viernes, 9 de noviembre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (III)


(continuación del Capítulo IV.4 del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera)

La “nacionalización” de Bankia y el rescate europeo: el Memorándum

Bankia, resultante de fusiones de siete cajas, fue la séptima entidad en ser “nacionalizada”; pero alcanzaba los 320.000 millones de euros. Era tan grande como la suma de las otras seis cajas de ahorro que fueron intervenidas (CCM, CAM, Caja Sur, Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia) que solo sumaban en conjunto 295.000. Bankia protagonizó la mayor crisis financiera de la historia de España y la solución de sus problemas pareció encauzarse mediante un proceso de saneamiento y capitalización sin precedentes y finalmente la introducción de una sólida dirección profesional para la gestión. En primer lugar, tras reformular las cuentas del equipo anterior que ofrecían el citado beneficio de 309 millones para 2011, se concretaron unas pérdidas de 2.979 millones y Deloitte firmó la auditoría; se renovó el Consejo y el nuevo presidente propuso convertir en acciones los 4.465 millones de participaciones preferentes propiedad de BFA, que habían sido suscritas por el FROB, para apoyar la integración del grupo Bankia. Y tras encargar tres valoraciones independientes, se determinó que el valor de los activos aportados por las siete cajas quedaba reducido a cero y el Estado se hacía con el cien por cien del capital de BFA. Las pérdidas de las cajas que afloraron en un primer momento eran enormes; por consiguiente el futuro de las diferentes obras sociales de las cajas quedaba en entredicho, puesto que se nutrirían de futuros beneficios bursátiles. La junta de accionistas del BFA de 29 de junio de 2012 cifró en 19.000 millones adicionales las necesidades de ayudas públicas para el grupo BFA-Bankia. La cifra total de dinero público ascendía, por tanto, a 23.500 millones, si se suma la anterior ayuda del FROB, ahora convertida en capital. ([i])

La mal llamada nacionalización

En mayo de 2012, con la mencionada propuesta del nuevo presidente del grupo BFA-Bankia José Ignacio Goirigolzarri, de la conversión de la ayuda del FROB en capital de BFA,  el Estado controlaría el 100% del banco matriz, y en consecuencia, el 45% de Bankia. Con esta  medida planteada se evitaría el uso de más dinero público, según Iñigo de Barrón en El País. ([ii])  La salida del ex vicepresidente económico con el gobierno Aznar y presidente del BFA y de Bankia, Rodrigo Rato, fue el segundo intento del Gobierno del PP de recuperar la credibilidad del sistema; y  esto reflejaba la gravedad del momento en una tardía reacción, que  suponía dar la razón a los mercados y a bancos de inversión que reclamaban medidas adicionales para la limpieza de los activos inmobiliarios. En sustitución de Rato, el Consejo de Bankia y de BFA, nombraba presidente a José Ignacio Goirigolzarri, aceptando la renuncia de José Manuel Fernández Norniella como consejero ejecutivo. Y el Consejo del BFA aprobaba la propuesta del nuevo presidente Goirigolzarri de “nacionalización” – en expresión de El País - del BFA, la conversión de la ayuda pública  del  FROB en capital del BFA; y la respuesta del Gobierno llegó apenas unas horas después. “El FROB será titular indirecto de un 45% del capital de Bankia”, reza el comunicado emitido por el ministerio de Economía; es decir, el Estado se quedaba con el 100% de BFA. Por su parte el Banco de España en una nota manifestaba que el grupo “es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación”. Precisamente la necesidad de evitar el deterioro de la reputación y la pérdida de pasivo fue el argumento más utilizado por los consejeros para aprobar la mal llamada “nacionalización”, manifestación de una política mediática destinada a ocultar la realidad.

Conviene aclarar que la utilización de la expresión nacionalización por el Gobierno y medios afines, confirmaba el juego político que escondía el confuso proceso para clarificar las cuentas de Bankia. Porque nacionalizar implica la conversión, por vías legales, de recursos bajo propiedad privada en recursos bajo propiedad pública. Algo que obviamente no era este caso. Los recursos propios de Bankia eran ya públicos antes y lo han seguido siendo hasta la fecha, después de la operación de conversión de las participaciones preferentes del FROB en capital. Al tomar el 100% del capital de BFA el Estado a través de FROB continuaba siendo el máximo accionista de Bankia, ya que controla el 100% de BFA, que a su vez controla el 52% de Bankia. La conclusión de esta acción gubernamental es que propiamente hablando no se había nacionalizado Bankia, que seguía teniendo capital cotizando en Bolsa. Lo que ocurrió fue un cambio del control del BFA, que dejaba pertenecer a Caja Madrid y a las otras seis cajas y desde entonces al FROB. Era una transferencia de la dependencia desde los poderes públicos autonómicos y municipales al gobierno central; es decir, desde unas instituciones del Estado a otras que son también Estado. ([iii]) Un cambio de control que, por otra parte, debería haber conllevado el nombramiento del Presidente de BFA-Bankia directamente por el Gobernador del Banco de España, incluso como administrador único, al menos, del BFA. No se entiende bien que formalmente no se respetaran los procedimientos, deteriorando la autoridad, independencia y prestigio del Banco de España. ([iv])

El rescate europeo de Bankia

Unos meses después de la “nacionalización” de BFA-Bankia, se producía el rescate bancario por parte de la Unión Europea. Por cierto, un rescate que ascendió a 41.300 millones de euros y que prácticamente ha ido a parar al saneamiento de la propia Bankia (más de 40.000 millones de saneamiento), mientras el resto de ciudadanos estábamos sometidos a severos recortes en educación, sanidad y servicios sociales. El Gobierno  quería evitar o minimizar el impacto político negativo de que España entrara en el desventurado club de los países rescatados. A finales de mayo de 2012, el presidente del Gobierno seguía insistiendo en que no se precisaba ningún rescate internacional para salvar a los bancos. “No va a haber ningún rescate de la banca española” afirmó tajante ([v]). Pero la llamada prima de riesgo alcanzaba los 540 puntos y Bruselas apretaba el acelerador exigiendo abiertamente que el Gobierno enviase a la UE un plan para recapitalizar Bankia. Mario Draghi propinó otro bofetón al Gobierno al manifestar que la gestión de la crisis de Bankia “se ha realizado de la peor  forma posible”. Y las dudas que pudieran quedar  sobre la necesidad de pedir el rescate europeo, se dispararon el 7 de junio al tener que “nacionalizar” otras dos entidades Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia Banco, que suponían un desembolso de otros 9.000 millones de dinero público; ayudas que se sumaban a los 23.500 millones que ya había necesitado Bankia. Finalmente, la tarde del sábado 9 de junio de 2012, el Gobierno español se rendía solicitando la ayuda del modo más discreto posible. A través de una videoconferencia, los ministros de Economía del Eurogrupo, acordaban ofrecer a España un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para “recapitalizar las entidades financieras”. El comunicado oficial del Eurogrupo precisaba que la ayuda seria proporcionada por los dos fondos europeos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el cual podría recibir los fondos actuando como agente del Gobierno español. ([vi]). El texto desvanecía por el momento la esperanza de que la ayuda europea fuera directamente a la banca sin implicar al Gobierno. Para mayor claridad, el comunicado europeo precisaba que el Gobierno español mantendría la plena responsabilidad de la asistencia financiera y firmaría el acuerdo recogido en el Memorándum de Entendimiento (MOU en siglas en ingles). Asimismo, este documento establecía clara y expresamente la condicionalidad para la ayuda financiera al cumplimiento del cumplimiento de una serie de compromisos en materia de déficit, reformas estructurales y desequilibrios macroeconómicos. Entre otras condiciones, obligaba a una quita sobre el valor de las participaciones preferentes como veremos; y a unos ajustes de plantilla que han tenido que hacer Bankia y otras entidades bancarias españolas a cambio del rescate europeo. El rescate bancario exigió implementar un plan de reducción de empleo en Bankia que suponía cerrar 600 oficinas y reducir la plantilla en un 28%, es decir, despedir a casi 6.000 trabajadores; para lo cual la entidad bancaria aprobaba un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en febrero de 2013. ([vii])
                                                                               



[i] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., pp.259-262
[ii] Iñigo de Barrón, El Estado nacionaliza el grupo de Bankia. El País, 9/5/2012
[iii] José Moisés Martín es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis, art.cit.
[iv] Jorge Fabra Utray ¿HA SIDO BANKIA NACIONALIZADA? Economistas Frente a la Crisis, 14/5/2012 en http://economistasfrentealacrisis.com/ha-sido-bankia-nacionalizada/
[v] El País, 28/5/2012
[vi] André Missé, La gran estafa de las preferentes…, opus cit.; p. 229
[vii] Joan Ramon Sanchis Palacio, La verdad sobre Bankia…articulo  cit.

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