jueves, 8 de febrero de 2018

Donald Trump: corrupción y blanqueo de capitales asociados a negocios inmobiliarios

 “Every other country goes into these places and they do what they have to do… It’s a horrible law and [the Foreign Corrupt Practices Act] should be changed.”  

"Todos los demás países van a estos lugares y hacen lo que tienen que hacer... Es una ley horrible y [la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero] debería cambiarse"  escribió Donald Trump en uno de sus tweet. Y en noviembre de 2017, en conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los EEUU calificaba la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero como una ley "ridícula" y  " horrible" porque dificulta que las empresas estadounidenses compitan en el extranjero. Pero esta Ley de 1977, enmendada en 1978, que prohíbe a las empresas pagar sobornos a funcionarios en el extranjero, sigue siendo una parte clave del combate de EEUU contra la corrupción mundial. Dado que esta legislación se aplica a cualquier empresa, incluidas las empresas extranjeras que tienen intercambios y conexión con los EEUU, a lo largo de los años ha llevado a juicio a numerosas las multinacionales como Siemens, Daimler AG, Halliburton y Lockheed. Y desde luego coarta la libertad de acción de los promotores de grandes torres urbanas enfrentados a entornos legislativos estrictos en algunos países.

Indudablemente, las actividades empresariales de alcance internacional, desarrolladas durante décadas por el actual inquilino de la Casa Blanca en Washington, le otorgan fundamento a su opinión en el sentido de que la legislación antisoborno estadounidense puede ciertamente representar en muchos casos un obstáculo para negocios como los inmobiliarios y afines, en los que pesan fuertemente dos factores claves como son la necesidad de financiación (a menudo ligada al blanqueo de capitales) y la intervención estatal (frecuentemente ligada a la corrupción política).

Los negocios inmobiliarios son de alto riesgo  económico y público

Para entender el gran problema político que afronta hoy el Congreso de EEUU hay que reflexionar sobre la biografía empresarial de su Presidente. Según todas las informaciones, hasta su llegada a la Presidencia las actividades empresariales de Donald J.Trump se han centrado básicamente en negocios inmobiliarios, como la adquisición de extensos solares o inmuebles, la construcción de grandes torres urbanas y su explotación comercial, aunque también haya tenido relevancia su participación en la explotación de casinos de lujo y organización de grandes espectáculos. Negocios para los que se requiere una sustancial aportación inicial de dinero generalmente ajeno o  financiación externa a medio y largo plazo. En otras palabras, son empresas que requieren la aportación de inversiones millonarias que quedan asociadas al riesgo del posterior resultado del propio negocio; es decir, a la recuperación de esas inversiones mediante la comercialización posterior de apartamentos y locales, sea por venta o alquiler. Negocios en los que la procedencia ilegal del dinero facilita el crédito y disminuye sustancialmente su coste. Es sabido que las inversiones de dinero sucio resultan más baratas para el receptor que las procedentes del dinero legal. De ahí la frecuencia  con que los grandes negocios inmobiliarios son la vía más corriente para el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción o el latrocinio. Y asimismo se ven estimulados por entornos políticos neoliberales como demostró la crisis financiera.

Más aún, son un tipo de negocio cuya rentabilidad arriesgada en alto grado que, además de demandar sustanciales cifras iniciales de efectivo, depende mucho del entorno legal vigente, puesto que exige la obtención de permisos y autorizaciones de autoridades locales, regionales o nacionales, bien para la construcción como para la dotación de instalaciones y servicios o el alquiler o venta del producto final o de la administración y gestión de las viviendas y locales comerciales resultantes. En otras palabras, la rentabilidad de los negocios inmobiliarios está ligada estrechamente con la política, la legislación y las reglamentaciones urbanísticas de cada país. De donde el logro  de facilidades de las autoridades implicadas mediante el soborno reduce los costes finales y mejora la rentabilidad del negocio. De ahí también la frecuencia con que la promoción inmobiliaria resulta asociada a la corrupción política de las autoridades y funcionarios implicados que flexibilizan la aplicación de leyes y reglamentos; o que simplemente las ignoran y toleran su inaplicación.

Unos cuantos episodios de la trayectoria empresarial de Donald Trump nos ayudaran a comprender su oposición contra la legislación estadounidense sobre corrupción. Y asimismo entenderemos por qué el lavado de dinero sucio ha sido incluido, según cuenta la prensa estadounidense, en la investigación en curso de Robert Mueller, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia para indagar sobre la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales de los EEUU, que comprende a cierto número de colaboradores.

Es conocido que desde que se convirtió en presidente de los Estados Unidos, numerosas investigaciones y artículos han indagado en los negocios de Trump y sus presuntos vínculos con criminales y  personajes sombríos. Esto es relevante porque parece probable que, después de sus diversas bancarrotas, al menos una parte del imperio empresarial de Trump se haya construido sobre fondos imposibles de rastrear por su aparentemente vinculación con redes criminales rusas.

La obtención de dinero fresco: La venta de la mansión en Florida

En el libro (recomendable) de amplia difusión internacional Collusion (2017), el periodista británico Luke Harding sostiene que durante cuatro décadas el imperio inmobiliario de Trump ha funcionado eficazmente como una laundromat, una lavadora automática para el dinero de Rusia. Los fondos que salían desde la antigua Unión Soviética se desparramaban en los bloques de pisos y lujosos apartamentos de Trump. Incluso mientras el candidato Trump hacia campaña por la presidencia en Iowa y New Hampshire, sus asociados seguían insistiendo en conseguir dinero de Moscú y permiso para la construcción de una torre en Moscú, un proyecto acariciado desde muchos años atrás. De esa seria investigación periodística extraemos algunos datos muy sugerentes.

Un ejemplo significativo que se cita es la venta de la mansión de Trump en Florida, de la que obtuvo limpiamente 50 millones de dólares de beneficio. Situada en Palm Beach, en el estado de Florida, bajo el nombre francés Maison de l´Ámitié, disponía de 18 dormitorios, fuentes griegas, una enorme piscina, garajes subterráneos y un jacuzzi con vistas al océano.  En 2004 Trump la adquirió por 41 millones y cuatro años más tarde la vendió por 95. Todo un extraordinario beneficio, aun descontando la inflación, el repintado de los edificios, el atractivo de la marca Trump y los caprichos de un megarrico que buscaba invertir en los EEUU.

El comprador, un oligarca ruso, Dimitry Rybolovlev, ya estaba registrado como multimillonario por la revista Forbes y, entre otras propiedades inmobiliarias  y una importante colección de grandes pintores, años después sería el dueño del Mónaco Club de futbol. Lo curioso es que nunca llegó a pisar esa gran finca en Florida, ni habitó la mansión ni mostro interés hasta el extremo de que más tarde fue demolida. Sin embargo, en 2016, durante la campaña electoral de Trump, su avión privado, un Airbus A319 registrado en la Isla de Man, fue visto con frecuencia en los aeropuertos estadounidense de ciudades donde Trump realizaba mítines electorales, según informaciones de prensa; uno de tantos testimonios que alimentan los interrogantes sobre la implicación rusa en la última campaña presidencial estadounidense.

El Trump Ocean Club International & Tower de Panamá

A principios de la década de 2000, una serie de quiebras significaron que Donald Trump fuera rechazado por la mayoría de los bancos prestamistas. En su búsqueda de crédito, comenzó a vender su marca comercial para proyectos inmobiliarios de alta gama. Un reciente informe de la veterana ONG británica Global Witness examina en detalle las conexiones criminales que impulsaron uno de esos proyectos, el Trump Ocean Club International Hotel y Tower en Panamá, y cómo este caso ofrece algunos de los mismos rasgos inquietantes que otras promociones inmobiliarias de Trump.

Es posible que Trump no se propusiera deliberadamente facilitar la actividad delictiva en sus negocios, señalan los autores del informe. Pero esta investigación muestra que vendía la licencia de su marca comercial de alto rango a promotores inmobiliarios de todo el mundo. Y uno de estos casos fue el lujoso Trump Ocean Club International Hotel and Tower en Panamá en cuya construcción y promoción los intereses financieros de Trump se alinearon con los de los delincuentes que buscaban blanquear ganancias ilícitas; sin que al parecer el empresario estadounidense hubiera hecho poco o nada para evitar esto. Y lo que está claro es que las ganancias del narcotráfico de los cárteles colombianos se lavaron a través del Trump Ocean Club mediante la compra de unidades hoteleras;  y que Donald Trump fue uno de los beneficiarios, ganando decenas de millones de dólares.
En el caso del Trump Ocean Club, aceptar dinero fácil y posiblemente sucio, desde el principio habría sido en interés de Trump; porque era necesario un cierto volumen de ventas previas a la construcción para asegurar el financiamiento del proyecto, que a fines de 2010 le costaría 75,4 millones de dólares. Uno de los hombres involucrados en el plan fue David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, quien posteriormente fue sentenciado a nueve años de prisión por un lavado de millones de dólares. Otro fue Alexandre Henrique Ventura Nogueira, quien vendió unidades en el Trump Ocean Club y más tarde admitió que algunas de las personas con las que hacía negocios eran miembros de la mafia rusa. Los familiares de Trump supuestamente estuvieron involucrados en la administración directa de este proyecto panameño.

En el reportaje de Newsweek sobre el citado informe, se subrayan las manifestaciones del subdirector de la Fundación Sunlight, Alex Howard: "Esto es intrínsecamente un problema político. El gobierno puede investigar una empresa, incluso la del presidente. El problema aquí es que se trata del presidente, y el Congreso no lo hace responsable de lo que ha hecho en este contexto. No están llevando a cabo audiencias sobre la Organización Trump, y el propio presidente no está siendo transparente".

El informe de Global Witness dice que el proyecto de Panamá es un caso de manual de blanqueo de capitales. "Invertir en propiedades de lujo es una forma probada y confiable para que los delincuentes transfieran dinero contaminado al sistema financiero legítimo, donde pueden gastarlo libremente. Una vez limpiado de esta manera, las vastas ganancias de las actividades delictivas como el tráfico de personas y las drogas, el crimen organizado y el terrorismo pueden llegar a los EEUU. Y a otros lugares".
Y es que numerosas investigaciones han demostrado que Trump rara vez investiga a las personas con las que contrata o hace negocios. En su lugar, los observadores dicen que aplica un patrón fijo de acuerdos comerciales con personas sospechosas de lavado de dinero y corrupción. Y el negocio en Panamá fue un típico ejemplo.

La construcción de la Trump Tower en Nueva York

Algunas informaciones de la prensa internacional registran unos diez gigantescos edificios promovidos y construidos por la Organización Trump que portan su nombre, desde New York City a Panamá o Manila pasando por Estambul; aunque todavía no ha podido hacer realidad su proyecto de construir una Torre Trump en Moscú, en las proximidades del Kremlin, que tantas veces ha mencionado en declaraciones públicas.

Pues bien, durante mucho tiempo Donald Trump les ha vendido bienes inmobiliarios a compradores rusos y euroasiáticos, incluso desde que comenzó la construcción de la Trump Tower de la ciudad de Nueva York en el año 1980, según relata el libro referido. En unos casos eran compradores legítimos, pero otras ventas estaban estrechamente ligadas al crimen ruso organizado. En los años en que los bancos occidentales se mostraban reacios a concederle préstamos al insigne promotor inmobiliario y el crédito se había evaporado, los ingresos generados en la antigua Unión Soviética parece que rescataron a Trump de la ruina económica. Tras los años setenta en que emigraban a EEUU los refugiados judíos con importantes fondos, posteriormente la mayor parte del dinero que salía de Rusia en los últimos años del comunismo provenía de la mafia rusa. Esto significaba mover efectivo en grandes cantidades, utilizando contactos de Israel como cauce pero más frecuentemente el flujo se producía vía bancos en Luxemburgo y Suiza; mientras estos recibían depósitos de oro y piedras preciosas.

La Trump Tower de Nueva York se abrió  en 1983. Y entre los nuevos arrendatarios encontramos a recién llegados del Este europeo con considerables recursos en efectivo. Al año siguiente de su inauguración, Trump vendió cinco apartamentos en la planta 53 a un cliente llamado David Volatín, un supuesto socio del jefe de la mafia ruso-ucraniana Semion Mogilevich, por 6 millones de dólares; quien utilizó esas propiedades para "lavar dinero y proteger activos", como señalaron los fiscales; es decir, para llevar a cabo una estafa mediante el contrabando de gasolina. Hasta que en 1987 un tribunal le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal; se  declaró culpable, eludió la fianza y huyó a Polonia, aunque finalmente fue extraditado a EEUU y encerrado.

A principios de los noventa llegó a EEUU otra oleada de dinero provocada por la caída de la URSS, por el caos durante la etapa de las privatizaciones del presidente Boris Yeltsin y el extenso saqueo de los activos y propiedades hasta entonces pertenecientes al Estado ruso. Gran parte de ese dinero se dedicó a negocios mafiosos de la prostitución, los casinos y el contrabando de armas, en parte radicados o dirigidos desde los EEUU, por lo que dieron ocupación a los agentes del FBI. Las recientes investigaciones encuentran muchos indicios de algún tipo de asociación con la Organización Trump. Desde luego la realidad es que los clientes rusos que adquirían los lujosos apartamentos y propiedades de Trump, fueron el núcleo de sus negocios inmobiliarios o derivados de estos. Y el citado periodista investigador de The Guardian, sostiene que eso tuvo lugar desde sus primeros tiempos como empresario-promotor inmobiliario o mediante asociaciones temporales de empresas, en las que aportaba la licencia de su marca a los inversores extranjeros, desde Panamá a Bakú en Azerbaiyán y Toronto en Canadá. Al parecer, los vínculos de Trump con el submundo del crimen organizado fueron poliédricos como lo eran sus socios más cercanos.
Ya en 2011, en la era del presidente Obama, los agentes del FBI consiguieron una orden judicial para pinchar el teléfono y localizar como objetivo a Vadim Trincher, un jugador de póker sospechoso de gestionar un círculo de salas de juego desde un apartamento en Nueva York.  Se trataba de un acaudalado ruso, que había adquirido la suite en 2009 a otro megarrico ruso, Oleg Boiko, pagando 5 millones de dólares en efectivo. Durante dos años el FBI realizó el seguimiento de las actividades que tenían lugar en el interior de un lujoso apartamento, el numero 63 A en la planta 51 de la Trump Tower, que desde ese momento se convirtió en un escenario significativo del delito. Donald Trump vivía tres plantas encima del tal Tricher, en un lujoso ático triple.  Las operaciones de casino eran gestionadas por un hijo de Trincher, en la planta 51 que había sido adquirida toda por 20 millones de dólares por un libanés estadounidense, marchante de arte y dueño de una destacada galería en N York llamado Helly Nahmad; al que los agentes federales habían identificado mediante las escuchas telefónicas; y al que tras el juicio le cayeron cinco meses de prisión.  En 2013 agentes del FBI registraron la Trump Tower en una operación en la que fueron detenidas treinta personas. A Trincher le cayeron cinco años de cárcel y en el juicio se supo que había lavado unos 100 millones de dólares, los beneficios de las operaciones de casino, mediante una sociedad offshore domiciliada en Chipre.

Todos estos personajes referidos y sus modus operandi ilustran quienes integraban la clientela y los socios del actual Presidente de los EEUU en sus largos años de promotor inmobiliario internacional.

El Deutsche Bank, acreedor de  Donald Trump

Ciertamente desde la época de Yeltsin, los bancos occidentales tuvieron sus cajas fuertes abiertas para los estafadores y lavadores de dinero sucio de Rusia. Y estos bancos fueron siempre reacios a pedir cuentas a Rusia pero si a alimentarse con bonus, comisiones, sobornos e instrucciones, como analiza la historiadora Karen Dawisha en su libro Putin´s Kleptocracy. El caso es que una vez más, el Deutsche Bank fue un punto de entrada del dinero sucio ruso en el sistema financiero global; y Donald Trump ha sido un asiduo cliente de este banco alemán. El último capítulo del citado libro del periodista investigador, está dedicado a las complejas relaciones del Deutsche Bank como acreedor con Donald Trump; y del banco alemán con el blanqueo de capitales rusos; hechos que podrían tener relevancia para la referida investigación de Robert Mueller, el fiscal especial del Departamento de Justicia de EEUU.

Según el relato del citado libro, en 2005 Donald Trump logró del Deutsche Bank en Nueva York el préstamo de una suma importante para financiar la construcción  del Trump International Hotel & Tower en Chicago, garantizando personalmente el reembolso de 640 millones de dólares. Pero cuando estalló la crisis financiera en Wall Street, el crédito impagado todavía ascendía a 330 millones de dólares que le fueron reclamados ante los tribunales. Y este singular litigio de Trump con el Deutsche Bank se cerró de modo extraño en 2010 con la obtención de un nuevo crédito, pero esta vez concedido de otra parte de la organización del banco alemán, la división de banca privada o de grandes fortunas. Según los datos de Bloomberg, cuando Trump alcanzó la presidencia debía al Deutsche Bank en torno a 300 millones de dólares, cuya devolución vence en 2023 y 2024. Es decir, que el país más importante del mundo está presidido por un deudor del Deutsche Bank.
Y durante todo ese tiempo, el Deutsche Bank ha estado lavando dinero sucio de Rusia en cantidades multimillonarias, porque  durante cuatro años participó con otros bancos globales en un plan mundial de blanqueo de dinero sucio que permitió a grandes delincuentes bombear más de 20.000 millones de dólares desde Rusia hacia paraísos fiscales offshore, adquisiciones inmobiliarias en Reino Unido, joyas, honorarios de colegios de élite e incluso giras musicales de rock. Los millones de dólares fueron transferidos gracias a la banca conforme a un plan denominado The Global Laundromat (La lavandería global),  utilizando firmas británicas de propiedad anónima que desempeñaban un papel importante.

Las agencias policiales revelaron cómo un grupo de rusos políticamente bien conectados fueron capaces de utilizar las empresas registradas en el Reino Unido para lavar miles de millones de dólares en efectivo. Las empresas se hacían préstamos ficticios entre sí, suscritos por empresas rusas, que terminaban incumpliendo el pago de estas "deudas". Lo que hacía que los jueces en Moldavia dictaran sentencias judiciales contra las compañías y las hicieran cumplir. Lo que permitía transferir legalmente enormes cantidades desde las cuentas bancarias rusas a Moldavia. De allí, el dinero pasaba a las cuentas de un pequeño banco de un pequeño país, del Trasta Komercbanka en Letonia, para el cual el Deutsche Bank actuaba como "banco corresponsal". Esto significó que el Deutsche Bank proporcionaba servicios denominados en dólares a los clientes rusos del Trasta no residentes.

Este caso ejemplifica cómo se engarzan las operaciones bancarias en el plano internacional, obstaculizando la persecución policial del blanqueo de capitales por la ausencia de medidas estructurales que controlen o corrijan la interconectividad bancaria. La gran pregunta es por qué no rechazaron las transferencias de dinero sospechoso, según las informaciones desveladas por el periódico The Guardian. 

En todo caso queda evidente una vez más la inclinación del Deutsche Bank por la labor de blanqueo de capitales, que podría haber facilitado la concesión generosa de créditos a clientes como Donald Trump. Aunque el asunto podría tener un alcance mucho mayor si la investigación oficial del fiscal especial Robert Mueller alcanza su meta. En un artículo de la prestigiosa revista estadunidense The Atlantic de 19 de enero de 2018, se destaca que "de todas las preguntas sobre las intrigantes relaciones entre Trump y Rusia, la cuestión de si el Kremlin podría haber lavado dinero a través de la Organización Trump para chantajear a Trump no siempre ha sido destacada, oscurecida por conexiones más directas, como las discusiones entre funcionarios rusos y altos responsables de la campaña presidencial  de Trump, como Donald Trump Jr.; el procesado George Papadapoulos u otros personajes más inquietantes del dossier de Trump". Y de ahí el título del artículo: Is Money-Laundering the Real Trump Kompromat? "¿El lavado de dinero es el verdadero Trump Kompromat?"
Kompromat es un vocablo ruso (literalmente «material comprometedor») para describir datos comprometedores sobre un político u otra figura pública, que las agencias de espionaje rusas podían utilizar en un futuro como chantaje o para asegurar lealtad. Vocablo de uso generalizado en los medios estadounidenses desde la emergencia del asunto Trump-Rusia.                                    



lunes, 22 de enero de 2018

Los paraísos fiscales: la lista amañada de la Unión Europea

Cumplidos sesenta años desde su nacimiento como mercado común europeo (Tratado de Roma de 1957), el pasado 5 de diciembre de 2017 la Unión Europea aprobó su propia lista negra de paraísos fiscales como instrumento contra la evasión y el fraude tributario en los países miembros; pero que excluye a Suiza y a Gibraltar, entre otros; y cuya pretensión queda limitada a servir de orientación para las políticas de los Estados miembros. Por tanto, la noticia ha recibido escasa atención de la opinión pública europea. Ni los megarricos ni la gran banca, titulares de sociedades mercantiles pantalla que aparecen en los publicitados papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, han dado muestras de inquietud alguna, porque temieran ver coartada la libertad de que disfrutan para  "invertir" en esos países de esta la lista europea o en otros notorios paraísos fiscales. Y es que en realidad se trata, ante todo, de un intento mediático de proyectar una pretendida política pública común europea contra la evasión y el fraude fiscal, que reducen seriamente los ingresos de los endeudados Estados europeos. Una medida de notoria irrelevancia en el entorno planetario regido por la libertad de movimientos de fondos y por la competencia entre las políticas fiscales de los Estados.

El LuxLeak scandal de 2014

Si tomamos como referencia la explicación surrealista de algún eurodiputado, la citada medida europea tendría su origen en el escándalo de la filtración en 2014 por la Organización de periodistas de investigación (ICIJ) (LuxLeak scandal) de los 548 acuerdos fiscales del gobierno de Luxemburgo, que presidió durante 18 años Jean-Claude Juncker, con grandes multinacionales como IKEA, Deutsche Bank, Amazon y otras,  concediéndoles reducciones tributarias para que residenciaran sus beneficios globales en el Gran Ducado. Pero, dado que estos antecedentes no fueron obstáculo para la elección de Juncker por el Parlamento europeo como Presidente de la Comisión europea, se dice, que a cambio el grupo socialdemócrata logró como compensación una agenda europea de reformas fiscales que incluiría la eliminación de los paraísos fiscales (eldiario.es,10/11/2014). Ahí estaría la incubación de la lista que analizaremos.

La vieja técnica del listado

Lo cierto es que la UE ha recurrido a la vieja técnica anglosajona del name & shame, "nombrar y avergonzar" a determinados pequeños países y territorios calificándolos como paraísos fiscales, una medida desacreditada por su ineficacia que ya aplicaron los gobiernos de algunos grandes países, desde la Francia de Zarkozy al Brasil de Lula, que pretendían tranquilizar a sus respectivas opiniones públicas frente al escándalo del fraude fiscal masivo.

Esta arbitraria lista europea de paraísos fiscales ha aparecido 17 años después de que la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) publicara su lista del año 2000 partiendo de una definición técnica de paraíso fiscal (baja o nula tributación; carencia de intercambio de información fiscal; falta de transparencia fiscal; y ausencia de actividad económica real local para beneficiarse de los beneficios tributarios); y como resultado de un programa de medidas contra las prácticas fiscales perjudiciales para los demás Estados. 

En los años noventa la OCDE había detectado que la dinámica de la globalización, había generado la aparición de unos países y territorios que atraían a capitales extranjeros mediante la concesión de ciertos beneficios, lo que redundaba en perjuicio de los restantes países; una realidad compleja - que estudiamos en un libro de referencia - pero que fue definida técnicamente como base para una política común de los países más desarrollados.

Y, aunque contraria a la ola neoliberal, esa definición técnica fue una referencia internacional para los gobiernos hasta su anulación en la cumbre del G-20 de Londres en 2009, que generó una cortina de humo para esconder el hecho de que los centros financieros offshore, conocidos como paraísos fiscales, habían sido una de las causas de la gran crisis financiera, como analicé en otro libro.  Los titulares de prensa sobre aquella cumbre de Londres anunciaron a bombo y platillo que el secreto bancario y los paraísos fiscales habían desparecido. Y desde entonces, la realidad es que determinadas jurisdicciones tributarias - generalmente micropaíses y territorios más Suiza y Luxemburgo, la City de Londres o el Estado de Delaware en los EEUU - han venido siendo identificadas por la opinión pública internacional como paraísos fiscales, porque desempeñan el papel de refugio fiscal y financiero (tax haven) o se presentan o son reconocidas generalmente como tal. Pero sin referencia a ninguna normativa internacional sino sencillamente en aplicación del criterio de la reputación, es decir, debido a los notorios los privilegios y exenciones fiscales que ofrecen, la escasa supervisión de las transacciones bancarias y la opacidad financiera que practican en beneficio del dinero legal o ilegal en circulación planetaria. Y todo ello ante la indiferencia o complacencia de los gobiernos del mundo y de la UE, particularmente, para disfrute de la gran banca y la comunidad financiera mundial.

La ventaja comparativa de la opacidad y sus perniciosos efectos

Con frecuencia las informaciones mediáticas pretenden ocultar las  causas de la disponibilidad de los llamados paraísos fiscales. Porque desde hace décadas la libertad internacional de los movimientos internacionales del  dinero conllevó al desarrollo de unos mercados financieros de amplitud y extensión creciente; hasta el punto que convirtieron a ciertos micropaíses y territorios en eje fundamental de la globalización de esos mercados de la especulación financiera, sobre todo por la facilidad ofrecida para ocultar la identidad del dueño del dinero; es decir, frente a la libre movilidad planetaria de capitales, ofrecen el atractivo de la opacidad para las operaciones internacionales como ventaja comparativa, dificultando o impidiendo la identificación del titular, individuo o entidad, beneficiario del dinero legal o ilegal (de la corrupción , del blanqueo de capitales, del fraude fiscal, etc..), sumada al incentivo del bajo coste fiscal para las operaciones internacionales gracias a la baja o nula tributación otorgada mediante el solo hecho de su contabilización en tales jurisdicciones. Los paraísos fiscales son ante todo plataformas para los negocios financieros internacionales, para la ocultación y explotación del ahorro y los flujos de la inversión desde el exterior.

El lado más dañino para los países (aunque no el único) o uno de los resultados de esa  funcionalidad de los paraísos fiscales asumida políticamente, es la creciente disminución de los ingresos fiscales de los países,  que genera el escandaloso endeudamiento de los Estados, como es el caso en la propia Unión Europea; y que amenaza el mantenimiento de la educación, la sanidad y los sistemas de pensiones públicas.  Y desde esa perspectiva se evidencia la inutilidad de los listados de paraísos fiscales para combatir el fraude y la evasión fiscal y demás efectos dañinos sobre las economías y las finanzas públicas.

La lista negra europea de paraísos fiscales

Para empezar, digamos, que históricamente las instituciones europeas ignoraron los llamados paraísos fiscales; de hecho jamás en sus documentos oficiales se mencionó la expresión paraíso fiscal. Por lo que la lista de paraísos fiscales de la UE publicada ha sido denominada así por los medios de comunicación  pero en la documento oficial se denomina "the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes", la lista de la UE de jurisdicciones no cooperantes en materias fiscales, aprobada por el Consejo de Ministros de Finanzas o ECOFIN en diciembre de 2017, que en realidad comprende dos listas oficiales de jurisdicciones que no cooperan en cuestiones impositivas, como veremos.

La primera lista (lista negra) comprende 17 países que no han respondido a las solicitudes de información del Consejo o que no se han comprometido a hacer que su política tributaria cumpla con los criterios de la UE, como son:
Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palao, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

La segunda lista (lista gris) incluye otros 47 países considerados fiscalmente perjudiciales, pero que se comprometieron a mejorar la transparencia y otras deficiencias de su legislación tributaria que estará sujeta a una revisión en 2018. Una compleja lista que se desglosa según la deficiencia fiscal reconocida y pendiente de mejora:
. 
Mejora de estándares de transparencia
Armenia; Bosnia & Herzegovina; Botsuana; Cape Verde; Hong Kong SAR; Curasao; Fija; Forner Yugoslav Republic of Macedonia; Jamaica; Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; New Caledonia; Oman; Peru; Qatar; Serbia; Swaziland; Taiwán; Tailandia; Turquía; Vietnam.
Mejora de la tributación equilibrada   (Fair Taxation)
Andorra; Armenia; Aruba; Belice; Botswana; Cape Verde; Cook Islands; Curaçao; Fiji; Hong Kong SAR; Jordan; Labuan Island; Liechtenstein;  Malaysia; Maldives; Mauritius; Morocco; St Vincent & Grenadines; San Marino; Seychelles; Switzerland; Taiwan, Thailand, Turkey;  Uruguay; Vietnam.
Introducir requerimientos sustanciales
Bermuda; Cayman Islands; Guernsey; Isle of Man; Jersey; Vanuatu.
Comprometidos en la aplicación de las medidas específicas de la  OCDE para evitar el desvío de beneficios y la erosión de la base tributaria (BEPS)
Albania; Armenia; Aruba; Bosnia & Herzegovina; Cape Verde; Cook Islands; Faroe Islands; Fiji; Former Yugoslav Republic of Macedonia; Greenland; Jordan; Maldives; Montenegro; Morocco; Nauru; New Caledonia; Niue; Saint Vincent & Grenadines; Serbia; Swaziland; Taiwan; Vanuatu.

Con algunos de estos micropaíses y territorios, la UE mantiene en vigor acuerdos bilaterales para la aplicación de la directiva europea sobre fiscalidad del ahorro, que tendrían que haber supuesto una transparencia tributaria; pero cuyo fragrante incumplimiento es ignorado de hecho. Conforme a las explicaciones oficiales, esta última lista siempre fue concebida como una opción de último recurso, una vez fracasados todos los demás esfuerzos para lograr el compromiso del tercer país. Aunque suene a broma, para ocho islas del Caribe (Antigua y Barbuda, Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes británicas, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes estadounidenses) se ha estimado que, debido a los huracanes de pasado verano, no han tenido tiempo suficiente para responder a las solicitudes de información del Consejo europeo; y se les ha concedido un plazo hasta principios de 2018 para que respondan.

Un proceso de elaboración complejo y opaco

El objetivo era que las jurisdicciones contactadas que estuvieran dispuestas para la cooperación fiscal con los países de la UE no figurarían en la lista, siempre que manifestaran un compromiso claro y concreto para abordar la eliminación de las deficiencias fiscales identificadas en un proceso compartido de análisis y de diálogo. Y desde luego, la UE ha perdido una oportunidad de gran calado para difundir y denunciar públicamente la opacidad y las prácticas fiscales perjudiciales para los demás países que siguen muchas jurisdicciones. Hasta ahora no se han hecho públicos los documentos del proceso de selección ni las actas de las reuniones de los Estados miembros durante el proceso. Paradójicamente a los Estados miembros de la UE no se les han aplicado esos criterios aplicados a esos terceros países.

A la opinión pública se le ha ocultado el desarrollo de los contactos entre las representaciones de los gobiernos para la confección de esos listados referidos, que se presentan como revisables anualmente. Por tanto, las dos listas publicadas son el resultado de un proceso de elaboración opaco de selección seguido de debates políticos dentro del Grupo sobre el Código de conducta en tributación empresarial dependiente del Consejo. (The Code of Conduct Group on BusinessTaxation), un comité intergubernamental que desde julio de 2016 ha supervisado un diálogo técnico con 92 jurisdicciones de terceros países, seleccionando las jurisdicciones pertinentes tras analizar y valorar los datos de su política y legislación fiscal en los casos en que ha decidido participar en el proceso y aplicando los criterios de la transparencia tributaria, impuestos justos (fair taxation) e instrumentación de los estándares contra el desvío de beneficios corporativos y de más medidas sofisticadasya acordadas por la OCDE. 

Recordemos que este Grupo, integrado por representantes de los ministerios de finanzas europeos y dependiente del Consejo Europeo, fue creado en diciembre de 1997 para adoptar decisiones no vinculantes, es decir, recomendaciones en materia de fiscalidad de las empresas, cuya inoperancia se ha venido escondiendo bajo el rótulo de "Código" de conducta fiscal para empresas, como analicé en el libro La Europa opaca de las finanzas  y sus paraísos fiscales offshore. Esta ineficacia en la práctica tiene su raíz en que la UE carece de competencias legislativas en materia fiscal, salvo la normativa europea sobre el IVA y los impuestos especiales; pero los Estados miembros gozan de plena libertad para decidir sus impuestos.  De ahí que la lista de paraísos fiscales referida tenga solamente un carácter indicativo para los gobiernos europeos, siendo sobre todo una decisión política conjunta que pretende ocultarse en rebuscados tecnicismos fiscales inoperantes por su difícil aplicación en la práctica.

De valor indicativo para Estados miembros

Cierto número de jurisdicciones interpeladas se han negado a la revisión efectiva de las deficiencias y no se han comprometido a abordar las cuestiones fiscales planteadas. Sin embargo, en ningún caso se ha llegado a un acuerdo sobre posibles sanciones contra alguna de las jurisdicciones incluidas en la lista negra o que incumplan los referidos criterios tributarios. Las listas tendrían, pues, un simple carácter defensivo  frente al atractivo de esos países y territorios para el ahorro y las inversiones desde el exterior, pero sin que en ningún caso pudieran fundamentar sanciones de algún tipo para las jurisdicciones señaladas. En el mejor de los supuestos tendrían una finalidad orientativa para las políticas bilaterales de los gobiernos europeos. El portavoz del grupo de Los Verdes en el Parlamento europeo, Sven Giegold, considera que esta decisión europea, "socava la credibilidad de la UE ya que los Estados miembros se han limitado a acordar una lista negra blanqueada de paraísos fiscales. Ni uno de los más importantes paraísos fiscales ha sido incluido en la lista. La lista es políticamente sesgada al excluir a centros financieros relevantes... Desde el principio, los Estados miembros de la UE quedaron completamente excluidos del proceso de selección aunque los Países Bajos, Irlanda, Malta, Luxemburgo, el Reino Unido y Chipre no cumplen los criterios propios de la UE".

Otra cortina de humo que esconde la desregulación financiera

Para entender la irrelevancia de esta decisión europea de elaborar un listado de paraísos fiscales como instrumento para combatir el fraude y la evasión fiscal, hay que tener presente que en la Unión Europea resulta cuasi imposible la aplicación efectiva de cualquier política tributaria común, mientras siga vigente el consenso básico neoliberal en materia financiera, que impregna los tratados e instituciones europeas. El largo proceso de integración europea se fue desarrollando mientras se iban asumiendo sin cortapisas la desregulación y la globalización de los mercados financieros, dominadas por una dinámica regida por dos vectores:

a) Por un lado, la libertad de movimientos internacionales de capitales se estableció como criterio fundamental y universal. El Tratado de Maastricht de 1992 añadió al tratado de Roma nuevas disposiciones estableciendo que en la UE "quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países" (actualmente art. 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE). Por tanto, de ahí deriva la libertad de los reiterados movimientos planificados de fondos procedentes de la evasión tributaria, la corrupción política o el narcotráfico entre España u otro socio europeo o de terceros países como Suiza, la isla de Jersey o Belice.

b) Por otro lado, la competencia fiscal entre los Estados pasó a formar parte de la competencia entre los países por atraer capitales foráneos, factor dominante en las economías de mercado. De manera que tanto dentro como fuera de  la Unión, los gobiernos se afanan por disminuir la tributación del capital, sea de empresas o particulares, con la finalidad de contrarrestar su tendencia a desplazarse a países o jurisdicciones extranjeras que privilegian la opacidad financiera y la nula o escasa tributación.
La asunción de tales principios de la desregulación económica en la Unión Europa, llegó hasta el extremo de establecer en el citado tratado que las decisiones sobre materias financieras pueden adoptarse por mayoría, mientras las decisiones relacionadas con la fiscalidad han de adoptarse por unanimidad porque esta es competencia absoluta de los Estados miembros. De ahí que en la UE la libertad de movimiento de capitales vaya pareja con la competencia entre socios para ofrecer ventajas tributarias que mejoren la cuenta de capital en sus balanzas exteriores.

Una idea clave para combatir los paraísos fiscales

Sin embargo, en el largo y opaco proceso de debate dentro de las instituciones europeas han emergido - y se han ignorado - algunas ideas sobre las cuales construir una política solvente para combatir la actividad de los paraísos fiscales. Concretamente, entre las conclusiones de la reunión del ECOFIN, del Consejo europeo de Ministros de Finanzas del 8 de noviembre de 2016, se recoge un objetivo básico que resulta clave parar una estrategia eficaz de medidas comunes para  acabar con la funcionalidad que desempeñan los paraísos fiscales como plataformas de los flujos financieros internacionales:

The jurisdiction should not facilitate offshore structures or arrangements aimed at attracting profits which do not reflect real economic activity in the jurisdiction.
"La jurisdicción no debería facilitar estructuras offshore o acuerdos destinados para atraer beneficios que no reflejan actividad económica real en la jurisdicción".

Todas las filtraciones mediáticas difundidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)particularmente los llamados papeles de Panamá y los papeles del Paraíso, han demostrado que las sociedades mercantiles pantalla o instrumentales (shell companies) registradas en centros offshore, son el instrumento decisivo para residenciar y contabilizar los flujos financieros en esas jurisdicciones; con la cooperación necesaria de bancos, gabinetes legales y agencias intermediarias. Y es sabido que se trata de entelequias jurídicas domiciliadas en una jurisdicción pero que gozan de reconocimiento internacional, pudiendo operar comercial y financieramente en el plano internacional, aunque generalmente carezcan de actividad económica real alguna donde están registradas. En realidad, los privilegios fiscales o de opacidad que concede el país o territorio donde se domicilian, están condicionados a su dedicación al ámbito internacional.
Esa tendría que ser el área apropiada para desarrollar una legislación europea que realmente combata esos instrumentos de evasión y fraude fiscal y las operaciones de la delincuencia económica que se esconden en los paraísos fiscales. Obviamente habría que contar antes con la aquiescencia de la lobicracia de Bruselas.-



miércoles, 20 de diciembre de 2017

¿Una crisis económica y financiera mundial antes de 2030?


Escribir sobre prospectiva, sobre el futuro, es siempre tan arriesgado que solamente pueden hacerlo con solvencia autores privilegiados, como el polifacético escritor francés Jacques Attali. Dentro de lo que se entiende como prospectiva o futurología, tropezamos a menudo con pseudociencia y con páginas de entretenimiento, apoyadas en especulaciones o recursos alejados de la investigación  científica y de las comprobaciones empíricas; pero también encontramos a veces indagaciones serias y fundamentadas, basadas en el método científico, que apelan a las estadísticas y a otras investigaciones sectoriales previas.  El DRAE define la prospectiva como "conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia". Como sustantivo, el concepto de prospectiva también se asocia a la futurología, la ciencia del análisis del futuro pretendiendo lograr su comprensión y, así, ejercer una influencia sobre él en la medida de lo posible. En ese sentido, se busca anticipar potenciales escenarios que podrían desarrollarse en el porvenir. Obviamente la prospectiva no puede ofrecernos certezas ya que el futuro, al fin y al cabo, es aquello que aún no ha ocurrido y que está sometido a infinitas variables, imposibles de predecir.

Y en ese campo de la prospectiva podríamos encuadrar el libro "Vivement, aprés demain" (Pronto, pasado mañana) publicado en otoño de 2016, cuyo contenido ratificaba íntegramente su autor, el francés Jacques Attali, en el prefacio escrito en julio de 2017; un libro que pretende - en sus propias palabras- "proporcionar a cada uno los medios de conocer las promesas y las amenazas del mundo, midiendo así las oportunidades y los riesgos para navegar del mejor modo entre los escollos y alcanzar el puerto de su elección" (p.12).

Tales pretensiones únicamente pueden aceptarse cuando proceden de un autor sensible, inteligente y de acreditada solvencia como Jacques Attali; muy conocido, por lo demás, particularmente en el mundo cultural francés, por sus 67 libros publicados y traducidos a 22 idiomas; que durante diez años fue consejero especial del Presidente de la República francesa, François Mitterrand; luego, presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; fundador de la ONG Acción contra el Hambre y actualmente es presidente de la ONG Positive Planet, destinada inicialmente a luchar contra la pobreza mediante el desarrollo de la microfinance. Y además, incluso, ha dirigido varias orquestas en diversos países del mundo. 

En el referido libro, después de una breve historia de las variables del futuro, Attali
 renueva por completo su visión sobre los próximos quince años (2016-2030), a la luz del nuevo conocimiento acumulado en todos los campos, científico, demográfico, ideológico, geopolítico, artístico. Después de interrogarse en miles de lugares sobre las débiles señales que preparan el futuro con sus amenazas y sus promesas para el mundo.

Entre las amenazas que nos acechan, según esta investigación documentada, encontramos la crisis del sistema económico y financiero mundializado, cuyo punto de partida es claro. "En ausencia de un estado de derecho planetario, y  sin actor central capaz de compensar las insuficiencias del mercado, solamente se puede contar con la acción de los bancos centrales para compensar sus insuficiencias. En tal situación de desequilibrio, de la que todos los datos precedentes (que se acumulan en el citado texto) confirman su inevitabilidad,  un pequeño choque podría provocar un gran catástrofe"

Del referido libro, reproducimos únicamente aquí unas líneas traducidas - apoyadas en fuentes que omitimos - sobre lo que denomina seis detonadores de una crisis económica y financiera mundial; y que creemos que merecen la atención de los lectores de este blog. Más precisamente, se describen seis chispazos que podrían prender fuego a la pólvora para una crisis global:

1.    En China, las burbujas de endeudamiento del sector inmobiliario, las grandes empresas públicas y entidades financieras no reguladas pueden explotar, arrastrando un crac brutal en las Bolsas chinas y una crisis del cambio mundial en razón de un a fuerte devaluación del yuan, en combinación con una revolución de palacio. En el peor de los casos, China cerrará sus fronteras y desencadenará una ola de proteccionismo; la producción industrial se hundirá, provocando una caída del precio de las materias primas y arrastrando a continuación toda la economía mundial a la crisis.

2.    Una crisis por la exacerbación del proteccionismo. Al enfrentarse a la competencia y a la recesión, un creciente número de países, y en primer lugar los Estados Unidos, se encerrarán en el proteccionismo y el soberanismo. En particular, la Unión Europea o los EEUU podrían ser tentados a encerrarse más aún, dado el miedo a verse sumergidos
por una ola incontrolable de importaciones provenientes de Asia, o de migrantes de México, de Oriente Medio o del Sahel. Eso supondrá, si eso se convierte en algo muy significativo, una crisis mayor del comercio internacional y un hundimiento de la economía mundial.

3.    Una crisis europea podría también desencadenarse por un hundimiento del sistema bancario italiano o alemán, o por la decisión de un país de la eurozona, tras un referéndum,  de volver a una moneda nacional, arrastrando una fuga de ahorradores fuera de ese país. Aun así, la crisis no quedaría limitada a Europa y se convertiría rápidamente en planetaria. Eso podría venir muy rápidamente de Italia.

4.    El estallido de la burbuja gigante de las deudas de los Estados puede ser provocado las liquideces cuasi gratuitas e inyectadas masivamente por los bancos centrales. En todo caso, ese nivel de endeudamiento ya no es sostenible. Eso se traducirá en un alza espectacular de los tipos de interés y del nivel general de los precios. El riesgo es particularmente elevado en Japón, por razón de una monetarización ya muy avanzada y por la perspectiva de un déficit de la balanza estructural de pagos de aquí a cinco años, debida a la subida del número  de jubilados de la población (que tienen  que gastar sus ahorros para vivir); una crisis japonesa podría provocar un devaluación muy fuerte del yen, después afectar por contagio en el mundo entero a toda clase de activos gubernamentales y llevar a una avalancha hacia el efectivo y el oro, seguido de un hundimiento de la economía mundial.

5.    Una crisis financiera en los Estados Unidos, acelerada por la desregulación decidida por Donald Trump, podría desencadenarse por el hundimiento de un actor principal del shadow banking , que hubiera invertido en empresas industriales, estadounidenses o no, demasiado especulativas, llevando a un derrumbamiento del sistema financiero estadounidense y a una crisis mundial de una amplitud inigualada.

6.    Una crisis ligada al precio del petróleo podría ser desencadenada por un bloqueo del estrecho de Ormuz o el de Malaca, por acciones terroristas, campañas de piratería, o una acción estatal, que haría subir el precio del petróleo de modo duradero más allá de los cien dólares el barril, además con consecuencias devastadoras sobre la economía mundial.

Nadie puede decir cuál sería el coste de una crisis global, cada vez más probable, desencadenada por un u otra de esas seis chispas. Es en cualquier caso verosímil que se traduciría en un decenio, al menos, de recesión y de deflación. Una gran parte de la población  mundial vería estancarse o bajar su nivel de vida; en particular, la bajada de nivel de vida de las clases medias tendría consecuencias políticas y militares devastadoras: la democracia no resistiría."

En el referido libro, tremendamente cartesiano, el autor llega a conclusiones radicalmente nuevas y sorprendentes sobre lo que nos espera y especialmente sobre lo que podemos hacer. Porque, aunque se acumulan muchos nubarrones en el horizonte, como el que hemos transcrito, no faltan los medios para construir el mejor de los mundos posibles, para el desarrollo de las personas, evitando que la dimensiones de la ira y de la furia, que documenta y analiza en el libro, se transformen en violencia global, escapando así de amenazas climáticas, del terrorismo y del suicidio tecnológico. Siempre que comprendamos, como apunta el autor, que la mejor manera de lograr eso, de ser feliz en un mundo sereno, consiste en ayudar a los demás a ser uno mismo, a reemplazar el egoísmo suicida por el altruismo lúcido. Y podamos alcanzar un futuro que es pasado mañana.-



jueves, 23 de noviembre de 2017

LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL FRAUDE FISCAL: CREDIT SUISSE


Como ejemplifican los casos de los bancos suizos Credit Suisse y UBS, investigados por el Senado estadounidense, la promoción del fraude fiscal entre los clientes extranjeros es parte del negocio bancario de nuestros días. La liberalización y globalización del sistema bancario y financiero global ha contribuido a potenciar el impago de impuestos en los países como fuente de liquidez y de beneficio bancario mediante las comisiones y la gestión de grandes paquetes de activos, bases hoy del negocio global de la banca.

En unos casos, el fraude fiscal de los clientes se canaliza de modo pasivo, donde la intervención del banco se reduce a facilitar los deseos de mayor rentabilidad para el capital del cliente. Es el caso de los bancos que ayudaron a crear o crearon las sociedades offshore instrumentales que aparecen en los mediáticos divulgados como papeles de Panamá o del Paraíso y Bahamas leaks,  Y en otros casos como ilustran UBS y Credit Suisse la banca desarrolla y gestiona políticas agresivas de captación de clientes foráneos adinerados incentivando el fraude fiscal en el país de origen.  Mediante una organización interna y una gestión planificada, se persigue facilitar el impago de impuestos en el país de origen para lograr una máxima rentabilidad del titular del dinero y unos beneficios para el banco por su gestión.

El Subcomité permanente de investigaciones del Senado estadounidense (que desde hace años impulsa el senador demócrata por Michigan, Carl Levin) y en el contexto del estudio del secreto bancario, examinó en profundidad el caso del banco suizo Credit Suisse ([i]), intentando comprender el alcance del fraude fiscal en EEUU mediante la promoción bancaria de sociedades offshore en paraísos fiscales y los esfuerzos realizados para que los bancos que utilizaban paraísos fiscales offshore y sus clientes rindieran cuentas y pagaran los impuestos adeudados en EEUU. Siendo el
Credit Suisse el segundo banco más grande de Suiza después del UBS, el Subcomité consideró que muy  probablemente también habría de tener un gran número de cuentas suizas no declaradas de clientes estadounidenses, que buscaban evadir impuestos utilizando los servicios de gestión de la llamada de banca privada o personalizada.

La banca globalizada incentiva el impago de impuestos

Con la publicación de los conocidos como Papeles de Panamá o del Paraíso y la filtración de datos del registro mercantil de las Bahamas, se ha demostrado una vez más que existe una práctica generalizada del impago de impuestos por las personas adineradas, identificadas con nombres y apellidos, que se sirve de la gran banca globalizada para la creación de estas sociedades mercantiles instrumentales en los llamados paraísos fiscales, entidades que son puras ficciones jurídicas sin actividad económica local alguna y que son un mero instrumento para la opacidad y ocultación del verdadero titular beneficiario del dinero, proceda del ahorro personal o de negocios ilícitos.
Anotemos que a la expansión de esta actividad bancaria contribuyó  la aplicación de la Directiva europea sobre el ahorro individual en 2005, extendida a Suiza y otros paraísos fiscales europeos mediante convenios bilaterales entre esos países y territorios con la Comisión europea un año después. Esta norma implicaba que los bancos del país helvético debían informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros o bien practicarles una retención tributaria sobre sus ganancias en función de unos tramos, que podían llegar al 35%. Como era de suponer, esto provocó una oleada de pánico entre los grandes patrimonios que tenían dinero escondido en Suiza y otras jurisdicciones offshore como Mónaco, Andorra, Panamá o las islas Vírgenes Británicas, micropaíses con secreto bancario y escasa fiscalidad. Para los afectados, la opción fue la creación de una sociedad pantalla tras la que ocultar su identidad y así evitaban tener que dar información al fisco del país de origen y la consiguiente retención fiscal. Al parecer, sobresalió Panamá por las facilidades del país y la agresiva operativa de despachos como el citado Mossack Fonseca (aunque el bufete también constituía estos instrumentos en otras jurisdicciones como las Islas Vírgenes).

Parece ser que al descubrimiento mediático de estas prácticas masivas en detalle contribuyó la ola de investigaciones sobre casos individuales, desencadenadas al hacerse pública la existencia de la conocida como lista Falciani de delincuentes tributarios, los datos revelados por un ex empleado del HSBC de Ginebra, que permitió de un modo u otro que las Haciendas nacionales europeas accedieran a estos mecanismos innovadores de defraudación fiscal, gestionados desde los departamentos de la denominada  banca privada o personalizada de la gran banca. Sin embargo, tras las revelaciones de los papeles de Panamá y Bahamas no ha habido noticias sobre posibles nuevas investigaciones sobre la labor de los bancos implicados en la cooperación para el fraude fiscal mediante la constitución de esas miles de sociedades offshore. Y el Parlamento europeo prosigue su inacabable debate sobre el Mediterráneo descubierto por las referidas investigaciones periodísticas.

El Credit Suisse, un negocio transnacional ilegal basado en el fraude fiscal

En mayo de 2014, ante las autoridades de los EEUU, el banco suizo Credit Suisse se declaraba culpable de una “conspiración extensa y de gran alcance” para ayudar a clientes estadounidenses a evadir el pago de impuestos y aceptaba pagar cerca de 2.600 millones de dólares en multas, convirtiéndose en el primer gran banco global en las dos últimas décadas que admitía acusaciones de haber cometido delitos penales. ([ii]) La aceptación negociada de la acusación (plea agreement) de conspiración presentada por representantes de los bancos Credit Suisse y su filial Clariden Leu ante un tribunal de Virginia, resolvía una investigación de larga duración sobre el negocio de banca privada o personalizada de este banco suizo, que ayudaba a ciudadanos estadounidenses a ocultar activos en el extranjero. Como parte de este pacto sui géneris, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibiría 1.800 millones de dólares en multas y reembolso; y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York recibiría 715 millones más 100 millones que irían a la Reserva Federal. ([iii]Y el banco suizo mantenía su licencia bancaria a pesar de su actividad delictiva.

Desde el colapso financiero de 2008, Credit Suisse era el primer gran banco acusado de un delito penal, que se declaraba culpable de ayudar a los clientes en el fraude fiscal y a la evasión de impuestos. Y tendría que pagar (en los EEUU) una multa sustanciosa  que, como una novedad, causó un gran impacto general. Pero subrayaba el experto estadounidense James Henry ([iv]), que esa multa para el Credit Suisse representaba solamente una cuarta parte de sus ingresos, por muy elevada que sonara la cifra de 2.600 millones; que puesta en perspectiva representaba sólo un trimestre de ganancias para un banco; que gestiona alrededor de 1,4 billones de activos de sus clientes y que sus propios activos alcanzan en torno a 1 billón de dólares. Es el segundo mayor banco suizo y lo ha sido casi siempre. Y desde siempre ha estado comprometido en este tipo de prácticas, que consisten en ayudar a los estadounidenses ricos y a los ricos de todo el planeta a colocar su dinero en Suiza libre de impuestos.

Como se logró saber, establecieron equipos especiales para tal objetivo que, en el caso de los EEUU deambulaban por las convenciones en torno al arte y cultivando la confianza de la gente rica; de modo que llegó acumular al menos 22.000 clientes selectos. Una actividad muy lucrativa para el Banco. En ese contexto, esa cifra tan elevada no resultaba enorme. Y como ejemplo comparativo, Henry citaba un reciente acuerdo de divorcio en los tribunales suizos entre un oligarca ruso y su esposa, por el cual ella tuvo que conformarse con 4.500 millones. Así comprende que el actual CEO del banco dijera, tras el anuncio de este acuerdo, que esto tendría un impacto trivial, de menor importancia para la rentabilidad del banco.

Los hechos ilegales reconocidos en la confesión acordada

En la declaración de hechos firmada por la representación legal del Credit Suisse y por las autoridades estadounidenses (y registrada en el tribunal de distrito de Virginia oriental en mayo de 2014), se reconocen los hechos básicos que fundamentan la sanción económica aplicada al banco suizo con su conformidad; y que describen la línea de negocio transatlántico ilegal que resumimos a continuación ([v]). En dicho documento judicial se dice que durante décadas antes y durante o en torno a 2009, en el Distrito Este de Virginia y en otros lugares, el banco “Credit Suisse realizó voluntaria e ilegalmente de forma deliberada y a sabiendas, conspirando, combinando, confederándose, y de acuerdo con otros a comisión del siguiente delito contra los Estados Unidos: ayudar voluntariamente,  procurar, asesorar, y aconsejar en la preparación y presentación de falsas declaraciones de impuestos” y otros documentos a la Agencia Tributaria o Servicio de Rentas Internas (IRS) del Departamento del Tesoro, en violación del Título 26, Código de Estados Unidos, Sección 7206 (2), todo ello en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, la Sección 371. 
Durante décadas antes, durante o alrededor de 2009, “Credit Suisse operaba un negocio bancario transfronterizo ilegal que a sabiendas y voluntariamente ayudaba y asistía a miles de clientes estadounidenses en la apertura y mantenimiento de cuentas no declaradas y ocultando sus activos offshore y los ingresos ante la Agencia Tributaria”. A través de ciertos directivos, empleados y otras personas, Credit Suisse solicitaba de clientes estadounidenses la apertura de cuentas no declaradas, aprovechándose de que el secreto bancario suizo les permitiría ocultar la propiedad de esas cuentas. Credit Suisse admite que utilizó una variedad de medios para ayudar a sus clientes estadounidenses con la finalidad de que ocultaran sus cuentas en ese banco sin declararlas, que según el citado documento comprendían:
  • a.    Ayudar a los clientes en el uso de entidades tapaderas como supuestos propietarios beneficiarios de las cuentas no declaradas;
  • b.    Solicitar los formularios de la Agencia tributaria estadounidense (IRS) que falsamente declaraban bajo pena de perjurio, que las falsas entidades eran beneficiarias de la propiedad de los activos en las cuentas;
  • c.    No conservar en los Estados Unidos los registros relacionados con las cuentas;
  • d.    Destruir registros de cuentas enviadas a los Estados Unidos para su revisión por el cliente;
  • e.    Utilizar gerentes y empleados de Credit Suisse como asesores de inversiones no registrados sobre las cuentas no declaradas;
  • f.     Facilitar retiradas de fondos de las cuentas no declaradas, ya fuera mediante la entrega en mano de efectivo en EEUU o utilizando cuentas en bancos corresponsales del Credit Suisse en EEUU.
  • g.    Estructurar transferencias de fondos para eludir los requisitos de notificación de transacciones monetarias; y
  • h.    Proporcionar tarjetas de crédito y de débito en offshore para repatriar fondos de cuentas no declaradas.
  •  
  Asimismo, en la citada declaración suscrita por el banco suizo y las autoridades estadounidenses se hace referencia a la utilización de entidades ficticias en paraísos fiscales, como titulares de las cuentas suizas de estadounidenses no declaradas en su país. Los Gerentes de banca privada (conocidos como Gerentes de Relaciones) servían como el principal contacto para los clientes estadounidenses con cuentas no declaradas en el Credit Suisse. Todos estos Gerentes del negocio transfronterizo ilegal con los EEUU, asistían activamente o facilitaban a miles de contribuyentes individuales a establecer o mantener cuentas no declaradas de una manera diseñada para ocultar la propiedad por parte de contribuyentes estadounidenses o de los interesados beneficiadas en dichas cuentas. Credit Suisse mantenía cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos a través de las cuales los Gerentes de este banco y otros realizaban transacciones financieras en conformidad con su negocio transfronterizo ilegal.

La asistencia técnica para la creación de entidades offshore

El programa internacional del Credit Suisse para la captación y atención del cliente megarrico estadounidense comprendía, inclusive, desplazamientos periódicos de altos empleados a EEUU para la apertura de cuentas suizas vinculadas, el asesoramiento inversor y defraudador evitando informes sobre transacciones, emitiendo tarjetas de crédito y débito y gestionando la creación de sociedades offshore. ([vi]) Según un análisis elaborado por el propio Credit Suisse, sus registros de viaje indican que, desde 2.001 a 2.008, los gerentes suizos de relaciones hicieron más de 150 viajes por separado a los Estados Unidos para reuniones con sus clientes locales y para contactar con nuevos clientes.
El programa del Credit Suisse de promoción del fraude y la evasión fiscal en los EEUU se complementaba mediante la creación y utilización de sociedades offshore. De modo que en la citada declaración de hechos ilegales reconocidos, suscrita por el banco suizo y las autoridades estadounidenses, se hace referencia a la utilización de entidades instrumentales o tapadera en paraísos fiscales como titulares de las cuentas suizas de estadounidenses no declaradas en su país ([vii]); entidades offshore cuya creación facilitaba el propio banco. El resultado de esta actividad ilegal del Credit Suisse, como la de cientos de otros bancos, lo encontramos confirmado en las identificaciones con nombre y apellidos, suministradas por los llamados Papeles del Paraíso, de  Panamá o la filtración de Bahamas.

Las cuentas suizas para clientes estadounidenses del Credit Suisse utilizaban como titulares de cuentas nominales a entidades tapadera en paraísos fiscales; y además, algunos de sus banqueros asistían activamente a los clientes para la constitución de esas entidades instrumentales, banqueros a los que apelaban como  “intermediarios” o “fiduciarios” que actuaban como “proveedores de servicios en la creación y mantenimiento de entidades jurídicas”. Y de los cuales se servía el banco suizo para introducir clientes potenciales. Asimismo, según el propio banco, los banqueros de Credit Suisse remitían a los clientes potenciales o actuales a los intermediarios para que establecieran una entidad jurídica que actuara como titular de la cuenta suiza; y la mayor parte de los intermediarios que utilizaban los banqueros suizos estaban localizados en Suiza o Liechtenstein. La finalidad primordial de las entidades offshore era lograr el enmascaramiento de la titularidad de la cuenta del cliente. Al abrir cuentas suizas para clientes de Estados Unidos, la evidencia muestra que algunos banqueros de Credit Suisse recomendaban la utilización de entidades fantasma o tapadera (Offshore Shell Companies) como titulares de cuentas nominales. Si bien no es ilegal establecer un fideicomiso o entidad en un paraíso fiscal como titular de una cuenta, es una práctica corriente utilizar esas sociedades mercantiles fantasma, fideicomisos o entidades jurídicas similares como titular de una cuenta nominal en vez de un ciudadano que suministra los fondos a la cuenta; de hecho, es una táctica común usada para evadir impuestos tanto en Estados Unidos como en España y el resto de países, porque impide la identificación tanto de las cuentas como de sus titulares estadounidenses. El referido informe relata testimonios de algún ex titular de una cuenta de Estados Unidos, que corrobora estas prácticas que le proporcionarían “una capa más de protección” para sus activos del cliente, aunque este cliente desestimó las sugerencias de “los intermediarios”, a causa de la cargas adicionales involucradas, y porque el cliente se sentía suficientemente seguro después de colocar los fondos en Suiza. En otros casos los clientes firmaban papeles para constituir las sociedades instrumentales en Liechtenstein o Hong Kong.

En los interrogatorios de la Subcomisión del Senado, a las preguntas que pretendían cuantificar  las cuentas suizas vinculadas a los EEUU que fueron abiertas a nombre de entidades offshore, la representación del Credit Suisse informó de que en 2008 habían sido abiertas  1.243 fichas informativas de clientes (CIF) con 4.000 millones de francos suizos en activos a nombre de entidades offshore, que tenían como titulares beneficiarios a clientes estadounidenses que habían omitido presentar un formulario W-9 (a efectos de declaración fiscal) identificando su titularidad de la cuenta como mantenida por una persona de los EEUU.

Esta nota sobre el caso del Credit Suisse se integra en una docena de casos documentados sobre las actividades ilícitas de grandes bancos globales, como contenido de una investigación inédita del autor de este blog.-





[i] Offshore Tax evasion: The Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts. (Credit Swiss: Case Study in Swiss Secrecy) Permanent Subcommittee on Investigations, US Senate Report, February 26, 2014; pp. 41- 114.
[ii] Credit Suisse pleads guilty to tax evasion. Financial Times, 19/5/2014
[iii] Credit Suisse Pleads Guilty to Conspiracy to Aid and Assist U.S. Taxpayers in Filing False Returns. Department of Justice. RELEASE, May 19, 2014
[iv] Entrevista con James S. Henry sobre el caso del Credit Suisse en Real Networks, canal de TV independiente por internet.  Es un destacado economista y abogado, que fue economista jefe de la consultora internacional McKinsey & Co; y, como periodista de investigación ha colaborado con numerosas publicaciones como Forbes, The Nation y The New York Times. Fue el investigador principal del informe titulado “The Price of Offshore Revisited” publicado por Tax Justice Network. Video en https://youtu.be/Q5C8_k6fgCo
[v] cfr. Credit Suisse. Statement of facts 19/5/2014
[vi] Offshore Tax evasion… (Credit Swiss :..) US Senate Report cit.; pp. 65-113
[vii] cfr. Credit Suisse. Statement of facts; y Offshore Tax evasion… (Credit Swiss…) US Senate Report cit.; pp.73-76