jueves, 23 de mayo de 2019

“Europa necesita una estrategia global”


La rivalidad cada vez más aguda entre Estados Unidos y China podría tener consecuencias económicas negativas y de otro tipo para Europa. Pero en lugar de forjar una visión estratégica adecuada a este riesgo, hasta ahora los líderes europeos están, como de costumbre, preocupados por sus propios problemas.

En este análisis publicado en Project-Syndicate el 30/3/2019 que reproducimos abajo, el ex ministro de asuntos exteriores alemán y vice canciller (1998-2005) Joschka Fischer apela a la necesidad de una "estrategia global", a la que por el momento no se ha prestado atención quizás, ya que los líderes europeos están más preocupados por los problemas y las crisis a nivel nacional y de la UE. Sin  embargo, el año 2019 resultará crucial para el futuro del proyecto europeo, debido al Brexit y a las elecciones europeas del 26 de mayo. Además, está por ver si los populistas tendrán una presencia relevante en el nuevo Parlamento Europeo, que habrá de elegir un nuevo presidente de la Comisión Europea. En cualquier caso, como apunta Joshka Fisher en


EUROPA NECESITA UNA ESTRATEGIA GLOBAL

"La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos puede haber acelerado el fin del “siglo norteamericano” y del orden internacional de posguerra liderado por Estados Unidos. Es verdad, el centro de gravedad político y económico del mundo venía trasladándose hacia el este de Asia mucho antes de 2016, y la idea de que China se convierta en una potencia global en el inminente “siglo del Pacífico” tampoco es nueva. Pero las acciones de Trump, junto con las de su contraparte chino, Xi Jinping, han llevado la rivalidad cada vez más agudizada entre las superpotencias a una escena central. Desafortunadamente, Europa todavía tiene que ofrecer una respuesta coherente.

La actual disputa comercial entre Estados Unidos y China tiene el potencial de desatar una recesión global. Pero aún este conflicto es sólo parte de una lucha de poder mucho mayor, inclusive en el sector tecnológico, para determinar si la nueva estrella ascendente (China) o el actor principal (Estados Unidos) desempeña el papel global de liderazgo.

Durante gran parte del período transcurrido desde que China inició sus medidas de modernización bajo el régimen de Deng Xiaoping a fines de los años 1970, su política no consistió en desafiar el orden geopolítico y estratégico existente y sí en evitar una confrontación con Estados Unidos a toda costa. Pero el discurso de Xi en el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en octubre de 2017, y las varias iniciativas chinas en curso destinadas a desafiar el predominio de Estados Unidos, indican que China ya no ocultará su fortaleza y esperará su oportunidad, como ordenaba Deng.

La nueva asertividad de China se torna evidente en su fortificación militar de los arrecifes y pequeñas islas en el Mar de China Meridional, así como en la estrategia “Hecho en China 2025”, que apunta a convertir al país en el líder mundial en las industrias clave del futuro en la próxima década. Y con su gigantesca “Iniciativa un cinturón, un camino” (BRI por sus siglas en inglés y en castellano, por Las Rutas de la Seda), China quiere utilizar sus inversiones en comercio e infraestructura de transporte para establecer su predominio geopolítico y comercial en Eurasia, Europa, Oriente Medio y África.

Frente a este desafío cada vez más obvio a su liderazgo, Estados Unidos también ha cambiado su estrategia y ha adoptado una postura más belicosa con China. Si bien Trump está liderando este cambio, la furia, el miedo y la frustración norteamericana que genera China se extiende mucho más allá de la Casa Blanca y del Partido Republicano, y cala hondo en las filas del Partido Demócrata.

Por empezar, Estados Unidos está adoptando una postura más dura en materia de comercio. En el pasado, el mercado estadounidense por lo general estaba abierto a las exportaciones chinas –sin ese acceso, el rápido crecimiento económico de China nunca habría sido posible-. Pero la administración Trump quiere poner fin a esta apertura y hacer que el comercio bilateral de los países pase de ser una herramienta a convertirse en un arma. Estados Unidos también está endureciendo su política hacia la BRI, y ha criticado la decisión reciente de Italia de respaldar la iniciativa.

La tecnología es otra gran preocupación norteamericana. Estados Unidos y China están inmersos en una contienda enconada en el terreno de la inteligencia artificial y siguen enfrentándose por la empresa de telecomunicaciones china Huwaei, una de las compañías globales líderes del país.

La alta ejecutiva de Huawei Meng Wanzhou, la hija del fundador de la compañía, actualmente está esperando ser extraditada a Estados Unidos después de haber sido detenida en Canadá en diciembre pasado por violar supuestamente las reglas de embargo norteamericanas respecto de Irán. Al mismo tiempo, la administración Trump está ejerciendo una fuerte presión sobre sus aliados europeos para que excluyan a Huawei de sus mercados de telecomunicaciones por cuestiones de espionaje (aunque Estados Unidos todavía no ha ofrecido evidencia de esto públicamente).

La llegada de este nuevo orden global del siglo XXI no es un buen augurio para Europa, como dejan en claro estas escaramuzas iniciales en materia de comercio y tecnología. Pero, como es habitual cuando se enfrenta a un desafío global importante, Europa esencialmente se mira el ombligo y se preocupa por los problemas internos, incluido el Brexit.

Sin embargo, los europeos no se pueden permitir mantener al margen. Europa que  será una de las primeras víctimas si la disputa actual entre China y Estados Unidos se convierte en un conflicto comercial declarado. Si esto sucediera, las dos superpotencias exigirán que Europa tome partido –precisamente el tipo de elección que no quiere hacer, porque Estados Unidos y China son sus dos principales mercados exportadores-. De la misma manera, Europa muy probablemente enfrentaría una represalia china si decidiera expulsar a Huawei de sus mercados nacionales.

Europa debe forjar su propia visión estratégica sobre el nuevo orden global. Y tendrá que poner un peso suficiente en la balanza geopolítica para seguir comerciando con Estados Unidos y China según sus propios términos. Esto exigirá que Europa desarrolle una política industrial basada en los intereses y valores europeos. Al mismo tiempo, los líderes de Europa deben reconocer que China está construyendo rápidamente un sistema político alternativo en el que un partido único controla digitalmente a las masas. No importa la opinión que uno tenga de Trump, esto no sucederá en Estados Unidos.

El equilibrio geopolítico global está cambiando aceleradamente y Europa debe adaptarse. En lugar de mirar hacia adentro, los líderes europeos necesitan una estrategia creíble para con las dos superpotencias –y China en particular."-


miércoles, 1 de mayo de 2019

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA, ¿RETO O AMENAZA PARA EUROPA?


¿Conducirá la actual política de China a la desintegración de la Unión Europea? ¿Puede transformarse Europa en un satélite político de China imperialista? Estas son algunas de las interrogantes  que se plantean en círculos diplomáticos europeos a partir de los hechos más actuales.

Mediados el mes de marzo pasado, el Gobierno italiano (la coalición del movimiento populista Cinco Estrellas y La Liga Norte) se adhería a la llamada nueva Ruta de la Seda, el gigantesco plan chino de inversiones masivas en infraestructuras de los cinco continentes, suscribiendo un memorándum de entendimiento. El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, sostenía que con este acuerdo  "no está en discusión nuestra colocación euro-atlántica y no hay riesgos de colonización". Pero es evidente la inquietud entre los socios europeos y en los EEUU por la decisión de Italia, país miembro del G7 y socio fundador de la Unión Europea, que en dificultades económicas de nuevo —la economía italiana fue declarada en enero en recesión técnica—, se entrega a un plan criticado por algunos como un instrumento de China para dominar el mundo. En verdad, las consecuencias de este acuerdo están por ver pero el mensaje de respaldo que Italia le está enviado a China tiene un claro contenido político, puesto que significa un apoyo al plan económico que el Partido Comunista Chino considera hoy su prioridad absoluta. Italia es el país fuerte de los países débiles y su peso es infinitamente superior al de Grecia, Chipre o Portugal, que ya se adhirieron a la nueva Ruta de la Seda, o ya han cedido a Pekín el control de infraestructuras importantes.  
  
La cuestión de fondo es el reto que el proyecto global chino plantea a la Unión Europea y la urgencia de diseñar una estrategia política conjunta frente  a la creciente penetración china. En medio de las profundas transformaciones que se avizoran al terminar esta segunda década del siglo XXI, los dirigentes políticos y la ciudadanía europea tendrían que prestar una mayor atención a esos vientos que vienen del Este y que van a condicionar la vida del conjunto de los países de la Unión Europea. En los dos últimos años, mientras el nuevo Presidente de EEUU se distanciaba del continente europeo, China se ha ido aproximando para sacar provecho de las tensiones entre los occidentales dentro de su proyecto imperial. Como se constató durante la cumbre UE-China celebrada en junio de 2017 en Bruselas, Pekín busca reforzar puentes de entendimiento. Aunque el interminable asunto del Brexit ha acaparado la atención mediática como único tema de la Unión, la tecnocracia  europea avanza en el diseño de una nueva estrategia conjunta en las relaciones con el gigante asiático. Y el tema ya fue abordado en la reunión del Consejo Europeo de 21 y 22 de marzo de 2019, en la que, además del Brexit y otros asuntos, se generó un intenso debate estratégico sobre las relaciones generales con China, al abordarse la preparación de la nueva cumbre UE-China celebrada el 9 de abril pasado. En ese debate estratégico entre socios europeos se clarificó que el objetivo de las relaciones con China tiene que centrarse en lograr una relación equilibrada, que garantice la competencia leal y la igualdad de acceso al mercado. Y, sobre todo, quedó claro que los europeos han de analizar a fondo las implicaciones del proyecto chino de alcance global.

LA NUEVA RUTA DE LA SEDA HASTA MADRID

Ciertamente China ha sido especialmente innovadora en el uso de su enorme poder económico. Muchos observadores solventes señalan que no pretende competir con los EEUU sino reemplazarlos con una nueva política imperial. Y alguna experta matiza que “China está intentando desplazar, más que reemplazar, a los EEUU” (Oriana Skylar Mastro, profesora de la Universidad de Georgetown, The Stealth Superpower, Foreign Affairs, January-February 2019). Lo cierto es que Pekín ha ido creando una serie de instituciones, acuerdos internacionales e instrumentos para tejer una vasta red de infraestructuras (puertos, ferrocarriles, autopistas  y otros equipamientos logísticos) con vínculos comerciales e inversiones intercontinentales que apuntan al diseño de un nuevo orden económico mundial, que pretende conectar China con Europa, Asia y África. La estrategia hasta aquí seguida ha sido financiar infraestructuras en el mundo en desarrollo para crear gobiernos extranjeros dependientes y, por lo tanto, conformes a la dirección china.
Mas recientemente, el presidente Xi Jinping está liderando un ambicioso proyecto conocido como nueva Ruta de la Seda, en inglés Belt and Road Initiative; un proyecto de infraestructura regional masivo lanzado en 2013. Proyecto que cuenta con sólido respaldo financiero del Banco Asiático de Inversiones (AHB) con sede en Pekín, y el nuevo Banco de Desarrollo BRICS con sede en Shanghái. China ha gastado ya alrededor de 400.000 millones de dólares en la iniciativa (y ha prometido cientos de miles de millones de dólares más); y ha convencido a 86 Países y organizaciones internacionales para que firmarán unos 100 acuerdos de cooperación relacionados. Contrariamente al FMI y al Banco Mundial, la ayuda china, que principalmente adopta la forma de préstamos de bancos controlados por el Partido Comunista de China, no viene acompañada de las exigencias occidentales habituales: no establece requisitos de reformas del mercado o una mejor gobernabilidad. Sin embargo, lo que China exige de los destinatarios es la lealtad a una serie de cuestiones, incluida el no reconocimiento de Taiwán, la isla conocida antes como China nacionalista. (Foreign Affairs, january-february 2019, opus cit.)

Como ha escrito Victor Pou, ex alto funcionario de la Comisión europea, la Iniciativa Belt and Road "pretende que China pueda utilizar mejor su creciente influencia económica para lograr sus objetivos políticos finales sin provocar una respuesta compensatoria o un conflicto militar". Por el momento las dimensiones militares de este proyecto son ambiguas, generando incertidumbre en Washington sobre sus verdaderas intenciones. Muchos observadores se han preguntado si la Iniciativa Belt and Road tendrá un componente militar fuerte, pero incluso aunque la iniciativa no fuera el preludio de una presencia militar global al estilo estadounidense, y probablemente no lo sea, desde el otro lado del Atlántico se plantean que China podría utilizar la influencia económica y política generada por este proyecto global para limitar el alcance del poder estadounidense. Asimismo esta iniciativa suscita recelos en la UE, Japón, India y otras regiones y países vecinos que temen una excesiva dependencia del gigante chino. Y en todo caso estas nuevas Rutas podrían canalizar de modo unidireccional los flujos comerciales, incrementando el superávit comercial chino y encubrir una mundialización de los estándares chinos. (Víctor Pou, Hacia el relanzamiento de la Unión Europea; ed. Milenio, 2018)

Desde luego, esta  nueva Ruta de la Seda, conocida también como One Belt-One Road (OBOR) es la gran apuesta china para su proyección exterior, económica y política, que ha despertado enormes expectativas en los más de sesenta países que atraviesa; aunque no sea del agrado de EEUU y de India (atraviesa Cachemira). Pero, en realidad China no necesita puertos hindús, ya que le basta el puerto de tránsito de Hambantota en Sri Lanka, construido por una empresa china. Ya tiene una base militar en Yibuti, en el enclave que fue colonia francesa (Djibouti) en el Cuerno de África. Y además, tiene una línea ferroviaria de más de 13.000 kms., que cruza China, Kazakstán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Francia hasta llegar a España. Desde diciembre de 2014 un tren de mercancías une en 21 días Yiwu (China) con Madrid. Y aprovechando la crisis de la deuda griega, China adquirió el puerto de El Pireo. En resumen, las infraestructuras del proyecto chino avanzan con firmeza por Europa.

Las inversiones de China en la UE: El Foro 16+1

En la actualidad, la penetración de China en la EU es un hecho del que la ciudadanía
ignora su relevancia, fuera de los ámbitos especializados. Ligada a su gran proyecto global, en los últimos años China ha continuado incrementando su presencia en el ámbito europeo mediante inversiones en sectores estratégicos y de alto valor añadido, que en 2016 llegaron a alcanzarlos 35.000 millones de euros, con un aumento del 75 % sobre el año anterior, según fuentes especializadas; cifras muy superiores a las de la UE en China. Y China ha desbancado a los EEUU como gran socio comercial de Alemania y el importante conglomerado chino HNA ya era el primer accionista del Deutsche Bank (Victo Pou, Hacia el relanzamiento…, opus cit.). Sin embargo la política oficial china de una pretendida defensa del libre comercio contrasta con la realidad de un país proteccionista donde las empresas europeas se sienten discriminadas respecto a las empresas locales.

El Foro 16+1 ejemplifica la estrategia china de penetración inversora en Europa. Desde 2012, China ha implicado directamente a 16 Países de Europa Central y Oriental conocidos por las siglas en castellano PECOs (en inglés CEEC), incluidos 11 Estados miembros de la UE y cinco países de los Balcanes Occidentales, en el formato conocido como 16 + 1, presentado con un enfoque innovador para la cooperación regional. Aunque enmarcado como multilateralismo, en la práctica este formato es en gran medida bilateral y altamente competitivo. Mientras al inicio estos países adoptaron con entusiasmo esta cooperación china como una oportunidad para diversificar sus relaciones económicas, centradas en la Unión tras la crisis financiera de 2008, aunque para 2018 algunos de ellos expresaban su descontento con los resultados económicos obtenidos. Destacan como participantes más activos República Checa, Hungría, Polonia y (Serbia), que son todos son euroescépticos y se consideran socios estratégicos de China.

Los datos de inversión extranjera directa de China revelan que está altamente concentrada en los PECOs más grandes, pero representa una participación extremadamente baja en el conjunto total de las inversiones directas extranjeras. Algunos PECOs más pequeños también han comenzado a atraer inversiones chinas, aunque en niveles comparativamente bajos. Algunos de los proyectos chinos de construcción de infraestructura en los PECOs han sufrido contratiempos en un entorno regional regido por las normas y regulaciones de la UE (véase documento en pdf China, the 16+1 format and the EU Esta cooperación bilateral China-PECOs tenido manifestaciones diversas pero relevantes políticamente. Por ejemplo, la provincia china de Jiangxi y la región búlgara de Sofía firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación educativa; las Ferias de Heilongjiang promovidas en Bulgaria; el aeropuerto de Budapest aspira a convertirse en una puerta de enlace de carga aérea regional para China; y Bulgaria abre una zona de demostración para la cooperación agrícola China-CEEC. Por su parte, dentro de este Foro, China y los PECOs se han comprometido a profundizar la cooperación a nivel local. Y han aumentado el número de turistas chinos que visitan Europa Central y Oriental.  

La respuesta de la Unión Europea al formato del Foro 16 + 1 ha sido también diversa. La Unión está presente en las cumbres 16 + 1 como observador, y en 2016 acordó una estrategia europea con China, esbozando unos principios que sustentan el compromiso de la UE con China como la reciprocidad, la igualdad de condiciones y las licitaciones públicas transparentes; y que todos los Estados miembros de la UE los han respaldado. Sin embargo, un informe de junio de 2018 sobre las relaciones UE-China producido por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (Ponente: Bas Belder, ECR, Países Bajos), destacaba, entre otras cosas, que la participación de los Estados miembros en el Foro 16 + 1 debería permitir a la UE hablar con una sola voz en su relación con China.

La Cumbre EU-China de 9 abril 2019: ¿hacia una nueva estrategia?

¿Cuál es la respuesta de la Unión a la actual política china respecto a Europa? ¿Hacia dónde van las relaciones entre la Unión y el gigante asiático?. China ha pedido a la Unión Europea  "igualdad de trato" para sus empresas y se ha comprometido a hacer lo mismo con las compañías europeas. Lo ha hecho durante la cumbre anual en Bruselas, a la que ha asistido el primer ministro Li Keqiang, que ha asegurado que su país va a seguir abriendo su mercado a las inversiones europeas. "Antes era ingenuidad. Ahora mismo, creo que estamos pasando de una asociación estratégica hacia una especie de competidores estratégicos, lo que llamo 'coorpetition', lo que significa que la cooperación y la competencia van de la mano. Está equilibrando las relaciones entre la UE y China", explica Lin Goethals, Directora de Programas para Asia del Instituto Europeo de Estudios Asiáticos. Tras años de ofrecer acceso libre a sus mercados, la UE está perdiendo la paciencia con Pekín por la lentitud de la liberalización de su mercado. Pese a las tensiones por el interés chino en invertir en infraestructuras clave europeas, la Unión es consciente de que deben entenderse. Un paso importante dado en esta cumbre de abril de 2019 ha sido que China se ha comprometido, por primera vez, a discutir la reforma de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre subsidios industriales, "una prioridad clave para Europa", según Euronews. 

Pero la retórica del lenguaje diplomático esconde las tensiones latentes en las relaciones chino-europeas, definidas en el sentido de  The EU and China are strategic trading partners”. Los dirigentes de la UE y de China han examinado las relaciones bilaterales de comercio e inversión y, en particular, el trato justo y no discriminatorio de sus operadores económicos. Pero han debatido también el futuro de la gobernanza mundial y la manera de hacer frente a los desafíos comunes. Han reiterado su compromiso con el multilateralismo, articulado en torno a las Naciones Unidas. Y han expresado también  su apoyo a la labor del G-20 y a la aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y han abordado asimismo el desarrollo sostenible y la ciberseguridad, incluida la seguridad de las redes 5G, y demás cuestiones de alcance internacional.  La cuestión de fondo es la definición de una estrategia europea acorde con la realidad del poder chino.

HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA EUROPEA CON CHINA

¿Tiene Bruselas capacidad y autonomía para diseñar una nueva estrategia europea propia frente al proyecto global de China? ¿O la UE habrá de adoptar una estrategia paralela a la que parece haber adoptado los EEUU? Desde el establishment de Washington se espera que una estrategia reforzada y renovada en Europa atienda la realidad del incremento del poder de China en múltiples planos. Desde el otro lado del Atlántico se evidencia que, en los últimos dos años, Washington ha adoptado una política de competencia estratégica con China. La Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump dejan claro que EEUU ve a China como una gran potencia rival no solo militar sino también en una competencia por la supremacía económica y tecnológica. Como resultado, algunos analistas apuntan que una coalición efectiva para gestionar el ascenso de China ya no puede centrarse solo en las asociaciones de seguridad asiáticas, sino que ahora debe incluir las principales concentraciones mundiales de poder económico, progreso tecnológico y valores democráticos liberales. Entre estos se encuentran muchos de los socios de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, como Australia, India y Japón. (Andrew Small, Why Europe Is Getting Tough on China, Foreign Affairs, 3 april 2019)

Asimismo algunos analistas perciben que la Unión Europea y sus principales estados miembros también se están volviendo cada vez más críticos con los Estados Unidos para tratar con China. A partir de la  cumbre UE-China de 2019, muchos esperan que Europa comience a replantearse fundamentalmente sus políticas respecto  a China, mediante un cambio  sustancial que algunos lo describen como una "revolución". A pesar de las diferencias entre los estados miembros de la UE, el impulso general del cambio estaría en convergencia con el nuevo enfoque de los Estados Unidos. Hace tan solo tres años, los estados miembros resistieron incluso los cambios modestos para fortalecer los instrumentos de defensa comercial de la UE, a pesar de la inundación de las importaciones chinas de acero. La noción de un mecanismo a nivel de la UE para controlar las inversiones chinas sigue siendo un anatema para la mayoría de los líderes europeos.

A principios de 2016, cuando la Administración Trump accedió a la Casa Blanca, los líderes europeos no se planteaban una coordinación más estrecha para restringir el acceso de China a las tecnologías occidentales, un frente público común sobre las prácticas no comerciales de China, o la cooperación en el financiamiento de infraestructura como un contrapeso a la Iniciativa de la Ruta de la Seda de China. Sin embargo, la misma lógica que ha impulsado el cambio de política de los Estados Unidos tiene que llevar a Europa a cambiar su postura. De ahí que en marzo pasado, los jefes de estado europeos debatieran un nuevo documento de estrategia de la Comisión Europea que describe a China como un "competidor económico en la búsqueda de liderazgo tecnológico, y un rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobierno". Las propuestas en el documento tienen como objetivo cambiar las políticas en áreas que van desde la adquisición a los datos, las reglas antimonopolio a las telecomunicaciones, la estrategia industrial a la inteligencia artificial.

Diversos análisis de la revista Foreign Affairs profundizan en la necesidad de un cambio en la política europea hacia China. Aunque es probable que ningún político europeo adopte una postura públicamente agresiva con respecto a China como hizo EEUU. Pero se apunta que los líderes del continente están cada vez más de acuerdo en ciertos principios subyacentes: a saber, que la competencia con China ahora requiere una revisión integral de los instrumentos de política, y que el período de apertura asimétrica hacia China ha terminado. El presidente francés, Emmanuel Macron, antes de la reciente cumbre europea, caracterizó el momento como un momento de "despertar europeo".
Analistas estadounidenses señalan que a la experiencia habida en las relaciones UE- China, habría que sumar una serie de hechos relevantes que están teniendo lugar. Como son, sin duda, los desarrollos políticos y de seguridad que han jugado un papel importante, desde el creciente autoritarismo de China bajo el presidente Xi Jinping hasta sus esfuerzos por extender la influencia política en Europa. Los impulsores más fuertes del cambio, sin embargo, son económicos. Europa ha perdido la esperanza de que China reforme su economía o permita un mayor acceso a sus mercados, y al mismo tiempo, los actores respaldados y subsidiados por el Estado chino han avanzado en sectores que Europa considera críticos para su futuro económico. La implementación de Made in China 2025 (un plan de diez años para acelerar el desarrollo de industrias de alta tecnología), una serie de tomas de control en China y la exportación de las prácticas económicas nacionales de China a terceros países por parte del BRI sugieren una amenaza que es Uniéndose con la inmediatez real.
Cuando se trata de China, las preocupaciones comerciales e ideológicas a menudo se entrelazan. El alcance cada vez mayor del Partido Comunista Chino en el sector privado, la exportación de las normas de vigilancia y de Internet de China a través de sus compañías de tecnología, el uso de la coerción económica contra los estados y las empresas europeas, y el impacto de las finanzas chinas en la situación política y económica de los países en vías de adhesión a la UE son algunos de los ejemplos de este tipo de líneas borrosas. Los políticos europeos comúnmente se refieren a China como un "competidor sistémico", un término acuñado no por los defensores de los derechos humanos o los grandes estrategas, sino por la Federación de Industrias Alemanas. La vieja historia era que los intereses comerciales europeos impedían adoptar una postura más dura sobre China. Hoy en día, el cálculo cambiante de los beneficios económicos y comerciales es precisamente lo que ha endurecido la posición de Europa.
La idea de que Europa se ha vuelto más agresiva con China puede parecer contraria a la intuición: después de todo, como mencionamos al comienzo de este texto, Italia acaba de convertirse en el primer miembro del G-7 en ingresar en la iniciativa Belt y Road. Y en la Unión Europea ciertamente existen  discrepancias internas sobre los asuntos políticos y económicos con China, sean sobre el Mar de China Meridional, los riesgos asociados a la inversión china, la presencia de compañías chinas en las redes de telecomunicaciones europeas y otros temas relacionados con China. Es sabido que los “disidentes“, como Hungría y Grecia, en ciertos casos bloquean lo que de otro modo habrían sido las posiciones de consenso.
Pero Europa también ha mostrado unidad en China en áreas cruciales. En los últimos años, Bruselas ha reforzado sus poderes para actuar en contra de los subsidios y el dumping de precios, permitiéndole imponer aranceles más altos a las importaciones chinas excesivamente baratas. Europa también se ha negado a otorgar a China el codiciado estatus de economía de mercado en la OMC, estableció un nuevo proceso para coordinar la selección de inversiones para las amenazas a la seguridad nacional y diseñó una iniciativa de conectividad para competir con el BRI. En algunos de estos casos, Europa adoptó una posición dura frente a la intensa presión china. En la medida en que algunos de los grandes estados miembros tienen relaciones bilaterales privilegiadas con China que pueden socavar los mayores esfuerzos europeos, los líderes finalmente están comenzando a remediar el problema. Macron invitó al presidente de la Comisión de la UE, Jean-Claude Juncker, y a la canciller alemana, Angela Merkel, a unirse a sus reuniones con Xi durante la reciente visita bilateral. La cumbre UE-China que organizará Alemania el próximo año también será la primera en incluir a los jefes de gobierno de todos los estados miembros de la UE, un cambio destinado a abordar las preocupaciones de los países más pequeños sobre su falta de tiempo frente a los altos líderes chinos. 
Ciertamente los estados de Europa central se han desilusionado con la falta de beneficios económicos que se ofrecen y ahora coordinan el 16 + 1 mucho más estrechamente con la Unión Europea. Incluso Italia, al firmar un acuerdo político referido, realizó simultáneamente movimientos que permitirían a Roma excluir a Huawei de sus redes 5G. El alcance político y la influencia de China en Europa están creciendo, pero las raíces de estas relaciones son superficiales.  Los países europeos están de acuerdo en que el comportamiento chino requiere cambios significativos en el enfoque de Europa, pero los debates resultantes reflejan preguntas más profundas sobre el futuro del modelo europeo y el mercado único, no solo las relaciones con Pekín.
Y, desde luego, respecto a cualquier cooperación con los EEUU actualmente, hay que admitir que la desconfianza transatlántica es demasiado alta. –



lunes, 18 de febrero de 2019

LA UNIÓN EUROPEA POSTBREXIT


El resultado del referéndum británico del Brexit de junio de 2016 estaba predeterminado, según apunta un análisis de la revista Foreign Affairs (The Worst Brexit Option,Except for All the Others), que ofrece los escenarios de la actual situación.

Más de cuarenta años de la pertenencia renuente en un proyecto que las elites británicas vieron siempre como un acuerdo de libre comercio glorificado, combinado con una prensa tabloide euroescéptica a menudo vitriólica, habían preparado a la población británica para optar por el abandono. Al final, el pueblo británico votó 52 contra 48 por ciento para irse, y Theresa May  asumió la misión de cumplir con ese voto mayoritario. Y en cierto modo, es lo que ha hecho, presentando al Parlamento un acuerdo negociado entre su gobierno y la Comisión Europea, liderada magistral y minuciosamente por Michel Barnier durante los últimos 18 meses.

Desde luego tendría que ocurrir algo bastante extraordinario para detener ese proceso. Hoy tenemos estos cuatro escenarios:
  • -      el acuerdo de May encuentra una mayoría insuficiente en el Parlamento;
  • -      el Reino Unido abandona la UE sin llegar a un acuerdo;
  • -      la UE accede a extender el proceso descrito en el Artículo 50 para continuar el proceso de negociación y ratificación del Brexit;
  • -    o el Reino Unido celebra un segundo referéndum.

Llegados  a este punto, el Parlamento británico encuentra muy difícil optar por uno de esos cuatro escenarios. Y, sin embargo, tendrá que haber una decisión, aunque no esté clara cuál sea la mejor manera de avanzar para el Reino Unido.

Pues bien, en esta singular coyuntura europea y global, nos parece interesante y oportuno reproducir aquí un documentado artículo publicado en El País, el 10 enero 2019, por Miguel Otero Iglesias, investigador principal en el Real Instituto Elcano, que representa una reafirmación europeísta de la Unión, que suscribimos:


La UE, más unida que nunca
Las divisiones existen y son graves, pero un análisis sosegado, con perspectiva histórica, muestra una situación mucho mejor.
En el imaginario popular se ha instalado la idea de que la Unión Europea nunca ha estado más desunida. La cantinela que se repite es que los países de la Unión son incapaces de ponerse de acuerdo en reformar el euro, en gestionar los flujos migratorios, en lidiar con la creciente agresividad de EE UU, Rusia y China y que el auge del nacional populismo va a debilitar todavía más la Unión hasta el punto de descomponerla.
Las divisiones existen y son graves, pero un análisis sosegado, con perspectiva histórica, muestra que probablemente Europa esté más unida que nunca. Y para convencernos no hace falta recordar los siglos de conflictos europeos desde la Guerra de los Cien Años hasta la Segunda Guerra Mundial. Con analizar los últimos 60 años de integración europea llega.

Vayamos por décadas. En los años sesenta tuvimos la crisis de la “silla vacía” provocada por un De Gaulle bastante más francés que europeo. En los años setenta tuvimos el colapso de la “serpiente en el túnel” que sepultó el plan Werner y trajo años de tensión entre Francia y una dominante Alemania que imponía la tiranía del marco. En los años ochenta tuvimos la crisis del “bolso” de Thatcher y el Acuerdo de Fontainebleau que institucionalizó el cheque británico, un error histórico que consagró el “excepcionalísimo inglés”.
Algunos pensarán que los años noventa, tras la caída del muro de Berlín y la firma de Maastricht, seguro que fueron años de mayor unidad. Para nada. Reino Unido no se adhirió al euro, los daneses votaron en contra y solo un 51% de los franceses lo apoyaron. Una victoria por los pelos, y numerosas voces en contra de la ampliación al Este. Estas tensiones se acentuaron en la primera década del siglo XXI cuando los franceses y los holandeses votaron en contra de la Constitución europea.
Estos episodios pueden parecer triviales comparados con el drama de 2012, y sobre todo 2015, cuando Grecia casi fue expulsada del euro. Pero también aquí hay que relativizar. Si los líderes europeos negociaron durante décadas con uñas y dientes unos presupuestos de la UE que nunca superaron el 1% del PIB, y que ahora están en torno a los 150.000 millones de euros anuales, ¿cómo no iban a enfrentarse, y hasta insultarse, cuando la cifra total para el rescate de Grecia llegó a los 290.000 millones de euros? ¡Más que el PIB de Dinamarca!

Lo cierto es que la UE, que ahora tiene 27 y no solo 12 Estados, está mejor de lo que se esperaba. Cuando futuros historiadores analicen el pulso del Brexit entre Reino Unido y la UE concluirán que la Unión se mantuvo unida y consiguió un acuerdo de separación ventajoso para sus intereses. Destacarán, además, que esta es la primera vez en 500 años que Reino Unido no ha logrado dividir al continente, y eso que lo ha intentado con ahínco, incluso usando la carta de su capacidad militar.
La Unión también se ha mantenido unida en sus tensiones con Rusia, EE UU y China. Llevamos casi cinco años de sanciones a Rusia sin fisuras. Algo que pocos pensaban que se iba a lograr. Recientemente, Juncker se plantó en Washington y negoció una tregua con el presidente Trump de igual a igual, representando los intereses de 500 millones de europeos. Un hecho sin precedentes. En su relación con China, la UE ha sorprendido incluso a los optimistas. Primero no otorgándole estatus de economía de mercado en la OMC y después estableciendo un primer mecanismo de supervisión de inversiones europeo, algo que hace solo unos años levantaba carcajadas entre los diplomáticos americanos.

Incluso el apoyo popular ha aumentado. Los números del Eurobarómetro de 2018 muestran cómo dos tercios de los ciudadanos (el 67%) están a favor de la UE, una cifra no vista desde 1983, y un 74% apoya la moneda única, récord absoluto. El atractivo de la Unión es tal que 700.000 británicos salieron a las calles de Londres con banderas europeas (algo que parecía imposible), el presidente galo Macron se envuelve a diario en ella (de locos) y Merkel pide un ejército europeo (temerario).
Y lo más extraordinario, ni Orbán, ni Kaczynski, ni incluso Salvini se plantean salir de la Unión. Al contrario, contemplan crear una Liga de las Ligas para asaltar Bruselas. Eso puede asustar, pero el cambio estructural es positivo. Los nacional populistas ya no quieren destruir la UE; quieren hacerla más autoritaria. Se está creando pues un demos europeo con sus inherentes batallas ideológicas. Tanto es así que por primera vez las elecciones al Parlamento Europeo de mayo serán unas elecciones europeas de verdad. Aquellos que no quieran ver una UE autoritaria que salgan a votar. Y lo más irónico: quizás los británicos se arrepienten y se apuntan a la fiesta de la democracia europea.-


viernes, 14 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (V)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )

Directivos corruptos: las tarjetas black

Y mientras sucedía el desastre bancario, los responsables, los consejeros de Bankia de todas las procedencias, se limitaban a hacer de palmeros que aplaudían a Rodrigo Rato por el precio de la OPV - pese a los enormes perjuicios que provocó - o pensaban que era positiva la intervención del Banco de Valencia. Y esos aplausos les permitieron enriquecerse con jugosos sueldos, bonus y las tristemente famosas tarjetas black. Según uno de los informes, se incumplió la Ley de la Comunidad de Madrid porque algunos de estos consejeros (incluyendo a Rato) cobraron a la vez de Bankia y de Caja Madrid. Según sus cálculos, las cantidades que se llevaron indebidamente ascienden a 4,3 millones de euros. En cuanto a las tarjetas opacas, los peritos del Banco de España no tienen dudas de que su finalidad era ocultar estos gastos y no declararlos a Hacienda, de que se incumplió la Ley y de que cualquiera podía darse cuenta del carácter indebido del uso de estas tarjetas, como sostiene el FROB y ha quedado demostrado con la sentencia condenatoria. Además, critican las lagunas de información en estos medios de pago y señalan que los principales implicados tenían más tarjetas de las que se han publicado; o bien no las usaron, o bien los actuales gestores de Bankia no han facilitado la información. ([i]) 

En paralelo al litigio de la salida a Bolsa y a las investigaciones de la responsabilidad civil sobre las participaciones preferentes de Caja Madrid, se abrió una pieza separada por las llamadas tarjetas black, negras u opacas para Hacienda, distribuidas entre consejeros y directivos de Caja Madrid-Bankia para gastos personales sin justificación ni declaración a Hacienda, que estuvieron en vigor entre 2003 y 2012. En total se gastaron por este sistema de retribución secreto unos 15,2 millones de euros. La  existencia de estas tarjetas fue divulgada por la prensa (eldiario.es; El Mundo e Infolibre), medios a los que había llegado documentación a través de la Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X, que los había recibido de una fuente anónima.  Este asunto estalló con gran impacto mediático en octubre de 2014 al trascender que la Fiscalía anticorrupción había abierto una investigación sobre el uso de estos medios de pago de Caja Madrid y Bankia que había  beneficiado a 86 directivos y consejeros. Los tenedores de esas tarjetas no tenían obligación de declarar los gastos que efectuaran con ellas, entre los que aparecieron compras de ropa, gastos en restaurantes y clubes, viajes y retiradas en efectivo de cajeros automáticos. La documentación llegó a la fiscalía desde el FROB, que en junio de 2014 había recibido dos informes de auditoría interna de Bankia. La organización ciudadana sostiene que la actuación de Bankia, el FROB y la fiscalía fue inducida por la divulgación de los correos de Blesa que ellos habían efectuado. Tras un año de investigación, en diciembre de 2015 el juez concluyó la instrucción del caso de las tarjetas black acordando el procesamiento de  86 personas acusadas de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. En el auto, el juez señalaba que “la utilización de las tarjetas tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales de los disponentes, por lo que las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que las mismas no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública”. ([ii]).

La pieza judicial de las tarjetas black se ha desarrollado con una inusitada rapidez a diferencia del caso Bankia. Uno de los abogados consideraba que este caso se ha utilizado “para desviar la atención”, puesto que la pieza de las preferentes está paralizada desde hace mucho tiempo. En el último año todo se ha centrado en el asunto de las tarjetas. En septiembre de 2016 tenía lugar la apertura del juicio oral sobre las tarjetas black, finalizando el martes 27 de ese mismo mes la fase procesal de cuestiones previas del juicio. Y la Fiscalía y la acusación (FROB y Bankia principalmente) mantuvieron la acusación de apropiación indebida y delito fiscal contra los acusados, por los gastos asociados a las tarjetas black, por un importe de 12 millones de euros que fueron a parar al agujero de Bankia. Por ello, razonaba la acusación que estos gastos tienen relación con los ajustes y esfuerzos de miles de millones de recortes públicos, que se agravaron tras aceptar el préstamo europeo de 100.000 millones destinado a salvar a las Cajas de Ahorro, y especialmente a Bankia, entidad que presentó las mayores pérdidas de la historia del sector. 

Colusión política y reguladores

Para empezar, de la crisis financiera en España y en particular de Bankia, se podría decir que “los centinelas no estaban en sus puestos, en gran parte debido a la fe ampliamente aceptada en la naturaleza autocorrectiva de los mercados y en la capacidad de las entidades financieras para vigilarse a sí mismas con efectividad”, como se afirma en las conclusiones del informe del Congreso estadounidense sobre la crisis de Wall Street ([iii]); subrayando claramente el trasfondo ideológico neoliberal como principal causa de la crisis financiera global. Porque Bankia representa el fracaso de las reformas financieras del Gobierno, en particular la de febrero 2012 que era “definitiva”, y de los anteriores, que tuvieron como objetivo básico ocultar la corrupción bancaria sistémica y las responsabilidades de gestión de las oligarquías políticas regionales, soporte de la élite superior de los partidos políticos mayoritarios que impulsaron cajas “engrandecidas” con la especulación inmobiliaria, alimentada por el dinero barato del exterior y las innovaciones financieras. Más allá de la responsabilidad de los gobiernos anteriores que pusieron las bases del desmadre crediticio e inmobiliario. Pero tratándose de las cajas de ahorro hay que recordar que el dinero que se esfumó era público y es público gran parte del que resta. ([iv])

El caso de Caja Madrid, que era más de la mitad de Bankia, es uno de los ejemplos más paradigmáticos  de las lamentables consecuencias de la connivencia entre poderes políticos y económicos, que tanto tiene que ver con las raíces de la crisis de muchas cajas de ahorro; por ejemplo, los ciudadanos han podido conocer a través de los correos electrónicos publicados la filosofía “gerencial” del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, actualmente sometido a varios procedimientos judiciales, que llegó en 1996 por el capricho personal del entonces presidente del Gobierno José María Aznar, aunque ignoraba todo sobre las cajas de ahorro como el mismo había reconocido públicamente.

Y esa colusión política tuvo su reflejo en el lamentable papel de los reguladores nacionales. Es evidente la responsabilidad del Banco de España y de la CNMV como mínimo in vigilando sobre el desastre de todo el proceso de reestructuración y saneamiento de Bankia. Lo que se tradujo en daños colaterales de esta crisis que fueron cuantiosos. Porque está clara la pérdida de confianza exterior en este país, sus bancos y en las políticas gubernamentales que nos hundieron en una profunda recesión económica; hasta el punto que se anunciara la exigencia del Eurogrupo de una valoración independiente de todos activos bancarios; una humillación para el gobierno del Partido popular. A lo que se añaden los costes sociales para la ciudadanía y de las negras perspectivas para las actividades culturales, asistenciales y sociales de la Obra social de Caja Madrid como de la valenciana Bancaja y de las restantes Cajas de Ahorro, que perdieron lo que era parte de sus señas de identidad.

Como nos recuerdan los citados profesores Anat Admati y Martin Hellwig  hay un principio que dice que a las firmas hay que permitirles o incluso exigirles que quiebren si no pueden afrontar sus obligaciones, mencionando a Bankia como una excepción: “En el otoño de 2008, ese principio se cumplió en el caso de Lehman Brothers, pero el resultado confirmó los peores temores que se habían expresado en los episodios del LTCM y Bear Stearns. Desde entonces, a ninguna otra entidad financiera se le ha permitido quebrar, incluso aunque algunas fueran muy frágiles y posiblemente insolventes. En su lugar, muchas han sido rescatadas, desde AIG pocos días más tarde hasta los bancos europeos, Bankia y Crédit Inmobilier de France en el verano de 2012. El principio de que a los bancos, como a todas las otras firmas, se les debe forzar a soportar las consecuencias de las malas decisiones parece haber cedido ante el temor general de contagio desde el fracaso de los grandes bancos” ([v])

Desde luego nos adherimos a ese principio que enuncian estos distinguidos académicos, aplicable a todos los casos analizados en los capítulos precedentes. Sin embargo, hemos de subrayar el trasfondo político y la singularidad del caso Bankia porque las cajas que fundaron el nuevo banco y en gran medida el propio banco gestionaban dinero público, más aún dinero de las clases populares. Y su origen torticero radica en el proyecto gubernamental de privatización, sostenido en la ocultación de las pérdidas y en la gestión corrupta por razones políticas, así como en la captación de dinero privado de pequeños ahorradores y, finalmente, en dinero prestado por las instituciones europeas que toca devolver a los contribuyentes. En definitiva, toda una gran estafa para los ciudadanos españoles al construir una estructura bancaria inviable por si misma en su origen para salvar una elite política depredadora al amparo del Gobierno de turno.-



[i] Eduardo Segovia, Bankia, la gran estafa. Elconfidencial.com 6/12/2014
[ii] André Missé, ibídem, pp. 416-418
[iii] Financial Crisis Inquiry Report, PublicAffairs New York, january 2011,p. xviii
[iv] Juan Hdez. Vigueras, Apuntes sobre BANKIA: Un rescate llamado nacionalización  en  http://www.attac.es/2012/05/16/apuntes-sobre-bankia-un-rescate-llamado-nacionalizacion/
[v] Anat Admati & Martin Hellwig, The Bankers´…, opus cit. p.74

sábado, 1 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (IV)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )


La estafa de las participaciones preferentes

La venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores, fue cronológicamente el primer engaño de Caja Madrid-Bankia para los ahorradores; y para muchos el tercer engaño vendría con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas.  Ante la congelación de los mercados financieros derivada de la crisis global, los bancos y las cajas de ahorro españolas descubrieron las grandes ventajas de las participaciones preferentes como fuente de capital, que resulta mucho más barata que las acciones. Bancos y cajas españolas colocaron estos productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo superior a la de los depósitos a plazo en ocasiones, el interés era muy inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta los riesgos que implicaban las preferentes. Desde un principio, las participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La propia denominación ocultaba un doble engaño; la expresión es una mala traducción del término anglófono preference share, cuya traducción correcta hubiera sido “acciones preferentes”. Si se hubieran vendido como acciones, los compradores habrían entendido que era un producto de riesgo, al estar asociado a Bolsa. En cambio, las preferentes que en la jerga del sector se calificaban de productos complejos, reunían características de capital y de deuda a la vez; por lo que también se les llama productos híbridos. Por una parte, las preferentes se asemejan a las acciones como parte del capital social con sus ventajas de mayor rentabilidad, pero también sus mayores riesgos pues si la entidad va mal pueden perder  todo su valor. Por otra parte, también ofrecen rasgos de deuda al tener, por ejemplo, un período de rendimiento fijo como los depósitos a plazo y, en el caso de los bancos, no son las primeras en asumir las pérdidas. Una de las ventajas para los bancos es que el capital captado a través de las participaciones preferentes no tiene derechos políticos (derecho de voto), con los cual no afecta al poder de los accionistas sobre la entidad. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes permitían capitalizarse de una manera más rápida, pues hasta entonces solo podían hacerlo básicamente destinando a este fin una parte de los beneficios obtenidos cada año. ([i])

Comercialización engañosa para pequeños ahorradores

La operación de las participaciones preferentes por Caja Madrid en mayo de 2009 fue la más impactante por su volumen y agresividad de todas las operaciones comerciales similares realizadas ese año, con una recaudación de 3.000 millones de euros. En realidad, fue la emisión de productos híbridos más cuantiosa realizada jamás por una entidad financiera española, sin contar la de Valores Santander por valor de 7000 millones de euros en 2007. La decisión de la caja madrileña presidida por Miguel Blesa, de recabar una cuantía tan elevada de dinero obedecía a que la Caja se encontraba en una situación muy delicada con serias necesidades de capital para afrontar el creciente número de impagados a medida que la crisis financiera se dejaba sentir con más fuerza en España. La colocación de preferentes de la histórica caja madrileña se efectuó a través de una incisiva campaña comercial que implicó activamente a toda su extensa red de sucursales. La entidad se hizo con una parte importante de los ahorros de casi 300.000 clientes ([ii]), que siguieron ciegamente las recomendaciones de los empleados de la entidad, en quienes habían confiado en algunos casos desde varias generaciones atrás. Dentro de una agresiva campaña de marketing y publicidad, Caja Madrid elaboró un completo argumentario comercial de carácter confidencial para uso exclusivo de sus empleados con la advertencia expresa y repetida en todas las páginas del documento de que “esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes”; según rezaba el argumentario comercial de 2008. El temor a que el documento cayera en manos del público tenía su fundamento. Sus autores querían evitar a toda costa que los clientes conocieran determinadas características de las preferentes porque, de conocerlas, muy probablemente no habrían realizado la inversión; por ejemplo, saber que su dinero se quedada en el banco a perpetuidad. En este sentido, en el argumentario comercial se afirmaba que las preferentes son “títulos subordinados sin vencimiento definido y su rentabilidad está condicionada a la obtención de beneficios por parte del emisor”. Y el mismo documento destacaba que el producto tiene la garantía 100% de Caja Madrid, que había sido la única entidad financiera de las cuatro grandes españolas que en el primer trimestre de 2009 había aumentado sus beneficios respecto al año anterior. Desde luego se omitía la advertencia de que el principal riesgo de las participaciones preferentes no era el impago de los intereses prometidos sino que la inversión se podía perder completa o parcialmente por su condición de participación en capital social, como sucedió en muchos casos. ([iii])

Desde finales de 2008, la CNMV como regulador bursátil había intensificado sus actuaciones al comprobar que un creciente volumen de preferentes “estaban dirigidas a inversores minoristas”. Pero debido a falta de contundencia, sus advertencias no resultaron lo suficientemente convincentes para que las entidades financieras abandonaran estas prácticas. La apertura de 13 expedientes de limitada capacidad sancionadora tampoco inquietaba a los bancos. La sanción más elevada en materia de preferentes fue impuesta al Banco Santander por la cuantía de 16,8 millones de euros, que la Audiencia rebajó a 6.9 millones, por la emisión de un producto financiero denominado Valores Santander, similar a las preferentes; sanción no comparable en absoluto con el volumen de la operación que captó 7.000 millones de euros. Los esfuerzos de la CNMV para regular el mercado de las preferentes tropezaron con dos serias limitaciones que menoscabaron mucho su labor. Por un lado, su escasa capacidad sancionadora implicaba que sus reiteradas advertencias y recomendaciones caían en la mayoría de los casos en saco roto y las entidades continuaban impertérritas con sus malas prácticas. Por otra parte, la lentitud de resolución de los expedientes y la falta de publicidad de las sanciones hasta que fueran firmes, suponían también en la práctica una cierta impunidad para bancos y cajas. Mientras aumentaba la tensión entre la CNMV y los bancos emisores de preferentes que eran objeto de investigación, un creciente número de afectados fueron descubriendo poco a poco que se habían quedado con su dinero atrapado. Inicialmente la reacción fue muy lenta, unos porque en su gran mayoría eran personas mayores que ocultaron a sus propias familias la posible pérdida de sus ahorros; otros pensaban que habían sido víctimas de su ignorancia en materia financiera y en una actitud vergonzante intentaban ocultar la situación de sus ahorros. Pero otros afectados, empero, optaron por denunciar los hechos a través de asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas que movilizaron a decenas de miles de preferentistas creando una conciencia pública del problema  ( [iv] )

Un mercado secundario ficticio

Para mayor escándalo, la banca desarrolló un mercado ficticio para las preferentes con el fin de ofrecer una apariencia de liquidez inmediata, haciendo creer a los clientes que el nuevo producto era como  un depósito a plazo fijo y que el dinero se podía recuperar en un breve plazo de días. A través de este mercado interno, la banca garantizaba a sus clientes la devolución de su inversión en preferentes o subordinadas en unos pocos días, durante el cual buscaba a otro cliente para colocarle el mismo producto. Este mercado fingido funcionó sin problemas mientras la economía crecía y logró burlar las advertencias de la CNMV durante varios años. De hecho estuvo plenamente operativo hasta junio de 2010 y no se liquidó definitivamente hasta noviembre de 2011 por exigencias del regulador bursátil. Aunque este mercado secundario donde cotizaban las preferentes era el AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un mercado donde se negociaban básicamente pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, obligaciones y bonos (creado en 1991 y supervisado por la CNMV), en la práctica lo único que verdaderamente existía era un mercado interno dentro de cada banco. Cuando un ahorrador quería vender su participación, lo comunicaba a la caja o al banco y este buscaba un nuevo inversor. Las operaciones se realizaban en los bancos, al 100 % o muy próximas al valor nominal, y luego ya cerradas se comunicaban al AIAF.

Merece destacarse que el lenguaje extremadamente benevolente empleado en los informes de la CNMV escondía la gravedad de los hechos. Cuando indica que las tres entidades (Caja Madrid, Bancaja y Bankia) “intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable”, lo que realmente quería decir es que les vendían estos productos a precios que hasta duplicaban el valor de los mismos. De ahí que el abogado Andrés Herzog ([v]) lo expresara más crudamente afirmando que “Bankia como otras entidades manipulaban este mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez de la que carecía, a fin de evitar que se descubriera que todo era una gran estafa y que se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”. Y en el escrito al juez, Herzog subrayaba que “las entidades financieras aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para “crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía la liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real” ([vi])

El descubrimiento del fraude
Los empleados de Bankia y de las cajas fueron los primeros en recibir el creciente número de reclamaciones de los clientes por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes. Reclamaciones que se incrementaron de 2010 a 2011, debido a las numerosas quejas de los inversores minoristas por las condiciones de liquidez, las pérdidas latentes o el modo en que se había llevado a cabo la comercialización de las participaciones preferentes., según la Memoria de la CNMV de 2011  relativa a reclamaciones y consultas. Aunque era prácticamente nulo el impacto de estas quejas, porque las resoluciones de la CNMV sobre quejas de reclamantes lamentablemente no son de obligado cumplimiento. Un ejemplo del poder del lobby bancario sobre los órganos del Estado español. Pero este conflicto tenemos que situarlo en el contexto de la evolución de la crisis financiera y económica con el aumento del paro, la recesión económica, el agravamiento de la crisis del euro, el rescate de Portugal forzado por la UE, etc.

Las tensiones en el mercado de las participaciones preferentes se hicieron cada vez más  evidentes a medida que se agravaba la situación financiera y crecía la presión de la CNMV sobre los bancos y cajas de ahorro para que pusieran fin a la manipulación del mercado secundario en donde se comercializaban estos títulos. En este clima de deterioro de bancos y cajas, una nueva ley promovida por el Gobierno en sintonía con los cambios en la regulación internacional, endurecía los requisitos para que las preferentes pudieran computarse como recursos propios. La ley 6/2011 para la transposición de la directiva europea 2009/111, introdujo la facultad del consejo de administración de las entidades financieras para cancelar el pago de la remuneración de la preferentes si la entidad no cumplía con los requerimientos de recursos propios exigibles. Con anterioridad a esta ley solamente se podía dejar de pagar los intereses de las preferentes si los bancos no tenían beneficios. Con la nueva norma bastaba un acuerdo del consejo de administración del banco para que dejara de abonarlos. En esa misma línea, la nueva ley autorizaba al Banco de España para poder exigir la cancelación del pago de los intereses de las preferentes basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito. Por otra parte, los bancos se resistían a operar en el mercado ficticio de las preferentes que habían creado y se revelaba en el caso de la CNMV que se tenía que enfrentar a todo tipo de reticencias y medidas dilatorias  de aquellos. En el caso de Bankia, era clamoroso el retraso en el cumplimiento de los requerimientos de la CNMV. Y durante el mes de noviembre de 2011 prácticamente todas las entidades financieras se vieron obligadas a cerrar sus respectivos mercados secundarios internos por exigencias de la CNMV, lo que significó para los titulares de preferentes que vieran sus ahorros en estos títulos bloqueados definitivamente. ([vii])

La conversión de preferentes en acciones

La ruinosa conversión de preferentes en acciones de Bankia iniciada en 2012 sería el tercer engaño para muchos clientes de la antigua Caja Madrid en menos de tres años, como destaca André Missé en su libro referido, cuando se les proponía el canje de preferentes y subordinadas por acciones, que se materializó en marzo de ese año. La oferta era sugestiva si se tiene en cuenta que las preferentes habían quedado bloqueadas desde noviembre de 2011 y que esta conversión en acciones era una forma de recuperar el dinero mediante su venta en la Bolsa. Sin embargo, la verdadera motivación del Banco era intentar cumplir con las nuevas exigencias publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas en inglés) en el último mes de 2011, que había adoptado el acuerdo que las participaciones preferentes no computaran como capital básico. Por tanto, a Bankia no le  valían las preferentes para completar su ratio de capital; dicho de otro modo, necesitaba más aportaciones de capital de sus accionistas o lograr nuevos suscriptores de capital. Según la EBA, las necesidades de capital del BFA ascendían a 1.400 millones de euros. Para cubrir esas nuevas necesidades, el aún presidente del grupo, Rodrigo Rato, optó nuevamente por los ahorros de los fieles clientes de Caja Madrid y demás cajas integradas en el BFA, que ahora formaban Bankia. Porque la realidad es que Bankia carecía de capacidad para captar inversores a precios razonables a medida que se fue conociendo que la entidad sufría grandes pérdidas. De hecho, en 2013 los accionistas habían perdido más del 95 por ciento de la inversión realizada menos de dos años antes. Y un aspecto inquietante es que el Banco de España que había autorizado la recompra de participaciones preferentes tenía un perfecto conocimiento de la “deficiente comercialización de las preferentes y subordinadas”, según el informe de marzo de 2012. ([viii]).

La suspensión del abono de intereses y la quita

A principios de junio de 2012 los tenedores de preferentes y subordinadas  de las Cajas integradas en Bankia tuvieron una de las peores noticias. El grupo BFA-Bankia comunicó a la CNMV que, tras la publicación de los resultados con unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros, se suspendían los abonos de intereses correspondientes a las emisiones de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Y los esfuerzos de los nuevos gestores y del Gobierno se concentraron en recabar ayudas para asegurar la devolución de los préstamos a los grandes acreedores internacionales, principalmente bancos de Francia y Alemania, a los que nunca se dejó de pagar los intereses ni la totalidad del capital. El Banco de España había descubierto en marzo de 2012 que el Grupo Bankia tenía que afrontar un elevado volumen de vencimientos mayoristas que ascendían a 17.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Los preferentistas sufrieron una significativa rebaja en el valor de sus inversiones con el rescate europeo. En la UE no había ninguna directiva comunitaria ni siquiera una comunicación de la Comisión que estableciera de modo expreso que en caso de crisis bancarias se debían de aplicar quitas a los tenedores de productos híbridos; esta obligación especifica se introdujo un año después en la séptima comunicación sobre ayudas de Estado publicada en julio de 2013 y entró  en vigor en agosto de 2014. Fue una concesión del Gobierno español en las negociaciones del Eurogrupo. La aplicación de las quitas en el caso español no se amparó en ninguna disposición europea vigente que lo autorizase expresamente sino que fue el resultado de las negociaciones entre las autoridades españolas y las comunitarias en el Eurogrupo, donde el ministro alemán Wolfgang Schaüble llevaba la voz cantante, acordando aplicarlas como condición para la concesión de la ayuda financiera, como se recogió en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en inglés). El Real Decreto Ley 24/2012 estableció que las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas deberían soportar parte de las pérdidas de los bancos que las habían emitido.  A finales de noviembre de 2012, representantes del Gobierno, la Comisión Europea y las entidades financieras implicadas pactaron el descuento que aplicarían a los tenedores de estos productos híbridos. Para Bankia; NCG Banco y Catalunya Bank el “valor recuperable oscilará ente un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 70 por ciento para los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, dependiendo  de las condiciones específicas de cada instrumento”, según anunció el Banco de España. ([ix])

El arbitraje, la solución al bloque de las preferentes

Como relata André Missé, entre los tenedores de preferentes y subordinadas se disparó el malestar y las inquietudes a partir del 28 de noviembre de 2012, en que Bruselas aprobó los planes de reestructuración para Bankia y los otros bancos “nacionalizados” (Catalunya Banc, NCG Bank y Banco de Valencia). La decisión europea significaba crudamente que los tenedores de estos títulos iban a sufrir fuertes pérdidas, generando una indignación más intensa entre los ahorradores de Bankia que eran el grupo más numeroso con casi 300,000 afectados. El anuncio del arbitraje de Bankia fue realizado personalmente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso de los diputados en diciembre de 2012, presentándolo como la gran solución para terminar con el conflicto considerando que era un procedimiento más rápido que la vía judicial, explicando que los inversores sufrirían una quita en los ahorros invertidos. El balance final del arbitraje en Bankia puso al descubierto que un total de 58.443 ahorradores fueron rechazados por la consultora KPMG, que intervenía previamente en calidad de asesor privado requerido por la normativa establecida, según el informe trimestral de la Comisión de Seguimiento. El mismo informe indicaba que Bankia contaba con 294.905 tenedores de preferentes y subordinadas; de los cuales 176.723 fueron admitidos por la consultora para el arbitraje. Finalmente, la Junta Arbitral de Consumo dictó un laudo favorable al 97 por ciento de los seleccionados por KPMG. Respecto al capital, de los 6.231 millones de euros de dinero captado, el importe reclamado por el arbitraje ascendió a 4.043 millones, del cual Bankia abonó un 35 por ciento, es decir, 2.166 millones. ([x])

Reclamaciones civiles y querellas criminales

Desde mediados de 2013, muchos juzgados recibieron una súbita avalancha de demandas civiles presentadas por los tenedores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. A estas acciones se sumaron las querellas criminales, en especial por la salida a Bolsa de Bankia. A finales de 2015, había acumuladas más de 110.000 reclamaciones judiciales por asuntos relacionados con abusos financieros de Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco, los tres grupos “nacionalizados”; a las que habría que añadir las demandas presentadas por preferentes y subordinadas contra otros Santander, Bankinter, Sabadell y otras entidades financieras. Todas ellas sumadas a las demandas por ejecuciones hipotecarias  y otras causas generaban un bloqueo de la mayoría de los juzgados y tribunales. Este panorama judicial se clarificó en gran medida tras  las dos sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2016 que obligaron a Bankia a devolver el dinero de los inversores atrapados en la salida a Bolsa de esta entidad. Y estas decisiones del Tribunal Supremo propiciaron la renuncia de más de 76.000 reclamaciones judiciales que se había presentado por esta operación.
Además de las decenas de miles de procedimientos civiles entablados por los preferentistas, desde mediados de 2012 se comenzaron a presentar también querellas criminales contra los directivos y entidades emisoras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En ocasiones las acciones judiciales también se dirigieron contra los supervisores. Las querellas que han tenido más trascendencia fueron las  formuladas contra Bankia en junio de 2012, a partir de las sospechas sobre irregularidades en las cuentas levantadas por la polémica con el auditor Deloitte  y la presentación de las cuentas ante la CNMV sin la firma del auditor.  Sin embargo, a diferencia de los éxitos cosechados en los juzgados civiles con una amplia mayoría de sentencias favorables a los afectados, incluyendo varios fallos del Tribunal Supremo, las acciones penales contra los responsables de los abusos bancarios han tenido un recorrido más tortuoso, plagado de dificultades y demoras y sin resultados hasta la fecha para el caso de las preferentes. De todas formas, las investigaciones efectuadas a raíz de las querellas entabladas han sido muy importantes porque permitieron obtener documentos decisivos del Banco de España, de la CNMV y de los propios bancos implicados, como en el caso de Bankia, que fueron utilizados como pruebas decisivas tanto para los procedimientos civiles como los penales. Sin duda, los principales procedimientos penales son los relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y la comercialización de las participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro integradas en ese banco. ([xi]). A medida que se fueron descubriendo más irregularidades, la investigación se organizó en una pieza principal, conocida como el caso Bankia, referido a la salía a Bolsa de la entidad y varias piezas separadas. Entre estas figuran las dedicadas a participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja, los correos de Blesa, las tarjetas negras y las responsabilidades civiles de los ex presidentes Miguel Blesa y de Rodrigo Rato, entre otras. ([xii])





[i] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; pp. 33,34-50
[ii] 294.905 afectados de Bankia de un total de 813.073 en todas las entidades implicadas, André Missé, ibídem, p.173
[iii] Andrés Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit., pp. 109,115 y118
[iv] Ibidem, pp. 130-131; y 171 y siguientes
[v] Redactor de la querella contra Bankia en nombre del partido UYP presentada el 15 de abril de 2013
[vi] André Missé, ibídem, p.127 y 137
[vii] André Missé, ibídem, pp.165-170
[viii] Andrés Missé, ibídem, pp. 198; y 200-201
[ix] André Missé, ibídem, pp.225-227 y.235
[x] André Missé, ibídem, pp.319 y 339-340
[xi] Estos casos están siendo investigados por el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional
[xii] André Missé, ibídem, pp. 271-275;y 397.