de euros. Los esfuerzos de la CNMV para regular el mercado de las preferentes tropezaron con dos serias limitaciones que menoscabaron mucho su labor. Por un lado, su escasa capacidad sancionadora implicaba que sus reiteradas advertencias y recomendaciones caían en la mayoría de los casos en saco roto y las entidades continuaban impertérritas con sus malas prácticas. Por otra parte, la lentitud de resolución de los expedientes y la falta de publicidad de las sanciones hasta que fueran firmes, suponían también en la práctica una cierta impunidad para bancos y cajas. Mientras aumentaba la tensión entre la CNMV y los bancos emisores de preferentes que eran objeto de investigación, un creciente número de afectados fueron descubriendo poco a poco que se habían quedado con su dinero atrapado. Inicialmente la reacción fue muy lenta, unos porque en su gran mayoría eran personas mayores que ocultaron a sus propias familias la posible pérdida de sus ahorros; otros pensaban que habían sido víctimas de su ignorancia en materia financiera y en una actitud vergonzante intentaban ocultar la situación de sus ahorros. Pero otros afectados, empero, optaron por denunciar los hechos a través de asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas que movilizaron a decenas de miles de preferentistas creando una conciencia pública del problema  ( [iv] )

Un mercado secundario ficticio

Para mayor escándalo, la banca desarrolló un mercado ficticio para las preferentes con el fin de ofrecer una apariencia de liquidez inmediata, haciendo creer a los clientes que el nuevo producto era como  un depósito a plazo fijo y que el dinero se podía recuperar en un breve plazo de días. A través de este mercado interno, la banca garantizaba a sus clientes la devolución de su inversión en preferentes o subordinadas en unos pocos días, durante el cual buscaba a otro cliente para colocarle el mismo producto. Este mercado fingido funcionó sin problemas mientras la economía crecía y logró burlar las advertencias de la CNMV durante varios años. De hecho estuvo plenamente operativo hasta junio de 2010 y no se liquidó definitivamente hasta noviembre de 2011 por exigencias del regulador bursátil. Aunque este mercado secundario donde cotizaban las preferentes era el AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un mercado donde se negociaban básicamente pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, obligaciones y bonos (creado en 1991 y supervisado por la CNMV), en la práctica lo único que verdaderamente existía era un mercado interno dentro de cada banco. Cuando un ahorrador quería vender su participación, lo comunicaba a la caja o al banco y este buscaba un nuevo inversor. Las operaciones se realizaban en los bancos, al 100 % o muy próximas al valor nominal, y luego ya cerradas se comunicaban al AIAF.

Merece destacarse que el lenguaje extremadamente benevolente empleado en los informes de la CNMV escondía la gravedad de los hechos. Cuando indica que las tres entidades (Caja Madrid, Bancaja y Bankia) “intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable”, lo que realmente quería decir es que les vendían estos productos a precios que hasta duplicaban el valor de los mismos. De ahí que el abogado Andrés Herzog ([v]) lo expresara más crudamente afirmando que “Bankia como otras entidades manipulaban este mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez de la que carecía, a fin de evitar que se descubriera que todo era una gran estafa y que se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”. Y en el escrito al juez, Herzog subrayaba que “las entidades financieras aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para “crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía la liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real” ([vi])

El descubrimiento del fraude
Los empleados de Bankia y de las cajas fueron los primeros en recibir el creciente número de reclamaciones de los clientes por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes. Reclamaciones que se incrementaron de 2010 a 2011, debido a las numerosas quejas de los inversores minoristas por las condiciones de liquidez, las pérdidas latentes o el modo en que se había llevado a cabo la comercialización de las participaciones preferentes., según la Memoria de la CNMV de 2011  relativa a reclamaciones y consultas. Aunque era prácticamente nulo el impacto de estas quejas, porque las resoluciones de la CNMV sobre quejas de reclamantes lamentablemente no son de obligado cumplimiento. Un ejemplo del poder del lobby bancario sobre los órganos del Estado español. Pero este conflicto tenemos que situarlo en el contexto de la evolución de la crisis financiera y económica con el aumento del paro, la recesión económica, el agravamiento de la crisis del euro, el rescate de Portugal forzado por la UE, etc.

Las tensiones en el mercado de las participaciones preferentes se hicieron cada vez más  evidentes a medida que se agravaba la situación financiera y crecía la presión de la CNMV sobre los bancos y cajas de ahorro para que pusieran fin a la manipulación del mercado secundario en donde se comercializaban estos títulos. En este clima de deterioro de bancos y cajas, una nueva ley promovida por el Gobierno en sintonía con los cambios en la regulación internacional, endurecía los requisitos para que las preferentes pudieran computarse como recursos propios. La ley 6/2011 para la transposición de la directiva europea 2009/111, introdujo la facultad del consejo de administración de las entidades financieras para cancelar el pago de la remuneración de la preferentes si la entidad no cumplía con los requerimientos de recursos propios exigibles. Con anterioridad a esta ley solamente se podía dejar de pagar los intereses de las preferentes si los bancos no tenían beneficios. Con la nueva norma bastaba un acuerdo del consejo de administración del banco para que dejara de abonarlos. En esa misma línea, la nueva ley autorizaba al Banco de España para poder exigir la cancelación del pago de los intereses de las preferentes basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito. Por otra parte, los bancos se resistían a operar en el mercado ficticio de las preferentes que habían creado y se revelaba en el caso de la CNMV que se tenía que enfrentar a todo tipo de reticencias y medidas dilatorias  de aquellos. En el caso de Bankia, era clamoroso el retraso en el cumplimiento de los requerimientos de la CNMV. Y durante el mes de noviembre de 2011 prácticamente todas las entidades financieras se vieron obligadas a cerrar sus respectivos mercados secundarios internos por exigencias de la CNMV, lo que significó para los titulares de preferentes que vieran sus ahorros en estos títulos bloqueados definitivamente. ([vii])

La conversión de preferentes en acciones

La ruinosa conversión de preferentes en acciones de Bankia iniciada en 2012 sería el tercer engaño para muchos clientes de la antigua Caja Madrid en menos de tres años, como destaca André Missé en su libro referido, cuando se les proponía el canje de preferentes y subordinadas por acciones, que se materializó en marzo de ese año. La oferta era sugestiva si se tiene en cuenta que las preferentes habían quedado bloqueadas desde noviembre de 2011 y que esta conversión en acciones era una forma de recuperar el dinero mediante su venta en la Bolsa. Sin embargo, la verdadera motivación del Banco era intentar cumplir con las nuevas exigencias publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas en inglés) en el último mes de 2011, que había adoptado el acuerdo que las participaciones preferentes no computaran como capital básico. Por tanto, a Bankia no le  valían las preferentes para completar su ratio de capital; dicho de otro modo, necesitaba más aportaciones de capital de sus accionistas o lograr nuevos suscriptores de capital. Según la EBA, las necesidades de capital del BFA ascendían a 1.400 millones de euros. Para cubrir esas nuevas necesidades, el aún presidente del grupo, Rodrigo Rato, optó nuevamente por los ahorros de los fieles clientes de Caja Madrid y demás cajas integradas en el BFA, que ahora formaban Bankia. Porque la realidad es que Bankia carecía de capacidad para captar inversores a precios razonables a medida que se fue conociendo que la entidad sufría grandes pérdidas. De hecho, en 2013 los accionistas habían perdido más del 95 por ciento de la inversión realizada menos de dos años antes. Y un aspecto inquietante es que el Banco de España que había autorizado la recompra de participaciones preferentes tenía un perfecto conocimiento de la “deficiente comercialización de las preferentes y subordinadas”, según el informe de marzo de 2012. ([viii]).

La suspensión del abono de intereses y la quita

A principios de junio de 2012 los tenedores de preferentes y subordinadas  de las Cajas integradas en Bankia tuvieron una de las peores noticias. El grupo BFA-Bankia comunicó a la CNMV que, tras la publicación de los resultados con unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros, se suspendían los abonos de intereses correspondientes a las emisiones de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Y los esfuerzos de los nuevos gestores y del Gobierno se concentraron en recabar ayudas para asegurar la devolución de los préstamos a los grandes acreedores internacionales, principalmente bancos de Francia y Alemania, a los que nunca se dejó de pagar los intereses ni la totalidad del capital. El Banco de España había descubierto en marzo de 2012 que el Grupo Bankia tenía que afrontar un elevado volumen de vencimientos mayoristas que ascendían a 17.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Los preferentistas sufrieron una significativa rebaja en el valor de sus inversiones con el rescate europeo. En la UE no había ninguna directiva comunitaria ni siquiera una comunicación de la Comisión que estableciera de modo expreso que en caso de crisis bancarias se debían de aplicar quitas a los tenedores de productos híbridos; esta obligación especifica se introdujo un año después en la séptima comunicación sobre ayudas de Estado publicada en julio de 2013 y entró  en vigor en agosto de 2014. Fue una concesión del Gobierno español en las negociaciones del Eurogrupo. La aplicación de las quitas en el caso español no se amparó en ninguna disposición europea vigente que lo autorizase expresamente sino que fue el resultado de las negociaciones entre las autoridades españolas y las comunitarias en el Eurogrupo, donde el ministro alemán Wolfgang Schaüble llevaba la voz cantante, acordando aplicarlas como condición para la concesión de la ayuda financiera, como se recogió en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en inglés). El Real Decreto Ley 24/2012 estableció que las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas deberían soportar parte de las pérdidas de los bancos que las habían emitido.  A finales de noviembre de 2012, representantes del Gobierno, la Comisión Europea y las entidades financieras implicadas pactaron el descuento que aplicarían a los tenedores de estos productos híbridos. Para Bankia; NCG Banco y Catalunya Bank el “valor recuperable oscilará ente un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 70 por ciento para los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, dependiendo  de las condiciones específicas de cada instrumento”, según anunció el Banco de España. ([ix])

El arbitraje, la solución al bloque de las preferentes

Como relata André Missé, entre los tenedores de preferentes y subordinadas se disparó el malestar y las inquietudes a partir del 28 de noviembre de 2012, en que Bruselas aprobó los planes de reestructuración para Bankia y los otros bancos “nacionalizados” (Catalunya Banc, NCG Bank y Banco de Valencia). La decisión europea significaba crudamente que los tenedores de estos títulos iban a sufrir fuertes pérdidas, generando una indignación más intensa entre los ahorradores de Bankia que eran el grupo más numeroso con casi 300,000 afectados. El anuncio del arbitraje de Bankia fue realizado personalmente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso de los diputados en diciembre de 2012, presentándolo como la gran solución para terminar con el conflicto considerando que era un procedimiento más rápido que la vía judicial, explicando que los inversores sufrirían una quita en los ahorros invertidos. El balance final del arbitraje en Bankia puso al descubierto que un total de 58.443 ahorradores fueron rechazados por la consultora KPMG, que intervenía previamente en calidad de asesor privado requerido por la normativa establecida, según el informe trimestral de la Comisión de Seguimiento. El mismo informe indicaba que Bankia contaba con 294.905 tenedores de preferentes y subordinadas; de los cuales 176.723 fueron admitidos por la consultora para el arbitraje. Finalmente, la Junta Arbitral de Consumo dictó un laudo favorable al 97 por ciento de los seleccionados por KPMG. Respecto al capital, de los 6.231 millones de euros de dinero captado, el importe reclamado por el arbitraje ascendió a 4.043 millones, del cual Bankia abonó un 35 por ciento, es decir, 2.166 millones. ([x])

Reclamaciones civiles y querellas criminales

Desde mediados de 2013, muchos juzgados recibieron una súbita avalancha de demandas civiles presentadas por los tenedores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. A estas acciones se sumaron las querellas criminales, en especial por la salida a Bolsa de Bankia. A finales de 2015, había acumuladas más de 110.000 reclamaciones judiciales por asuntos relacionados con abusos financieros de Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco, los tres grupos “nacionalizados”; a las que habría que añadir las demandas presentadas por preferentes y subordinadas contra otros Santander, Bankinter, Sabadell y otras entidades financieras. Todas ellas sumadas a las demandas por ejecuciones hipotecarias  y otras causas generaban un bloqueo de la mayoría de los juzgados y tribunales. Este panorama judicial se clarificó en gran medida tras  las dos sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2016 que obligaron a Bankia a devolver el dinero de los inversores atrapados en la salida a Bolsa de esta entidad. Y estas decisiones del Tribunal Supremo propiciaron la renuncia de más de 76.000 reclamaciones judiciales que se había presentado por esta operación.
Además de las decenas de miles de procedimientos civiles entablados por los preferentistas, desde mediados de 2012 se comenzaron a presentar también querellas criminales contra los directivos y entidades emisoras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En ocasiones las acciones judiciales también se dirigieron contra los supervisores. Las querellas que han tenido más trascendencia fueron las  formuladas contra Bankia en junio de 2012, a partir de las sospechas sobre irregularidades en las cuentas levantadas por la polémica con el auditor Deloitte  y la presentación de las cuentas ante la CNMV sin la firma del auditor.  Sin embargo, a diferencia de los éxitos cosechados en los juzgados civiles con una amplia mayoría de sentencias favorables a los afectados, incluyendo varios fallos del Tribunal Supremo, las acciones penales contra los responsables de los abusos bancarios han tenido un recorrido más tortuoso, plagado de dificultades y demoras y sin resultados hasta la fecha para el caso de las preferentes. De todas formas, las investigaciones efectuadas a raíz de las querellas entabladas han sido muy importantes porque permitieron obtener documentos decisivos del Banco de España, de la CNMV y de los propios bancos implicados, como en el caso de Bankia, que fueron utilizados como pruebas decisivas tanto para los procedimientos civiles como los penales. Sin duda, los principales procedimientos penales son los relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y la comercialización de las participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro integradas en ese banco. ([xi]). A medida que se fueron descubriendo más irregularidades, la investigación se organizó en una pieza principal, conocida como el caso Bankia, referido a la salía a Bolsa de la entidad y varias piezas separadas. Entre estas figuran las dedicadas a participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja, los correos de Blesa, las tarjetas negras y las responsabilidades civiles de los ex presidentes Miguel Blesa y de Rodrigo Rato, entre otras. ([xii])





[i] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; pp. 33,34-50
[ii] 294.905 afectados de Bankia de un total de 813.073 en todas las entidades implicadas, André Missé, ibídem, p.173
[iii] Andrés Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit., pp. 109,115 y118
[iv] Ibidem, pp. 130-131; y 171 y siguientes
[v] Redactor de la querella contra Bankia en nombre del partido UYP presentada el 15 de abril de 2013
[vi] André Missé, ibídem, p.127 y 137
[vii] André Missé, ibídem, pp.165-170
[viii] Andrés Missé, ibídem, pp. 198; y 200-201
[ix] André Missé, ibídem, pp.225-227 y.235
[x] André Missé, ibídem, pp.319 y 339-340
[xi] Estos casos están siendo investigados por el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional
[xii] André Missé, ibídem, pp. 271-275;y 397.

viernes, 9 de noviembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (III)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera)

La “nacionalización” de Bankia y el rescate europeo: el Memorándum

Bankia, resultante de fusiones de siete cajas, fue la séptima entidad en ser “nacionalizada”; pero alcanzaba los 320.000 millones de euros. Era tan grande como la suma de las otras seis cajas de ahorro que fueron intervenidas (CCM, CAM, Caja Sur, Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia) que solo sumaban en conjunto 295.000. Bankia protagonizó la mayor crisis financiera de la historia de España y la solución de sus problemas pareció encauzarse mediante un proceso de saneamiento y capitalización sin precedentes y finalmente la introducción de una sólida dirección profesional para la gestión. En primer lugar, tras reformular las cuentas del equipo anterior que ofrecían el citado beneficio de 309 millones para 2011, se concretaron unas pérdidas de 2.979 millones y Deloitte firmó la auditoría; se renovó el Consejo y el nuevo presidente propuso convertir en acciones los 4.465 millones de participaciones preferentes propiedad de BFA, que habían sido suscritas por el FROB, para apoyar la integración del grupo Bankia. Y tras encargar tres valoraciones independientes, se determinó que el valor de los activos aportados por las siete cajas quedaba reducido a cero y el Estado se hacía con el cien por cien del capital de BFA. Las pérdidas de las cajas que afloraron en un primer momento eran enormes; por consiguiente el futuro de las diferentes obras sociales de las cajas quedaba en entredicho, puesto que se nutrirían de futuros beneficios bursátiles. La junta de accionistas del BFA de 29 de junio de 2012 cifró en 19.000 millones adicionales las necesidades de ayudas públicas para el grupo BFA-Bankia. La cifra total de dinero público ascendía, por tanto, a 23.500 millones, si se suma la anterior ayuda del FROB, ahora convertida en capital. ([i])

La mal llamada nacionalización

En mayo de 2012, con la mencionada propuesta del nuevo presidente del grupo BFA-Bankia José Ignacio Goirigolzarri, de la conversión de la ayuda del FROB en capital de BFA,  el Estado controlaría el 100% del banco matriz, y en consecuencia, el 45% de Bankia. Con esta  medida planteada se evitaría el uso de más dinero público, según Iñigo de Barrón en El País. ([ii])  La salida del ex vicepresidente económico con el gobierno Aznar y presidente del BFA y de Bankia, Rodrigo Rato, fue el segundo intento del Gobierno del PP de recuperar la credibilidad del sistema; y  esto reflejaba la gravedad del momento en una tardía reacción, que  suponía dar la razón a los mercados y a bancos de inversión que reclamaban medidas adicionales para la limpieza de los activos inmobiliarios. En sustitución de Rato, el Consejo de Bankia y de BFA, nombraba presidente a José Ignacio Goirigolzarri, aceptando la renuncia de José Manuel Fernández Norniella como consejero ejecutivo. Y el Consejo del BFA aprobaba la propuesta del nuevo presidente Goirigolzarri de “nacionalización” – en expresión de El País - del BFA, la conversión de la ayuda pública  del  FROB en capital del BFA; y la respuesta del Gobierno llegó apenas unas horas después. “El FROB será titular indirecto de un 45% del capital de Bankia”, reza el comunicado emitido por el ministerio de Economía; es decir, el Estado se quedaba con el 100% de BFA. Por su parte el Banco de España en una nota manifestaba que el grupo “es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación”. Precisamente la necesidad de evitar el deterioro de la reputación y la pérdida de pasivo fue el argumento más utilizado por los consejeros para aprobar la mal llamada “nacionalización”, manifestación de una política mediática destinada a ocultar la realidad.

Conviene aclarar que la utilización de la expresión nacionalización por el Gobierno y medios afines, confirmaba el juego político que escondía el confuso proceso para clarificar las cuentas de Bankia. Porque nacionalizar implica la conversión, por vías legales, de recursos bajo propiedad privada en recursos bajo propiedad pública. Algo que obviamente no era este caso. Los recursos propios de Bankia eran ya públicos antes y lo han seguido siendo hasta la fecha, después de la operación de conversión de las participaciones preferentes del FROB en capital. Al tomar el 100% del capital de BFA el Estado a través de FROB continuaba siendo el máximo accionista de Bankia, ya que controla el 100% de BFA, que a su vez controla el 52% de Bankia. La conclusión de esta acción gubernamental es que propiamente hablando no se había nacionalizado Bankia, que seguía teniendo capital cotizando en Bolsa. Lo que ocurrió fue un cambio del control del BFA, que dejaba pertenecer a Caja Madrid y a las otras seis cajas y desde entonces al FROB. Era una transferencia de la dependencia desde los poderes públicos autonómicos y municipales al gobierno central; es decir, desde unas instituciones del Estado a otras que son también Estado. ([iii]) Un cambio de control que, por otra parte, debería haber conllevado el nombramiento del Presidente de BFA-Bankia directamente por el Gobernador del Banco de España, incluso como administrador único, al menos, del BFA. No se entiende bien que formalmente no se respetaran los procedimientos, deteriorando la autoridad, independencia y prestigio del Banco de España. ([iv])

El rescate europeo de Bankia

Unos meses después de la “nacionalización” de BFA-Bankia, se producía el rescate bancario por parte de la Unión Europea. Por cierto, un rescate que ascendió a 41.300 millones de euros y que prácticamente ha ido a parar al saneamiento de la propia Bankia (más de 40.000 millones de saneamiento), mientras el resto de ciudadanos estábamos sometidos a severos recortes en educación, sanidad y servicios sociales. El Gobierno  quería evitar o minimizar el impacto político negativo de que España entrara en el desventurado club de los países rescatados. A finales de mayo de 2012, el presidente del Gobierno seguía insistiendo en que no se precisaba ningún rescate internacional para salvar a los bancos. “No va a haber ningún rescate de la banca española” afirmó tajante ([v]). Pero la llamada prima de riesgo alcanzaba los 540 puntos y Bruselas apretaba el acelerador exigiendo abiertamente que el Gobierno enviase a la UE un plan para recapitalizar Bankia. Mario Draghi propinó otro bofetón al Gobierno al manifestar que la gestión de la crisis de Bankia “se ha realizado de la peor  forma posible”. Y las dudas que pudieran quedar  sobre la necesidad de pedir el rescate europeo, se dispararon el 7 de junio al tener que “nacionalizar” otras dos entidades Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia Banco, que suponían un desembolso de otros 9.000 millones de dinero público; ayudas que se sumaban a los 23.500 millones que ya había necesitado Bankia. Finalmente, la tarde del sábado 9 de junio de 2012, el Gobierno español se rendía solicitando la ayuda del modo más discreto posible. A través de una videoconferencia, los ministros de Economía del Eurogrupo, acordaban ofrecer a España un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para “recapitalizar las entidades financieras”. El comunicado oficial del Eurogrupo precisaba que la ayuda seria proporcionada por los dos fondos europeos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual podría recibir los fondos actuando como agente del Gobierno español. ([vi]). El texto desvanecía por el momento la esperanza de que la ayuda europea fuera directamente a la banca sin implicar al Gobierno. Para mayor claridad, el comunicado europeo precisaba que el Gobierno español mantendría la plena responsabilidad de la asistencia financiera y firmaría el acuerdo recogido en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en ingles). Asimismo, este documento establecía clara y expresamente la condicionalidad para la ayuda financiera al cumplimiento del cumplimiento de una serie de compromisos en materia de déficit, reformas estructurales y desequilibrios macroeconómicos. Entre otras condiciones, obligaba a una quita sobre el valor de las participaciones preferentes como veremos; y a unos ajustes de plantilla que han tenido que hacer Bankia y otras entidades bancarias españolas a cambio del rescate europeo. El rescate bancario exigió implementar un plan de reducción de empleo en Bankia que suponía cerrar 600 oficinas y reducir la plantilla en un 28%, es decir, despedir a casi 6.000 trabajadores; para lo cual la entidad bancaria aprobaba un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en febrero de 2013. ([vii])
                                                                               



[i] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., pp.259-262
[ii] Iñigo de Barrón, El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El País, 9/5/2012
[iii] José Moisés Martín es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis, art.cit.
[iv] Jorge Fabra Utray ¿HA SIDO BANKIA NACIONALIZADA? Economistas Frente a la Crisis, 14/5/2012 en http://economistasfrentealacrisis.com/ha-sido-bankia-nacionalizada/
[v] El País, 28/5/2012
[vi] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; p. 229
[vii] Joan Ramon Sanchis Palacio, La verdad sobre Bankia…articulo  cit.

sábado, 3 de noviembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (II)


 (continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera - cuya publicación fue descartada por editoriales españolas en 2017)

El fiasco de la salida a Bolsa de Bankia: “Hazte banquero

El segundo engaño para los ahorradores fue su conversión en inversores con la salida fraudulenta a Bolsa de Bankia en 2011. Aunque todavía no se habían clarificado definitivamente las cuentas, como luego sabríamos, el proyecto oficial de privatización de las siete cajas de ahorros, convertidas en un banco privado, parecía culminado en julio de 2011, cuando Bankia lanzó su venta de acciones en la Bolsa de Madrid. Ciertamente  el hecho de la salida a Bolsa de Bankia vino determinado por una de las características clave de las cajas de ahorro, ya que al ser entidades fundacionales y no sociedades de capital, legalmente estaban impedidas para acceder a ampliaciones de capital vía accionariado. Y la emisión de instrumentos financieros con carácter de cuasi-capital como participaciones subordinadas y preferentes, resultaban poco atractivas para los inversores, porque no permitía ejercer derechos políticos en las asambleas de estas entidades. ([i])  En la intervención pública del propio confianza” a “los miles de accionistas y a los 11 millones de clientes” en unos momentos en que los “inversores eran reacios  a la renta variable, al sector financiero y a España”. El presidente aseguró  que “la solvencia, el talento, una gestión rigurosa de riesgos y una política eficiente en los costes son las bases sobre las que parte la nueva andadura”. Y con todo el aplomo del mundo atribuía  la caída de la cotización de la acción en los primeros minutos de la salida al mercado, a la “gran desconfianza de los mercados hacia la capacidad de las autoridades europeas” para encontrar una solución a la crisis griega ([ii])  En esas fechas aún no había saltado la alarma del fraude de las preferentes que tardaría unos meses en confirmarse.
Rato en la Bolsa de Madrid agradecía la “
 Hazte banquero” fue el  engañoso eslogan publicitario ideado por el  equipo de Rodrigo Rato para la campaña de captación de pequeños inversores, porque el objetivo era volver a captar varios miles de millones de euros de los ahorradores con el fin de salvar a Bankia. La llamada se dirigía a cientos de miles  de típicos clientes de las cajas de ahorros, a quienes se quería convertir al nuevo mundo bursátil que tan ajeno les era. El proyecto inicial había comenzado con la constitución del grupo financiero BFA-Bankia, liderado por Caja Madrid, que era el resultado de una fusión siete cajas de ahorro en junio de 2010; pero en la campaña de publicidad, el nuevo banco se presentaba como una entidad potente con 11,2 millones de clientes, 21.000 empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y 272.000 millones de activos totales del grupo. ([iii])

Cientos  de miles de ahorradores se hicieron “banqueros”

Como observaba alguna prensa internacional, resultaba destacado en la campaña mediática de captación de inversores la preferencia por los ahorradores habituales frente a los inversores profesionales internacionales. De los 3.092 millones de euros captados finalmente, menos del 2 % procedieron del exterior, según esas informaciones. Ciertamente, los directivos del nuevo banco preferían acudir a los ahorros de los particulares en lugar de contar con una cuota importante de fondos internacionales, que les habría dado incluso más fiabilidad y coherencia al proyecto. La profesionalidad de los gestores internacionales significaba una mayor exigencia para decidir las inversiones, por lo que optaron por convencer a ahorradores corrientes e inversores nacionales para incorporarles como futuros accionistas. Todo ello apelando a la buena imagen de solvencia que hasta entonces tenía Caja Madrid. Y lo cierto es que captaron nada menos que a 347.000 accionistas en apenas las dos primeras semanas de julio de 2011, bajo el martilleo de la campaña publicitaria; la gran mayoría eran clientes de las propias cajas integradas que invirtieron sus depósitos. Desde luego, la operación salida a Bolsa salió adelante gracias al apoyo del Gobierno con que contaba Rato y la enorme influencia sobre los principales bancos y empresas del país para que hicieran su “aportación”; e incluso se presionó a las empresas que estaban en mora con el Banco para que adquirieran acciones a cambio de hacer la vista gorda con “lo suyo” ([iv]

Sin embargo, las expectativas bursátiles pronto se desvanecieron a partir de la primavera de 2012 por hechos diversos, como la alerta sobre  Bankia del informe del FMI, la presentación de cuentas sin auditar y finalmente la dimisión de Rato junto a la reformulación de las cuentas que ordenó el nuevo presidente Goirigolzarri. Para entonces la pérdida de confianza inversora en Bankia se traducía en la depreciación de las acciones de las empresas participadas con porcentajes significativos por el Grupo BFA-Bankia, cuya cartera ab initio abarcaba, entre otras, empresas importantes como Indra (20%), Mapfre (15%), NH Hoteles (15,74 %), IAG (Iberia-British Airways) (12 %) o Iberdrola (5%) ([v]); Unas cuotas de participación empresarial que en años posteriores han sido liquidadas en una Bolsa bajista mientras proseguía el proceso de saneamiento del Grupo bancario como hemos apuntado. El paralelo desplome de las acciones a principios de 2013 significaba pérdidas de más del 90 por ciento para los inversores.

Las demandas y sentencias  judiciales

Para entonces no había duda que la venta pública de acciones de Bankia había sido otra estafa peor que la de las preferentes. Al principio, los afectados por la compra de acciones de Bankia no se atrevían a pleitear por la estafa de la que eran víctimas. Y los jueces pensaban que la compra de una acción implicaba de hecho la asunción de un riesgo y, por tanto, no se podía alegar desconocimiento. Pero una primera sentencia  del juzgado nº 10 de Oviedo condenó a Bankia a devolver el dinero invertido a una familia atrapada también en las preferentes y subordinadas. Y en diciembre 2014 una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia fallaba en favor de los accionistas y contra Bankia. Y continuó la avalancha de demandas por la salida a Bolsa, de manera que a finales de 2015 habían sido dictadas 13.479 sentencias, de las cuales un 95 por ciento fueron favorables a los inversores. Finalmente, dos sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2016 condenaron a Bankia a devolver el dinero a dos familias que habían invertido cerca de 10.000 euros y 21.000, respectivamente. Ambas confirmaban que “hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública” ([vi])

Planteado el caso de la salida a Bolsa de Bankia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu había recabado los informes de los peritos judiciales designados oficialmente el Banco de España que, por su independencia respecto al litigio, merecían mayor credibilidad. Y frente a los contrainformes encargados por los querellados del Banco y los presentados por el FROB, ofrecieron unas conclusiones contundentes: “Los peritos judiciales ratificamos nuestra conclusión sobre la salida a Bolsa de Bankia, que consideramos fraudulenta porque los estados financieros incluidos en el folleto de emisión incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económico-financiera de dicha entidad”. Y entre los ejemplos que apoyan tales afirmaciones, destacan que como peritos judiciales consideran falsas las provisiones de insolvencia para los créditos de 6.913 millones de euros que recogía el folleto de emisión, al no aparecer en el mismo los estados financieros de 31 de marzo de 2011. Una información que Bankia había utilizado como argumento comercial para trasladar a los potenciales compradores de las acciones, una falsa idea de seguridad de su inversión. Y en relación con la falsificación de cuentas, los peritos apuntaron que “en los estados financieros consolidados de Bankia a 30 de junio de 2011 y sucesivos, el ajuste de valor razonable del SIP (Sistema Institucional de Protección) se disfraza como provisiones por insolvencias, lo que es un claro caso de fraude contable” ([vii])



[i] José Moisés Martín Carretero; La privatización de Bankia como paradigma del fin del sistema financiero púbico. Economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis en
http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2015/02/la-privatizacion-de-bankia-como-paradigma-el-fin-del-sistema-financiero-publico-67420.php
[ii] Cinco Días, 20/7/2011
[iii] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp.141-159
[iv] Eduardo Segovia, Bankia, la gran estafa. El confidencial.com,6/12/2014 en http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-06/bankia-la-gran-estafa_579659/
[v] Expansión, 11/5/2012
[vi] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp.157-158
[vii] Ibidem, pp.419-420

lunes, 29 de octubre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (I)

(Capítulo IV.4. Del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera - cuya publicación fue descartada por editoriales españolas en 2017)

LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA: BANKIA

·         La titulización de las deudas: burbuja crediticia e inmobiliaria.
·         El Grupo BFA-Bankia, una estructura jurídica artificial
·         La cuantificación de las pérdidas de Caja Madrid-Bankia
·         El fiasco de la salida a Bolsa de Bankia: “hazte banquero”.
·         La “nacionalización” y el rescate europeo: el memorándum.
·         La estafa de las participaciones preferentes.
·         Directivos corruptos: las tarjeta black
·         Colusión política y rescate

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El 17 de abril de 2015, Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex Director Gerente del FMI, era detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, en una operación que dio lugar a la famosa foto del policía con su mano en el cogote del exministro ayudándole a agachar la cabeza al entrar en el coche. Fue una fugaz imagen de gran impacto mediático que escondía la libertad de la que sigue gozando el procesado al terminar 2016. Pendiente de varios juicios, hasta donde sabemos, el procesamiento de Rato está ligado en parte a toda la peripecia de la desaparición de la centenaria Caja de Ahorros de Madrid y a la fraudulenta gestión del Grupo Bankia que aglutinó aquella con otras seis cajas de ahorro.(Rato ha sido encarcelado en octubre  de 2018 por sentencia firme del caso de las tarjetas black) Cuando todavía no se habían iniciado los numerosos procedimientos judiciales en curso, ni se había configurado el caso judicial de Bankia, el gobernador del BCE, Mario Draghi, afirmó en 2012 que la gestión de la crisis de Bankia se había realizado “de la peor manera posible”. ([i][ii]) Y  los hechos descubiertos posteriormente así lo confirman.

Bankia es un paradigma de la insolvencia bancaria ocultada mediante un acelerado proceso de fusión, reestructuración y recapitalización con ayudas públicas; pero siempre en perjuicio de los pequeños ahorradores convertidos en inversores y a costa de los contribuyentes.  Aunque el nuevo Bankia era la cuarta entidad financiera de España con una dimensión sistémica a escala española, su caso no alcanza la magnitud y dimensión financiera de los episodios de megabancos de alcance global que hemos analizado en los capítulos anteriores. Sin embargo lo incluimos en esta saga porque representa otra vertiente delictiva que de alguna manera practican los grandes bancos globales, como son los abusos bancarios y los engaños a sus propios inversores y clientes. Los inversores en Bankia y antes en su núcleo básico, Caja Madrid, han sufrido tres engaños importantes que han afectado a miles de pequeños ahorradores, como analizaremos en este capítulo. Cronológicamente, el primero fue la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores. El segundo fue la salida fraudulenta a Bolsa de Bankia en 2011, con una pérdida casi inmediata del 90 por ciento del valor de las acciones vendidas; a finales de 2015 ya se habían dictado 13.479 sentencias, de las cuales un 95 por ciento eran favorables a los inversores. Y para muchos clientes de la antigua Caja Madrid, el tercer engaño tuvo lugar con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas, que se materializó en marzo de ese año. A los que tenemos que sumar el escándalo de las conocidas como tarjetas black u opacas para Hacienda descubiertas en 2014, que confirman un modelo de gestión corrupta del dinero público y privado invertido en el Banco.

En este capítulo presentamos un análisis del caso a partir de la información y datos disponibles; pero el relato completo del caso solo podremos obtenerlo cuando se cierren todos los procesos judiciales pendientes.

La titulización de las deudas: la burbuja crediticia e inmobiliaria.

A finales de 2007, la economía española había alcanzado el máximo apogeo tras una larga fase de expansión. Este auge había sido propulsado durante los años anteriores por una fuerte abundancia crediticia concentrada sobre todo en el sector inmobiliario, que generó una descontrolada burbuja. El aumento del crédito no fue consecuencia de que los bancos dispusieran de más ahorro de particulares, proveniente de un incremento de los depósitos de sus clientes... El factor principal que permitió un crecimiento tan desorbitado del crédito fue el endeudamiento exterior de los bancos españoles en los mercados financieros internacionales; y las facilidades crediticias concedidas en el interior. Los bancos y cajas de ahorros disponían de liquidez para los préstamos hipotecarios convirtiendo esas deudas ajenas en títulos bursátiles que se vendían en el mercado financiero; y recuperando así el dinero para seguir prestándolo, según documenta el estudio  académico de tres profesores españoles publicado por el BCE ([iii])  La pronunciada burbuja inmobiliaria financiada tuvo lugar mediante el espectacular desarrollo de los mercados de titulización que condujeron a que se suavizaran las condiciones exigidas para los préstamos y a los subsiguientes problemas de estabilidad financiera. 

Una de las consecuencias de la burbuja fue el incremento en España del precio de la vivienda en un 180 por ciento de 1997 a 2007 según los datos del citado estudio; como también sufrieron fuertes incrementos en anteriores años algunos otros países europeos como Reino Unido e Irlanda. Y los autores recogen la conclusión de que el impulso principal para la titulización de los préstamos concedidos, fueron las necesidades de liquidez de la banca española, que hemos analizado en otro libro como una necesidad vital para la banca financiera ([iv]).  Los capitales extranjeros que adquirían títulos de los bancos y cajas españolas, procedían principalmente de Alemania y Francia, que obtenían en estas operaciones mayores rentabilidades que en las inversiones realizadas en sus respectivos países. Los datos son muy significativos. Entre 1999 y 2007 el endeudamiento exterior de la banca creció el 630 % al pasar de los 148.000 millones de euros hasta 1,1 billones ([v]). Los analistas económicos coinciden en que este aumento disparatado del endeudamiento exterior fue posible fundamentalmente por la pertenencia al área europea de la moneda única, el euro, que reforzaba la confianza en los bancos españoles ante sus prestamistas europeos  junto con la negligente supervisión de las autoridades españolas. Esta afluencia masiva de crédito provocó no solamente un aumento de los precios de las viviendas, los inmuebles, el suelo y todo lo relacionado con la promoción inmobiliaria y la construcción sino que a más créditos, más beneficios para las entidades financieras. Esta fiebre del crédito que los bancos colocaban entre las familias y las empresas, les generaba unas ganancias exorbitantes. Nada menos que 169.281 millones de euros entre 1996 y 2010, según el Banco de España. El aumento del crédito exigía a los bancos un incremento proporcional de capital para mantener el ratio de solvencia. Y el problema que se planteó al estallar la crisis es que el capital se había vuelto escaso y se había encarecido ([vi]); y la recesión económica generaba el cierre de pequeñas empresas, el desempleo y el consiguiente impago de los créditos inmobiliarios y la morosidad de los clientes.

El Grupo BFA-Bankia, una estructura jurídica artificial

Lo de Bankia es la crónica de una estafa anunciada para clientes, ahorradores y ciudadanos en ([vii])  Que BFA-Bankia era inviable y que los gestores de la entidad y las autoridades lo sabían, quedó de manifiesto en la necesidad de captar capital privado para sostenerlo como fuera. ([viii]) Desde el plano académico, los expertos extranjeros ([ix]) sostienen que un test de insolvencia para una corporación es si puede o no recaudar nuevo capital de inversores privados; porque una incapacidad de recaudar capital a cualquier precio es un claro signo de que la corporación es débil y podría ser insolvente.
general; y muestra gráficamente el proceso de concentración bancaria llevado a cabo por las autoridades económicas españolas a través de las fusiones; que en general han tenido consecuencias nefastas para la sociedad con despidos masivos, mayores abusos sobre los clientes, exclusión financiera y pérdida de la banca de proximidad; es una valoración crítica bastante compartida de Joan Ramón Sanchís Palacio, catedrático de economía de la Universidad de Valencia. En Bankia se han dado todas las malas prácticas de los grandes bancos en España, como los abusos e ilegalidades cometidas por los directivos bancarios como el uso de las tarjetas black u opacas y el cobro de indemnizaciones y sueldos desproporcionados; y los abusos a los pequeños ahorradores a través de la colocación de títulos engañosos como las participaciones preferentes, la conversión de estas en acciones y la salida fraudulenta a Bolsa. Los hechos señalan a Bankia como el ejemplo más característico y evidente del fracaso de la política de reforma bancaria llevada desde el Gobierno, con el proyecto de transformar Caja Madrid y Bancaja más cinco pequeñas cajas de ahorros, entidades públicas todas, en un banco privado que tras su salida a Bolsa el 20 de julio de 2011, tuvo que ser “nacionalizado” y rescatado un año después con una aportación inicial de 19.000 millones de euros de ayuda europea.

Todo un compendio de errores

La desafortunada historia de Bankia desde su constitución hasta su recapitalización es un compendio de los muchos errores cometidos para hacer frente a la crisis de las cajas de ahorro, en opinión de tres expertos solventes. ([x]). No sólo por su tamaño sino por su naturaleza y composición, este grupo bancario encarna todos los errores cometidos en la gestión de la crisis bancaria en España; su propia creación fue un error como ya admitió en televisión el propio ministro de economía Luis de Guindos. Y hubo errores de los gestores amparados por los supervisores; y también hubo guerras políticas que complicaron la situación de la entidad. Porque los fallos no empezaron el día de su nacimiento cuando se unieron mediante un SIP ([xi]), una peculiar fusión de las siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja (Valencia), Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja Canarias. Los problemas de la nueva entidad financiera se gestaron muchos años antes, durante la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid y Bancaja, los principales componentes del grupo y principales causantes de lo que fue una tragedia, habían concentrado buena parte de sus créditos durante casi una década en las actividades de promoción inmobiliaria y, lo que fue mucho peor, en los promotores y en la compra de suelo para la especulación. Y buena parte de estas inversiones se realizaron con el dinero prestado por grandes bancos internacionales.

Por tanto, la brusca caída del sector inmobiliario significó el consiguiente aumento de la morosidad, los impagos y quiebras de promotores y constructores de viviendas; y el cierre de la liquidez en los mercados internacionales colocó a ambas entidades en Madrid y Valencia, en una situación más que complicada, ya en 2009. Una situación que fue enmascarada durante años, en particular mediante la refinanciación del principal e intereses de los créditos dudosos no declarados como tales. En el caso de Caja Madrid, donde hubo un relevo en la presidencia, fueron más fáciles de detectar los problemas. Los informes de la inspección del Banco de España respecto a las cuentas de 2010 (que se publicaron en los medios en 2012) reflejaban que Caja Madrid y Bancaja, tenían fuertes pérdidas acumuladas con anterioridad a la subsiguiente fusión. Esta fragilidad era más grave y sistémica, ya que estas dos cajas ocupaban el puesto segundo y tercero del ránking español de cajas de ahorro.
Tras fallidos intentos de fusión con otras cajas y conocidos los intentos de la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid de sustituir al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por otra persona, la dirección del Partido popular (en el gobierno central y en la mayoría de las autonomías) presentó la candidatura de Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y ex gerente del FMI, que accedió a la presidencia de Caja Madrid el 29 de enero de 2010 con el necesario apoyo del gobierno e instituciones implicadas. Un mes después, el recién llegado a la presidencia de la entidad en una carta a los principales cargos destacaba la falta de capital de la entidad: “La regulación financiera nos va a obligar no sólo a preservar sino a aumentar nuestra capitalización, y a mejorar nuestro perfil de riesgo, así como a nuestros ratios de liquidez”. Estaba claro que la insuficiencia de capital no se planteaba como un problema ya existente anteriormente sino atribuible a la regulación, un claro error de apreciación que conduciría por un camino de huida de la cruda realidad. En mayo  de 2010 comunicó al consejo la creación de un SIP, modelo conocido como fusión fría, un mecanismo legal de consolidación de las cuentas, que en este caso sumaba a Caja Madrid con Bancaja y cinco cajas pequeñas  y solicitaron 4.465 millones al FROB, el fondo estatal de rescate bancario. ([xii])
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La entelequia del BFA.

Este modelo societario elegido para la integración de las siete cajas mediante un denominado Sistema Institucional de Protección (en siglas SIP), diseñado como mecanismo de fusión de las cajas de ahorro con problemas de solvencia, para el caso se denominó Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuyo balance sumaba los de las cajas integrantes, mutualizando al cien por cien el patrimonio y los resultados y constituyendo una unidad de gestión común de rango funcional superior a las de las propias cajas. Pero permitía a las entidades fusionadas mantener sus propios consejos de administración y sus marcas comerciales; y planteaba, entre otros, complejos problemas contables para el Grupo. Por tanto, Bankia fue el resultado de la fusión del negocio bancario de siete cajas (Caja Madrid y Bancaja con las cinco mencionadas) que decidieron crear en 2010 el BFA, cuya composición del capital otorgaba a Caja Madrid la condición de entidad líder con el 52,06% del capital del conjunto, seguida de Bancaja con el 37,70% y del resto de cajas. Es importante señalar que en el momento de la creación del SIP, las cajas de ahorro seguían siendo entidades públicas, con órganos de gobierno propios, elegidos en asambleas con la participación de los parlamentos regionales, las asambleas de impositores, los sindicatos más representativos, las entidades sociales y los municipios en los que las cajas tenían negocio. Esto es, las cajas de ahorro, que llegaron a representar el 51% del sistema financiero español, estaban bajo el control público, con objetivos estatutarios vinculados al desarrollo económico y social de los territorios de referencia. Por lo tanto los accionistas del BFA eran aquellas entidades públicas sujetas al control público de los parlamentos y asambleas regionales, como partes integrantes del Estado español, como subrayan los tres expertos citados. En el proceso de estructuración, el BFA  -insistimos, propiedad al 100% de las cajas de ahorro públicas - creó una filial, Bankia, en la que concentró su negocio bancario rentable, con la intención de que para recomponer su capital saliera a Bolsa cuanto antes. La ingeniería financiera asignó los llamados activos “tóxicos” (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado previsible) al “banco malo”, al BFA; y los activos considerados buenos se asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación contable en la valoración de los activos, en unos años en los que la congelación del mercado inmobiliario hacía casi  imposible asignar valoraciones correctas acordes con ese mercado; pero se esperaba que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de origen de la banca matriz, que alcanzaría luego un capital cero. El caso es que todas esas operaciones se realizaron con el beneplácito del Banco de España, el regulador bancario.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) comenzó a operar el 1 de enero de 2011, agrupando activos por valor de 340.000 millones de euros, con la mayoría accionarial de Caja Madrid con el 52 % del capital, seguido de Bancaja con el 37 % y porcentajes testimoniales para las restantes cajas. Poco después, una licencia bancaria en desuso  permitió crear Bankia, a la que BFA traspasó buena parte de sus activos y pasivos, reteniendo los de peor calidad. Esta estructura suponía que el BFA era propiedad de las Cajas y Bankia era propiedad del BFA. En teoría, el BFA (que era un banco) sería el banco malo y Bankia, que iba a salir a Bolsa, sería el banco bueno, apareciendo ante el mercado como una entidad saneada. Es obvio que se trataba de una estructura jurídica artificial, ya que el conjunto de ambas entidades era consolidable económicamente como una sola entidad, como se comprobó tras su mal llamada “nacionalización”. Entre sus activos, el BFA acumuló 100 millones de metros cuadrados; 45.000 viviendas sin vender y 15.000 locales, garajes, etc. Un patrimonio inmobiliario descomunal, mayor que el de cualquier inmobiliaria española, hasta la creación de la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Sorprende que, aunque el diagnóstico no fuera inicialmente el definitivo, el supervisor ya disponía de la muy preocupante información de una inspección de diciembre de 2010, que le advertía que la integración de Caja Madrid y Bancaja sería un grave error. A la vista de las declaraciones que se han ido produciendo en los procesos judiciales posteriores, parece increíble que se impulsara una integración entre esas dos entidades de esa importancia sin profundizar aparentemente en el conocimiento de su situación real; sin haberse practicado los ejercicios de debida diligencia con la profundidad suficiente, señalan los tres expertos citados; que apuntan como otro error añadido la rapidez del proceso al excluir profundizar en los análisis previos. Porque la grave situación de ambas entidades tenía que ser conocida tanto por el Banco de España como por su auditor. Desde luego, la integración no solo se permitió sobre bases inseguras sino que es sabido que fue impulsada por el Gobierno de entonces. Y tampoco se comprende que el candidato a presidente, ex ministro de economía, aceptara el nombramiento sin conocer la situación o que lo aceptara conociéndola. Es posible que diera más importancia al peso del factor político, a su sintonía personal entonces con sus antiguos compañeros de gobierno y del partido en el poder, confiando en una ayuda extraordinaria de los poderes públicos que no llegó a tiempo de asegurar su supervivencia profesional. El fondo estatal de rescate bancario, el FROB, ya disponía de 90.000 millones de euros para afrontar los problemas de reestructuración y saneamiento, pero todo indica que el Gobierno del Partido popular no confiaba en Rodrigo Rato ni en su plan para sacar adelante a Bankia. “El error básico fue el predominio de lo político sobre lo profesional”, sostienen los tres expertos citados ([xiii]) porque la realidad es que se desconocía el alcance de la necesidad de capital.

La cuantificación de las pérdidas de Caja Madrid-Bankia

Fue un largo proceso conseguir precisar la cuantía de las pérdidas concentradas en Bankia y la necesidad de capital para que fuera viable como banco; un proceso condicionado por el entorno de crisis económica, los factores políticos, la  nueva legislación bancaria y la ausencia de transparencia en la gestión descubierta posteriormente; que además incluyó el fracaso de la salida a Bolsa. Algunos economistas sostienen que entre el verano de 2010 y mayo de 2012, España entró en una segunda recesión no prevista por nadie puesto que se pensaba en una recuperación en 2011. Y en ese contexto se dictaron tres reales decretos leyes de reforma bancaria (2/2011; 2/2012 y 18/2012) que incrementaron las exigencias de capital y dotaciones y tuvieron un efecto directo sobre Bankia; algo que influyó mucho en las decisiones que fue tomando la entidad. Hay quienes consideran que la salida a Bolsa en julio de 2011 no se entiende sin el RD Ley 2/2011, ya que Bankia sale a Bolsa para eludir el requerimiento del 10 % de capital básico que era incalculable en aquel momento. Para otros, es obvio que los decretos leyes no crearon las pérdidas sino que simplemente hicieron aflorar las ya existentes y exigieron su cobertura. Recordemos que en el verano de 2012 se constata que el grupo BFA-Bankia tenía una necesidad de capital en torno a 24.000 millones de euros para cubrir pérdidas, y el grueso de esas pérdidas venía de antes sin que las crearan las nuevas provisiones ni la segunda recesión. Sin embargo, por encima de todo hubo un propósito claro de opacidad, de no dejar ver la situación de insolvencia de buena parte del sistema de cajas. Incluso puede afirmarse que el supervisor veía mal que una entidad declarase pérdidas corrientes, afirma André Missé. ([xiv])

Desde hacía unos años Caja Madrid se encontraba en una situación delicada, con serias necesidades de capital para afrontar el creciente volumen de impagados, situación que se agravó al sumarse la frágil situación de las otras cajas. A finales de 2010 se aceleró la operación de fortalecer el grupo financiero BFA-Bankia para sacarlo a Bolsa, una vez comprobado que la emisión de 3.000 millones de euros captados en participaciones preferentes el año anterior, no había sido suficiente para sanear debidamente Caja Madrid, que continuaba teniendo un serio problema de falta de capital o insolvencia. El deterioro de las inversiones y el impago de un creciente número de créditos llevaron a la entidad a una situación de pérdidas. El informe de los inspectores del Banco de España de diciembre de 2010 indicaba que “se identificaron pérdidas esperadas en un escenario temporal de dos años por importe de 4.983 millones de euros”. Sin embargo, en el informe final las autoridades del Banco de España permitieron rebajar en 2.000 millones las pérdidas estimadas, que finalmente quedaron reducidas a poco más de 3.000 millones, según informaciones de la agencia Bloomberg en El economista ([xv]). Todo hace pensar que el Banco de España rehuyó oponerse a una operación como la creación de Bankia y su salida a Bolsa, alentada por el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas. Dicho de otro modo, el supervisor admitió ocultar las pérdidas. Ese trato de favor del Banco de España a Caja Madrid lo puso de relieve su ex presidente Jaime Terceiro en su discurso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en mayo de 2011. Lo cierto es que, a pesar de la incertidumbre del entorno, en julio de 2011 Bankia salió a Bolsa cuando todavía no había clarificado sus cuentas. La decisión del Banco de España de permitir que Caja Madrid declarara beneficios en lugar de unas pérdidas abultadas, encubrió tanto los problemas de la entidad de ahorro como la situación de riesgo real en que nacía Bankia o la que se encontraban las participaciones preferentes. Probablemente el supervisor se fiaba en una recuperación de la economía en 2011 como otros analistas,  pero sucedió lo contrario. La segunda recesión en que  cayó la economía española en 2011 y 2012 resultó tan fatal para la entidad como para muchos bancos y cajas. El Banco de España actuó sobre todo como suelen hacer los bancos centrales: privilegiando los intereses de la entidad financiera a costa de descuidar completamente los de los preferentistas y los futuros accionistas. El supervisor privó a los inversores de una información veraz que hubiera resultado muy valiosa para tomar decisiones oportunas y no arriesgar sus ahorros. En 2012 los problemas de la certeza de las pérdidas contables de Bankia se acentúan con la primera reforma del sistema financiero que aprueba el Gobierno de Mariano Rajoy por Decreto ley del  2 de febrero. ([xvi])

El interrogante: ¿a cuánto ascienden las pérdidas?
El Ministerio de Economía exigía 54.000 millones al sector para que saneara sus inversiones inmobiliarias y recuperara la confianza perdida de los mercados internacionales, provocando rumores de que dicho Decreto ley ponía en graves dificultades a Bankia. De ahí que se sucedan las valoraciones por terceros para lograr recuperar la credibilidad exterior de las informaciones contables y del sistema bancario español. A principios de marzo de 2012 Bankia encarga a la auditora Deloitte & Touche un plan para hacer frente a la nueva exigencia de fuertes provisiones, multiplicándose las reuniones con el auditor para intentar encontrar una solución a la falta de capital, creándose incluso un grupo de trabajo con el banco de inversiones Lazard, Clifford Chance, Deloitte y Bankia con ese objetivo. En paralelo, el consejo de Bankia encarga al banco de inversiones Lazard que estudie la fusión con Unicaja, Liberbank o Banca Cívica, para poder así reclamar más capital público y tapar el agujero ya evidente en la entidad. El informe obtenido por Bankia se traslada al Banco de España, de quien recibe el visto bueno al mes siguiente, sujeto a condiciones como la venta de activos y el relevo del consejero delegado. En paralelo el Ministerio de economía comunica a Rato que no cree en la validez del plan y le pide que elabore otro plan más ambicioso. Y con tal cometido Bankia contrata a la consultora McKinsey. La negativa del auditor a analizar las cuentas hasta que se solventasen los problemas de la validez de los créditos fiscales  ([xvii])  como capital y la valoración de Bankia, eleva la tensión en el grupo tras algunas reuniones con la comisión de auditoría interna.
Bankia, ¿obtiene  beneficios o sigue perdiendo?
El 28 de marzo de 2012, el consejo de BFA, el banco malo del grupo financiero, aprueba y firma las cuentas con 309 millones de beneficios, en claro contraste con la grave situación de la entidad, que habría de aflorar aparatosamente tras la nacionalización. Deloitte les comunica que, de mantenerse esa situación, tendría que advertir por escrito que el grupo no es viable, tal y como les había advertido en marzo. El 23 de abril, Rato informa al consejo de BFA que el Banco de España había aprobado el plan de recapitalización y al día siguiente presenta su dimisión el presidente de la comisión de auditoría, Ángel Acebes. Pero en abril, tras la visita a Madrid de dos misiones consecutivas al más alto nivel técnico, el FMI publica su informe adelantado sobre España mencionando que existe una entidad, “la de mayor tamaño”, en alusión a Bankia, a la que hay que aplicar medidas rápidas y decisivas. Lo que provoca que la tensión alrededor de Bankia se dispare hasta niveles desconocidos hasta ese momento entre los inversores internacionales. ([xviii])
El caso es que finalizó abril de 2012 sin que se produjera el informe de auditoría sobre Bankia como exigía la ley; que no se había realizado porque nunca se le presentaron las cuentas firmadas, según Deloitte. Por lo que la CNMV, el supervisor bursátil, rechazó la publicación en su página web de las cuentas remitidas por Bankia por carecer del informe del auditor, aunque días más tarde fueron publicadas como un “hecho relevante”. Y en esa fecha del 31 de abril, Rato mantuvo una reunión con el Banco de España donde presentó un nuevo plan que incluía mayores desinversiones y señalaba la necesidad de 7.000 millones de ayudas públicas. En un entorno de crisis económica, se agudizaba la incertidumbre sobre el alcance real de las pérdidas de Bankia como banco cotizado en Bolsa, lo que se presentaba como una amenaza para la estabilidad financiera del país y la imagen del Gobierno. Ese fin de semana, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato se entrevista con el ministro Guindos a quien acompañan los presidentes del BBVA, Francisco González; del Grupo Santander, Emilio Botín; y el presidente de La Caixa Catalana, Isidro Fainé. Esta reunión revelaba la dimensión sistémica de los riesgos de Bankia, el cuarto banco del país cuya situación podría repercutir en las cuentas de los tres mayores bancos españoles. Tras los dos encuentros, Rodrigo Rato entiende que no cuenta con la confianza del Gobierno para enderezar la situación y presenta su dimisión el 7 de mayo de 2012 directamente ante el presidente del Gobierno. En su carta de renuncia propone al consejo como sustituto en la presidencia a  José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA, que inicia un plan de clarificación de la situación financiera de Bankia, cuando  era ya un banco cotizado.

                                                                                                           (continúa)




[ii] El País, 28/5/2012
[iii] Santiago Carbó-Valverde, David Marqués-Ibáñez y Francisco Rodríguez Fernández, Securitization, bank lending and credit quality.The case of Spain. ECB working paper series. Nº 1329 / April 2011
[iv] La denominada titulización (securitisation en inglés), un negocio o “técnica” bancaria  consistente en la conversión de créditos del banco (las deudas de sus clientes) en títulos bursátiles, admitiéndose que diferentes activos financieros (por ejemplo, hipotecas, cobros pendientes de tarjetas crédito, préstamos concedidos, etc.) se transformen en valores vendibles para la recaudación de fondos.  Véase Juan Hdez. Vigueras, El casino que nos gobierna…,opus cit.; pp.80-83
[v] Europe G.Policy Brief número 5, abril de 2014
[vi] Andreu Missé, La gran estafa de las preferentes. Abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Alternativas económicas, Barcelona, julio 2016, pp.77; 33-34. Una excelente y completa indagación del daño económico y moral ocasionado por Bankia entre los pequeños ahorradores españoles.
[vii] Joan Ramon Sanchis Palacio, Catedrático de Economía de la Empresa Universitat de València, La verdad sobre Bankia: el mayor engaño de la historia de la banca en España. Nueva Revolución  14/09/2016 en http://nuevarevolucion.es/bankia-mayor-engano-historia/
[viii] Eduardo Segovia, Bankia, la gran estafa. El confidencial.com,6/12/2014 en http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-06/bankia-la-gran-estafa_579659/
[ix] Anat Admati & Martin Hellwig, The Bankers´ …,opus cit. p.41
[x] Véase Aristóbulo de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes Véase Aristóbulo de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes
[xi] El Sistema Institucional de Protección (en siglas SIP) fue ideado legalmente como mecanismo de consolidación para Cajas de Ahorro con problemas se solvencia
[xii] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., p.255
[xiii] Ibidem, p.255
[xiv] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp. 255-266
[xv] El Economista (agencia Bloomberg) 28/2/2014
[xvi] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp. 143-144
[xvii] Créditos fiscales son apuntes contables que bancos y empresas hacen al sufrir pérdidas deducibles o gastos no deducibles, y que les permite compensar esos «números rojos» en el futuro, cuando generen beneficios, pagando menos por el impuesto de Sociedades. Las entidades tienen gastos que reducen sus ganancias pero que no pueden desgravar en ese tributo, de forma que pagan más impuestos. Hacienda les reconoce el derecho a anotarlos y usarlos en el futuro para reducir los impuestos que pagan por los beneficios de los próximos años
[xviii] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., pp.260-261