sábado, 1 de diciembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (IV)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera )


La estafa de las participaciones preferentes

La venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores, fue cronológicamente el primer engaño de Caja Madrid-Bankia para los ahorradores; y para muchos el tercer engaño vendría con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas.  Ante la congelación de los mercados financieros derivada de la crisis global, los bancos y las cajas de ahorro españolas descubrieron las grandes ventajas de las participaciones preferentes como fuente de capital, que resulta mucho más barata que las acciones. Bancos y cajas españolas colocaron estos productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo superior a la de los depósitos a plazo en ocasiones, el interés era muy inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta los riesgos que implicaban las preferentes. Desde un principio, las participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La propia denominación ocultaba un doble engaño; la expresión es una mala traducción del término anglófono preference share, cuya traducción correcta hubiera sido “acciones preferentes”. Si se hubieran vendido como acciones, los compradores habrían entendido que era un producto de riesgo, al estar asociado a Bolsa. En cambio, las preferentes que en la jerga del sector se calificaban de productos complejos, reunían características de capital y de deuda a la vez; por lo que también se les llama productos híbridos. Por una parte, las preferentes se asemejan a las acciones como parte del capital social con sus ventajas de mayor rentabilidad, pero también sus mayores riesgos pues si la entidad va mal pueden perder  todo su valor. Por otra parte, también ofrecen rasgos de deuda al tener, por ejemplo, un período de rendimiento fijo como los depósitos a plazo y, en el caso de los bancos, no son las primeras en asumir las pérdidas. Una de las ventajas para los bancos es que el capital captado a través de las participaciones preferentes no tiene derechos políticos (derecho de voto), con los cual no afecta al poder de los accionistas sobre la entidad. En el caso de las cajas de ahorro, las preferentes permitían capitalizarse de una manera más rápida, pues hasta entonces solo podían hacerlo básicamente destinando a este fin una parte de los beneficios obtenidos cada año. ([i])

Comercialización engañosa para pequeños ahorradores

La operación de las participaciones preferentes por Caja Madrid en mayo de 2009 fue la más impactante por su volumen y agresividad de todas las operaciones comerciales similares realizadas ese año, con una recaudación de 3.000 millones de euros. En realidad, fue la emisión de productos híbridos más cuantiosa realizada jamás por una entidad financiera española, sin contar la de Valores Santander por valor de 7000 millones de euros en 2007. La decisión de la caja madrileña presidida por Miguel Blesa, de recabar una cuantía tan elevada de dinero obedecía a que la Caja se encontraba en una situación muy delicada con serias necesidades de capital para afrontar el creciente número de impagados a medida que la crisis financiera se dejaba sentir con más fuerza en España. La colocación de preferentes de la histórica caja madrileña se efectuó a través de una incisiva campaña comercial que implicó activamente a toda su extensa red de sucursales. La entidad se hizo con una parte importante de los ahorros de casi 300.000 clientes ([ii]), que siguieron ciegamente las recomendaciones de los empleados de la entidad, en quienes habían confiado en algunos casos desde varias generaciones atrás. Dentro de una agresiva campaña de marketing y publicidad, Caja Madrid elaboró un completo argumentario comercial de carácter confidencial para uso exclusivo de sus empleados con la advertencia expresa y repetida en todas las páginas del documento de que “esta información no debe estar en nuestras oficinas a la vista de los clientes”; según rezaba el argumentario comercial de 2008. El temor a que el documento cayera en manos del público tenía su fundamento. Sus autores querían evitar a toda costa que los clientes conocieran determinadas características de las preferentes porque, de conocerlas, muy probablemente no habrían realizado la inversión; por ejemplo, saber que su dinero se quedada en el banco a perpetuidad. En este sentido, en el argumentario comercial se afirmaba que las preferentes son “títulos subordinados sin vencimiento definido y su rentabilidad está condicionada a la obtención de beneficios por parte del emisor”. Y el mismo documento destacaba que el producto tiene la garantía 100% de Caja Madrid, que había sido la única entidad financiera de las cuatro grandes españolas que en el primer trimestre de 2009 había aumentado sus beneficios respecto al año anterior. Desde luego se omitía la advertencia de que el principal riesgo de las participaciones preferentes no era el impago de los intereses prometidos sino que la inversión se podía perder completa o parcialmente por su condición de participación en capital social, como sucedió en muchos casos. ([iii])

Desde finales de 2008, la CNMV como regulador bursátil había intensificado sus actuaciones al comprobar que un creciente volumen de preferentes “estaban dirigidas a inversores minoristas”. Pero debido a falta de contundencia, sus advertencias no resultaron lo suficientemente convincentes para que las entidades financieras abandonaran estas prácticas. La apertura de 13 expedientes de limitada capacidad sancionadora tampoco inquietaba a los bancos. La sanción más elevada en materia de preferentes fue impuesta al Banco Santander por la cuantía de 16,8 millones de euros, que la Audiencia rebajó a 6.9 millones, por la emisión de un producto financiero denominado Valores Santander, similar a las preferentes; sanción no comparable en absoluto con el volumen de la operación que captó 7.000 millones de euros. Los esfuerzos de la CNMV para regular el mercado de las preferentes tropezaron con dos serias limitaciones que menoscabaron mucho su labor. Por un lado, su escasa capacidad sancionadora implicaba que sus reiteradas advertencias y recomendaciones caían en la mayoría de los casos en saco roto y las entidades continuaban impertérritas con sus malas prácticas. Por otra parte, la lentitud de resolución de los expedientes y la falta de publicidad de las sanciones hasta que fueran firmes, suponían también en la práctica una cierta impunidad para bancos y cajas. Mientras aumentaba la tensión entre la CNMV y los bancos emisores de preferentes que eran objeto de investigación, un creciente número de afectados fueron descubriendo poco a poco que se habían quedado con su dinero atrapado. Inicialmente la reacción fue muy lenta, unos porque en su gran mayoría eran personas mayores que ocultaron a sus propias familias la posible pérdida de sus ahorros; otros pensaban que habían sido víctimas de su ignorancia en materia financiera y en una actitud vergonzante intentaban ocultar la situación de sus ahorros. Pero otros afectados, empero, optaron por denunciar los hechos a través de asociaciones de consumidores y plataformas ciudadanas que movilizaron a decenas de miles de preferentistas creando una conciencia pública del problema  ( [iv] )

Un mercado secundario ficticio

Para mayor escándalo, la banca desarrolló un mercado ficticio para las preferentes con el fin de ofrecer una apariencia de liquidez inmediata, haciendo creer a los clientes que el nuevo producto era como  un depósito a plazo fijo y que el dinero se podía recuperar en un breve plazo de días. A través de este mercado interno, la banca garantizaba a sus clientes la devolución de su inversión en preferentes o subordinadas en unos pocos días, durante el cual buscaba a otro cliente para colocarle el mismo producto. Este mercado fingido funcionó sin problemas mientras la economía crecía y logró burlar las advertencias de la CNMV durante varios años. De hecho estuvo plenamente operativo hasta junio de 2010 y no se liquidó definitivamente hasta noviembre de 2011 por exigencias del regulador bursátil. Aunque este mercado secundario donde cotizaban las preferentes era el AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros), un mercado donde se negociaban básicamente pagarés de empresa, cédulas hipotecarias, obligaciones y bonos (creado en 1991 y supervisado por la CNMV), en la práctica lo único que verdaderamente existía era un mercado interno dentro de cada banco. Cuando un ahorrador quería vender su participación, lo comunicaba a la caja o al banco y este buscaba un nuevo inversor. Las operaciones se realizaban en los bancos, al 100 % o muy próximas al valor nominal, y luego ya cerradas se comunicaban al AIAF.

Merece destacarse que el lenguaje extremadamente benevolente empleado en los informes de la CNMV escondía la gravedad de los hechos. Cuando indica que las tres entidades (Caja Madrid, Bancaja y Bankia) “intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable”, lo que realmente quería decir es que les vendían estos productos a precios que hasta duplicaban el valor de los mismos. De ahí que el abogado Andrés Herzog ([v]) lo expresara más crudamente afirmando que “Bankia como otras entidades manipulaban este mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez de la que carecía, a fin de evitar que se descubriera que todo era una gran estafa y que se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados”. Y en el escrito al juez, Herzog subrayaba que “las entidades financieras aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para “crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía la liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real” ([vi])

El descubrimiento del fraude
Los empleados de Bankia y de las cajas fueron los primeros en recibir el creciente número de reclamaciones de los clientes por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes. Reclamaciones que se incrementaron de 2010 a 2011, debido a las numerosas quejas de los inversores minoristas por las condiciones de liquidez, las pérdidas latentes o el modo en que se había llevado a cabo la comercialización de las participaciones preferentes., según la Memoria de la CNMV de 2011  relativa a reclamaciones y consultas. Aunque era prácticamente nulo el impacto de estas quejas, porque las resoluciones de la CNMV sobre quejas de reclamantes lamentablemente no son de obligado cumplimiento. Un ejemplo del poder del lobby bancario sobre los órganos del Estado español. Pero este conflicto tenemos que situarlo en el contexto de la evolución de la crisis financiera y económica con el aumento del paro, la recesión económica, el agravamiento de la crisis del euro, el rescate de Portugal forzado por la UE, etc.

Las tensiones en el mercado de las participaciones preferentes se hicieron cada vez más  evidentes a medida que se agravaba la situación financiera y crecía la presión de la CNMV sobre los bancos y cajas de ahorro para que pusieran fin a la manipulación del mercado secundario en donde se comercializaban estos títulos. En este clima de deterioro de bancos y cajas, una nueva ley promovida por el Gobierno en sintonía con los cambios en la regulación internacional, endurecía los requisitos para que las preferentes pudieran computarse como recursos propios. La ley 6/2011 para la transposición de la directiva europea 2009/111, introdujo la facultad del consejo de administración de las entidades financieras para cancelar el pago de la remuneración de la preferentes si la entidad no cumplía con los requerimientos de recursos propios exigibles. Con anterioridad a esta ley solamente se podía dejar de pagar los intereses de las preferentes si los bancos no tenían beneficios. Con la nueva norma bastaba un acuerdo del consejo de administración del banco para que dejara de abonarlos. En esa misma línea, la nueva ley autorizaba al Banco de España para poder exigir la cancelación del pago de los intereses de las preferentes basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito. Por otra parte, los bancos se resistían a operar en el mercado ficticio de las preferentes que habían creado y se revelaba en el caso de la CNMV que se tenía que enfrentar a todo tipo de reticencias y medidas dilatorias  de aquellos. En el caso de Bankia, era clamoroso el retraso en el cumplimiento de los requerimientos de la CNMV. Y durante el mes de noviembre de 2011 prácticamente todas las entidades financieras se vieron obligadas a cerrar sus respectivos mercados secundarios internos por exigencias de la CNMV, lo que significó para los titulares de preferentes que vieran sus ahorros en estos títulos bloqueados definitivamente. ([vii])

La conversión de preferentes en acciones

La ruinosa conversión de preferentes en acciones de Bankia iniciada en 2012 sería el tercer engaño para muchos clientes de la antigua Caja Madrid en menos de tres años, como destaca André Missé en su libro referido, cuando se les proponía el canje de preferentes y subordinadas por acciones, que se materializó en marzo de ese año. La oferta era sugestiva si se tiene en cuenta que las preferentes habían quedado bloqueadas desde noviembre de 2011 y que esta conversión en acciones era una forma de recuperar el dinero mediante su venta en la Bolsa. Sin embargo, la verdadera motivación del Banco era intentar cumplir con las nuevas exigencias publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en siglas en inglés) en el último mes de 2011, que había adoptado el acuerdo que las participaciones preferentes no computaran como capital básico. Por tanto, a Bankia no le  valían las preferentes para completar su ratio de capital; dicho de otro modo, necesitaba más aportaciones de capital de sus accionistas o lograr nuevos suscriptores de capital. Según la EBA, las necesidades de capital del BFA ascendían a 1.400 millones de euros. Para cubrir esas nuevas necesidades, el aún presidente del grupo, Rodrigo Rato, optó nuevamente por los ahorros de los fieles clientes de Caja Madrid y demás cajas integradas en el BFA, que ahora formaban Bankia. Porque la realidad es que Bankia carecía de capacidad para captar inversores a precios razonables a medida que se fue conociendo que la entidad sufría grandes pérdidas. De hecho, en 2013 los accionistas habían perdido más del 95 por ciento de la inversión realizada menos de dos años antes. Y un aspecto inquietante es que el Banco de España que había autorizado la recompra de participaciones preferentes tenía un perfecto conocimiento de la “deficiente comercialización de las preferentes y subordinadas”, según el informe de marzo de 2012. ([viii]).

La suspensión del abono de intereses y la quita

A principios de junio de 2012 los tenedores de preferentes y subordinadas  de las Cajas integradas en Bankia tuvieron una de las peores noticias. El grupo BFA-Bankia comunicó a la CNMV que, tras la publicación de los resultados con unas pérdidas próximas a los 3.000 millones de euros, se suspendían los abonos de intereses correspondientes a las emisiones de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Y los esfuerzos de los nuevos gestores y del Gobierno se concentraron en recabar ayudas para asegurar la devolución de los préstamos a los grandes acreedores internacionales, principalmente bancos de Francia y Alemania, a los que nunca se dejó de pagar los intereses ni la totalidad del capital. El Banco de España había descubierto en marzo de 2012 que el Grupo Bankia tenía que afrontar un elevado volumen de vencimientos mayoristas que ascendían a 17.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.

Los preferentistas sufrieron una significativa rebaja en el valor de sus inversiones con el rescate europeo. En la UE no había ninguna directiva comunitaria ni siquiera una comunicación de la Comisión que estableciera de modo expreso que en caso de crisis bancarias se debían de aplicar quitas a los tenedores de productos híbridos; esta obligación especifica se introdujo un año después en la séptima comunicación sobre ayudas de Estado publicada en julio de 2013 y entró  en vigor en agosto de 2014. Fue una concesión del Gobierno español en las negociaciones del Eurogrupo. La aplicación de las quitas en el caso español no se amparó en ninguna disposición europea vigente que lo autorizase expresamente sino que fue el resultado de las negociaciones entre las autoridades españolas y las comunitarias en el Eurogrupo, donde el ministro alemán Wolfgang Schaüble llevaba la voz cantante, acordando aplicarlas como condición para la concesión de la ayuda financiera, como se recogió en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en inglés). El Real Decreto Ley 24/2012 estableció que las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas deberían soportar parte de las pérdidas de los bancos que las habían emitido.  A finales de noviembre de 2012, representantes del Gobierno, la Comisión Europea y las entidades financieras implicadas pactaron el descuento que aplicarían a los tenedores de estos productos híbridos. Para Bankia; NCG Banco y Catalunya Bank el “valor recuperable oscilará ente un mínimo del 30 por ciento y un máximo del 70 por ciento para los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, dependiendo  de las condiciones específicas de cada instrumento”, según anunció el Banco de España. ([ix])

El arbitraje, la solución al bloque de las preferentes

Como relata André Missé, entre los tenedores de preferentes y subordinadas se disparó el malestar y las inquietudes a partir del 28 de noviembre de 2012, en que Bruselas aprobó los planes de reestructuración para Bankia y los otros bancos “nacionalizados” (Catalunya Banc, NCG Bank y Banco de Valencia). La decisión europea significaba crudamente que los tenedores de estos títulos iban a sufrir fuertes pérdidas, generando una indignación más intensa entre los ahorradores de Bankia que eran el grupo más numeroso con casi 300,000 afectados. El anuncio del arbitraje de Bankia fue realizado personalmente por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la Comisión de Economía del Congreso de los diputados en diciembre de 2012, presentándolo como la gran solución para terminar con el conflicto considerando que era un procedimiento más rápido que la vía judicial, explicando que los inversores sufrirían una quita en los ahorros invertidos. El balance final del arbitraje en Bankia puso al descubierto que un total de 58.443 ahorradores fueron rechazados por la consultora KPMG, que intervenía previamente en calidad de asesor privado requerido por la normativa establecida, según el informe trimestral de la Comisión de Seguimiento. El mismo informe indicaba que Bankia contaba con 294.905 tenedores de preferentes y subordinadas; de los cuales 176.723 fueron admitidos por la consultora para el arbitraje. Finalmente, la Junta Arbitral de Consumo dictó un laudo favorable al 97 por ciento de los seleccionados por KPMG. Respecto al capital, de los 6.231 millones de euros de dinero captado, el importe reclamado por el arbitraje ascendió a 4.043 millones, del cual Bankia abonó un 35 por ciento, es decir, 2.166 millones. ([x])

Reclamaciones civiles y querellas criminales

Desde mediados de 2013, muchos juzgados recibieron una súbita avalancha de demandas civiles presentadas por los tenedores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. A estas acciones se sumaron las querellas criminales, en especial por la salida a Bolsa de Bankia. A finales de 2015, había acumuladas más de 110.000 reclamaciones judiciales por asuntos relacionados con abusos financieros de Bankia, Catalunya Caixa y NCG Banco, los tres grupos “nacionalizados”; a las que habría que añadir las demandas presentadas por preferentes y subordinadas contra otros Santander, Bankinter, Sabadell y otras entidades financieras. Todas ellas sumadas a las demandas por ejecuciones hipotecarias  y otras causas generaban un bloqueo de la mayoría de los juzgados y tribunales. Este panorama judicial se clarificó en gran medida tras  las dos sentencias del Tribunal Supremo de enero de 2016 que obligaron a Bankia a devolver el dinero de los inversores atrapados en la salida a Bolsa de esta entidad. Y estas decisiones del Tribunal Supremo propiciaron la renuncia de más de 76.000 reclamaciones judiciales que se había presentado por esta operación.
Además de las decenas de miles de procedimientos civiles entablados por los preferentistas, desde mediados de 2012 se comenzaron a presentar también querellas criminales contra los directivos y entidades emisoras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. En ocasiones las acciones judiciales también se dirigieron contra los supervisores. Las querellas que han tenido más trascendencia fueron las  formuladas contra Bankia en junio de 2012, a partir de las sospechas sobre irregularidades en las cuentas levantadas por la polémica con el auditor Deloitte  y la presentación de las cuentas ante la CNMV sin la firma del auditor.  Sin embargo, a diferencia de los éxitos cosechados en los juzgados civiles con una amplia mayoría de sentencias favorables a los afectados, incluyendo varios fallos del Tribunal Supremo, las acciones penales contra los responsables de los abusos bancarios han tenido un recorrido más tortuoso, plagado de dificultades y demoras y sin resultados hasta la fecha para el caso de las preferentes. De todas formas, las investigaciones efectuadas a raíz de las querellas entabladas han sido muy importantes porque permitieron obtener documentos decisivos del Banco de España, de la CNMV y de los propios bancos implicados, como en el caso de Bankia, que fueron utilizados como pruebas decisivas tanto para los procedimientos civiles como los penales. Sin duda, los principales procedimientos penales son los relacionados con la salida a Bolsa de Bankia y la comercialización de las participaciones preferentes emitidas por las cajas de ahorro integradas en ese banco. ([xi]). A medida que se fueron descubriendo más irregularidades, la investigación se organizó en una pieza principal, conocida como el caso Bankia, referido a la salía a Bolsa de la entidad y varias piezas separadas. Entre estas figuran las dedicadas a participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja, los correos de Blesa, las tarjetas negras y las responsabilidades civiles de los ex presidentes Miguel Blesa y de Rodrigo Rato, entre otras. ([xii])





[i] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; pp. 33,34-50
[ii] 294.905 afectados de Bankia de un total de 813.073 en todas las entidades implicadas, André Missé, ibídem, p.173
[iii] Andrés Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit., pp. 109,115 y118
[iv] Ibidem, pp. 130-131; y 171 y siguientes
[v] Redactor de la querella contra Bankia en nombre del partido UYP presentada el 15 de abril de 2013
[vi] André Missé, ibídem, p.127 y 137
[vii] André Missé, ibídem, pp.165-170
[viii] Andrés Missé, ibídem, pp. 198; y 200-201
[ix] André Missé, ibídem, pp.225-227 y.235
[x] André Missé, ibídem, pp.319 y 339-340
[xi] Estos casos están siendo investigados por el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado Central nº 4 de la Audiencia Nacional
[xii] André Missé, ibídem, pp. 271-275;y 397.

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