sábado, 4 de agosto de 2018

Europa necesita denunciantes/whistleblowers protegidos


La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para impedir represalias. Gracias a las denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido, interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de 50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo - que implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia  del Tribunal Superior de Madrid que había condenado  al dicho Ayuntamiento al pago de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.

Asimismo, para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario
globalizado y complejo es imprescindible que los empleados o clientes denunciantes dispongan de canales apropiados y de garantías legales. El caso Falciani es paradigmático. En 2006 y 2007, el ciudadano franco-italiano Hervé Falciani, empleado como técnico informático en la filial suiza del HSBC,  trasladó al entonces Ministro de Finanzas francés, Christine Lagarde, los datos bancarios de más de 100.000 clientes adinerados que tenían sus cuentas en dicho banco. Y el gobierno francés compartió esa información con sus contrapartes de la UE en España, Alemania y Grecia, lo que resultó en unos considerables ingresos fiscales adicionales de alrededor de 135.000 millones de euros. Pero Falciani fue condenado a prisión en Suiza por haber violado el secreto bancario; y  actualmente permanece en prisión provisional en España,  pendiente de la extradición solicitada por la Confederación Helvética.

Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados sobre los big data o megadatos solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios, confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la campaña del referéndum británico en favor del Brexit.

A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por ciudadanos anónimos en defensa del interés general.

Que es un whistleblower o denunciante

Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar un silbato o pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede constituir un fraude u otro delito o una grave irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo, especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o denunciante e incluso soplón en algunos países.
La Comisión europea parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.   
La necesidad de protección legal de los denunciantes
En el conjunto de la Unión Europea las acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e irregularidades.  Y España se sitúa a la cola de los países de la Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción o whistleblower, según un estudio de 2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón)  que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a la denuncia de ilegalidades e irregularidades.  En los demás países, según la Comisión, la protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.
Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.

La propuesta de la Comisión europea pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El vicepresidente primero, Frans Timmermans, reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».

Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

Amplitud de la protección legal prevista

La referida propuesta pretende garantizar una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.

 Asimismo la propuesta prevé que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales, regionales y locales. Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se incluyen: canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad; la notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); y la notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.

Valoración positiva de ONGs

La propuesta "no podría llegar en un momento más vital", se afirma en un comunicado de prensa de Transparency International, la conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en España. 

Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas de salud, entre otros.

Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente, una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el dicho británico.-  

lunes, 23 de julio de 2018

El Brexit y la fragmentación de la City


Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE se asemejan a una larga película de intriga en la que los espectadores ya se han dormido. Nobody cares about Brexit (A nadie le importa el Brexit) era el título del informe semanal sobre el Brexit de The Times de Londres del 28 de junio pasado. El gobierno conservador de Theresa May quería transmitir el mensaje de que las negociaciones seguían su curso con los 27 líderes de la Unión Europea durante la cumbre en Bruselas, una de las cumbres más difíciles desde hace años y en la que el asunto del Brexit apenas estuvo en la agenda. Porque la atención estaba puesta en la crisis migratoria que amenazaba la estabilidad del gobierno alemán y el riesgo de un cisma europeo con los nuevos gobiernos euroescépticos en Italia, Hungría y Polonia. Pero quince días más tarde, la propuesta de Theresa May  para un Brexit blando, concretada después en un libro blanco (policy paper: The futurerelationship between the United Kingdom and the European Union ),  provocaba una grave crisis interna del gobierno conservador británico, antes de su presentación a la delegación comunitaria, que acentuaba la incertidumbre sobre cómo será la salida del Reino Unido de la UE.
Salida que, conforme al art. 50 del Tratado, en cualquier caso tendrá lugar en marzo de 2019, aunque los bancos y las empresas y la ciudadanía tengan dificultades para prever el futuro impacto sobre la economía del posible acuerdo o desacuerdo final. De hecho  los parlamentarios tories y el presidente del selecto Comité del Tesoro han solicitado al ministro de Hacienda Philip Hammond, al Banco de Inglaterra y a la Autoridad de Conducta Financiera que supervisa la City, que produzcan un análisis sobre el impacto del acuerdo final del Brexit, antes de la votación final del Parlamento sobre el mismo antes de la fecha límite de ratificación de enero de 2019. Dicho de otro modo, a ocho meses de la fecha prevista para la salida de la UE se ignora el impacto que tal divorcio tendrá para el Reino Unido. Y la duda en el mundo financiero es cuál será el futuro  de la City de Londres como centro del poder financiero mundial.

EFECTOS IMPREVISTOS DE UNA COMPLEJA NEGOCIACIÓN CON INTERFERENCIAS DE LOBBIES

Desde luego todo indica que el futuro de la City de Londres como centro financiero global ha condicionado las negociaciones desde el comienzo; y que en general el gobierno británico ha presentado el Brexit como problema para Europa.

En el referéndum del 20 de junio de 2016, el 51,9 por ciento de los británicos votaron por la salida del Reino Unido de la UE. Y tras la formación de un nuevo gobierno y del desconcierto inicial, desde que las negociaciones para el divorcio arrancaron en junio de 2017, la prensa ha venido revelando las dificultades internas del gobierno británico para ofrecer una posición común, como han demostrado las recientes dimisiones en el gobierno May.

Desde luego, frente a la posición común de los 27 socios europeos desde el inicio, parece que el gobierno británico intentó persuadir a Europa de los riesgos que afrontaría la Unión si se dañaba la posición de Londres como centro de las finanzas mundiales. Un trabajo de investigación encargado por la City of London Corporation y realizado por la consultora Ernst & Young que encuestó a las principales empresas, incluidas Volkswagen y Airbus, habría revelado que las empresas de toda Europa estaban preocupadas por el previsible aumento de los costes de financiación. El gobierno británico incluso llegó a predecir que las empresas europeas alertarían a sus respectivos gobiernos de tener que afrontar mayores costes y posibles interrupciones, presionando a los políticos para que tuvieran esto en cuenta durante las negociaciones del Brexit. En un discurso a fines de junio, el citado ministro de finanzas decía que Europa solo dañaría su propia economía si socavaba el estatus de Londres como centro financiero global, señalando que  "la fragmentación de los servicios financieros daría como resultado una calidad inferior, productos de mayor precio para todos los interesados". Asimismo, en la prensa anglófona numerosas reseñas de informes, declaraciones y entrevistas con decenas de altos ejecutivos de grandes bancos internacionales, abogados, académicos, agencias de calificación y lobistas han descrito algunos de los peligros para las empresas y los consumidores que podría suponer perder potencialmente el acceso a los mercados de Londres. Con estas referencias a documentos e informes de expertos, los medios de comunicación internacionales reflejaban los intereses económicos en juego y aquellos defendidos por relevantes agencias de lobby.

Disminuye la inversión financiera extranjera

Lo cierto es que la economía británica ha venido acusando los efectos del largo proceso del Brexit tras el referéndum. Muchas inversiones, fusiones y adquisiciones empresariales quedaban a la espera del final de esas negociaciones; se frenaba el bum inmobiliario en Londres y las entidades financieras anunciaban posibles planes de deslocalización. 
De modo particular, la industria británica de servicios financieros está sufriendo una caída en la inversión extranjera, mientras que algunas de sus contrapartes europeas disfrutan de grandes ganancias. Hace días Bloomberg informaba que el sector financiero británico había atraído 78 proyectos de inversiones extranjeras directas durante 2017, un número inferior a los 106 proyectos en 2016 aunque aquel número es el mayor de Europa; mientras que este tipo de proyectos de inversiones extranjeras directas crecieron significativamente en número en Alemania, Francia o Luxemburgo durante el pasado año. La inversión extranjera en las firmas británicas de servicios financieros cayó un 26 por ciento el año pasado, según un informe publicado por la consultora  EY (Ernst & Young, ahora mundialmente conocida como EY). Durante el mismo período, Alemania experimentó un aumento del 64 por ciento, mientras que la cifra de Francia se duplicó con creces. Londres aún atrae más inversiones internas en servicios financieros que cualquier otra ciudad de la UE, pero la brecha con París, Frankfurt y Dublín se está reduciendo, asegura EY.

Con las conversaciones entre el Reino Unido y la UE estancadas desde marzo, los bancos se apresuran a establecer nuevos centros comerciales en otras partes de la región. Los reguladores de la UE han dejado claro que esperan que los bancos establezcan operaciones independientes a gran escala dentro del bloque comercial en un número significativo. En resumen, han abundado las elucubraciones en el sentido de que los bancos podrían transferir algunas operaciones al continente europeo cuando el Reino Unido abandone la UE, y que eso podría hacer subir los costes financieros para las empresas y bancos europeos. Al final tanto las Islas británicas como el continente europeo sufrirían, según las investigaciones de Reuters. (HowBrexit is set to hurt Europe’s financial systems, investigación de Reuters,12/7/2017)

Sin pasaporte financiero

Ciertamente al final Brexit dará lugar a una legislación que cambiará las fronteras de la Unión Europea. Hasta hace poco, la literatura en torno al Brexit señalaba que la reconfiguración de las finanzas europeas dependería de lo que ocurriera con el llamado pasaporte financiero de que disponen las entidades bancarias del Reino Unido, que permite que los productos financieros, como préstamos e hipotecas y vehículos de inversión de Londres creados bajo reglas más laxas y orientadas al riesgo, se vendan en todo los restantes países europeos. Desde luego, si se hubiera mantenido la validez del pasaporte bancario europeo tras el Brexit, la City habría continuado sirviendo al continente sus productos y servicios financieros mediante el soporte digital necesario. Pero, publicado el citado libro blanco sobre el Brexit del gobierno May, todo indica que no será así: habría una unión aduanera para mercancías y una zona de librecambio para servicios, pero casi todo por acordar.

Lo que sí admite el propio libro blanco británico sobre el Brexit (párrafos nº 60-66) es que el Reino Unido ya no podrá operar bajo el régimen de "pasaporte" de la Unión, que es algo intrínseco al Mercado Único, cuando deje de ser miembro. Como la decisión sobre si el Reino Unido debería tener acceso a los mercados de la Unión y en qué condiciones será competencia de la misma, y viceversa, se hace necesario un enfoque coordinado que conduzca a una regulación compatible que promueva la estabilidad financiera y evite el arbitraje regulatorio, es decir, que las entidades y particulares no puedan elegir la regulación más favorable. En este contexto, el Reino Unido propone un nuevo acuerdo económico y normativo con la UE en materia de servicios financieros, que mantendría un mercado financiero transfronterizo en un marco negociado entre el Reino Unido y la UE. Aunque, en esta propuesta del libro blanco, el Reino Unido reconoce que este acuerdo no puede replicar el régimen del pasaporte financiero de la UE.

LA RELEVANCIA FINANCIERA DE LA  CITY

El libro blanco del gobierno de Theresa May (apartado nº 58) resume la relevancia financiera de la City londinense en relación con Europa:

Los mercados de servicios financieros del Reino Unido y la UE están muy interconectados: los bancos del Reino Unido suscriben alrededor de la mitad de la deuda y el capital emitidos por empresas de la UE; los  bancos ubicados en el Reino Unido son contrapartes de más de la mitad de los derivados extrabursátiles negociados por Compañías y bancos de la UE; alrededor de £ 1.4 billones de activos son administrados en el Reino Unido en nombre de clientes europeos; el mercado de los seguros de Londres líder mundial alberga a las veinte compañías de reaseguros más grandes del mundo; y se registra más actividad bancaria internacional en el Reino Unido que en cualquier otro país. Este mercado interconectado tiene beneficios para los consumidores y las empresas en toda Europa”.

La Unión Europea necesita el dinero de Londres, aseguraba Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, que  calificaba al Reino Unido como "el banquero de inversiones de Europa"; y sostenía que la mitad de todas las deudas y acciones emitidas por la UE involucran a entidades financieras del Reino Unido. Y los banqueros aseguran que es probable que varias áreas se vean afectadas cuando el Reino Unido deje la UE, según los datos que registra la investigación documentada de Reuters referida. La primera es la capacidad de Europa de vender deuda soberana. En la actualidad, cuando un país, digamos Portugal o Grecia, necesita vender deuda soberana para mantener funcionando sus hospitales o escuelas, recurre a los mercados de bonos organizados principalmente por bancos en Londres. Actualmente, las firmas con sede en Londres son responsables de negociar alrededor del 70 por ciento de la deuda soberana en Europa, según los banqueros. Pero en 2017 algunos bancos ya se estaban retirando de la organización de las ventas de bonos porque no resultaba rentable.

Una segunda área que puede sufrir es la venta de derivados para que las compañías compren protección contra los cambios en el dólar estadounidense o los picos en el precio del petróleo. Los banqueros dicen que sus rivales en Londres ofrecerán una gama más pequeña de productos y con un costo mayor porque habrá menos bancos que ofrezcan estos servicios.

Una tercera área que puede verse afectada es la compensación de derivados denominados en euros, una actividad que domina Londres. Los responsables políticos de la UE quieren que dicha compensación, que garantiza la finalización segura de un intercambio, se traslade a la zona del euro después del Brexit. Los financieros dicen que eso aumentaría los costos de negociación para los clientes continentales que negocian en una variedad de monedas porque tendrán que encaminar las operaciones a través de varias cámaras de compensación, lo que les exigirá mayores garantías para respaldar esas transacciones.

Actualmente, Londres alberga la mayor cantidad de bancos del mundo y alberga el mayor mercado de seguros comerciales, se afirma en la citada investigación. Alrededor de seis billones (trillion) de euros (6,8 billones de dólares), o el 37 por ciento, de los activos financieros de Europa se gestionan en la capital del Reino Unido, casi el doble de su rival más cercano, París. Y Londres domina la industria de banca de inversión de 5,2 billones de euros de Europa. Los mercados de Londres aseguran desde reactores nucleares franceses hasta barcos griegos. Los fabricantes de automóviles alemanes piden dinero para la expansión. Los pensionistas holandeses invierten sus ahorros.

Y el Reino Unido dispone del mayor mercado de divisas y el segundo mayor mercado de derivados en el mundo, representando poco menos del 40 por ciento de las transacciones mundiales en esos mercados, mientras que París, el rival más cercano de la UE en Londres, maneja menos del 5 por ciento, según el Banco Internacional, según los datos de Reuters. Sin embargo, ante la prolongación de las negociaciones del Brexit y la incertidumbre sobre su desenlace, las entidades  financieras han ido adoptando decisiones para posicionarse frente a la recomposición de los mercados financieros europeos.

A DONDE VAN LOS BANCOS

Desde que Morgan Stanley renunció a la City de Londres, la pregunta ya no es si el Brexit dañará la industria de servicios financieros del Reino Unido sino cuán grave será el daño, subrayaba The Guardián en febrero de 2018. Ciertamente, hasta no hace mucho, la amenaza de que los banqueros salieran de Londres en masa, a menudo desplegada por entidades financieras como HSBC, se consideraba irreal y era objeto de bromas y hasta de mofa entre profesionales del sector. La broma más frecuente era que Ginebra era más aburrida que Londres y un traslado no compensaría una mayor retribución. Pero todo eso pertenece ya a un pasado lejano.

Actualmente al menos ocho ciudades europeas están compitiendo para que las firmas financieras se establezcan en el continente europeo, con la esperanza de atraer a sus empleados mejor pagados. Es sabido que París está intensificando los esfuerzos para atraer a los banqueros de la City. Se afirma que el gobierno francés ha sido el más agresivo, ofreciendo la promesa de rebajas de impuestos y de leyes laborales flexibles para complementar los encantos culturales de la capital francesa. "Todo fue muy Moulin Rouge", al decir del director financiero de uno de los mayores bancos de Europa después  de asistir a una presentación reciente de funcionarios franceses que destacaron los excelentes restaurantes y la vida nocturna de París.

Y a medida que el reloj avanza hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ciudades como Paris, Fráncfort y Ámsterdam rivalizan para presentarse como el mejor lugar para reubicar la mayor parte de los negocios de servicios financieros ahora radicados en Londres. Según la revista Forbes, las autoridades de la ciudad de Ámsterdam admitían haber tenido conversaciones con más de 100 compañías hasta el momento, y ya estaban concertando la reubicación de algunas de ellas, a las que se ofrece las ventajas de su ubicación. "París, Frankfurt y Londres están a una hora en tren o en avión" (WhereWill London's Finance Sector Go After Brexit? Amsterdam Says 'Choose Us!')

Sin embargo, Fráncfort es el gran ganador en la batalla por los banqueros post Brexit, según Bloomberg (27 de marzo de 2018), atrayendo miles de los empleos con sede en Londres todavía, pero que habrán de trasladase a nuevos centros dentro de la UE después de Brexit. Morgan Stanley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc y Nomura Holdings Inc. ya eligieron la ciudad alemana para su sede europea que les garantizará el acceso continuo al mercado único. Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG están sopesando una decisión similar, según apuntaba dicho medio, aunque los planes no eran públicos. HSBC Holdings Plc es el mayor banco no francés que hasta ahora ha optado por París, mientras que Barclays Bank Plc se ha inclinado por Dublín.

Aunque hay algunos banqueros que predicen que el gran ganador podría ser Nueva York, porque el único lugar que podría replicar la profundidad de los mercados y la experiencia de Londres.

TODO APUNTA A LA FRAGMENTACIÓN DE LA CITY

En marzo pasado, en un evento ante inversores en Londres, el ministro de hacienda británico Philip Hammond advertía que el éxito de Londres como centro financiero es único y será "imposible de replicar" en otro lugar. Por lo que las ciudades rivales europeas como París y Frankfurt que no deberían esperar absorber todo el negocio que representa el sector financiero de Londres. Como argumento sobre la necesidad de un acuerdo en interés de ambas partes, el ministro británico decía que "aquellos que piensan que los principales ganadores de cualquier fragmentación de los mercados de Londres serían París, Frankfurt, Dublín o Luxemburgo deberían tomar nota que muy probablemente los verdaderos beneficiarios sean Nueva York, Singapur y Hong Kong"; lo que significaría un recorte en la cuota de mercado en Europa, que quedaría como un conjunto menos competitivo.

Desde luego, el dominio financiero de Londres se ha desarrollado durante décadas y la City está luchando por mantener su condición de centro financiero global en medio de la incertidumbre del Brexit; y sus banqueros son escépticos sobre algunos intentos en Europa para replicar Londres, para transferir íntegramente toda su estructura organizativa y sus negocios financieros a otro lugar del continente. Y todo apunta que el Brexit generará un conjunto diverso de plazas financieras relevantes. El desarrollo de una mayor fragmentación será probablemente un resultado inevitable del Brexit, es la conclusión de Andreas Dombret, miembro del Banco Central de Alemania en su disertación  en un foro de expertos financieros en Dublin en abril pasado. (Livingwith Fragmentation: Post-Brexit Realities in Financial Services.)  Con empresas del sector financiero reubicando sus negocios entre Londres, por un lado, y Frankfurt, Dublín y otras ciudades, por otro lado, destacaba este experto que una estrecha cooperación de la supervisión será aún más importante, especialmente en los próximos años.
En opinión del citado conferenciante, a estas alturas de la negociación del Brexit, las opciones que quedan sobre la mesa son: o un escenario "sin acuerdo" o un acuerdo con libertades bastante limitadas para los servicios financieros, como en el caso del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU), el tratado económico y comercial entre la UE y Canadá.
En primer lugar, el escenario "sin acuerdo" significaría que la UE y el Reino Unido operarían bajo las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, donde los sectores de servicios están apenas cubiertos. Y en segundo lugar, incluso un acuerdo similar al CETA probablemente no significará libertades de gran alcance para proporcionar servicios financieros en la respectiva jurisdicción extranjera. Por lo tanto, nos guste o no, es muy probable que veamos una mayor fragmentación en la regulación y supervisión financiera en Europa, según razonaba el citado ejecutivo del Banco Central alemán.    

Aclaremos que cuando desde la perspectiva financiera se habla de “fragmentación del mercado” nos referimos a cómo están estructurados los mercados financieros. Normalmente, un mercado puede estar "concentrado", cuando en su totalidad o en su mayor parte, la negociación de un conjunto de valores bursátiles se desarrolla en una o dos plazas comerciales; y se habla de “mercado "fragmentado" cuando los inversores envían sus órdenes a numerosos centros de negociación que compiten entre sí por atraer ese flujo de órdenes. El lugar de negociación puede ser un lugar físico como el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York o un lugar de transacciones virtuales como el mercado electrónico del Nasdaq para negociar acciones.

Por tanto, el problema es que por ahora no está claro lo que exactamente significará eso. Es esta incertidumbre sobre la naturaleza exacta de la fragmentación post-Brexit lo que hace que para políticos y banqueros sea tan difícil evaluar los costes y los beneficios de una mayor fragmentación. Las firmas financieras destacan que la fragmentación probablemente signifique ineficiencias organizacionales y costes organizacionales más elevados. Y no cabe duda de que, al menos, la transición a un nuevo régimen para las finanzas europeas y a una nueva estructura organizativa será costosa. Sin embargo, estos costes pueden ser menos sustanciales a largo plazo: una vez que las empresas se hayan adaptado al nuevo régimen, los gerentes inteligentes encontrarán nuevas soluciones organizacionales que integrarán nuevas realidades de cumplimiento con eficiencias organizacionales.

De ahí que el citado experto alemán apele a los políticos, las empresas y los supervisores para que respondan a tres cuestiones cruciales: primero, un acuerdo de transición; segundo, una cooperación supervisora ​​pragmática; y tercero, una exigencia de innovación gerencial. Como ya es conocido, una fase de transición ya se ha acordado para que el Brexit pueda resultar menos abrupto y, a la larga, menos doloroso en particular para el Reino Unido. 

sábado, 12 de mayo de 2018

El blanqueo de capitales, el fraude y la evasión fiscal y las jurisdicciones offshore socavan la justicia de género


El despertar de Hollywood frente a los abusos sexuales de los magnates del cine y las denuncias del movimiento #metoo desencadenado en las redes sociales, sumados a los escándalos de las violaciones impunes en la India y a las protestas masivas de mujeres en España frente a la ya famosa sentencia de la Manada  de la Audiencia de Navarra, revelan un súbito ascenso de la conciencia ciudadana mundial sobre las injusticias de género más visibles en las diversas sociedades humanas del planeta.

Sin embargo, a  menudo se ignora que las injusticias de género están insertas hoy por hoy en el sistema económico capitalista actual, en el conocido como sistema de economía de mercado en que se basan los regímenes políticos  democráticos y autocráticos. Y en esa dirección apunta un estudio de la Fundación Friedrich Ebert del partido  socialdemócrata alemán, en el que se exploran algunas interrelaciones entre la justicia tributaria y la justicia de género, destacando cómo los flujos financieros ilícitos, desde el blanqueo de dinero sucio a la evasión y el fraude fiscal favorecido por los notorios paraísos fiscales offshore, se desarrollan en perjuicio de la situación social de la mujer en nuestras sociedades. De modo que, como apunta el título del citado estudio, los flujos financieros ilícitos socavan la justicia de género. Y que por el indudable interés, de esa investigación presentemos aquí algunas de sus ideas y reflexiones a modo de invitación a su estudio y difusión.

La situación de la mujer en el mundo se ve dañada de modo particular, en primer lugar, a través de los efectos de la evasión y el fraude fiscal y, en segundo lugar, por el papel de las jurisdicciones financieras opacas así como de las redes mundiales de despachos y agencias facilitadoras, que abren las compuertas para que fluyan los capitales ilícitos resultantes de la trata de mujeres y demás negocios ilícitos de la globalización financiera.
En el referido estudio se sostiene que la confrontación y el desmantelamiento de los facilitadores internacionales y de las jurisdicciones opacas no solo serán pasos auspiciosos en aras de la transparencia y la igualdad mundial, sino que también contribuirán a la igualdad de género, así como al respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas. Y el análisis finaliza con una lista de recomendaciones en materia de políticas nacionales e internacionales y ofrece líneas de acción estratégica para combatir la evasión fiscal y el impago generalizado de impuestos, así como el lavado de dinero procedente de actividades delictivas.

 Justicia  tributaria y justicia de género

A fin de comprender algunos de los nexos cruciales entre la justicia tributaria y la justicia de género, es importante observar tres factores interrelacionados que inciden en la capacidad recaudatoria de los Estados y en el impacto distributivo de los ingresos fiscales a lo largo y a lo ancho de la sociedad, como son:  
·                     La carga tributaria;
·                     La estructura impositiva;
·                     Las políticas y mecanismos para combatir el fraude y la evasión fiscal en el plano nacional e internacional.

Es obvio que la pérdida de ingresos fiscales tiene unos impactos negativos en el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas, así como en la lucha contra las desigualdades. Y es que las políticas tributarias no son neutrales y pueden promover u obstaculizar la igualdad social y la igualdad de género. Las mujeres y los hombres no experimentan de la misma manera el impacto de las políticas tributarias, a causa de las posiciones diversas y desiguales que ocupan como fuerza de trabajo, como consumidores, como productores, como propietarios de activos y como responsables de las actividades comprendidas en la “economía del cuidado”, dentro y fuera del hogar. Además, la desigualdad de género se  entrelaza con otras desigualdades que resultan del estatus socioeconómico, la raza, la edad, la ubicación, la casta y demás marcadores sociales.

En su actuación individual y colectiva, los Estados tienen el deber de movilizar los máximos recursos disponibles para cumplir progresivamente los derechos humanos de las mujeres y las niñas. También tienen la obligación de crear un entorno internacional propicio para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los que se relacionan con cuestiones tributarias.

Los impuestos son la fuente más sostenible y predecible para financiar los bienes y servicios públicos, así como una herramienta clave para lidiar con la desigualdad económica, incluida la desigualdad en materia de género. Sin embargo, la política tributaria actual no genera ingresos suficientes para atender el gasto público demandado por nuestras sociedades ni para cerrar las brechas de financiación detectadas en lo que concierne a la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

La referida investigación destaca la tendencia actual de los sistemas tributarios en cierto número de países hacia la reducción de los impuestos directos, al aumento de los impuestos sobre el consumo y a la escandalosa disminución de la tributación del capital. Tendencia fiscal que ilustra con datos de la realidad latinoamericana y caribeña en lo que concierne a la estructura impositiva. Menos de un tercio de la recaudación latinoamericana y caribeña proviene de impuestos directos, mientras que el grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros gravámenes indirectos. Durante el período 2010-2014, la región recaudó en promedio un 9,4% del PIB en impuestos indirectos (en comparación con el 10,9% de los países que integran la OCDE), mientras que los impuestos  directos promediaron el 5,7% del PIB, muy por debajo del 13,8% correspondiente a los países de la OCDE.  Por otra parte, tras casi cuatro décadas de globalización financiera y creciente poder de las grandes corporaciones, las rentas del capital aún están sujetas a una tributación muy baja y sobresalen los desequilibrios en los programas de incentivos fiscales

Por tanto, saltan a la vista las implicaciones de estas revelaciones para los derechos
humanos de las mujeres y la justicia de género. Cuando un Estado no moviliza recursos suficientes y registra déficits presupuestarios, la provisión de servicios públicos (educación, salud, instalaciones sanitarias, transporte, infraestructura social, cuidados o atención de necesidades especiales) es insuficiente y de mala calidad. Y esta dinámica perpetúa o incluso exacerba la desigualdad de género, porque debido a las desiguales relaciones de poder de género en la sociedad, las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y en la franja poblacional con empleos precarios o mal remunerados. Las mujeres también son más dependientes de las prestaciones estatales y suelen cargar con la mayor parte de la provisión no remunerada de cuidados cuando el Estado recorta los servicios sociales.


Además, cuando un Estado ve disminuida su capacidad para recaudar impuestos y controlar los flujos financieros ilícitos, tiende a compensar la pérdida de los ingresos tributarios con el aumento de gravámenes que recaen sobre los contribuyentes cumplidores, como pequeñas y medianas empresas e individuos de recursos moderados; o con un desplazamiento de la presión hacia los impuestos indirectos. En consecuencia, si un Estado no combate el abuso y la delincuencia fiscal, es probable que beneficie desproporcionadamente a los individuos ricos a costa de las personas en situación de desventaja. Por otra parte, se ha comprobado que la evasión tributaria internacional, las guaridas fiscales y el sistema de jurisdicciones offshore son utilizadas por las grandes corporaciones para minimizar su carga fiscal y lograr ventajas competitivas descomunales sobre las empresas nacionales.

Aquí también hay una dimensión de género, porque las mujeres están sobrerrepresentadas en las pequeñas y medianas empresas (que se benefician menos de las oportunidades para eludir impuestos) y en la franja de los ingresos más bajos. El informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos reconoce que las mujeres tienden a gastar una parte mayor de sus ingresos en productos básicos, debido a las normas de género que les asignan la responsabilidad por el cuidado de las personas dependientes. Ello implica que las mujeres cargan con el grueso de los impuestos al consumo.

Los flujos financieros ilícitos y la trata de personas

Uno de los delitos internacionales que generan los flujos financieros ilícitos es la trata de personas, que impacta fuertemente en las mujeres. Los beneficios de esta explotación se lavan por medio de los mismos mecanismos, estructuras, jurisdicciones y facilitadores que sirven a la evasión y al fraude fiscal.

La trata de personas es el resultado de múltiples factores situados en distintos planos, pero interrelacionados y arraigados en políticas económicas que redundan en la escasez de medios de vida en los países de origen, aparejada a la carencia de regulaciones para enfrentar la economía ilícita mundial. La violación a los derechos humanos de las mujeres es tanto una causa como una consecuencia de la trata de mujeres. Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a la trata de personas, tanto por su posición socioeconómica como por el lugar que ocupan en el proceso migratorio. Muchas mujeres son sometidas a la trata cuando intentan migrar. En consecuencia, la feminización de la migración está ligada a las tendencias de la trata y a la feminización de la trata.

Las leyes que restringen la migración, combinadas con la corrupción frecuente de los funcionarios a cargo del área, suelen crear un terreno fértil para la trata de personas. La pobreza (y la feminización de la pobreza), el desempleo, un contexto cultural que tolera la violencia contra las mujeres, sistemas patriarcales con normas que restringen la autonomía de las mujeres, el acceso limitado de muchas mujeres a recursos cruciales (medios económicos, redes y vínculos sociales, información y conocimiento), así como la demanda de mano de obra barata en sectores económicos feminizados, son algunos de los factores que promueven la vulnerabilidad de las mujeres a la trata de personas.

El papel prevalente de las mujeres como proveedoras del sustento familiar, como mano de obra barata en las cadenas globales de valor y como trabajadoras domésticas en el marco de una organización social del cuidado injusta, completa el círculo vicioso de sustentos e ingresos económicos precarios. Al mismo tiempo, “la trata puede considerarse una causa de violaciones a los derechos humanos, porque el propio acto de la trata constituye un quebrantamiento, entre otras cosas, del derecho a la dignidad y a la seguridad, a la libertad de movimiento y al trabajo en condiciones justas y favorables”. La violencia contra las mujeres también es un rasgo inherente a la trata de mujeres.

Ciertamente, como decíamos, los beneficios de esta explotación se blanquean mediante los mismos mecanismos y jurisdicciones opacas y agencias facilitadoras que sirven a la evasión y al impago de impuestos. Más aún, la trata de personas también está relacionada con la actividad de las empresas multinacionales. Con miras de desligarse de la explotación y la trata, las empresas multinacionales crean entidades intermediarias, subcontratan el eslabón más precario de la cadena (donde tiene lugar el grueso de la trata y la explotación laboral) y así efectúan la “externalización”. Las ganancias originadas en esa explotación se incorporan a la cadena global de valor, artilugio que sirve para ocultar y relocalizar la riqueza, escindiéndola del lugar donde se creó el valor. La trata de personas con fines de explotación laboral se combina con otros mecanismos concebidos para el abuso fiscal transfronterizo y el traslado de beneficios, circunstancia que establece un nexo entre la trata de personas y los flujos financieros ilícitos.

Que la trata de personas involucra con frecuencia a grandes empresas, es especialmente obvio y predecible en el caso de la trata para la explotación laboral. Varias empresas han sido objeto de denuncias internacionales documentadas por explotación laboral, trabajo infantil o trata de personas. Entre ellas se cuentan Nike, Inditex, Nestlé, ADM y Cargill. En estos casos, habitualmente se acusa a las empresas de hacer la vista gorda ante la violación de normas laborales básicas o el uso de trabajo infantil, y por ende se las considera responsables indirectas. Sin embargo, los talleres de trabajo esclavo o las fincas donde tiene lugar la explotación operan en muchos casos como productores exclusivos para esas marcas, lo cual a todas luces debería contar como indicio de una relación más directa entre las marcas y la explotación de personas sometidas a la trata.

La referida investigación subraya la necesidad de colocar la lupa sobre la trata de personas como tipo de actividad delictiva que aporta recursos inmensos a los flujos financieros ilícitos. Porque la trata de personas es tanto una causa como una consecuencia de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Y la falta de recursos para implementar políticas públicas integrales que garanticen niveles mínimos de bienestar, está en la raíz de la vulnerabilidad de las mujeres a las redes de trata, así como a la explotación laboral y sexual. La trata de personas y las consiguientes actividades de explotación representan manifestaciones extremas de la violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde luego, la erradicación de esta grave injusticia requiere voluntad política y acciones prácticas por parte de los gobiernos; pero sobre todo demanda una mayor conciencia ciudadana sobre la interrelación entre el blanqueo de dinero sucio, la evasión y el fraude fiscal que promueven y amparan los paraísos fiscales, por un lado, y las injusticias de género, por otro.-

martes, 10 de abril de 2018

Draghi y el G-30: el lobismo financiero global


La excesiva influencia y peso de los lobbies corporativos, en particular los lobbies financieros, sobre las instituciones comunitarias ha consolidado la expresión lobicracia europea; y se ha demostrado que el BCE no quedaba excluido. Tras una investigación de un año de duración, la Defensora del Pueblo en la Unión Europea, la irlandesa Emily O'Reilly, ha recomendado que el presidente del BCE, Mario Draghi, suspenda su pertenencia al Grupo de los 30 (G30) durante el tiempo que resta de su mandato (hasta octubre de 2019), con el fin de proteger al  Banco y a su Presidente de cualquier percepción de que su independencia pudiera verse comprometida; según reza el comunicado de prensa del 18 de enero de 2018. Asimismo el Defensor del Pueblo recomienda que en adelante los futuros presidentes del BCE no se conviertan en miembros del G30.


Un club privado llamado el  Grupo de los 30 

El G-30 se autodefine como una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter consultivo en asuntos monetarios y económicos internacionales a la que se accede por invitación, con sede en Washington D.C., curiosamente en la calle K, muy conocida por acoger la domiciliación de las agencias de relaciones públicas, de estrategia y comunicación política. Y es que en realidad es que se trata de un distinguido lobby financiero global, que agrupa a un reducido número de presidentes de bancos centrales, altos ejecutivos de destacados grupos bancarios y relevantes académicos; y cuyas deliberaciones secretas abordan asuntos de trascendencia mundial. El G30 fue creado en 1978 por grandes corporaciones financieras, oficialmente como un grupo de expertos y un foro para intercambios informales entre líderes de las finanzas, públicas y privadas. Sin embargo, el grupo pronto ofreció signos de su actuación como lobby en el mundo financiero global, presionando intelectual y políticamente en favor de un tipo de regulación que favorece a los grandes actores en los mercados de capitales, casi siempre con representantes de los grandes bancos como voceros.

Al frente del G 30 se encuentra Jacob Frenkel como presidente de consejo de fideicomisarios (the Board of Trustees), labor que compatibiliza con su dedicación de presidente de JP Morgan Internacional. Y el Grupo está presidido por Tharman Shanmugaratnam, vice primer ministro del gobierno de Singapur, ministro coordinador de las políticas económicas y sociales y asimismo presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), de su Banco central y del Regulador financiero. Como tesorero del G-30 hallamos a Guillermo Ortiz que es el actual presidente del BTG Pactual Latin America ex-Brazil, un gran banco financiero y de gestión de patrimonios en Latinoamérica. Entre los restantes miembros del selecto grupo, hemos de destacar también a Axel Weber, ex presidente del Banco central alemán y actual presidente del grupo  bancario suizo UBS y presidente del Instituto Internacional de  Finanzas, primer lobby de la gran banca con sede asimismo en Washington D.C.

Mario Draghi se unió al G30 en 2005 cuando aún era un alto ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs. En aquel momento, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet estaba integrado en dicho Grupo; y cuando Draghi reemplazó a Trichet en el Banco de Fráncfort, ambos permanecieron como miembros. Y en los últimos años, ha habido muchos indicios de que el BCE estaba intensificando su participación, con varias personas de los órganos rectores que aparecen en eventos del G30 y participando en sus grupos de trabajo.

La independencia del BCE y Supermario

Conviene recordar que el Banco Central Europeo es el único banco del mundo cuyos poderes no dependen de un Estado y que su independencia está garantizada jurídicamente nada menos que por un tratado internacional. Lo que hace que esta vinculación del Presidente del BCE con el Grupo de los 30, un club exclusivo que ejerce de lobby financiero, resulte más odiosa y más inaceptable aún, es que esa vinculación ha tenido lugar en paralelo a una expansión del mandato del BCE. Tras la crisis financiera de 2008, y al asumir la supervisión de los bancos más grandes de Europa, el BCE ha consolidado y fortalecido su relación con muchos de ellos en el G30, suscitando la preocupación de que esos grandes bancos hayan podido ejercer una influencia indebida sobre las políticas del Banco, detrás del escenario de crisis y recesión económica en la UE, como fuente de consenso tácito. Y en estos cambios ha jugado un papel decisivo Mario Draghi.

Ya en 2011, cuando Mario Draghi llegó al BCE suscitó inquietudes en Alemania sobre la política que seguiría con el euro. Pero ciertamente Draghi no se quedó en la política monetaria estricta sino que, además, aplicó una batería de medidas no convencionales que han revolucionado el papel del Banco Central del euro en la economía y en la política comunitaria. A finales de julio de 2012, cuando la conocida como prima de riesgo de España estaba por las nubes, con el bono español a 10 años por encima del 7% y con el Ibex 35 cayendo 6 puntos por sesión, Draghi pronunció la frase que sirvió de apoyo para giro en las políticas del BCE cuyos límites no han tocado techo hasta hoy: «El BCE está dispuesto a hacer todo lo necesario para salvar el euro. Y, créanme, será suficiente».  (“the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”). Incluso quienes le pusieron entonces el apodo de «Supermario» no sospechaban siquiera que llegaría a realizar compras mensuales de activos públicos y privados por valor de 80.000 millones de euros, rescatando a la banca  europea de modo soterrado. Muchos analistas le acusan hoy de haber convertido el BCE un el gran «banco malo» de Europa, sufragando la socialización de pérdidas de la banca de los Estados deficitarios que se encontraron con dificultades para ajustarse a la nueva realidad económica con cargo al sufrido contribuyente.

La decisión del Defensor del Pueblo Europeo de pedir al presidente del Banco Central Europeo que cancele su vinculación a un club opaco y exclusivo, dominado por las corporaciones financieras, es un paso significativo hacia el fin de una cultura de colusión secreta entre los reguladores y los grandes bancos. Aunque esta decisión no supone el final de la Europa opaca de las finanzas.

La decisión del  Ombudsman europeo: mala administración

A juicio del Defensor del Pueblo de la UE la vinculación del BCE al G-30, a un lobby de banqueros y financieros de alto rango, se considera contraria a las normas del BCE en sí misma; y el hecho de que esto se haya permitido durante tanto tiempo, equivale a "mala administración”, según razona este órgano supranacional europeo; algo que "podría socavar la confianza pública en la independencia del BCE". 

Los razonamientos de citada recomendación del Ombudsmaneuropeo resultan aplicables a las demás instituciones europeas:

“Los principios de la buena administración requieren que el desempeño objetivo e imparcial de quienes ejercen un cargo público no se vea influido, o incluso parezca estar influido, por las relaciones privadas. El hecho de que los propios miembros del BCE puedan considerar que no es así, y que su independencia no está en algún modo comprometida por la pertenencia al G30, de ninguna manera mitiga el riesgo de que la confianza pública en el BCE pueda verse socavada por la percepción de que existe tal alcance de influencia. Por lo tanto, las situaciones que podrían dar lugar a la aparición de cualquier tipo de influencia indebida deben evitarse. Esto es aún más importante después de la crisis financiera, con la preocupación pública continua sobre la relación entre la industria financiera y los reguladores. Como resultado, el Defensor del Pueblo considera que sin duda ayudaría a reforzar la confianza pública en el BCE si su Presidente suspendiera su pertenencia al G30”
(…) 
La cercanía implícita de la relación a través de la condición de miembro (del G30), particularmente entre un banco supervisor y aquellos que supervisa, no es compatible con la obligación de independencia de una institución como el BCE para la cual la independencia es el sello distintivo de sus operaciones.

La independencia operacional y política se otorga intencionalmente al BCE para que pueda llevar a cabo sus funciones vitales sin interferencia, incluida la interferencia tanto política como industrial. El grado de independencia otorgado al BCE en el interés público subraya su obligación de proteger esa independencia, incluso desde la percepción de que una persona o entidad podría buscar de manera inapropiada influir en su toma de decisiones.”

Sin duda ha resultado acertado en este caso recurrir al Defensor del Pueblo Europeo como institución destinada a investigar las reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión Europea; a la cual pueden recurrir los ciudadanos o residentes de un Estado miembro de la Unión, así como las empresas, asociaciones y otras entidades con domicilio legal en la Unión, que ofrece un medio rápido, flexible y gratuito de resolver problemas con la gestión de las instituciones de la UE. 

La decisión del Defensor del Pueblo no solo le pide a Mario Draghi que renuncie al G30, sino que hace hincapié en que ningún miembro de los órganos rectores, o el personal del BCE, deberían unirse como miembros. También exige que, en la medida en que el BCE tenga la intención de participar en las actividades del G30, las reuniones tendrán que realizarse bajo condiciones de fuertes salvaguardas. En algunos casos, esto requeriría un fortalecimiento de los protocolos del banco central, como en el caso del Consejo de Supervisión del BCE, cuyas reglas éticas son demasiado vagas en la actualidad para asegurar los más altos estándares cuando se trata del sector financiero.

La fundación ciudadana el Observatorio de Europa Corporativa(Corporate Europe Observatory) de Ámsterdam, promotora de la investigación y resolución del Ombudsman (Ombudswoman) europeo, además de mostrar su satisfacción con la decisión tras el trabajo de seis años, resalta la necesidad de seguir actuando para desterrar la cultura que se ha desarrollado en el BCE y en las demás instituciones europeas, que implica una relación estrecha y opaca de la tecnocracia y los dirigentes electos con los líderes de la gran banca y los grupos financieros. Con demasiada frecuencia, la necesidad de 'mantenerse informado' se usa como pretexto para adoptar un enfoque estrecho de consulta con el mundo exterior, en el que los responsables de la toma de decisiones del BCE y de la Comisión se codean con los ejecutivos de las mismas entidades financieras que han de ser reguladas para proteger y promover el interés público.

En ese sentido, la decisión del Defensor del Pueblo abre la puerta a renovados esfuerzos para eliminar otros elementos de las iniciativas de consulta del BCE, especialmente sus grupos asesores, que el Observatorio Corporativo de Europa ha demostrado que están dominados de forma masiva por la industria financiera. Después de todo, este tema no es solo sobre el G30, se trata de la captura corporativa de la toma de decisiones que se supone que se está haciendo en interés del público.-