lunes, 18 de febrero de 2019

LA UNIÓN EUROPEA POSTBREXIT


El resultado del referéndum británico del Brexit de junio de 2016 estaba predeterminado, según apunta un análisis de la revista Foreign Affairs (The Worst Brexit Option,Except for All the Others), que ofrece los escenarios de la actual situación.

Más de cuarenta años de la pertenencia renuente en un proyecto que las elites británicas vieron siempre como un acuerdo de libre comercio glorificado, combinado con una prensa tabloide euroescéptica a menudo vitriólica, habían preparado a la población británica para optar por el abandono. Al final, el pueblo británico votó 52 contra 48 por ciento para irse, y Theresa May  asumió la misión de cumplir con ese voto mayoritario. Y en cierto modo, es lo que ha hecho, presentando al Parlamento un acuerdo negociado entre su gobierno y la Comisión Europea, liderada magistral y minuciosamente por Michel Barnier durante los últimos 18 meses.

Desde luego tendría que ocurrir algo bastante extraordinario para detener ese proceso. Hoy tenemos estos cuatro escenarios:
  • -      el acuerdo de May encuentra una mayoría insuficiente en el Parlamento;
  • -      el Reino Unido abandona la UE sin llegar a un acuerdo;
  • -      la UE accede a extender el proceso descrito en el Artículo 50 para continuar el proceso de negociación y ratificación del Brexit;
  • -    o el Reino Unido celebra un segundo referéndum.

Llegados  a este punto, el Parlamento británico encuentra muy difícil optar por uno de esos cuatro escenarios. Y, sin embargo, tendrá que haber una decisión, aunque no esté clara cuál sea la mejor manera de avanzar para el Reino Unido.

Pues bien, en esta singular coyuntura europea y global, nos parece interesante y oportuno reproducir aquí un documentado artículo publicado en El País, el 10 enero 2019, por Miguel Otero Iglesias, investigador principal en el Real Instituto Elcano, que representa una reafirmación europeísta de la Unión, que suscribimos:


La UE, más unida que nunca
Las divisiones existen y son graves, pero un análisis sosegado, con perspectiva histórica, muestra una situación mucho mejor.
En el imaginario popular se ha instalado la idea de que la Unión Europea nunca ha estado más desunida. La cantinela que se repite es que los países de la Unión son incapaces de ponerse de acuerdo en reformar el euro, en gestionar los flujos migratorios, en lidiar con la creciente agresividad de EE UU, Rusia y China y que el auge del nacional populismo va a debilitar todavía más la Unión hasta el punto de descomponerla.
Las divisiones existen y son graves, pero un análisis sosegado, con perspectiva histórica, muestra que probablemente Europa esté más unida que nunca. Y para convencernos no hace falta recordar los siglos de conflictos europeos desde la Guerra de los Cien Años hasta la Segunda Guerra Mundial. Con analizar los últimos 60 años de integración europea llega.

Vayamos por décadas. En los años sesenta tuvimos la crisis de la “silla vacía” provocada por un De Gaulle bastante más francés que europeo. En los años setenta tuvimos el colapso de la “serpiente en el túnel” que sepultó el plan Werner y trajo años de tensión entre Francia y una dominante Alemania que imponía la tiranía del marco. En los años ochenta tuvimos la crisis del “bolso” de Thatcher y el Acuerdo de Fontainebleau que institucionalizó el cheque británico, un error histórico que consagró el “excepcionalísimo inglés”.
Algunos pensarán que los años noventa, tras la caída del muro de Berlín y la firma de Maastricht, seguro que fueron años de mayor unidad. Para nada. Reino Unido no se adhirió al euro, los daneses votaron en contra y solo un 51% de los franceses lo apoyaron. Una victoria por los pelos, y numerosas voces en contra de la ampliación al Este. Estas tensiones se acentuaron en la primera década del siglo XXI cuando los franceses y los holandeses votaron en contra de la Constitución europea.
Estos episodios pueden parecer triviales comparados con el drama de 2012, y sobre todo 2015, cuando Grecia casi fue expulsada del euro. Pero también aquí hay que relativizar. Si los líderes europeos negociaron durante décadas con uñas y dientes unos presupuestos de la UE que nunca superaron el 1% del PIB, y que ahora están en torno a los 150.000 millones de euros anuales, ¿cómo no iban a enfrentarse, y hasta insultarse, cuando la cifra total para el rescate de Grecia llegó a los 290.000 millones de euros? ¡Más que el PIB de Dinamarca!

Lo cierto es que la UE, que ahora tiene 27 y no solo 12 Estados, está mejor de lo que se esperaba. Cuando futuros historiadores analicen el pulso del Brexit entre Reino Unido y la UE concluirán que la Unión se mantuvo unida y consiguió un acuerdo de separación ventajoso para sus intereses. Destacarán, además, que esta es la primera vez en 500 años que Reino Unido no ha logrado dividir al continente, y eso que lo ha intentado con ahínco, incluso usando la carta de su capacidad militar.
La Unión también se ha mantenido unida en sus tensiones con Rusia, EE UU y China. Llevamos casi cinco años de sanciones a Rusia sin fisuras. Algo que pocos pensaban que se iba a lograr. Recientemente, Juncker se plantó en Washington y negoció una tregua con el presidente Trump de igual a igual, representando los intereses de 500 millones de europeos. Un hecho sin precedentes. En su relación con China, la UE ha sorprendido incluso a los optimistas. Primero no otorgándole estatus de economía de mercado en la OMC y después estableciendo un primer mecanismo de supervisión de inversiones europeo, algo que hace solo unos años levantaba carcajadas entre los diplomáticos americanos.

Incluso el apoyo popular ha aumentado. Los números del Eurobarómetro de 2018 muestran cómo dos tercios de los ciudadanos (el 67%) están a favor de la UE, una cifra no vista desde 1983, y un 74% apoya la moneda única, récord absoluto. El atractivo de la Unión es tal que 700.000 británicos salieron a las calles de Londres con banderas europeas (algo que parecía imposible), el presidente galo Macron se envuelve a diario en ella (de locos) y Merkel pide un ejército europeo (temerario).
Y lo más extraordinario, ni Orbán, ni Kaczynski, ni incluso Salvini se plantean salir de la Unión. Al contrario, contemplan crear una Liga de las Ligas para asaltar Bruselas. Eso puede asustar, pero el cambio estructural es positivo. Los nacional populistas ya no quieren destruir la UE; quieren hacerla más autoritaria. Se está creando pues un demos europeo con sus inherentes batallas ideológicas. Tanto es así que por primera vez las elecciones al Parlamento Europeo de mayo serán unas elecciones europeas de verdad. Aquellos que no quieran ver una UE autoritaria que salgan a votar. Y lo más irónico: quizás los británicos se arrepienten y se apuntan a la fiesta de la democracia europea.-


viernes, 14 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (V)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )

Directivos corruptos: las tarjetas black

Y mientras sucedía el desastre bancario, los responsables, los consejeros de Bankia de todas las procedencias, se limitaban a hacer de palmeros que aplaudían a Rodrigo Rato por el precio de la OPV - pese a los enormes perjuicios que provocó - o pensaban que era positiva la intervención del Banco de Valencia. Y esos aplausos les permitieron enriquecerse con jugosos sueldos, bonus y las tristemente famosas tarjetas black. Según uno de los informes, se incumplió la Ley de la Comunidad de Madrid porque algunos de estos consejeros (incluyendo a Rato) cobraron a la vez de Bankia y de Caja Madrid. Según sus cálculos, las cantidades que se llevaron indebidamente ascienden a 4,3 millones de euros. En cuanto a las tarjetas opacas, los peritos del Banco de España no tienen dudas de que su finalidad era ocultar estos gastos y no declararlos a Hacienda, de que se incumplió la Ley y de que cualquiera podía darse cuenta del carácter indebido del uso de estas tarjetas, como sostiene el FROB y ha quedado demostrado con la sentencia condenatoria. Además, critican las lagunas de información en estos medios de pago y señalan que los principales implicados tenían más tarjetas de las que se han publicado; o bien no las usaron, o bien los actuales gestores de Bankia no han facilitado la información. ([i]) 

En paralelo al litigio de la salida a Bolsa y a las investigaciones de la responsabilidad civil sobre las participaciones preferentes de Caja Madrid, se abrió una pieza separada por las llamadas tarjetas black, negras u opacas para Hacienda, distribuidas entre consejeros y directivos de Caja Madrid-Bankia para gastos personales sin justificación ni declaración a Hacienda, que estuvieron en vigor entre 2003 y 2012. En total se gastaron por este sistema de retribución secreto unos 15,2 millones de euros. La  existencia de estas tarjetas fue divulgada por la prensa (eldiario.es; El Mundo e Infolibre), medios a los que había llegado documentación a través de la Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X, que los había recibido de una fuente anónima.  Este asunto estalló con gran impacto mediático en octubre de 2014 al trascender que la Fiscalía anticorrupción había abierto una investigación sobre el uso de estos medios de pago de Caja Madrid y Bankia que había  beneficiado a 86 directivos y consejeros. Los tenedores de esas tarjetas no tenían obligación de declarar los gastos que efectuaran con ellas, entre los que aparecieron compras de ropa, gastos en restaurantes y clubes, viajes y retiradas en efectivo de cajeros automáticos. La documentación llegó a la fiscalía desde el FROB, que en junio de 2014 había recibido dos informes de auditoría interna de Bankia. La organización ciudadana sostiene que la actuación de Bankia, el FROB y la fiscalía fue inducida por la divulgación de los correos de Blesa que ellos habían efectuado. Tras un año de investigación, en diciembre de 2015 el juez concluyó la instrucción del caso de las tarjetas black acordando el procesamiento de  86 personas acusadas de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. En el auto, el juez señalaba que “la utilización de las tarjetas tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales de los disponentes, por lo que las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que las mismas no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública”. ([ii]).

La pieza judicial de las tarjetas black se ha desarrollado con una inusitada rapidez a diferencia del caso Bankia. Uno de los abogados consideraba que este caso se ha utilizado “para desviar la atención”, puesto que la pieza de las preferentes está paralizada desde hace mucho tiempo. En el último año todo se ha centrado en el asunto de las tarjetas. En septiembre de 2016 tenía lugar la apertura del juicio oral sobre las tarjetas black, finalizando el martes 27 de ese mismo mes la fase procesal de cuestiones previas del juicio. Y la Fiscalía y la acusación (FROB y Bankia principalmente) mantuvieron la acusación de apropiación indebida y delito fiscal contra los acusados, por los gastos asociados a las tarjetas black, por un importe de 12 millones de euros que fueron a parar al agujero de Bankia. Por ello, razonaba la acusación que estos gastos tienen relación con los ajustes y esfuerzos de miles de millones de recortes públicos, que se agravaron tras aceptar el préstamo europeo de 100.000 millones destinado a salvar a las Cajas de Ahorro, y especialmente a Bankia, entidad que presentó las mayores pérdidas de la historia del sector. 

Colusión política y reguladores

Para empezar, de la crisis financiera en España y en particular de Bankia, se podría decir que “los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a sí mismas con efectividad”, como se afirma en las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis de Wall Street ([iii]); subrayando claramente el trasfondo ideológico neoliberal como principal causa de la crisis financiera global. Porque Bankia representa el fracaso de las reformas financieras del Gobierno, en particular la de febrero 2012 que era “definitiva”, y de los anteriores, que tuvieron como objetivo básico ocultar la corrupción bancaria sistémica y las responsabilidades de gestión de las oligarquías políticas regionales, soporte de la élite superior de los partidos políticos mayoritarios que impulsaron cajas “engrandecidas” con la especulación inmobiliaria, alimentada por el dinero barato del exterior y las innovaciones financieras. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos anteriores que pusieron las bases del desmadre crediticio e inmobiliario. Pero tratándose de las cajas de ahorro hay que recordar que el dinero que se esfumó era público y es público gran parte del que resta. ([iv])

El caso de Caja Madrid, que era más de la mitad de Bankia, es uno de los ejemplos más paradigmáticos  de las lamentables consecuencias de la connivencia entre poderes políticos y económicos, que tanto tiene que ver con las raíces de la crisis de muchas cajas de ahorro; por ejemplo, los ciudadanos han podido conocer a través de los correos electrónicos publicados la filosofía “gerencial” del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, actualmente sometido a varios procedimientos judiciales, que llegó en 1996 por el capricho personal del entonces presidente del Gobierno José María Aznar, aunque ignoraba todo sobre las cajas de ahorro como el mismo había reconocido públicamente.

Y esa colusión política tuvo su reflejo en el lamentable papel de los reguladores nacionales. Es evidente la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV como mínimo in vigilando sobre el desastre de todo el proceso de reestructuración y saneamiento de Bankia. Lo que se tradujo en daños colaterales de esta crisis que fueron cuantiosos. Porque está clara la pérdida de confianza exterior en este país, sus bancos y en las políticas gubernamentales que nos hundieron en una profunda recesión económica; hasta el punto que se anunciara la exigencia del Eurogrupo de una valoración independiente de todos activos bancarios; una humillación para el gobierno del Partido popular. A lo que se añaden los costes sociales para la ciudadanía y de las negras perspectivas para las actividades culturales, asistenciales y sociales de la Obra social de Caja Madrid como de la valenciana Bancaja y de las restantes Cajas de Ahorro, que perdieron lo que era parte de sus señas de identidad.

Como nos recuerdan los citados profesores Anat Admati y Martin Hellwig  hay un principio que dice que a las firmas hay que permitirles o incluso exigirles que quiebren si no pueden afrontar sus obligaciones, mencionando a Bankia como una excepción: “En el otoño de 2008, ese principio se cumplió en el caso de Lehman Brothers, pero el resultado confirmó los peores temores que se habían expresado en los episodios del LTCM y Bear Stearns. Desde entonces, a ninguna otra entidad financiera se le ha permitido quebrar, incluso aunque algunas fueran muy frágiles y posiblemente insolventes. En su lugar, muchas han sido rescatadas, desde AIG pocos días más tarde hasta los bancos europeos, Bankia y Crédit Inmobilier de France en el verano de 2012. El principio de que a los bancos, como a todas las otras firmas, se les debe forzar a soportar las consecuencias de las malas decisiones parece haber cedido ante el temor general de contagio desde el fracaso de los grandes bancos” ([v])

Desde luego nos adherimos a ese principio que enuncian estos distinguidos académicos, aplicable a todos los casos analizados en los capítulos precedentes. Sin embargo, hemos de subrayar el trasfondo político y la singularidad del caso Bankia porque las cajas que fundaron el nuevo banco y en gran medida el propio banco gestionaban dinero público, más aún dinero de las clases populares. Y su origen torticero radica en el proyecto gubernamental de privatización, sostenido en la ocultación de las pérdidas y en la gestión corrupta por razones políticas, así como en la captación de dinero privado de pequeños ahorradores y, finalmente, en dinero prestado por las instituciones europeas que toca devolver a los contribuyentes. En definitiva, toda una gran estafa para los ciudadanos españoles al construir una estructura bancaria inviable por si misma en su origen para salvar una elite política depredadora al amparo del Gobierno de turno.-



[i] Eduardo Segovia, Bankia, la gran estafa. Elconfidencial.com 6/12/2014
[ii] André Missé, ibídem, pp. 416-418
[iii] Financial Crisis Inquiry Report, PublicAffairs New York, january 2011,p. xviii
[iv] Juan Hdez. Vigueras, Apuntes sobre BANKIA: Un rescate llamado nacionalización  en  http://www.attac.es/2012/05/16/apuntes-sobre-bankia-un-rescate-llamado-nacionalizacion/
[v] Anat Admati & Martin Hellwig, The Bankers´…, opus cit. p.74

sábado, 1 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (IV)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )


La estafa de las participaciones preferentes

La venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores, fue cronológicamente el primer engaño de Caja Madrid-Bankia para los ahorradores; y para muchos el tercer engaño vendría con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas.  Ante la congelación de los mercados financieros derivada de la crisis global, los bancos y las cajas de ahorro españolas descubrieron las grandes ventajas de las participaciones preferentes como fuente de capital, que resulta mucho más barata que las acciones. Bancos y cajas españolas colocaron estos productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo superior a la de los depósitos a plazo en ocasiones, el interés era muy inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta los riesgos que implicaban las preferentes. Desde un principio, las participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La propia denominación ocultaba un doble engaño; la expresión es una mala traducción del término anglófono preference share, cuya traducción correcta hubiera sido “acciones preferentes”. Si se hubieran vendido como acciones, los compradores habrían entendido que era un producto de riesgo, al estar asociado a Bolsa. En cambio, las preferentes que en la jerga del sector se calificaban de productos complejos, reunían características de capital y de deuda a la vez; por lo que también se les llama productos híbridos. Por una parte, las preferentes se asemejan a las acciones como parte del capital social con sus ventajas de mayor rentabilidad, pero también sus mayores riesgos pues si la entidad va mal pueden perder  todo su valor. Por otra parte, también ofrecen rasgos de deuda al tener, por ejemplo, un período de rendimiento fijo como los depósitos a plazo y, en el caso de los bancos, no son las primeras en asumir las pérdidas. Una de las ventajas para los bancos es que el capital captado a través de las participaciones preferentes no tiene derechos políticos (derecho de voto), con los cual no afecta al poder de los accionistas sobre la entidad. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes permitían capitalizarse de una manera más rápida, pues hasta entonces solo podían hacerlo básicamente destinando a este fin una parte de los beneficios obtenidos cada año. ([i])

Comercialización engañosa para pequeños ahorradores

La operación de las participaciones preferentes por Caja Madrid en mayo de 2009 fue la más impactante por su volumen y agresividad de todas las operaciones comerciales similares realizadas ese año, con una recaudación de 3.000 millones de euros. En realidad, fue la emisión de productos híbridos más cuantiosa realizada jamás por una entidad financiera española, sin contar la de Valores Santander por valor de 7000 millones de euros en 2007. La decisión de la caja madrileña presidida por Miguel Blesa, de recabar una cuantía tan elevada de dinero obedecía a que la Caja se encontraba en una situación muy delicada con serias necesidades de capital para afrontar el creciente número de impagados a medida que la crisis financiera se dejaba sentir con más fuerza en España. La colocación de preferentes de la histórica caja madrileña se efectuó a través de una incisiva campaña comercial que implicó activamente a toda su extensa red de sucursales. La entidad se hizo con una parte importante de los ahorros de casi 300.000 clientes ([ii]), que siguieron ciegamente las recomendaciones de los empleados de la entidad, en quienes habían confiado en algunos casos desde varias generaciones atrás. Dentro de una agresiva campaña de marketing y publicidad, Caja Madrid elaboró un completo argumentario comercial de carácter confidencial para uso exclusivo de sus empleados con la advertencia expresa y repetida en todas las páginas del documento de que “esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes”; según rezaba el argumentario comercial de 2008. El temor a que el documento cayera en manos del público tenía su fundamento. Sus autores querían evitar a toda costa que los clientes conocieran determinadas características de las preferentes porque, de conocerlas, muy probablemente no habrían realizado la inversión; por ejemplo, saber que su dinero se quedada en el banco a perpetuidad. En este sentido, en el argumentario comercial se afirmaba que las preferentes son “títulos subordinados sin vencimiento definido y su rentabilidad está condicionada a la obtención de beneficios por parte del emisor”. Y el mismo documento destacaba que el producto tiene la garantía 100% de Caja Madrid, que había sido la única entidad financiera de las cuatro grandes españolas que en el primer trimestre de 2009 había aumentado sus beneficios respecto al año anterior. Desde luego se omitía la advertencia de que el principal riesgo de las participaciones preferentes no era el impago de los intereses prometidos sino que la inversión se podía perder completa o parcialmente por su condición de participación en capital social, como sucedió en muchos casos. ([iii])

Desde finales de 2008, la CNMV como regulador bursátil había intensificado sus actuaciones al comprobar que un creciente volumen de preferentes “estaban dirigidas a inversores minoristas”. Pero debido a falta de contundencia, sus advertencias no resultaron lo suficientemente convincentes para que las entidades financieras abandonaran estas prácticas. La apertura de 13 expedientes de limitada capacidad sancionadora tampoco inquietaba a los bancos. La sanción más elevada en materia de preferentes fue impuesta al Banco Santander por la cuantía de 16,8 millones de euros, que la Audiencia rebajó a 6.9 millones, por la emisión de un producto financiero denominado Valores Santander, similar a las preferentes; sanción no comparable en absoluto con el volumen de la operación que captó 7.000 millones de euros. Los esfuerzos de la CNMV para regular el mercado de las preferentes tropezaron con dos serias limitaciones que menoscabaron mucho su labor. Por un lado, su escasa capacidad sancionadora implicaba que sus reiteradas advertencias y recomendaciones caían en la mayoría de los casos en saco roto y las entidades continuaban impertérritas con sus malas prácticas. Por otra parte, la lentitud de resolución de los expedientes y la falta de publicidad de las sanciones hasta que fueran firmes, suponían también en la práctica una cierta impunidad para bancos y cajas. Mientras aumentaba la tensión entre la CNMV y los bancos emisores de preferentes que eran objeto de investigación, un creciente número de afectados fueron descubriendo poco a poco que se habían quedado con su dinero atrapado. Inicialmente la reacción fue muy lenta, unos porque en su gran mayoría eran personas mayores que ocultaron a sus propias familias la posible pérdida de sus ahorros; otros pensaban que habían sido víctimas de su ignorancia en materia financiera y en una actitud vergonzante intentaban ocultar la situación de sus ahorros. Pero otros afectados, empero, optaron por denunciar los hechos a través de asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas que movilizaron a decenas de miles de preferentistas creando una conciencia pública del problema  ( [iv] )

Un mercado secundario ficticio

Para mayor escándalo, la banca desarrolló un mercado ficticio para las preferentes con el fin de ofrecer una apariencia de liquidez inmediata, haciendo creer a los clientes que el nuevo producto era como  un depósito a plazo fijo y que el dinero se podía recuperar en un breve plazo de días. A través de este mercado interno, la banca garantizaba a sus clientes la devolución de su inversión en preferentes o subordinadas en unos pocos días, durante el cual buscaba a otro cliente para colocarle el mismo producto. Este mercado fingido funcionó sin problemas mientras la economía crecía y logró burlar las advertencias de la CNMV durante varios años. De hecho estuvo plenamente operativo hasta junio de 2010 y no se liquidó definitivamente hasta noviembre de 2011 por exigencias del regulador bursátil. Aunque este mercado secundario donde cotizaban las preferentes era el AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un mercado donde se negociaban básicamente pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, obligaciones y bonos (creado en 1991 y supervisado por la CNMV), en la práctica lo único que verdaderamente existía era un mercado interno dentro de cada banco. Cuando un ahorrador quería vender su participación, lo comunicaba a la caja o al banco y este buscaba un nuevo inversor. Las operaciones se realizaban en los bancos, al 100 % o muy próximas al valor nominal, y luego ya cerradas se comunicaban al AIAF.

Merece destacarse que el lenguaje extremadamente benevolente empleado en los informes de la CNMV escondía la gravedad de los hechos. Cuando indica que las tres entidades (Caja Madrid, Bancaja y Bankia) “intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable”, lo que realmente quería decir es que les vendían estos productos a precios que hasta duplicaban el valor de los mismos. De ahí que el abogado Andrés Herzog ([v]) lo expresara más crudamente afirmando que “Bankia como otras entidades manipulaban este mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez de la que carecía, a fin de evitar que se descubriera que todo era una gran estafa y que se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”. Y en el escrito al juez, Herzog subrayaba que “las entidades financieras aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para “crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía la liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real” ([vi])

El descubrimiento del fraude
Los empleados de Bankia y de las cajas fueron los primeros en recibir el creciente número de reclamaciones de los clientes por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes. Reclamaciones que se incrementaron de 2010 a 2011, debido a las numerosas quejas de los inversores minoristas por las condiciones de liquidez, las pérdidas latentes o el modo en que se había llevado a cabo la comercialización de las participaciones preferentes., según la Memoria de la CNMV de 2011  relativa a reclamaciones y consultas. Aunque era prácticamente nulo el impacto de estas quejas, porque las resoluciones de la CNMV sobre quejas de reclamantes lamentablemente no son de obligado cumplimiento. Un ejemplo del poder del lobby bancario sobre los órganos del Estado español. Pero este conflicto tenemos que situarlo en el contexto de la evolución de la crisis financiera y económica con el aumento del paro, la recesión económica, el agravamiento de la crisis del euro, el rescate de Portugal forzado por la UE, etc.

Las tensiones en el mercado de las participaciones preferentes se hicieron cada vez más  evidentes a medida que se agravaba la situación financiera y crecía la presión de la CNMV sobre los bancos y cajas de ahorro para que pusieran fin a la manipulación del mercado secundario en donde se comercializaban estos títulos. En este clima de deterioro de bancos y cajas, una nueva ley promovida por el Gobierno en sintonía con los cambios en la regulación internacional, endurecía los requisitos para que las preferentes pudieran computarse como recursos propios. La ley 6/2011 para la transposición de la directiva europea 2009/111, introdujo la facultad del consejo de administración de las entidades financieras para cancelar el pago de la remuneración de la preferentes si la entidad no cumplía con los requerimientos de recursos propios exigibles. Con anterioridad a esta ley solamente se podía dejar de pagar los intereses de las preferentes si los bancos no tenían beneficios. Con la nueva norma bastaba un acuerdo del consejo de administración del banco para que dejara de abonarlos. En esa misma línea, la nueva ley autorizaba al Banco de España para poder exigir la cancelación del pago de los intereses de las preferentes basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito. Por otra parte, los bancos se resistían a operar en el mercado ficticio de las preferentes que habían creado y se revelaba en el caso de la CNMV que se tenía que enfrentar a todo tipo de reticencias y medidas dilatorias  de aquellos. En el caso de Bankia, era clamoroso el retraso en el cumplimiento de los requerimientos de la CNMV. Y durante el mes de noviembre de 2011 prácticamente todas las entidades financieras se vieron obligadas a cerrar sus respectivos mercados secundarios internos por exigencias de la CNMV, lo que significó para los titulares de preferentes que vieran sus ahorros en estos títulos bloqueados definitivamente. ([vii])

La conversión de preferentes en acciones

La ruinosa conversión de preferentes en acciones de Bankia iniciada en 2012 sería el tercer engaño para muchos clientes de la antigua Caja Madrid en menos de tres años, como destaca André Missé en su libro referido, cuando se les proponía el canje de preferentes y subordinadas por acciones, que se materializó en marzo de ese año. La oferta era sugestiva si se tiene en cuenta que las preferentes habían quedado bloqueadas desde noviembre de 2011 y que esta conversión en acciones era una forma de recuperar el dinero mediante su venta en la Bolsa. Sin embargo, la verdadera motivación del Banco era intentar cumplir con las nuevas exigencias publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas en inglés) en el último mes de 2011, que había adoptado el acuerdo que las participaciones preferentes no computaran como capital básico. Por tanto, a Bankia no le  valían las preferentes para completar su ratio de capital; dicho de otro modo, necesitaba más aportaciones de capital de sus accionistas o lograr nuevos suscriptores de capital. Según la EBA, las necesidades de capital del BFA ascendían a 1.400 millones de euros. Para cubrir esas nuevas necesidades, el aún presidente del grupo, Rodrigo Rato, optó nuevamente por los ahorros de los fieles clientes de Caja Madrid y demás cajas integradas en el BFA, que ahora formaban Bankia. Porque la realidad es que Bankia carecía de capacidad para captar inversores a precios razonables a medida que se fue conociendo que la entidad sufría grandes pérdidas. De hecho, en 2013 los accionistas habían perdido más del 95 por ciento de la inversión realizada menos de dos años antes. Y un aspecto inquietante es que el Banco de España que había autorizado la recompra de participaciones preferentes tenía un perfecto conocimiento de la “deficiente comercialización de las preferentes y subordinadas”, según el informe de marzo de 2012. ([viii]).

La suspensión del abono de intereses y la quita

A principios de junio de 2012 los tenedores de preferentes y subordinadas  de las Cajas integradas en Bankia tuvieron una de las peores noticias. El grupo BFA-Bankia comunicó a la CNMV que, tras la publicación de los resultados con unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros, se suspendían los abonos de intereses correspondientes a las emisiones de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Y los esfuerzos de los nuevos gestores y del Gobierno se concentraron en recabar ayudas para asegurar la devolución de los préstamos a los grandes acreedores internacionales, principalmente bancos de Francia y Alemania, a los que nunca se dejó de pagar los intereses ni la totalidad del capital. El Banco de España había descubierto en marzo de 2012 que el Grupo Bankia tenía que afrontar un elevado volumen de vencimientos mayoristas que ascendían a 17.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Los preferentistas sufrieron una significativa rebaja en el valor de sus inversiones con el rescate europeo. En la UE no había ninguna directiva comunitaria ni siquiera una comunicación de la Comisión que estableciera de modo expreso que en caso de crisis bancarias se debían de aplicar quitas a los tenedores de productos híbridos; esta obligación especifica se introdujo un año después en la séptima comunicación sobre ayudas de Estado publicada en julio de 2013 y entró  en vigor en agosto de 2014. Fue una concesión del Gobierno español en las negociaciones del Eurogrupo. La aplicación de las quitas en el caso español no se amparó en ninguna disposición europea vigente que lo autorizase expresamente sino que fue el resultado de las negociaciones entre las autoridades españolas y las comunitarias en el Eurogrupo, donde el ministro alemán Wolfgang Schaüble llevaba la voz cantante, acordando aplicarlas como condición para la concesión de la ayuda financiera, como se recogió en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en inglés). El Real Decreto Ley 24/2012 estableció que las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas deberían soportar parte de las pérdidas de los bancos que las habían emitido.  A finales de noviembre de 2012, representantes del Gobierno, la Comisión Europea y las entidades financieras implicadas pactaron el descuento que aplicarían a los tenedores de estos productos híbridos. Para Bankia; NCG Banco y Catalunya Bank el “valor recuperable oscilará ente un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 70 por ciento para los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, dependiendo  de las condiciones específicas de cada instrumento”, según anunció el Banco de España. ([ix])

El arbitraje, la solución al bloque de las preferentes

Como relata André Missé, entre los tenedores de preferentes y subordinadas se disparó el malestar y las inquietudes a partir del 28 de noviembre de 2012, en que Bruselas aprobó los planes de reestructuración para Bankia y los otros bancos “nacionalizados” (Catalunya Banc, NCG Bank y Banco de Valencia). La decisión europea significaba crudamente que los tenedores de estos títulos iban a sufrir fuertes pérdidas, generando una indignación más intensa entre los ahorradores de Bankia que eran el grupo más numeroso con casi 300,000 afectados. El anuncio del arbitraje de Bankia fue realizado personalmente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso de los diputados en diciembre de 2012, presentándolo como la gran solución para terminar con el conflicto considerando que era un procedimiento más rápido que la vía judicial, explicando que los inversores sufrirían una quita en los ahorros invertidos. El balance final del arbitraje en Bankia puso al descubierto que un total de 58.443 ahorradores fueron rechazados por la consultora KPMG, que intervenía previamente en calidad de asesor privado requerido por la normativa establecida, según el informe trimestral de la Comisión de Seguimiento. El mismo informe indicaba que Bankia contaba con 294.905 tenedores de preferentes y subordinadas; de los cuales 176.723 fueron admitidos por la consultora para el arbitraje. Finalmente, la Junta Arbitral de Consumo dictó un laudo favorable al 97 por ciento de los seleccionados por KPMG. Respecto al capital, de los 6.231 millones de euros de dinero captado, el importe reclamado por el arbitraje ascendió a 4.043 millones, del cual Bankia abonó un 35 por ciento, es decir, 2.166 millones. ([x])

Reclamaciones civiles y querellas criminales

Desde mediados de 2013, muchos juzgados recibieron una súbita avalancha de demandas civiles presentadas por los tenedores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. A estas acciones se sumaron las querellas criminales, en especial por la salida a Bolsa de Bankia. A finales de 2015, había acumuladas más de 110.000 reclamaciones judiciales por asuntos relacionados con abusos financieros de Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco, los tres grupos “nacionalizados”; a las que habría que añadir las demandas presentadas por preferentes y subordinadas contra otros Santander, Bankinter, Sabadell y otras entidades financieras. Todas ellas sumadas a las demandas por ejecuciones hipotecarias  y otras causas generaban un bloqueo de la mayoría de los juzgados y tribunales. Este panorama judicial se clarificó en gran medida tras  las dos sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2016 que obligaron a Bankia a devolver el dinero de los inversores atrapados en la salida a Bolsa de esta entidad. Y estas decisiones del Tribunal Supremo propiciaron la renuncia de más de 76.000 reclamaciones judiciales que se había presentado por esta operación.
Además de las decenas de miles de procedimientos civiles entablados por los preferentistas, desde mediados de 2012 se comenzaron a presentar también querellas criminales contra los directivos y entidades emisoras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En ocasiones las acciones judiciales también se dirigieron contra los supervisores. Las querellas que han tenido más trascendencia fueron las  formuladas contra Bankia en junio de 2012, a partir de las sospechas sobre irregularidades en las cuentas levantadas por la polémica con el auditor Deloitte  y la presentación de las cuentas ante la CNMV sin la firma del auditor.  Sin embargo, a diferencia de los éxitos cosechados en los juzgados civiles con una amplia mayoría de sentencias favorables a los afectados, incluyendo varios fallos del Tribunal Supremo, las acciones penales contra los responsables de los abusos bancarios han tenido un recorrido más tortuoso, plagado de dificultades y demoras y sin resultados hasta la fecha para el caso de las preferentes. De todas formas, las investigaciones efectuadas a raíz de las querellas entabladas han sido muy importantes porque permitieron obtener documentos decisivos del Banco de España, de la CNMV y de los propios bancos implicados, como en el caso de Bankia, que fueron utilizados como pruebas decisivas tanto para los procedimientos civiles como los penales. Sin duda, los principales procedimientos penales son los relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y la comercialización de las participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro integradas en ese banco. ([xi]). A medida que se fueron descubriendo más irregularidades, la investigación se organizó en una pieza principal, conocida como el caso Bankia, referido a la salía a Bolsa de la entidad y varias piezas separadas. Entre estas figuran las dedicadas a participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja, los correos de Blesa, las tarjetas negras y las responsabilidades civiles de los ex presidentes Miguel Blesa y de Rodrigo Rato, entre otras. ([xii])





[i] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; pp. 33,34-50
[ii] 294.905 afectados de Bankia de un total de 813.073 en todas las entidades implicadas, André Missé, ibídem, p.173
[iii] Andrés Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit., pp. 109,115 y118
[iv] Ibidem, pp. 130-131; y 171 y siguientes
[v] Redactor de la querella contra Bankia en nombre del partido UYP presentada el 15 de abril de 2013
[vi] André Missé, ibídem, p.127 y 137
[vii] André Missé, ibídem, pp.165-170
[viii] Andrés Missé, ibídem, pp. 198; y 200-201
[ix] André Missé, ibídem, pp.225-227 y.235
[x] André Missé, ibídem, pp.319 y 339-340
[xi] Estos casos están siendo investigados por el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional
[xii] André Missé, ibídem, pp. 271-275;y 397.

viernes, 9 de noviembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (III)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera)

La “nacionalización” de Bankia y el rescate europeo: el Memorándum

Bankia, resultante de fusiones de siete cajas, fue la séptima entidad en ser “nacionalizada”; pero alcanzaba los 320.000 millones de euros. Era tan grande como la suma de las otras seis cajas de ahorro que fueron intervenidas (CCM, CAM, Caja Sur, Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia) que solo sumaban en conjunto 295.000. Bankia protagonizó la mayor crisis financiera de la historia de España y la solución de sus problemas pareció encauzarse mediante un proceso de saneamiento y capitalización sin precedentes y finalmente la introducción de una sólida dirección profesional para la gestión. En primer lugar, tras reformular las cuentas del equipo anterior que ofrecían el citado beneficio de 309 millones para 2011, se concretaron unas pérdidas de 2.979 millones y Deloitte firmó la auditoría; se renovó el Consejo y el nuevo presidente propuso convertir en acciones los 4.465 millones de participaciones preferentes propiedad de BFA, que habían sido suscritas por el FROB, para apoyar la integración del grupo Bankia. Y tras encargar tres valoraciones independientes, se determinó que el valor de los activos aportados por las siete cajas quedaba reducido a cero y el Estado se hacía con el cien por cien del capital de BFA. Las pérdidas de las cajas que afloraron en un primer momento eran enormes; por consiguiente el futuro de las diferentes obras sociales de las cajas quedaba en entredicho, puesto que se nutrirían de futuros beneficios bursátiles. La junta de accionistas del BFA de 29 de junio de 2012 cifró en 19.000 millones adicionales las necesidades de ayudas públicas para el grupo BFA-Bankia. La cifra total de dinero público ascendía, por tanto, a 23.500 millones, si se suma la anterior ayuda del FROB, ahora convertida en capital. ([i])

La mal llamada nacionalización

En mayo de 2012, con la mencionada propuesta del nuevo presidente del grupo BFA-Bankia José Ignacio Goirigolzarri, de la conversión de la ayuda del FROB en capital de BFA,  el Estado controlaría el 100% del banco matriz, y en consecuencia, el 45% de Bankia. Con esta  medida planteada se evitaría el uso de más dinero público, según Iñigo de Barrón en El País. ([ii])  La salida del ex vicepresidente económico con el gobierno Aznar y presidente del BFA y de Bankia, Rodrigo Rato, fue el segundo intento del Gobierno del PP de recuperar la credibilidad del sistema; y  esto reflejaba la gravedad del momento en una tardía reacción, que  suponía dar la razón a los mercados y a bancos de inversión que reclamaban medidas adicionales para la limpieza de los activos inmobiliarios. En sustitución de Rato, el Consejo de Bankia y de BFA, nombraba presidente a José Ignacio Goirigolzarri, aceptando la renuncia de José Manuel Fernández Norniella como consejero ejecutivo. Y el Consejo del BFA aprobaba la propuesta del nuevo presidente Goirigolzarri de “nacionalización” – en expresión de El País - del BFA, la conversión de la ayuda pública  del  FROB en capital del BFA; y la respuesta del Gobierno llegó apenas unas horas después. “El FROB será titular indirecto de un 45% del capital de Bankia”, reza el comunicado emitido por el ministerio de Economía; es decir, el Estado se quedaba con el 100% de BFA. Por su parte el Banco de España en una nota manifestaba que el grupo “es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación”. Precisamente la necesidad de evitar el deterioro de la reputación y la pérdida de pasivo fue el argumento más utilizado por los consejeros para aprobar la mal llamada “nacionalización”, manifestación de una política mediática destinada a ocultar la realidad.

Conviene aclarar que la utilización de la expresión nacionalización por el Gobierno y medios afines, confirmaba el juego político que escondía el confuso proceso para clarificar las cuentas de Bankia. Porque nacionalizar implica la conversión, por vías legales, de recursos bajo propiedad privada en recursos bajo propiedad pública. Algo que obviamente no era este caso. Los recursos propios de Bankia eran ya públicos antes y lo han seguido siendo hasta la fecha, después de la operación de conversión de las participaciones preferentes del FROB en capital. Al tomar el 100% del capital de BFA el Estado a través de FROB continuaba siendo el máximo accionista de Bankia, ya que controla el 100% de BFA, que a su vez controla el 52% de Bankia. La conclusión de esta acción gubernamental es que propiamente hablando no se había nacionalizado Bankia, que seguía teniendo capital cotizando en Bolsa. Lo que ocurrió fue un cambio del control del BFA, que dejaba pertenecer a Caja Madrid y a las otras seis cajas y desde entonces al FROB. Era una transferencia de la dependencia desde los poderes públicos autonómicos y municipales al gobierno central; es decir, desde unas instituciones del Estado a otras que son también Estado. ([iii]) Un cambio de control que, por otra parte, debería haber conllevado el nombramiento del Presidente de BFA-Bankia directamente por el Gobernador del Banco de España, incluso como administrador único, al menos, del BFA. No se entiende bien que formalmente no se respetaran los procedimientos, deteriorando la autoridad, independencia y prestigio del Banco de España. ([iv])

El rescate europeo de Bankia

Unos meses después de la “nacionalización” de BFA-Bankia, se producía el rescate bancario por parte de la Unión Europea. Por cierto, un rescate que ascendió a 41.300 millones de euros y que prácticamente ha ido a parar al saneamiento de la propia Bankia (más de 40.000 millones de saneamiento), mientras el resto de ciudadanos estábamos sometidos a severos recortes en educación, sanidad y servicios sociales. El Gobierno  quería evitar o minimizar el impacto político negativo de que España entrara en el desventurado club de los países rescatados. A finales de mayo de 2012, el presidente del Gobierno seguía insistiendo en que no se precisaba ningún rescate internacional para salvar a los bancos. “No va a haber ningún rescate de la banca española” afirmó tajante ([v]). Pero la llamada prima de riesgo alcanzaba los 540 puntos y Bruselas apretaba el acelerador exigiendo abiertamente que el Gobierno enviase a la UE un plan para recapitalizar Bankia. Mario Draghi propinó otro bofetón al Gobierno al manifestar que la gestión de la crisis de Bankia “se ha realizado de la peor  forma posible”. Y las dudas que pudieran quedar  sobre la necesidad de pedir el rescate europeo, se dispararon el 7 de junio al tener que “nacionalizar” otras dos entidades Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia Banco, que suponían un desembolso de otros 9.000 millones de dinero público; ayudas que se sumaban a los 23.500 millones que ya había necesitado Bankia. Finalmente, la tarde del sábado 9 de junio de 2012, el Gobierno español se rendía solicitando la ayuda del modo más discreto posible. A través de una videoconferencia, los ministros de Economía del Eurogrupo, acordaban ofrecer a España un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para “recapitalizar las entidades financieras”. El comunicado oficial del Eurogrupo precisaba que la ayuda seria proporcionada por los dos fondos europeos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual podría recibir los fondos actuando como agente del Gobierno español. ([vi]). El texto desvanecía por el momento la esperanza de que la ayuda europea fuera directamente a la banca sin implicar al Gobierno. Para mayor claridad, el comunicado europeo precisaba que el Gobierno español mantendría la plena responsabilidad de la asistencia financiera y firmaría el acuerdo recogido en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en ingles). Asimismo, este documento establecía clara y expresamente la condicionalidad para la ayuda financiera al cumplimiento del cumplimiento de una serie de compromisos en materia de déficit, reformas estructurales y desequilibrios macroeconómicos. Entre otras condiciones, obligaba a una quita sobre el valor de las participaciones preferentes como veremos; y a unos ajustes de plantilla que han tenido que hacer Bankia y otras entidades bancarias españolas a cambio del rescate europeo. El rescate bancario exigió implementar un plan de reducción de empleo en Bankia que suponía cerrar 600 oficinas y reducir la plantilla en un 28%, es decir, despedir a casi 6.000 trabajadores; para lo cual la entidad bancaria aprobaba un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en febrero de 2013. ([vii])
                                                                               



[i] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., pp.259-262
[ii] Iñigo de Barrón, El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El País, 9/5/2012
[iii] José Moisés Martín es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis, art.cit.
[iv] Jorge Fabra Utray ¿HA SIDO BANKIA NACIONALIZADA? Economistas Frente a la Crisis, 14/5/2012 en http://economistasfrentealacrisis.com/ha-sido-bankia-nacionalizada/
[v] El País, 28/5/2012
[vi] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; p. 229
[vii] Joan Ramon Sanchis Palacio, La verdad sobre Bankia…articulo  cit.