lunes, 29 de octubre de 2018

BANKIA: LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA (I)

(Capítulo IV.4. Del libro inédito del autor de este blog, BANCOS DEMASIADO GRANDES PARA ENCARCELAR – Casos significativos de riesgo sistémico, de manipulaciones de precios y mercados y de gran delincuencia financiera - cuya publicación fue descartada por editoriales españolas en 2017)

LA ESTAFA DE LA INSOLVENCIA ENCUBIERTA: BANKIA

·         La titulización de las deudas: burbuja crediticia e inmobiliaria.
·         El Grupo BFA-Bankia, una estructura jurídica artificial
·         La cuantificación de las pérdidas de Caja Madrid-Bankia
·         El fiasco de la salida a Bolsa de Bankia: “hazte banquero”.
·         La “nacionalización” y el rescate europeo: el memorándum.
·         La estafa de las participaciones preferentes.
·         Directivos corruptos: las tarjeta black
·         Colusión política y rescate

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El 17 de abril de 2015, Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno y ex Director Gerente del FMI, era detenido por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, en una operación que dio lugar a la famosa foto del policía con su mano en el cogote del exministro ayudándole a agachar la cabeza al entrar en el coche. Fue una fugaz imagen de gran impacto mediático que escondía la libertad de la que sigue gozando el procesado al terminar 2016. Pendiente de varios juicios, hasta donde sabemos, el procesamiento de Rato está ligado en parte a toda la peripecia de la desaparición de la centenaria Caja de Ahorros de Madrid y a la fraudulenta gestión del Grupo Bankia que aglutinó aquella con otras seis cajas de ahorro.(Rato ha sido encarcelado en octubre  de 2018 por sentencia firme del caso de las tarjetas black) Cuando todavía no se habían iniciado los numerosos procedimientos judiciales en curso, ni se había configurado el caso judicial de Bankia, el gobernador del BCE, Mario Draghi, afirmó en 2012 que la gestión de la crisis de Bankia se había realizado “de la peor manera posible”. ([i][ii]) Y  los hechos descubiertos posteriormente así lo confirman.

Bankia es un paradigma de la insolvencia bancaria ocultada mediante un acelerado proceso de fusión, reestructuración y recapitalización con ayudas públicas; pero siempre en perjuicio de los pequeños ahorradores convertidos en inversores y a costa de los contribuyentes.  Aunque el nuevo Bankia era la cuarta entidad financiera de España con una dimensión sistémica a escala española, su caso no alcanza la magnitud y dimensión financiera de los episodios de megabancos de alcance global que hemos analizado en los capítulos anteriores. Sin embargo lo incluimos en esta saga porque representa otra vertiente delictiva que de alguna manera practican los grandes bancos globales, como son los abusos bancarios y los engaños a sus propios inversores y clientes. Los inversores en Bankia y antes en su núcleo básico, Caja Madrid, han sufrido tres engaños importantes que han afectado a miles de pequeños ahorradores, como analizaremos en este capítulo. Cronológicamente, el primero fue la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en 2009 y años anteriores, que alcanzó a casi 300.000 ahorradores. El segundo fue la salida fraudulenta a Bolsa de Bankia en 2011, con una pérdida casi inmediata del 90 por ciento del valor de las acciones vendidas; a finales de 2015 ya se habían dictado 13.479 sentencias, de las cuales un 95 por ciento eran favorables a los inversores. Y para muchos clientes de la antigua Caja Madrid, el tercer engaño tuvo lugar con la ruinosa conversión de participaciones preferentes y subordinadas, que se materializó en marzo de ese año. A los que tenemos que sumar el escándalo de las conocidas como tarjetas black u opacas para Hacienda descubiertas en 2014, que confirman un modelo de gestión corrupta del dinero público y privado invertido en el Banco.

En este capítulo presentamos un análisis del caso a partir de la información y datos disponibles; pero el relato completo del caso solo podremos obtenerlo cuando se cierren todos los procesos judiciales pendientes.

La titulización de las deudas: la burbuja crediticia e inmobiliaria.

A finales de 2007, la economía española había alcanzado el máximo apogeo tras una larga fase de expansión. Este auge había sido propulsado durante los años anteriores por una fuerte abundancia crediticia concentrada sobre todo en el sector inmobiliario, que generó una descontrolada burbuja. El aumento del crédito no fue consecuencia de que los bancos dispusieran de más ahorro de particulares, proveniente de un incremento de los depósitos de sus clientes... El factor principal que permitió un crecimiento tan desorbitado del crédito fue el endeudamiento exterior de los bancos españoles en los mercados financieros internacionales; y las facilidades crediticias concedidas en el interior. Los bancos y cajas de ahorros disponían de liquidez para los préstamos hipotecarios convirtiendo esas deudas ajenas en títulos bursátiles que se vendían en el mercado financiero; y recuperando así el dinero para seguir prestándolo, según documenta el estudio  académico de tres profesores españoles publicado por el BCE ([iii])  La pronunciada burbuja inmobiliaria financiada tuvo lugar mediante el espectacular desarrollo de los mercados de titulización que condujeron a que se suavizaran las condiciones exigidas para los préstamos y a los subsiguientes problemas de estabilidad financiera. 

Una de las consecuencias de la burbuja fue el incremento en España del precio de la vivienda en un 180 por ciento de 1997 a 2007 según los datos del citado estudio; como también sufrieron fuertes incrementos en anteriores años algunos otros países europeos como Reino Unido e Irlanda. Y los autores recogen la conclusión de que el impulso principal para la titulización de los préstamos concedidos, fueron las necesidades de liquidez de la banca española, que hemos analizado en otro libro como una necesidad vital para la banca financiera ([iv]).  Los capitales extranjeros que adquirían títulos de los bancos y cajas españolas, procedían principalmente de Alemania y Francia, que obtenían en estas operaciones mayores rentabilidades que en las inversiones realizadas en sus respectivos países. Los datos son muy significativos. Entre 1999 y 2007 el endeudamiento exterior de la banca creció el 630 % al pasar de los 148.000 millones de euros hasta 1,1 billones ([v]). Los analistas económicos coinciden en que este aumento disparatado del endeudamiento exterior fue posible fundamentalmente por la pertenencia al área europea de la moneda única, el euro, que reforzaba la confianza en los bancos españoles ante sus prestamistas europeos  junto con la negligente supervisión de las autoridades españolas. Esta afluencia masiva de crédito provocó no solamente un aumento de los precios de las viviendas, los inmuebles, el suelo y todo lo relacionado con la promoción inmobiliaria y la construcción sino que a más créditos, más beneficios para las entidades financieras. Esta fiebre del crédito que los bancos colocaban entre las familias y las empresas, les generaba unas ganancias exorbitantes. Nada menos que 169.281 millones de euros entre 1996 y 2010, según el Banco de España. El aumento del crédito exigía a los bancos un incremento proporcional de capital para mantener el ratio de solvencia. Y el problema que se planteó al estallar la crisis es que el capital se había vuelto escaso y se había encarecido ([vi]); y la recesión económica generaba el cierre de pequeñas empresas, el desempleo y el consiguiente impago de los créditos inmobiliarios y la morosidad de los clientes.

El Grupo BFA-Bankia, una estructura jurídica artificial

Lo de Bankia es la crónica de una estafa anunciada para clientes, ahorradores y ciudadanos en ([vii])  Que BFA-Bankia era inviable y que los gestores de la entidad y las autoridades lo sabían, quedó de manifiesto en la necesidad de captar capital privado para sostenerlo como fuera. ([viii]) Desde el plano académico, los expertos extranjeros ([ix]) sostienen que un test de insolvencia para una corporación es si puede o no recaudar nuevo capital de inversores privados; porque una incapacidad de recaudar capital a cualquier precio es un claro signo de que la corporación es débil y podría ser insolvente.
general; y muestra gráficamente el proceso de concentración bancaria llevado a cabo por las autoridades económicas españolas a través de las fusiones; que en general han tenido consecuencias nefastas para la sociedad con despidos masivos, mayores abusos sobre los clientes, exclusión financiera y pérdida de la banca de proximidad; es una valoración crítica bastante compartida de Joan Ramón Sanchís Palacio, catedrático de economía de la Universidad de Valencia. En Bankia se han dado todas las malas prácticas de los grandes bancos en España, como los abusos e ilegalidades cometidas por los directivos bancarios como el uso de las tarjetas black u opacas y el cobro de indemnizaciones y sueldos desproporcionados; y los abusos a los pequeños ahorradores a través de la colocación de títulos engañosos como las participaciones preferentes, la conversión de estas en acciones y la salida fraudulenta a Bolsa. Los hechos señalan a Bankia como el ejemplo más característico y evidente del fracaso de la política de reforma bancaria llevada desde el Gobierno, con el proyecto de transformar Caja Madrid y Bancaja más cinco pequeñas cajas de ahorros, entidades públicas todas, en un banco privado que tras su salida a Bolsa el 20 de julio de 2011, tuvo que ser “nacionalizado” y rescatado un año después con una aportación inicial de 19.000 millones de euros de ayuda europea.

Todo un compendio de errores

La desafortunada historia de Bankia desde su constitución hasta su recapitalización es un compendio de los muchos errores cometidos para hacer frente a la crisis de las cajas de ahorro, en opinión de tres expertos solventes. ([x]). No sólo por su tamaño sino por su naturaleza y composición, este grupo bancario encarna todos los errores cometidos en la gestión de la crisis bancaria en España; su propia creación fue un error como ya admitió en televisión el propio ministro de economía Luis de Guindos. Y hubo errores de los gestores amparados por los supervisores; y también hubo guerras políticas que complicaron la situación de la entidad. Porque los fallos no empezaron el día de su nacimiento cuando se unieron mediante un SIP ([xi]), una peculiar fusión de las siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja (Valencia), Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja Canarias. Los problemas de la nueva entidad financiera se gestaron muchos años antes, durante la burbuja inmobiliaria. Caja Madrid y Bancaja, los principales componentes del grupo y principales causantes de lo que fue una tragedia, habían concentrado buena parte de sus créditos durante casi una década en las actividades de promoción inmobiliaria y, lo que fue mucho peor, en los promotores y en la compra de suelo para la especulación. Y buena parte de estas inversiones se realizaron con el dinero prestado por grandes bancos internacionales.

Por tanto, la brusca caída del sector inmobiliario significó el consiguiente aumento de la morosidad, los impagos y quiebras de promotores y constructores de viviendas; y el cierre de la liquidez en los mercados internacionales colocó a ambas entidades en Madrid y Valencia, en una situación más que complicada, ya en 2009. Una situación que fue enmascarada durante años, en particular mediante la refinanciación del principal e intereses de los créditos dudosos no declarados como tales. En el caso de Caja Madrid, donde hubo un relevo en la presidencia, fueron más fáciles de detectar los problemas. Los informes de la inspección del Banco de España respecto a las cuentas de 2010 (que se publicaron en los medios en 2012) reflejaban que Caja Madrid y Bancaja, tenían fuertes pérdidas acumuladas con anterioridad a la subsiguiente fusión. Esta fragilidad era más grave y sistémica, ya que estas dos cajas ocupaban el puesto segundo y tercero del ránking español de cajas de ahorro.
Tras fallidos intentos de fusión con otras cajas y conocidos los intentos de la entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid de sustituir al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por otra persona, la dirección del Partido popular (en el gobierno central y en la mayoría de las autonomías) presentó la candidatura de Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de Aznar y ex gerente del FMI, que accedió a la presidencia de Caja Madrid el 29 de enero de 2010 con el necesario apoyo del gobierno e instituciones implicadas. Un mes después, el recién llegado a la presidencia de la entidad en una carta a los principales cargos destacaba la falta de capital de la entidad: “La regulación financiera nos va a obligar no sólo a preservar sino a aumentar nuestra capitalización, y a mejorar nuestro perfil de riesgo, así como a nuestros ratios de liquidez”. Estaba claro que la insuficiencia de capital no se planteaba como un problema ya existente anteriormente sino atribuible a la regulación, un claro error de apreciación que conduciría por un camino de huida de la cruda realidad. En mayo  de 2010 comunicó al consejo la creación de un SIP, modelo conocido como fusión fría, un mecanismo legal de consolidación de las cuentas, que en este caso sumaba a Caja Madrid con Bancaja y cinco cajas pequeñas  y solicitaron 4.465 millones al FROB, el fondo estatal de rescate bancario. ([xii])
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La entelequia del BFA.

Este modelo societario elegido para la integración de las siete cajas mediante un denominado Sistema Institucional de Protección (en siglas SIP), diseñado como mecanismo de fusión de las cajas de ahorro con problemas de solvencia, para el caso se denominó Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuyo balance sumaba los de las cajas integrantes, mutualizando al cien por cien el patrimonio y los resultados y constituyendo una unidad de gestión común de rango funcional superior a las de las propias cajas. Pero permitía a las entidades fusionadas mantener sus propios consejos de administración y sus marcas comerciales; y planteaba, entre otros, complejos problemas contables para el Grupo. Por tanto, Bankia fue el resultado de la fusión del negocio bancario de siete cajas (Caja Madrid y Bancaja con las cinco mencionadas) que decidieron crear en 2010 el BFA, cuya composición del capital otorgaba a Caja Madrid la condición de entidad líder con el 52,06% del capital del conjunto, seguida de Bancaja con el 37,70% y del resto de cajas. Es importante señalar que en el momento de la creación del SIP, las cajas de ahorro seguían siendo entidades públicas, con órganos de gobierno propios, elegidos en asambleas con la participación de los parlamentos regionales, las asambleas de impositores, los sindicatos más representativos, las entidades sociales y los municipios en los que las cajas tenían negocio. Esto es, las cajas de ahorro, que llegaron a representar el 51% del sistema financiero español, estaban bajo el control público, con objetivos estatutarios vinculados al desarrollo económico y social de los territorios de referencia. Por lo tanto los accionistas del BFA eran aquellas entidades públicas sujetas al control público de los parlamentos y asambleas regionales, como partes integrantes del Estado español, como subrayan los tres expertos citados. En el proceso de estructuración, el BFA  -insistimos, propiedad al 100% de las cajas de ahorro públicas - creó una filial, Bankia, en la que concentró su negocio bancario rentable, con la intención de que para recomponer su capital saliera a Bolsa cuanto antes. La ingeniería financiera asignó los llamados activos “tóxicos” (léase préstamos impagables, viviendas y solares sin mercado previsible) al “banco malo”, al BFA; y los activos considerados buenos se asignaron a la filial única, Bankia, una compleja operación de manipulación contable en la valoración de los activos, en unos años en los que la congelación del mercado inmobiliario hacía casi  imposible asignar valoraciones correctas acordes con ese mercado; pero se esperaba que las ganancias futuras de Bankia cubrieran la insolvencia de origen de la banca matriz, que alcanzaría luego un capital cero. El caso es que todas esas operaciones se realizaron con el beneplácito del Banco de España, el regulador bancario.

El Banco Financiero y de Ahorros (BFA) comenzó a operar el 1 de enero de 2011, agrupando activos por valor de 340.000 millones de euros, con la mayoría accionarial de Caja Madrid con el 52 % del capital, seguido de Bancaja con el 37 % y porcentajes testimoniales para las restantes cajas. Poco después, una licencia bancaria en desuso  permitió crear Bankia, a la que BFA traspasó buena parte de sus activos y pasivos, reteniendo los de peor calidad. Esta estructura suponía que el BFA era propiedad de las Cajas y Bankia era propiedad del BFA. En teoría, el BFA (que era un banco) sería el banco malo y Bankia, que iba a salir a Bolsa, sería el banco bueno, apareciendo ante el mercado como una entidad saneada. Es obvio que se trataba de una estructura jurídica artificial, ya que el conjunto de ambas entidades era consolidable económicamente como una sola entidad, como se comprobó tras su mal llamada “nacionalización”. Entre sus activos, el BFA acumuló 100 millones de metros cuadrados; 45.000 viviendas sin vender y 15.000 locales, garajes, etc. Un patrimonio inmobiliario descomunal, mayor que el de cualquier inmobiliaria española, hasta la creación de la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Sorprende que, aunque el diagnóstico no fuera inicialmente el definitivo, el supervisor ya disponía de la muy preocupante información de una inspección de diciembre de 2010, que le advertía que la integración de Caja Madrid y Bancaja sería un grave error. A la vista de las declaraciones que se han ido produciendo en los procesos judiciales posteriores, parece increíble que se impulsara una integración entre esas dos entidades de esa importancia sin profundizar aparentemente en el conocimiento de su situación real; sin haberse practicado los ejercicios de debida diligencia con la profundidad suficiente, señalan los tres expertos citados; que apuntan como otro error añadido la rapidez del proceso al excluir profundizar en los análisis previos. Porque la grave situación de ambas entidades tenía que ser conocida tanto por el Banco de España como por su auditor. Desde luego, la integración no solo se permitió sobre bases inseguras sino que es sabido que fue impulsada por el Gobierno de entonces. Y tampoco se comprende que el candidato a presidente, ex ministro de economía, aceptara el nombramiento sin conocer la situación o que lo aceptara conociéndola. Es posible que diera más importancia al peso del factor político, a su sintonía personal entonces con sus antiguos compañeros de gobierno y del partido en el poder, confiando en una ayuda extraordinaria de los poderes públicos que no llegó a tiempo de asegurar su supervivencia profesional. El fondo estatal de rescate bancario, el FROB, ya disponía de 90.000 millones de euros para afrontar los problemas de reestructuración y saneamiento, pero todo indica que el Gobierno del Partido popular no confiaba en Rodrigo Rato ni en su plan para sacar adelante a Bankia. “El error básico fue el predominio de lo político sobre lo profesional”, sostienen los tres expertos citados ([xiii]) porque la realidad es que se desconocía el alcance de la necesidad de capital.

La cuantificación de las pérdidas de Caja Madrid-Bankia

Fue un largo proceso conseguir precisar la cuantía de las pérdidas concentradas en Bankia y la necesidad de capital para que fuera viable como banco; un proceso condicionado por el entorno de crisis económica, los factores políticos, la  nueva legislación bancaria y la ausencia de transparencia en la gestión descubierta posteriormente; que además incluyó el fracaso de la salida a Bolsa. Algunos economistas sostienen que entre el verano de 2010 y mayo de 2012, España entró en una segunda recesión no prevista por nadie puesto que se pensaba en una recuperación en 2011. Y en ese contexto se dictaron tres reales decretos leyes de reforma bancaria (2/2011; 2/2012 y 18/2012) que incrementaron las exigencias de capital y dotaciones y tuvieron un efecto directo sobre Bankia; algo que influyó mucho en las decisiones que fue tomando la entidad. Hay quienes consideran que la salida a Bolsa en julio de 2011 no se entiende sin el RD Ley 2/2011, ya que Bankia sale a Bolsa para eludir el requerimiento del 10 % de capital básico que era incalculable en aquel momento. Para otros, es obvio que los decretos leyes no crearon las pérdidas sino que simplemente hicieron aflorar las ya existentes y exigieron su cobertura. Recordemos que en el verano de 2012 se constata que el grupo BFA-Bankia tenía una necesidad de capital en torno a 24.000 millones de euros para cubrir pérdidas, y el grueso de esas pérdidas venía de antes sin que las crearan las nuevas provisiones ni la segunda recesión. Sin embargo, por encima de todo hubo un propósito claro de opacidad, de no dejar ver la situación de insolvencia de buena parte del sistema de cajas. Incluso puede afirmarse que el supervisor veía mal que una entidad declarase pérdidas corrientes, afirma André Missé. ([xiv])

Desde hacía unos años Caja Madrid se encontraba en una situación delicada, con serias necesidades de capital para afrontar el creciente volumen de impagados, situación que se agravó al sumarse la frágil situación de las otras cajas. A finales de 2010 se aceleró la operación de fortalecer el grupo financiero BFA-Bankia para sacarlo a Bolsa, una vez comprobado que la emisión de 3.000 millones de euros captados en participaciones preferentes el año anterior, no había sido suficiente para sanear debidamente Caja Madrid, que continuaba teniendo un serio problema de falta de capital o insolvencia. El deterioro de las inversiones y el impago de un creciente número de créditos llevaron a la entidad a una situación de pérdidas. El informe de los inspectores del Banco de España de diciembre de 2010 indicaba que “se identificaron pérdidas esperadas en un escenario temporal de dos años por importe de 4.983 millones de euros”. Sin embargo, en el informe final las autoridades del Banco de España permitieron rebajar en 2.000 millones las pérdidas estimadas, que finalmente quedaron reducidas a poco más de 3.000 millones, según informaciones de la agencia Bloomberg en El economista ([xv]). Todo hace pensar que el Banco de España rehuyó oponerse a una operación como la creación de Bankia y su salida a Bolsa, alentada por el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas. Dicho de otro modo, el supervisor admitió ocultar las pérdidas. Ese trato de favor del Banco de España a Caja Madrid lo puso de relieve su ex presidente Jaime Terceiro en su discurso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en mayo de 2011. Lo cierto es que, a pesar de la incertidumbre del entorno, en julio de 2011 Bankia salió a Bolsa cuando todavía no había clarificado sus cuentas. La decisión del Banco de España de permitir que Caja Madrid declarara beneficios en lugar de unas pérdidas abultadas, encubrió tanto los problemas de la entidad de ahorro como la situación de riesgo real en que nacía Bankia o la que se encontraban las participaciones preferentes. Probablemente el supervisor se fiaba en una recuperación de la economía en 2011 como otros analistas,  pero sucedió lo contrario. La segunda recesión en que  cayó la economía española en 2011 y 2012 resultó tan fatal para la entidad como para muchos bancos y cajas. El Banco de España actuó sobre todo como suelen hacer los bancos centrales: privilegiando los intereses de la entidad financiera a costa de descuidar completamente los de los preferentistas y los futuros accionistas. El supervisor privó a los inversores de una información veraz que hubiera resultado muy valiosa para tomar decisiones oportunas y no arriesgar sus ahorros. En 2012 los problemas de la certeza de las pérdidas contables de Bankia se acentúan con la primera reforma del sistema financiero que aprueba el Gobierno de Mariano Rajoy por Decreto ley del  2 de febrero. ([xvi])

El interrogante: ¿a cuánto ascienden las pérdidas?
El Ministerio de Economía exigía 54.000 millones al sector para que saneara sus inversiones inmobiliarias y recuperara la confianza perdida de los mercados internacionales, provocando rumores de que dicho Decreto ley ponía en graves dificultades a Bankia. De ahí que se sucedan las valoraciones por terceros para lograr recuperar la credibilidad exterior de las informaciones contables y del sistema bancario español. A principios de marzo de 2012 Bankia encarga a la auditora Deloitte & Touche un plan para hacer frente a la nueva exigencia de fuertes provisiones, multiplicándose las reuniones con el auditor para intentar encontrar una solución a la falta de capital, creándose incluso un grupo de trabajo con el banco de inversiones Lazard, Clifford Chance, Deloitte y Bankia con ese objetivo. En paralelo, el consejo de Bankia encarga al banco de inversiones Lazard que estudie la fusión con Unicaja, Liberbank o Banca Cívica, para poder así reclamar más capital público y tapar el agujero ya evidente en la entidad. El informe obtenido por Bankia se traslada al Banco de España, de quien recibe el visto bueno al mes siguiente, sujeto a condiciones como la venta de activos y el relevo del consejero delegado. En paralelo el Ministerio de economía comunica a Rato que no cree en la validez del plan y le pide que elabore otro plan más ambicioso. Y con tal cometido Bankia contrata a la consultora McKinsey. La negativa del auditor a analizar las cuentas hasta que se solventasen los problemas de la validez de los créditos fiscales  ([xvii])  como capital y la valoración de Bankia, eleva la tensión en el grupo tras algunas reuniones con la comisión de auditoría interna.
Bankia, ¿obtiene  beneficios o sigue perdiendo?
El 28 de marzo de 2012, el consejo de BFA, el banco malo del grupo financiero, aprueba y firma las cuentas con 309 millones de beneficios, en claro contraste con la grave situación de la entidad, que habría de aflorar aparatosamente tras la nacionalización. Deloitte les comunica que, de mantenerse esa situación, tendría que advertir por escrito que el grupo no es viable, tal y como les había advertido en marzo. El 23 de abril, Rato informa al consejo de BFA que el Banco de España había aprobado el plan de recapitalización y al día siguiente presenta su dimisión el presidente de la comisión de auditoría, Ángel Acebes. Pero en abril, tras la visita a Madrid de dos misiones consecutivas al más alto nivel técnico, el FMI publica su informe adelantado sobre España mencionando que existe una entidad, “la de mayor tamaño”, en alusión a Bankia, a la que hay que aplicar medidas rápidas y decisivas. Lo que provoca que la tensión alrededor de Bankia se dispare hasta niveles desconocidos hasta ese momento entre los inversores internacionales. ([xviii])
El caso es que finalizó abril de 2012 sin que se produjera el informe de auditoría sobre Bankia como exigía la ley; que no se había realizado porque nunca se le presentaron las cuentas firmadas, según Deloitte. Por lo que la CNMV, el supervisor bursátil, rechazó la publicación en su página web de las cuentas remitidas por Bankia por carecer del informe del auditor, aunque días más tarde fueron publicadas como un “hecho relevante”. Y en esa fecha del 31 de abril, Rato mantuvo una reunión con el Banco de España donde presentó un nuevo plan que incluía mayores desinversiones y señalaba la necesidad de 7.000 millones de ayudas públicas. En un entorno de crisis económica, se agudizaba la incertidumbre sobre el alcance real de las pérdidas de Bankia como banco cotizado en Bolsa, lo que se presentaba como una amenaza para la estabilidad financiera del país y la imagen del Gobierno. Ese fin de semana, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato se entrevista con el ministro Guindos a quien acompañan los presidentes del BBVA, Francisco González; del Grupo Santander, Emilio Botín; y el presidente de La Caixa Catalana, Isidro Fainé. Esta reunión revelaba la dimensión sistémica de los riesgos de Bankia, el cuarto banco del país cuya situación podría repercutir en las cuentas de los tres mayores bancos españoles. Tras los dos encuentros, Rodrigo Rato entiende que no cuenta con la confianza del Gobierno para enderezar la situación y presenta su dimisión el 7 de mayo de 2012 directamente ante el presidente del Gobierno. En su carta de renuncia propone al consejo como sustituto en la presidencia a  José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado del BBVA, que inicia un plan de clarificación de la situación financiera de Bankia, cuando  era ya un banco cotizado.

                                                                                                           (continúa)




[ii] El País, 28/5/2012
[iii] Santiago Carbó-Valverde, David Marqués-Ibáñez y Francisco Rodríguez Fernández, Securitization, bank lending and credit quality.The case of Spain. ECB working paper series. Nº 1329 / April 2011
[iv] La denominada titulización (securitisation en inglés), un negocio o “técnica” bancaria  consistente en la conversión de créditos del banco (las deudas de sus clientes) en títulos bursátiles, admitiéndose que diferentes activos financieros (por ejemplo, hipotecas, cobros pendientes de tarjetas crédito, préstamos concedidos, etc.) se transformen en valores vendibles para la recaudación de fondos.  Véase Juan Hdez. Vigueras, El casino que nos gobierna…,opus cit.; pp.80-83
[v] Europe G.Policy Brief número 5, abril de 2014
[vi] Andreu Missé, La gran estafa de las preferentes. Abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Alternativas económicas, Barcelona, julio 2016, pp.77; 33-34. Una excelente y completa indagación del daño económico y moral ocasionado por Bankia entre los pequeños ahorradores españoles.
[vii] Joan Ramon Sanchis Palacio, Catedrático de Economía de la Empresa Universitat de València, La verdad sobre Bankia: el mayor engaño de la historia de la banca en España. Nueva Revolución  14/09/2016 en http://nuevarevolucion.es/bankia-mayor-engano-historia/
[viii] Eduardo Segovia, Bankia, la gran estafa. El confidencial.com,6/12/2014 en http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-06/bankia-la-gran-estafa_579659/
[ix] Anat Admati & Martin Hellwig, The Bankers´ …,opus cit. p.41
[x] Véase Aristóbulo de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes Véase Aristóbulo de Juan, Francisco Uría, Iñigo De Barrón, Anatomía de una crisis. Deusto, 2013, pp.253 y siguientes
[xi] El Sistema Institucional de Protección (en siglas SIP) fue ideado legalmente como mecanismo de consolidación para Cajas de Ahorro con problemas se solvencia
[xii] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., p.255
[xiii] Ibidem, p.255
[xiv] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp. 255-266
[xv] El Economista (agencia Bloomberg) 28/2/2014
[xvi] Andreu Missé, La gran estafa…, opus cit., pp. 143-144
[xvii] Créditos fiscales son apuntes contables que bancos y empresas hacen al sufrir pérdidas deducibles o gastos no deducibles, y que les permite compensar esos «números rojos» en el futuro, cuando generen beneficios, pagando menos por el impuesto de Sociedades. Las entidades tienen gastos que reducen sus ganancias pero que no pueden desgravar en ese tributo, de forma que pagan más impuestos. Hacienda les reconoce el derecho a anotarlos y usarlos en el futuro para reducir los impuestos que pagan por los beneficios de los próximos años
[xviii] Aristóbulo De Juan et alii, Anatomía de una crisis…, opus cit., pp.260-261

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