domingo, 30 de septiembre de 2018

LOS BANCOS (ESPAÑOLES) DEBEN PAGAR

Aprovechando su comparecencia en la investigación que lleva a cabo el Congreso sobre la crisis financiera en España, la gran banca cifró el coste de la crisis financiera en los 300.000 millones de euros. Según el primer ejecutivo del Banco Santander, primer banco europeo por capitalización bursátil y la undécima entidad financiera mundial, el sector bancario privado habría tenido unas pérdidas de 125.000 millones de euros y aproximadamente 175.000 el sector de la Cajas de las Cajas de Ahorro. 
Más documentadas están las cifras del desempleo de la población española que trajo la crisis, se pasó de 1.942.000 parados a finales del 2007, según la Encuesta de Población Activa (EPA), a 6.021.000 desempleados registrados a finales del 2012. Pero hasta la fecha los españoles carecemos de un informe pericial completo que integre la valoración de las pérdidas sufridas por los clientes de la banca derivadas de la crisis (embargos y ejecuciones hipotecarias, por ejemplo) y todas las ayudas públicas con cargo a los contribuyentes españoles que han terminado reforzando y extendiendo la privatización del sistema bancario español; porque las notas informativas publicadas por el Banco de España al respecto son demasiado reduccionistas e incompletas. Y en la sociedad española existe un profundo y fundamentado convencimiento que la banca privada en España está en deuda con el país. De ahí que hayamos considerado pertinente reproducir en este blog el editorial firmado por André Missé director de la revista de Alternativas Económicas; y publicado en el nº 61, septiembre 2018, referido a la propuesta del nuevo Gobierno español de un impuesto para la banca, bajo el título   
ca debe pagar
LA BANCA DEBE PAGAR

El impuesto a la banca que provoca tanto furor a los banqueros no es una inquina contra las entidades financieras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera de la Ejecutiva socialista ni de Podemos. En realidad, esta iniciativa fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el clima de zozobra que vivía el capitalismo tras el estallido de la Gran Recesión de 2008. 
Dos años después, el FMI elaboró un informe sobre las obligaciones de la banca para resarcir los daños que había causado. El documento fue analizado por los líderes del G-20 en Toronto (Canadá) en junio de 2010. El Fondo planteó “cómo el sector financiero podría hacer una justa y sustancial contribución para pagar los costes de las intervenciones gubernamentales que se realizaron para reparar el sistema bancario”. Entre sus recomendaciones figuraba el establecimiento de impuestos a la banca para compensar las ayudas prometidas que superaban el 25% del PIB mundial.
La filosofía del FMI de que la banca tiene que contribuir a subsanar los daños causados y eliminar las malas prácticas no es un asunto de aquellos momentos de pánico, sino que está plenamente en vigor.
En 2017 el Gobierno de centro derecha de Australia aprobó un impuesto a las entidades financieras “para que los bancos hagan una contribución al riesgo sistémico que ellos generan”. El Gobierno pensaba obtener entre 1.500 y 1.600 millones de dólares australianos anuales (940 - 1.000 millones de euros). Para reforzar sus argumentos las autoridades recordaron que los grandes bancos se beneficiaban de la percepción existente de que en caso de crisis el Gobierno siempre los rescataría.
Esta garantía del Estado implica la existencia de un subsidio público implícito que oscila entre 1.800 y 3.750 millones de dólares al año, según calculó la Reserva Federal de Australia, un subsidio público que disfrutan los bancos de todo el mundo.
En 2011 el Gobierno británico de David Cameron estableció un impuesto a la banca (bank levy) con el propósito de asegurar que los bancos “hagan una contribución justa que refleje los riesgos que representan para el sistema financiero y la economía del Reino Unido en general”. En el mismo ejercicio Alemania instauró un impuesto a la banca para financiar un fondo nacional para futuras reestructuraciones bancarias por un montante de 70.000 millones de euros. En 2015 las aportaciones ascendieron a 1.580 millones porque se calcularon según los criterios del Fondo Único de Resolución (FUR), el mecanismo europeo para financiar futuras resoluciones bancarias.
El FUR tiene previsto recaudar este año 8.100 millones de euros y cuenta ya con unas reservas acumuladas de 24.900 millones de los que 2.800 millones han sido aportados por la banca española. No obstante, hay  que tener en cuenta que España es el país en que la crisis bancaria ha sido más costosa para los ciudadanos. El dinero empleado en sanear las instituciones españolas y que ya se da por perdido supera los 48.000 millones de euros, el 22% de todas las pérdidas registradas en la UE, según Eurostat.
El rechazo frontal de la banca a un nuevo impuesto contrasta con los excelentes resultados que está cosechando. El pasado ejercicio ganó 12.060 millones, el 51% más que el año anterior. Según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el tipo efectivo que pagan las grandes entidades de crédito fue del 14,2% en 2015 y la cifra actual puede ser mucho más reducida. Este sindicato considera que la banca disfruta de numerosos privilegios como fue el mantenimiento del tipo del 30% del Impuesto de Sociedades, cuando se rebajó al 25% para el conjunto de empresas. Esta excepción que se vendió como un mayor sacrificio de la banca significó en realidad un trato de favor.
Gracias a disfrutar de un tipo más elevado, los bancos salvaron créditos fiscales por una cuantía de 6.400 millones de euros. Los créditos fiscales permiten reducir los impuestos al considerar las pérdidas generadas en el pasado. Algunas entidades han reducido su contribución fiscal tras la adquisición por un euro de bancos con elevadas pérdidas que han incorporado a su balance y así han reducido sus impuestos.
La AIREF ha advertido que en los presupuestos del próximo año se obtendrán menos ingresos porque un banco ha solicitado el reconocimiento de 1.000 millones por créditos fiscales. Sin nombrarlo se refiere al Santander, que compró por un euro del Banco Popular con elevadas pérdidas.
La contribución que pide ahora el Gobierno a la banca tiene mucho que ver con las secuelas de la crisis bancaria. La debacle financiera destruyó 3,5 millones de empleos. Antes de la crisis la Seguridad Social tenía superávit, pero la drástica reducción de las cotizaciones sociales ha generado un déficit de más de 18.000 millones de euros.
En el origen de esta historia está la propuesta  del presidente del Gobierno. “Creo”, dijo Pedro Sánchez, “que es justo también en contraprestación, pedirle al sector financiero que contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los españoles como es el sistema público de pensiones”. Gestha ha calculado que con un impuesto a la banca como el del Reino Unido se podrían recaudar entre 1.800 y 1.900 millones de euros anuales. 
Los bancos deberían responder seriamente a esta sugerencia y no con amenazas de trasladar actividades a otros países. La banca goza de injustificados privilegios. Tiene, además, un serio problema de reputación que proviene de sus malas prácticas condenadas por la justicia europea y española. Si quiere normalizar su imagen debe cambiar radicalmente de comportamiento. Por otra parte, el Gobierno no debería vacilar en utilizar sus poderes para eliminar todos los privilegios y exigir una contribución justa de todos los sectores en función de su capacidad económica. 



domingo, 26 de agosto de 2018

La globalización financiera reconfigurada: inversiones directas desde paraísos fiscales


La reciente e inesperada depreciación de la lira turca sumada al endeudamiento y otros problemas económicos de Turquía, ha generado cierto temor al contagio e inquieta en ciertos sectores de los mercados financieros. Pero nada similar a lo vivido hace una década. Porque los análisis de expertos concluyen que la globalización está en retirada si aplicamos muchas medidas estándar; y la globalización financiera está sufriendo una transformación aunque sin desprenderse de la opacidad que perjudica a las democracias.
La crisis financiera de 2008 y la gran recesión que la siguió, pusieron fin a tres décadas de rápido crecimiento del comercio global de bienes y servicios; y los flujos financieros transfronterizos han disminuido en casi dos tercios. En muchos países, tradicionalmente campeones de la globalización como eran los EEUU y el Reino Unido, la inquietud política sobre el comercio ha dejado de enfocarse en los beneficios económicos para centrarse en la pérdida de empleos, la deslocalización, la desindustrialización o la desigualdad; y hacia medidas proteccionistas. Pero esa es solamente una parte de la historia. La realidad es que la  globalización prosigue su avance pero sobre nuevas vías, impulsada por la tecnología digital y por el liderazgo de China y otras economías emergentes, que han reemplazado al impulso del comercio y al liderazgo de Occidente, como analizan Susan Lund, socia de McKinsey & Company, y Laura Tyson, profesora de la Universidad de Berkeley, en el ensayo Globalisation Is Not in Retreat (Foreign Affairs, may-june 2018). El liderazgo económico está girando hacia el Este y el Sur, a medida que los EEUU se centran en sí mismos y la Unión Europea y el Reino Unido negocian su divorcio.

En el plano financiero, la globalización también
 está cambiando. Los flujos internacionales de capital han disminuido desde la crisis. El volumen de los fondos que cruzan las fronteras se ha reducido drásticamente y la inversión a largo plazo está desempeñando un papel más importante, valiéndose de los centros financieros internacionales, cuya opacidad y baja tributación detraen ingresos públicos de los Estados. Pero, la pregunta que se hacía el Financial Times es si el sistema financiero global es más resistente.  

Disminución de flujos financieros internacionales

Nadie ignora hoy que los excesos de los flujos de capital fueron una de las principales causas de la crisis financiera, y es de donde podría brotar la próxima crisis. Aunque los datos internacionales destacan la importante disminución de los movimientos transfronterizos brutos de capital desde 2007; es decir, los movimientos anuales de inversiones extranjeras directas, compras de bonos y acciones, y préstamos y otras inversiones, que se han reducido en un 65 por ciento en términos absolutos. Los flujos de capital transfronterizos disminuyeron significativamente desde donde estaban cuando comenzó la crisis financiera mundial. Los 4,3 billones (trillion) de dólares que fluyeron alrededor del mundo en 2016 fueron solo un tercio del máximo de 12,4 billones en 2007, según el informe del McKinsey Global Institute. Desde luego, nadie piensa que sería saludable un regreso a aquellos niveles de hace una década más o menos. El mayor contribuyente a esta caída de los flujos de capital ha sido el colapso en los préstamos bancarios transfronterizos, con los bancos europeos responsables de gran parte de la caída. "Es difícil señalar cualquier parte de la economía global que se haya vuelto menos global que la banca", dice una de los socios de la consultora McKinsey.

Obviamente, la consecuencia más destacable es que el sistema financiero mundial es más resistente hoy de lo que era hace una década,  según sostiene en el referido informe. Gran parte de la caída en los movimientos financieros sistémicos es un recordatorio de dónde viene la economía global. En 2007, el mundo se llenó de liquidez vía préstamos en modalidades diversas,  resultado de la desregulación financiera y de un aumento en los ahorros de China y otras economías emergentes y la entonces aparentemente ilimitada riqueza de los exportadores de petróleo, según recientes investigaciones. Todo ese dinero tuvo que encontrar un hogar y regresar; y gran parte del mismo aterrizó en propiedades estadounidenses y algunos países europeos como España, inflando una burbuja inmobiliaria que estalló con espectaculares y lamentables consecuencias. De ahí que la razón principal de la caída de los flujos internacionales haya sido un colapso en préstamos bancarios transfronterizos, principalmente para los bancos europeos. Porque las principales transformaciones en la banca global están teniendo lugar en estos años.

La banca global está cambiando

El cambio más espectacular en el sistema financiero global posterior a la crisis ha ocurrido en el mundo bancario, según el citado informe. Los bancos de la eurozona han liderado un retroceso de los mercados extranjeros en medio de la erosión de la confianza en la salud de otras entidades financieras de la propia eurozona, una reevaluación de la rentabilidad y del riesgo, y una respuesta a la nueva regulación que les exige reconstruir el capital. Por las mismas razones, los mayores bancos globales de Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos redujeron su presencia en los mercados extranjeros. Mientras tanto, los bancos de otras economías avanzadas, especialmente de Canadá y Japón y de algunos países en desarrollo, en particular China, se expandieron a los mercados extranjeros. Y los Bancos centrales de las economías avanzadas también han jugado un papel más importante en los mercados de capital, proporcionando capital y liquidez a través de políticas monetarias no convencionales. En realidad, el sistema financiero global se ha seguido manteniendo en funcionamiento tras la crisis, gracias al dinero de los contribuyentes que gestionan los Bancos centrales.

Los bancos de la eurozona han reducido los créditos extranjeros en un 45 por ciento desde 2007; es decir, en 7.3 billones (trillion) de dólares. Después de la creación de la moneda única, los bancos de la eurozona comenzaron a expandirse a otros mercados, aumentando el volumen de sus créditos externos totales (incluidos préstamos y otros créditos) hasta alcanzar los 15.9 billones en 2007, convirtiéndose en los bancos más globalizados en el mundo. Pero actualmente estos mismos bancos están reduciendo sus operaciones en el extranjero, reduciendo activos transfronterizos, y retirándose del negocio de los préstamos a corto plazo en los mercados interbancarios. Casi la mitad de la reducción ha tenido lugar en créditos a otros prestatarios de la zona del euro, particularmente préstamos interbancarios. "Parece claro para nosotros que lo que está surgiendo es una forma de globalización financiera más estable y resistente que bien podría ser beneficiosa", sostiene Susan Lund, una de las autoras del citado informe. "Lo que ha desaparecido es una gran cantidad de préstamos transfronterizos. . . Y sabemos de los 20 a 30 años de crisis financieras en todo el mundo es que los préstamos transfronterizos son a menudo la primera forma de capital que sale de un país en una crisis".

Predominan las inversiones extranjeras directas

Lo que ha cambiado significativamente ha sido la composición de los flujos transfronterizos. Ahora la inversión extranjera directa (IED) y la inversión de capital constituyen una mayor proporción de flujos que los préstamos bancarios. Pero eso puede tener más que ver con políticas de las multinacionales que persiguen más los bajos tipos impositivos que las condiciones de la inversión en fábricas e instalaciones. Aunque el flujo de inversión extranjera directa en todo el mundo o nuevas inversiones realizadas por empresas cada año, aún no han vuelto a sus niveles previos a la crisis; y parece ser que llevará varios años más para que eso ocurra. Las economías desarrolladas están enviando significativamente menos dinero al exterior en forma de IED que antes de la crisis. Y su participación en el volumen mundial de IED también ha disminuido a medida que ha crecido el papel de China.

Hoy en día, la mayor parte del capital que fluye alrededor del mundo es en forma de inversión extranjera directa (IED)  (definida como  una participación de al menos un 10 % en una entidad foránea), el tipo de compromiso financiero a largo plazo de las empresas en fábricas y otras instalaciones que normalmente se considera productivo. Sin embargo, entre los economistas se extiende la opinión que el crecimiento de la IED refleja una tendencia insana, como es la búsqueda corporativa de los tipos impositivos más bajos para el capital y la competición entre los gobiernos para atender esa demanda. La IED no llega a Luxemburgo para construir allí fábricas sino porque busca una mayor rentabilidad reduciendo el “coste fiscal”, la menor tributación en el verdadero país de origen. Muchas de estas operaciones de inversiones en el extranjero representan un cambio de beneficios motivado por los impuestos que aparece en la balanza de pagos a medida que fluye la IED.

Los centros financieros offshore, proveedores de inversiones directas.

La búsqueda de rendimientos por parte de los inversores mediante bajos tipos tributarios persistentes, ha reducido el costo de la deuda para los prestatarios de todo el mundo en desarrollo. De ahí que el FMI siga viendo riesgos en el sistema financiero actual. Philip Lane, gobernador del Banco central de Irlanda, y Gian Maria Milesi-Ferretti, economista senior del Fondo, argumentan en un reciente documento publicado por el FMI que el principal factor detrás de la expansión de la IED ha sido el flujo de inversiones registradas en "centros financieros", la expresión convencional y educada para países de bajos impuestos como Irlanda o Belice. Este documento muestra la evolución de la integración financiera internacional desde la crisis financiera utilizando un conjunto de datos actualizado sobre activos y pasivos exteriores, cubriendo más de 210 economías para el período 1970-2015. Considera que se ha detenido el crecimiento de las posiciones transfronterizas en relación con el PIB mundial. Lo que refleja flujos de capital mucho más débiles hacia y desde las economías avanzadas, con una actividad bancaria transfronteriza disminuida, y un aumento en el peso de las economías emergentes en el PIB mundial, ya que estas economías tienen menos activos y pasivos que las economías avanzadas. Las posiciones transfronterizas de IED han continuado expandiéndose, a diferencia de las posiciones en instrumentos financieros y otras inversiones. Esta expansión refleja principalmente las posiciones frente a los centros financieros, lo que sugiere que la complejidad de la estructura corporativa de las grandes corporaciones multinacionales está jugando un papel importante. Dicho de otro modo, es lo que han revelado los datos contenidos en los mediáticos papeles de Panamá y papeles del Paraíso: la abundancia de sociedades mercantiles en centros offshore, propiedad de multinacionales y grandes patrimonios, a través de las cuales efectúan inversiones productivas en otros países. En ese documento del FMI se demuestra el papel desproporcionado desempeñado por los centros financieros, tanto por los pequeños centros offshore o extraterritoriales (conocidos más como paraísos fiscales) como por algunas economías avanzadas más grandes, así como un papel cada vez más modesto desempeñado por las economías emergentes y en desarrollo.

En relación con la distribución geográfica, el citado documento del FMI reseña que la ubicación de los intermediarios financieros para la cartera y las inversiones directas han tendido a concentrarse en jurisdicciones específicas, como Irlanda y Luxemburgo para fondos de inversión colectiva, o las Islas Caimán para fondos de cobertura o alto riesgo; y en consecuencia, las propiedades transfronterizas han crecido reflejando el "paso" de inversiones a través de estos centros financieros de camino a su destino final. Los fondos acumulados de modo opaco en centros offshore o países de baja tributación se transforma en inversiones directas productivas en otros países.

Otra investigación de un grupo independiente privado radicado en Ámsterdam subraya asimismo que una parte significativa de la inversión extranjera directa (IED) fluye a través de centros financieros.En este estudio se distinguen los centros financieros offshore, conocidos como paraísos fiscales extraterritoriales o para no residentes; y centros de inversión singulares offshore (extraterritoriales o privilegian a no residentes) y centros de inversión singulares, de países que son jurisdicciones que facilitan el tránsito de inversiones debido a condiciones fiscales y de inversión favorables (incluidos entornos jurídicos estables y regímenes políticos). Estas condiciones favorables ayudan a limitar la información de la operación financiera (digamos, opacidad) y los costes de transacción asociados con las inversiones internacionales de capital, incluidas las derivadas de la falta de coordinación supranacional en la política tributaria (ingresos corporativos). Ambos tipos de centros financieros se califican como hubs o centros de operaciones o plataformas de inversiones internacionales que ayudan a reducir las fricciones (de mercado) que impiden un flujo eficiente de capital.

Según los datos aportados por el estudio citado del grupo de Amsterdam,  Irlanda, Luxemburgo, la Isla Mauricio, los Países Bajos y Singapur, como plataformas de inversiones internacionales, albergan alrededor de un tercio del total de las reservas mundiales de inversiones extranjeras directas. La mayoría de esta IED tiene lugar entre las economías desarrolladas: más del 80 por ciento de la IED entrante y saliente de estos centros de inversión se origina o se dirige a las economías desarrolladas. Es principalmente el sector de proveedores de servicios corporativos (CSP) el que facilita la (gran) mayoría de la IED tanto en el exterior como en el exterior en estos centros de inversión al ofrecer servicios a los inversores, como la domiciliación de empresas en otros países, la creación y estructura de compañías, la gestión de empresas y la prestación de servicios contables, de gestión financiera, legales, impositivos y de asesoramiento.

Estos centros generadores de inversión encauzan una parte importante de la IED hacia los países en desarrollo, y el 35% de la misma hacia los países menos adelantados. Mientras que Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos, como centros de inversión, principalmente obtienen IED y dirigen las inversiones a los países desarrollados, los otros dos centros de inversión como Isla Mauricio y Singapur presentan una imagen diferente. Mauricio recibe el 53 % de la IED entrante de los países en desarrollo, y el 79 % de su IED se destina a los países en desarrollo y menos adelantados. Singapur atrae el 38 % de las entradas de IED de los países en desarrollo, pero posee el 69 % de las reservas de IED en las economías en desarrollo y menos desarrolladas.

De todas estas informaciones solventes podemos deducir que pervive una globalización de las finanzas reconfigurada pero manteniendo su rasgo característico de la opacidad, la ocultación del titular real del dinero que se materializa en los conocidos como paraísos fiscales, y la carencia de supervisión pública más allá de las fronteras nacionales; con la consiguiente vulnerabilidad de los Estados democráticos frente a la banca global y los grupos financieros de alcance  mundial.-  

sábado, 4 de agosto de 2018

Europa necesita denunciantes/whistleblowers protegidos


La realidad nos muestra que el combate contra la corrupción política requiere la intervención activa de aquellos ciudadanos más concienciados en la aplicación de las leyes y la defensa del interés general que tienen noticia de hechos delictivos; pero necesitan protección legal para impedir represalias. Gracias a las denuncias públicas, entre otras a las de la funcionaria Ana Garrido, interventora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (un municipio de Madrid de 50,000 habitantes), pudo llevarse a los tribunales a la trama nacional de Gürtel, el importante caso judicial – del que Garrido ha sido testigo - que implica a dirigentes del Partido Popular y que en Mayo pasado motivó la caída del Gobierno Rajoy. Antes y después de esas denuncias esta funcionaria hubo de sufrir una virulenta campaña de acoso que llegó hasta su despido, por negarse a firmar informes sesgados favorables a empresas adjudicatarias, que más tarde aparecieron ligadas a la referida trama de corrupción política y financiación ilegal de un partido político en España. Sn embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia  del Tribunal Superior de Madrid que había condenado  al dicho Ayuntamiento al pago de una indemnización por acoso laboral a dicha ex funcionaria, pero ratificando la pérdida del empleo que había ejercido durante veinte años.

Asimismo, para la erradicación del fraude fiscal o financiero en un mundo bancario
globalizado y complejo es imprescindible que los empleados o clientes denunciantes dispongan de canales apropiados y de garantías legales. El caso Falciani es paradigmático. En 2006 y 2007, el ciudadano franco-italiano Hervé Falciani, empleado como técnico informático en la filial suiza del HSBC,  trasladó al entonces Ministro de Finanzas francés, Christine Lagarde, los datos bancarios de más de 100.000 clientes adinerados que tenían sus cuentas en dicho banco. Y el gobierno francés compartió esa información con sus contrapartes de la UE en España, Alemania y Grecia, lo que resultó en unos considerables ingresos fiscales adicionales de alrededor de 135.000 millones de euros. Pero Falciani fue condenado a prisión en Suiza por haber violado el secreto bancario; y  actualmente permanece en prisión provisional en España,  pendiente de la extradición solicitada por la Confederación Helvética.

Y la inquietante opacidad de los negocios ilícitos montados sobre los big data o megadatos solamente podrá ser horadada y regulada con la cooperación de quienes conocen sus interioridades. Lo prueba el alcance mundial que han tenido las revelaciones a los medios, confirmadas luego ante el Senado de los EEUU, de Christopher Wylie, un joven informático de la firma de análisis de datos Cambridge Analytica, que denunció la masiva explotación comercial ilícita de los millones de datos personales de los suscritores de Facebook; y, en particular, su utilización técnica para contribuir a la campaña electoral del presidente Donald Trump durante 2016; y asimismo como ayuda de la campaña del referéndum británico en favor del Brexit.

A estos casos podríamos sumar la mención de muchos otros que han generado los recientes escándalos provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks o los papeles de Panamá, que han sido desencadenados por ciudadanos anónimos en defensa del interés general.

Que es un whistleblower o denunciante

Todos esos escándalos son el resultado de comportamientos de personas que son denominadas en inglés con la palabra whistleblower (literalmente: persona que hace sonar un silbato o pito), un ciudadano, empleado en el sector público o privado, que decide dar a conocer a las autoridades u organismos públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil, un hecho que puede constituir un fraude u otro delito o una grave irregularidad, del que en un momento dado dispone de información que se oculta o está siendo silenciada en perjuicio público. El diccionario de Cambridge define whistleblower (traducción) como “una persona que le dice a alguien con autoridad sobre algo ilegal que está sucediendo, especialmente en un departamento gubernamental o una empresa”. Por el contrario, en español disponemos de vocablos equivalentes pero que designan tal conducta peyorativamente como chivato, delator, alertador, informador o denunciante e incluso soplón en algunos países.
La Comisión europea parece haber zanjado el tema optando por el vocablo denunciante para denominar aquellas personas que pueden desempeñar un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Y en abril de 2018, el ejecutivo de Bruselas ha propuesto una nueva directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades e ilegalidades en toda la UE.   
La necesidad de protección legal de los denunciantes
En el conjunto de la Unión Europea las acciones de los delatores de fraudes fiscales o de la corrupción política carecen de amparo legal que asegure su exposición frente a las represalias de las entidades denunciadas, públicas o privadas. En la actualidad, la protección ofrecida a los denunciantes de irregularidades o ilegalidades en toda la UE es dispersa y desigual. Según informa la Comisión, solo diez Estados miembros de la UE garantizan la plena protección de los denunciantes de ilegalidades e irregularidades.  Y España se sitúa a la cola de los países de la Unión en materia de protección legal y social de los denunciantes de corrupción o whistleblower, según un estudio de 2017 coordinado por FIBGAR (la Fundación que lidera el juez Baltasar Garzón)  que analiza la situación legal, judicial, social y política y la percepción social del papel de estos ciudadanos. Hasta hoy carecemos de una ley específica sobre la protección de denunciantes en nuestro país y la legislación actual se refiere sólo de manera indirecta a la denuncia de ilegalidades e irregularidades.  En los demás países, según la Comisión, la protección concedida al denunciante es parcial y se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores.
Con la inaceptable lentitud tradicional de los procesos legislativos en las instituciones de la UE, la citada propuesta de la Comisión responde a una Recomendación del Consejo de Europa de 2014 que abogaba por que «los Estados miembros creen un marco normativo, institucional y judicial para proteger a las personas que, en el contexto de sus relaciones laborales, informen o revelen información sobre amenazas o perjuicios para el interés público» y establece principios para orientar a los Estados cuando introduzcan o revisen dichos marcos.

La propuesta de la Comisión europea pretende garantizar un elevado nivel de protección para los denunciantes que notifiquen infracciones del Derecho de la UE, mediante el establecimiento de unas nuevas normas en toda la UE; que prevean canales seguros de notificación tanto dentro de una organización como a las autoridades públicas. También protegerá a los denunciantes de irregularidades contra el despido, la degradación y otras formas de represalia, y exigirá que las autoridades nacionales informen a los ciudadanos y formen a las autoridades públicas sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. El vicepresidente primero, Frans Timmermans, reconocía que: «Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la evasión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto. Además, la propuesta europea también protegerán a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación, con lo que se contribuirá a garantizar la defensa de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Europa».

Los denunciantes de ilegalidades e irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa libre desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, estos denunciantes necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias, impidiendo que los ciudadanos que revelen actividades ilegales no sean castigados por su actuación. Sin embargo, en la vida real, muchos de ellos pierden por sus actos su empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 % de los trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias (2016 Global Business Ethics Survey). Proteger a los denunciantes de irregularidades también contribuirá a defender la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, y es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

Amplitud de la protección legal prevista

La referida propuesta pretende garantizar una protección en toda la UE para los denunciantes que notifiquen infracciones de la legislación europea en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la Unión. La Comisión alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.

 Asimismo la propuesta prevé que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades. La nueva ley también se aplicará a todas las administraciones nacionales, regionales y locales. Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse se incluyen: canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, para garantizar la confidencialidad; la notificación a las autoridades competentes si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen (por ejemplo, si el uso de los canales internos podría poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes); y la notificación a los medios de comunicación o al público si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.
La propuesta protege la denuncia de irregularidades responsable y claramente dirigida a salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.

Valoración positiva de ONGs

La propuesta "no podría llegar en un momento más vital", se afirma en un comunicado de prensa de Transparency International, la conocida ONG que combate la corrupción. Esta organización, que ha estado haciendo campaña por la protección de denunciantes durante mucho tiempo, estima que la Comisión Europea ha producido una propuesta ambiciosa que tendrá que reforzarse para garantizar que los denunciantes estén protegidos, sin importar quiénes puedan ser o dónde trabajan. Transparencia Internacional España viene trabajando desde hace tiempo en materia de Protección de denunciantes o whistleblowing, tanto a nivel nacional como internacional, buscando como objetivo principal la aprobación de una Ley para proteger a los denunciantes corrupción en nuestro país. Entre las varias acciones emprendidas, destaca en especial la elaboración de propuestas para que los Partidos políticos incluyan la protección de denunciantes en sus programas electorales o la publicación de recomendaciones a la Proposición de Ley Integral contra la Corrupción que se debate en el Congreso de los diputados en España. 

Para FIBGAR esta propuesta de la Comisión europea es un hito importantísimo que cuenta con aspectos positivos gracias a la implicación de muchas organizaciones expertas, y sobre todo de cara a que estas propuestas se implementen en los distintos países miembros, todo un desafío para España. El proceso legislativo iniciado prevé no sólo abarcar al mercado financiero de la Unión Europea o el funcionamiento de los mercados individuales, sino que también considera garantizar la protección a los que presenten información de malas prácticas contra el medioambiente, en asuntos nucleares, de protección de la privacidad y datos personales, sistemas de salud, entre otros.

Sin embargo, en opinión del autor de este blog, esta pretensión europea de una legislación ómnibus en materia de protección de whistleblowers corre el riesgo de ofrecer una normativa demasiado generalista de limitada virtualidad; y que su desarrollo en algunos de los países miembros les reste eficacia práctica. Concretamente, una regulación sólida de la protección de las denuncias frente a los fraudes financieros tendría que ir precedida de un profundo análisis de las prácticas y mecanismos que aplican la banca y las firmas que operan en los mercados. Y subrayemos que la reforma financiera del Presidente Obama de 2010 ya incluyó unas primeras medidas legales en este campo a las que siguieron leyes específicas; mientras que la UE ha comenzado el largo proceso de regulación de los denunciantes unos diez años más tarde. Y un problema congénito de la legislación de la UE es que el diablo está en los detalles, según el dicho británico.-  

lunes, 23 de julio de 2018

El Brexit y la fragmentación de la City


Las negociaciones para la salida del Reino Unido de la UE se asemejan a una larga película de intriga en la que los espectadores ya se han dormido. Nobody cares about Brexit (A nadie le importa el Brexit) era el título del informe semanal sobre el Brexit de The Times de Londres del 28 de junio pasado. El gobierno conservador de Theresa May quería transmitir el mensaje de que las negociaciones seguían su curso con los 27 líderes de la Unión Europea durante la cumbre en Bruselas, una de las cumbres más difíciles desde hace años y en la que el asunto del Brexit apenas estuvo en la agenda. Porque la atención estaba puesta en la crisis migratoria que amenazaba la estabilidad del gobierno alemán y el riesgo de un cisma europeo con los nuevos gobiernos euroescépticos en Italia, Hungría y Polonia. Pero quince días más tarde, la propuesta de Theresa May  para un Brexit blando, concretada después en un libro blanco (policy paper: The futurerelationship between the United Kingdom and the European Union ),  provocaba una grave crisis interna del gobierno conservador británico, antes de su presentación a la delegación comunitaria, que acentuaba la incertidumbre sobre cómo será la salida del Reino Unido de la UE.
Salida que, conforme al art. 50 del Tratado, en cualquier caso tendrá lugar en marzo de 2019, aunque los bancos y las empresas y la ciudadanía tengan dificultades para prever el futuro impacto sobre la economía del posible acuerdo o desacuerdo final. De hecho  los parlamentarios tories y el presidente del selecto Comité del Tesoro han solicitado al ministro de Hacienda Philip Hammond, al Banco de Inglaterra y a la Autoridad de Conducta Financiera que supervisa la City, que produzcan un análisis sobre el impacto del acuerdo final del Brexit, antes de la votación final del Parlamento sobre el mismo antes de la fecha límite de ratificación de enero de 2019. Dicho de otro modo, a ocho meses de la fecha prevista para la salida de la UE se ignora el impacto que tal divorcio tendrá para el Reino Unido. Y la duda en el mundo financiero es cuál será el futuro  de la City de Londres como centro del poder financiero mundial.

EFECTOS IMPREVISTOS DE UNA COMPLEJA NEGOCIACIÓN CON INTERFERENCIAS DE LOBBIES

Desde luego todo indica que el futuro de la City de Londres como centro financiero global ha condicionado las negociaciones desde el comienzo; y que en general el gobierno británico ha presentado el Brexit como problema para Europa.

En el referéndum del 20 de junio de 2016, el 51,9 por ciento de los británicos votaron por la salida del Reino Unido de la UE. Y tras la formación de un nuevo gobierno y del desconcierto inicial, desde que las negociaciones para el divorcio arrancaron en junio de 2017, la prensa ha venido revelando las dificultades internas del gobierno británico para ofrecer una posición común, como han demostrado las recientes dimisiones en el gobierno May.

Desde luego, frente a la posición común de los 27 socios europeos desde el inicio, parece que el gobierno británico intentó persuadir a Europa de los riesgos que afrontaría la Unión si se dañaba la posición de Londres como centro de las finanzas mundiales. Un trabajo de investigación encargado por la City of London Corporation y realizado por la consultora Ernst & Young que encuestó a las principales empresas, incluidas Volkswagen y Airbus, habría revelado que las empresas de toda Europa estaban preocupadas por el previsible aumento de los costes de financiación. El gobierno británico incluso llegó a predecir que las empresas europeas alertarían a sus respectivos gobiernos de tener que afrontar mayores costes y posibles interrupciones, presionando a los políticos para que tuvieran esto en cuenta durante las negociaciones del Brexit. En un discurso a finales de junio, el citado ministro de finanzas decía que Europa solo dañaría su propia economía si socavaba el estatus de Londres como centro financiero global, señalando que  "la fragmentación de los servicios financieros daría como resultado una calidad inferior, productos de mayor precio para todos los interesados". Asimismo, en la prensa anglófona numerosas reseñas de informes, declaraciones y entrevistas con decenas de altos ejecutivos de grandes bancos internacionales, abogados, académicos, agencias de calificación y lobistas han descrito algunos de los peligros para las empresas y los consumidores que podría suponer perder potencialmente el acceso a los mercados de Londres. Con estas referencias a documentos e informes de expertos, los medios de comunicación internacionales reflejaban los intereses económicos en juego y aquellos defendidos por relevantes agencias de lobby.

Disminuye la inversión financiera extranjera

Lo cierto es que la economía británica ha venido acusando los efectos del largo proceso del Brexit tras el referéndum. Muchas inversiones, fusiones y adquisiciones empresariales quedaban a la espera del final de esas negociaciones; se frenaba el bum inmobiliario en Londres y las entidades financieras anunciaban posibles planes de deslocalización. 
De modo particular, la industria británica de servicios financieros está sufriendo una caída en la inversión extranjera, mientras que algunas de sus contrapartes europeas disfrutan de grandes ganancias. Hace días Bloomberg informaba que el sector financiero británico había atraído 78 proyectos de inversiones extranjeras directas durante 2017, un número inferior a los 106 proyectos en 2016 aunque aquel número es el mayor de Europa; mientras que este tipo de proyectos de inversiones extranjeras directas crecieron significativamente en número en Alemania, Francia o Luxemburgo durante el pasado año. La inversión extranjera en las firmas británicas de servicios financieros cayó un 26 por ciento el año pasado, según un informe publicado por la consultora  EY (Ernst & Young, ahora mundialmente conocida como EY). Durante el mismo período, Alemania experimentó un aumento del 64 por ciento, mientras que la cifra de Francia se duplicó con creces. Londres aún atrae más inversiones internas en servicios financieros que cualquier otra ciudad de la UE, pero la brecha con París, Frankfurt y Dublín se está reduciendo, asegura EY.

Con las conversaciones entre el Reino Unido y la UE estancadas desde marzo, los bancos se apresuran a establecer nuevos centros comerciales en otras partes de la región. Los reguladores de la UE han dejado claro que esperan que los bancos establezcan operaciones independientes a gran escala dentro del bloque comercial en un número significativo. En resumen, han abundado las elucubraciones en el sentido de que los bancos podrían transferir algunas operaciones al continente europeo cuando el Reino Unido abandone la UE, y que eso podría hacer subir los costes financieros para las empresas y bancos europeos. Al final tanto las Islas británicas como el continente europeo sufrirían, según las investigaciones de Reuters. (HowBrexit is set to hurt Europe’s financial systems, investigación de Reuters,12/7/2017)

Sin pasaporte financiero

Ciertamente al final Brexit dará lugar a una legislación que cambiará las fronteras de la Unión Europea. Hasta hace poco, la literatura en torno al Brexit señalaba que la reconfiguración de las finanzas europeas dependería de lo que ocurriera con el llamado pasaporte financiero de que disponen las entidades bancarias del Reino Unido, que permite que los productos financieros, como préstamos e hipotecas y vehículos de inversión de Londres creados bajo reglas más laxas y orientadas al riesgo, se vendan en todo los restantes países europeos. Desde luego, si se hubiera mantenido la validez del pasaporte bancario europeo tras el Brexit, la City habría continuado sirviendo al continente sus productos y servicios financieros mediante el soporte digital necesario. Pero, publicado el citado libro blanco sobre el Brexit del gobierno May, todo indica que no será así: habría una unión aduanera para mercancías y una zona de librecambio para servicios, pero casi todo por acordar.

Lo que sí admite el propio libro blanco británico sobre el Brexit (párrafos nº 60-66) es que el Reino Unido ya no podrá operar bajo el régimen de "pasaporte" de la Unión, que es algo intrínseco al Mercado Único, cuando deje de ser miembro. Como la decisión sobre si el Reino Unido debería tener acceso a los mercados de la Unión y en qué condiciones será competencia de la misma, y viceversa, se hace necesario un enfoque coordinado que conduzca a una regulación compatible que promueva la estabilidad financiera y evite el arbitraje regulatorio, es decir, que las entidades y particulares no puedan elegir la regulación más favorable. En este contexto, el Reino Unido propone un nuevo acuerdo económico y normativo con la UE en materia de servicios financieros, que mantendría un mercado financiero transfronterizo en un marco negociado entre el Reino Unido y la UE. Aunque, en esta propuesta del libro blanco, el Reino Unido reconoce que este acuerdo no puede replicar el régimen del pasaporte financiero de la UE.

LA RELEVANCIA FINANCIERA DE LA  CITY

El libro blanco del gobierno de Theresa May (apartado nº 58) resume la relevancia financiera de la City londinense en relación con Europa:

Los mercados de servicios financieros del Reino Unido y la UE están muy interconectados: los bancos del Reino Unido suscriben alrededor de la mitad de la deuda y el capital emitidos por empresas de la UE; los  bancos ubicados en el Reino Unido son contrapartes de más de la mitad de los derivados extrabursátiles negociados por Compañías y bancos de la UE; alrededor de £ 1.4 billones de activos son administrados en el Reino Unido en nombre de clientes europeos; el mercado de los seguros de Londres líder mundial alberga a las veinte compañías de reaseguros más grandes del mundo; y se registra más actividad bancaria internacional en el Reino Unido que en cualquier otro país. Este mercado interconectado tiene beneficios para los consumidores y las empresas en toda Europa”.

La Unión Europea necesita el dinero de Londres, aseguraba Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, que  calificaba al Reino Unido como "el banquero de inversiones de Europa"; y sostenía que la mitad de todas las deudas y acciones emitidas por la UE involucran a entidades financieras del Reino Unido. Y los banqueros aseguran que es probable que varias áreas se vean afectadas cuando el Reino Unido deje la UE, según los datos que registra la investigación documentada de Reuters referida. La primera es la capacidad de Europa de vender deuda soberana. En la actualidad, cuando un país, digamos Portugal o Grecia, necesita vender deuda soberana para mantener funcionando sus hospitales o escuelas, recurre a los mercados de bonos organizados principalmente por bancos en Londres. Actualmente, las firmas con sede en Londres son responsables de negociar alrededor del 70 por ciento de la deuda soberana en Europa, según los banqueros. Pero en 2017 algunos bancos ya se estaban retirando de la organización de las ventas de bonos porque no resultaba rentable.

Una segunda área que puede sufrir es la venta de derivados para que las compañías compren protección contra los cambios en el dólar estadounidense o los picos en el precio del petróleo. Los banqueros dicen que sus rivales en Londres ofrecerán una gama más pequeña de productos y con un costo mayor porque habrá menos bancos que ofrezcan estos servicios.

Una tercera área que puede verse afectada es la compensación de derivados denominados en euros, una actividad que domina Londres. Los responsables políticos de la UE quieren que dicha compensación, que garantiza la finalización segura de un intercambio, se traslade a la zona del euro después del Brexit. Los financieros dicen que eso aumentaría los costos de negociación para los clientes continentales que negocian en una variedad de monedas porque tendrán que encaminar las operaciones a través de varias cámaras de compensación, lo que les exigirá mayores garantías para respaldar esas transacciones.

Actualmente, Londres alberga la mayor cantidad de bancos del mundo y alberga el mayor mercado de seguros comerciales, se afirma en la citada investigación. Alrededor de seis billones (trillion) de euros (6,8 billones de dólares), o el 37 por ciento, de los activos financieros de Europa se gestionan en la capital del Reino Unido, casi el doble de su rival más cercano, París. Y Londres domina la industria de banca de inversión de 5,2 billones de euros de Europa. Los mercados de Londres aseguran desde reactores nucleares franceses hasta barcos griegos. Los fabricantes de automóviles alemanes piden dinero para la expansión. Los pensionistas holandeses invierten sus ahorros.

Y el Reino Unido dispone del mayor mercado de divisas y el segundo mayor mercado de derivados en el mundo, representando poco menos del 40 por ciento de las transacciones mundiales en esos mercados, mientras que París, el rival más cercano de la UE en Londres, maneja menos del 5 por ciento, según el Banco Internacional, según los datos de Reuters. Sin embargo, ante la prolongación de las negociaciones del Brexit y la incertidumbre sobre su desenlace, las entidades  financieras han ido adoptando decisiones para posicionarse frente a la recomposición de los mercados financieros europeos.

A DONDE VAN LOS BANCOS

Desde que Morgan Stanley renunció a la City de Londres, la pregunta ya no es si el Brexit dañará la industria de servicios financieros del Reino Unido sino cuán grave será el daño, subrayaba The Guardián en febrero de 2018. Ciertamente, hasta no hace mucho, la amenaza de que los banqueros salieran de Londres en masa, a menudo desplegada por entidades financieras como HSBC, se consideraba irreal y era objeto de bromas y hasta de mofa entre profesionales del sector. La broma más frecuente era que Ginebra era más aburrida que Londres y un traslado no compensaría una mayor retribución. Pero todo eso pertenece ya a un pasado lejano.

Actualmente al menos ocho ciudades europeas están compitiendo para que las firmas financieras se establezcan en el continente europeo, con la esperanza de atraer a sus empleados mejor pagados. Es sabido que París está intensificando los esfuerzos para atraer a los banqueros de la City. Se afirma que el gobierno francés ha sido el más agresivo, ofreciendo la promesa de rebajas de impuestos y de leyes laborales flexibles para complementar los encantos culturales de la capital francesa. "Todo fue muy Moulin Rouge", al decir del director financiero de uno de los mayores bancos de Europa después  de asistir a una presentación reciente de funcionarios franceses que destacaron los excelentes restaurantes y la vida nocturna de París.

Y a medida que el reloj avanza hacia la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ciudades como Paris, Fráncfort y Ámsterdam rivalizan para presentarse como el mejor lugar para reubicar la mayor parte de los negocios de servicios financieros ahora radicados en Londres. Según la revista Forbes, las autoridades de la ciudad de Ámsterdam admitían haber tenido conversaciones con más de 100 compañías hasta el momento, y ya estaban concertando la reubicación de algunas de ellas, a las que se ofrece las ventajas de su ubicación. "París, Frankfurt y Londres están a una hora en tren o en avión" (WhereWill London's Finance Sector Go After Brexit? Amsterdam Says 'Choose Us!')

Sin embargo, Fráncfort es el gran ganador en la batalla por los banqueros post Brexit, según Bloomberg (27 de marzo de 2018), atrayendo miles de los empleos con sede en Londres todavía, pero que habrán de trasladase a nuevos centros dentro de la UE después de Brexit. Morgan Stanley, Citigroup Inc., Standard Chartered Plc y Nomura Holdings Inc. ya eligieron la ciudad alemana para su sede europea que les garantizará el acceso continuo al mercado único. Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG están sopesando una decisión similar, según apuntaba dicho medio, aunque los planes no eran públicos. HSBC Holdings Plc es el mayor banco no francés que hasta ahora ha optado por París, mientras que Barclays Bank Plc se ha inclinado por Dublín.

Aunque hay algunos banqueros que predicen que el gran ganador podría ser Nueva York, porque el único lugar que podría replicar la profundidad de los mercados y la experiencia de Londres.

TODO APUNTA A LA FRAGMENTACIÓN DE LA CITY

En marzo pasado, en un evento ante inversores en Londres, el ministro de Hacienda británico Philip Hammond advertía que el éxito de Londres como centro financiero es único y será "imposible de replicar" en otro lugar. Por lo que las ciudades rivales europeas como París y Frankfurt que no deberían esperar absorber todo el negocio que representa el sector financiero de Londres. Como argumento sobre la necesidad de un acuerdo en interés de ambas partes, el ministro británico decía que "aquellos que piensan que los principales ganadores de cualquier fragmentación de los mercados de Londres serían París, Frankfurt, Dublín o Luxemburgo deberían tomar nota que muy probablemente los verdaderos beneficiarios sean Nueva York, Singapur y Hong Kong"; lo que significaría un recorte en la cuota de mercado en Europa, que quedaría como un conjunto menos competitivo.

Desde luego, el dominio financiero de Londres se ha desarrollado durante décadas y la City está luchando por mantener su condición de centro financiero global en medio de la incertidumbre del Brexit; y sus banqueros son escépticos sobre algunos intentos en Europa para replicar Londres, para transferir íntegramente toda su estructura organizativa y sus negocios financieros a otro lugar del continente. Y todo apunta que el Brexit generará un conjunto diverso de plazas financieras relevantes. El desarrollo de una mayor fragmentación será probablemente un resultado inevitable del Brexit, es la conclusión de Andreas Dombret, miembro del Banco Central de Alemania en su disertación  en un foro de expertos financieros en Dublin en abril pasado. (Livingwith Fragmentation: Post-Brexit Realities in Financial Services.)  Con empresas del sector financiero reubicando sus negocios entre Londres, por un lado, y Frankfurt, Dublín y otras ciudades, por otro lado, destacaba este experto que una estrecha cooperación de la supervisión será aún más importante, especialmente en los próximos años.
En opinión del citado conferenciante, a estas alturas de la negociación del Brexit, las opciones que quedan sobre la mesa son: o un escenario "sin acuerdo" o un acuerdo con libertades bastante limitadas para los servicios financieros, como en el caso del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU), el tratado económico y comercial entre la UE y Canadá.
En primer lugar, el escenario "sin acuerdo" significaría que la UE y el Reino Unido operarían bajo las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, donde los sectores de servicios están apenas cubiertos. Y en segundo lugar, incluso un acuerdo similar al CETA probablemente no significará libertades de gran alcance para proporcionar servicios financieros en la respectiva jurisdicción extranjera. Por lo tanto, nos guste o no, es muy probable que veamos una mayor fragmentación en la regulación y supervisión financiera en Europa, según razonaba el citado ejecutivo del Banco Central alemán.    

Aclaremos que cuando desde la perspectiva financiera se habla de “fragmentación del mercado” nos referimos a cómo están estructurados los mercados financieros. Normalmente, un mercado puede estar "concentrado", cuando en su totalidad o en su mayor parte, la negociación de un conjunto de valores bursátiles se desarrolla en una o dos plazas comerciales; y se habla de “mercado "fragmentado" cuando los inversores envían sus órdenes a numerosos centros de negociación que compiten entre sí por atraer ese flujo de órdenes. El lugar de negociación puede ser un lugar físico como el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York o un lugar de transacciones virtuales como el mercado electrónico del Nasdaq para negociar acciones.

Por tanto, el problema es que por ahora no está claro lo que exactamente significará eso. Es esta incertidumbre sobre la naturaleza exacta de la fragmentación post-Brexit lo que hace que para políticos y banqueros sea tan difícil evaluar los costes y los beneficios de una mayor fragmentación. Las firmas financieras destacan que la fragmentación probablemente signifique ineficiencias organizacionales y costes organizacionales más elevados. Y no cabe duda de que, al menos, la transición a un nuevo régimen para las finanzas europeas y a una nueva estructura organizativa será costosa. Sin embargo, estos costes pueden ser menos sustanciales a largo plazo: una vez que las empresas se hayan adaptado al nuevo régimen, los gerentes inteligentes encontrarán nuevas soluciones organizacionales que integrarán nuevas realidades de cumplimiento con eficiencias organizacionales.

De ahí que el citado experto alemán apele a los políticos, las empresas y los supervisores para que respondan a tres cuestiones cruciales: primero, un acuerdo de transición; segundo, una cooperación supervisora ​​pragmática; y tercero, una exigencia de innovación gerencial. Como ya es conocido, una fase de transición ya se ha acordado para que el Brexit pueda resultar menos abrupto y, a la larga, menos doloroso en particular para el Reino Unido.