viernes, 20 de diciembre de 2019

Malta, paraíso fiscal europeo: papeles de Panamá y asesinato político


La actual crisis de la República de Malta representa un reto para la nueva Comisión europea y, en particular, para su presidenta, como señalan los grupos de la  oposición en el Parlamento europeo.  Pero entendemos que ese reto que presenta la actual situación de Malta implica al futuro del principio del Estado de Derecho  en la Unión.

Hace más de dos años, la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia fue asesinada en Malta al parecer por delincuentes ligados al actual gobierno, según  publicamos en este Blog el 7/11/2017, que reproducimos a continuación. Algunos de los mejores periodistas de investigación europeos han continuado su trabajo. Y a pesar de todas sus revelaciones, ningún sospechoso de relevancia ha sido condenado o acusado al menos durante mucho tiempo. La serie de delitos graves en el sector de servicios financieros de Malta se ha complementado con nuevos episodios. Pero los periodistas se enfrentan a una mayor hostilidad. Y Malta necesita leyes de medios que debiliten la influencia de los partidos políticos y protejan a los periodistas del reclamo por difamación que amenaza su propia existencia. Lo más importante es que el actual Gobierno carece de credibilidad para defender el estado de derecho, después de la dimisión de algunos ministros que han sido señalados por la prensa como asociados al asesinato.

 Por todas estas razones, desde el Parlamento Europeo y la opinión pública europea se ha planteado la necesidad de investigar qué ´está ocurriendo en Malta que cuestiona el funcionamiento correcto del estado de derecho en esta República miembro de la UE. Y  dada la gravedad, la Presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen reaccionó a la situación en Malta en una conferencia de prensa con un análisis insuficiente, asegurando simplemente que la Comisión cooperará con las autoridades maltesas en la reforma del sistema judicial sin que hiciera comentarios sobre un posible procedimiento de evaluación del estado de derecho.  Y, una delegación del Parlamento Europeo completó su misión urgente a Malta y presentó un informe final.

Por tanto, la oposición en el PE considera que la reacción de Ursula von der Leyen a los problemas masivos en Malta es demasiado débil. Porque no se trata solo de reformar el sistema judicial sino de afrontar la cultura local de la impunidad cuando se trata de corrupción y delitos financieros. Un problema fundamental es que Malta a menudo no tiene investigaciones en absoluto sobre casos de corrupción o lavado de dinero. La Comisión de la UE debería iniciar investigaciones sobre el estado de derecho, de lo contrario se enfrentará a un grave problema de credibilidad, porque tampoco debe seguir tolerando el incumplimiento de los acuerdos con la UE sobre la venta de pasaportes por parte de Malta. Y las conclusiones deben incluir consecuencias claras para la República de Malta.


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El 16 de octubre pasado, la bloguera y periodista de investigación  Daphne Caruana Galizia, ciudadana de Malta, fue asesinada por la explosión de un coche-bomba al peor estilo mafioso, mostrando la amplitud de la corrupción y la impunidad con la que se mueven los negocios sucios  en este país de la Unión Europea, algo que ella había revelado en sus investigaciones. El primer ministro de Malta confirmaba que había sido un ataque contra la destacada periodista, un asesinato premeditado que ha sido el primero de este tipo pero al que le han precedido algunos otros en años recientes.

Los reportajes de Galizia solían referirse asuntos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la República de Malta y también había testificado ante la Comisión parlamentaria de Investigación sobre los conocidos como Papeles de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. Entre otras derivaciones, las investigaciones de la reportera maltesa asesinada implicaban a Konrad Mizzi, ministro de energía y sanidad de la Republica de Malta, quien - después de su negativa inicial - en febrero 2017 anunció que clausuraría su sociedad offshore en Panamá propiedad de un trust (fideicomiso) de Nueva Zelanda, alegando que había declarado la compañía y que la había clausurado por razones de transparencia.

Si creemos las informaciones del periódico The Times of Malta (PERIODISTA ASESINADA EN MALTA: Hay algo podrido en el corazón del Estado. The Times of Malta, 18/10/2017) "la economía está en auge pero algo está podrido en el corazón de esta República, tan podrido que amenaza con llevarse todo por delante. Las implicaciones de este crimen son enormes. Este asesinato fue un asesinato asociado con la mafia. El desafío es mayúsculo para quien dio la orden. La pregunta es si hay políticos involucrados. Porque hay mucho en juego en todo esto, que comienza a sonar como a un Estado fallido".

La República de Malta, un socio europeo offshore

Malta (415,000 habitantes), que ingresó junto con Chipre en la Unión Europea en 2004 y en 2008 en la eurozona, era ya un reconocido paraíso fiscal incluido en la lista oficial de la OCDE vigente hasta 2005; y lo ha seguido siendo como atestiguan las numerosas agencias en Internet que promocionan y gestionan la creación de sociedades mercantiles offshore. Para comprobarlo, basta insertar en cualquier buscador el nombre Malta y la palabra offshore o paraíso fiscal. La reciente filtración en noviembre de 2017 denominada los Paradise papers un destacado número de sociedades offshore aparecen registradas en Malta. De acuerdo con el informativo digital  Proceso.com.mx, asociado a esa investigación, al menos 62 ciudadanos mexicanos, entre ellos empresarios, magnates, personajes vinculados a la política y futbolistas que juegan en Europa, han elegido en Malta para resguardar sus secretos y sus millones.
Siendo ya miembro de la UE, en Agosto de 2006 la página de la CIA sobre Malta destacaba las graves deficiencias fiscales y financieras de la ex colonia británica; y los datos navieros recogían su oferta como bandera de conveniencia con las perniciosas consecuencias conocidas. Aunque como nuevo miembro de pleno derecho de la UE, siguió manteniendo características propias de la condición de paraíso fiscal offshore, que tampoco fue obstáculo para su admisión en la eurozona desde Enero de 2008, como se analiza en mi libro La Europa opaca de las finanzas, (páginas 171-187) que se puede descargar libremente (columna a la derecha.).

En el marco del plan de acción global contra los paraísos fiscales que fue abandonado tras la cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009, nueve años antes el Informe del Foro de Estabilidad Financiera incluyó a Malta como un centro offshore con veinte bancos autorizados y supervisados (entre los 42  centros financieros offshore identificados oficialmente entonces). Y Malta y Chipre fueron considerados paraísos fiscales por el Comité técnico de la OCDE, por lo que ambos micro estados remitieron a esta organización su compromiso de eliminación de las prácticas fiscales perjudiciales  de modo anticipado, logrando que no se les incluyera en la lista negra publicada entonces, sin que exista informe alguno que acredite que cumplieron su compromiso. En todo caso y en aquel marco global, atenuar esa condición fue uno de los objetivos de las negociaciones autorizadas por el Consejo y la Comisión europea para su ingreso en la Unión en 2004. Mientras el gobierno maltés como el chipriota se resistían a equiparar su fiscalidad con la de la Europa de los quince, la Comisión europea les incentivaba  con sustanciosas ayudas económicas, financiadas con impuestos de los ciudadanos europeos perjudicados por las prácticas fiscales insulares; ayudas que durante el trienio 2004-2006, alcanzaron para Malta los 272 millones de euros; sin que se le exigiera la total eliminación de sus prácticas de paraíso fiscal para no residentes. 

El proceso negociador concluyó aunque el informe final detectaba graves deficiencias en Malta que no obstaculizaron la concesión de ayudas económicas y de un período transitorio hasta el 1 de enero de 2010, durante el cual se  le autorizan exenciones sobre el IVA y otras. La retórica de la Comisión  consideraba que se cumplía el acervo comunitario sobre la fiscalidad; sin embargo, el lenguaje burocrático ocultaba la realidad como demuestra el régimen transitorio concedido, al final. Entre otras cosas, estos procesos negociadores demostraron la falacia de las políticas comunitarias contra los paraísos fiscales decididas por el Consejo Europeo y la tecnocracia de Bruselas, que dicen pretender el logro de la armonización fiscal y la erradicación de las prácticas que la OCDE consideró que perjudicaban a los demás países.[i]

Los datos actuales de la CIA destacan que la economía de libre mercado de Malta -la más pequeña de la zona del euro- depende en gran medida del comercio tanto de bienes como de servicios, principalmente con Europa. Tras la crisis de la zona euro, el sector de servicios de Malta mantiene un crecimiento sostenido en los servicios financieros y los sectores del juego en línea además del turismo. Los esquemas fiscales ventajosos siguen siendo atractivos para los inversores extranjeros, aunque los inacabables debates de la UE sobre medidas contra la evasión y el fraude fiscal han generado preocupación entre los proveedores de servicios financieros y seguros de Malta, ya que las medidas podrían tener un impacto significativo en esos sectores.

El negocio maltés de las banderas de conveniencia

Tras el ingreso de Malta en la UE, los expertos promotores de la evasión fiscal internacional en Internet han continuado catalogando a estas islas como un atractivo centro offshore.  Consideran que tras la integración europea, existe una estructura legislativa moderna para la mayoría de las principales actividades financieras, con nuevos incentivos que no solo reducen los tipos impositivos de sociedades offshore sino también ofrecen bonificaciones fiscales; y sobre todo, la ventaja competitiva de un apreciado grado de opacidad para negocios financieros.  Hay que destacar la industria marítima de  fletes con bandera de conveniencia y del registro de buques, que se inició durante los años ochenta; y que junto a la condición de destino turístico, integra una economía de servicios que sustenta cierto enriquecimiento reciente, sostén de la amplitud de la corrupción política actual.


Todo buque necesita acogerse al pabellón de un Estado y esa vinculación determinada su nacionalidad y la legislación aplicable tanto para resolver los conflictos de índole internacional como para determinar las normas de seguridad a bordo y las relaciones laborales entre los  tripulantes y el armador o naviero. Una bandera se considera de conveniencia cuando la propiedad del buque reside en un país diferente del país cuya bandera enarbola, lo que supone para el dueño el disfrute de beneficios financieros y otro tipo que no tendría en el país del propietario, con todas los efectos desastrosos que ilustró el hundimiento de El Prestige y que ya analicé en el apartado "La desregulación financiera y las banderas de conveniencia" en mi libro de referencia Los paraísos fiscales. Cómo los centros offshore socavan las democracias. Y, sin embargo, un buen número de los grandes cruceros de vacaciones siguen navegando bajo pabellón de la República de Malta, aunque los limitados recursos de esta pequeña República le dificulten practicar un nivel seguro en la inspección de los buques que portan su bandera. Entre otros casos menos publicitados, la bandera de Malta ondeaba en el  petrolero Erika, que se hundió partiéndose en dos frente a las costas de la Bretaña francesa en diciembre de 1999, ocasionando una grave catástrofe ecológica con la subsiguiente denuncia mediática de las responsabilidades de esa bandera de conveniencia.

Desde entonces, Malta emprendió una reforma de su código marítimo intentando librarse de  su etiqueta de proveedor de amparo de buques basura, que es una dimensión propia de algunos centros offshore.  Pero Malta sigue incluida en la relación de países que conceden bandera de conveniencia, establecida por la ITF, International Transports Workers´ Federation, que lleva a cabo una campaña mundial contra esta práctica que degrada el transporte marítimo y genera enormes catástrofes ecológicas. Actualmente, el organismo Transport Malta tiene registrados 1650 buques, de los cuales el 87 por ciento  pertenecen a países como Grecia (469 buques); Turquía (233); Alemania (135); España (8), etc. Es una actividad comercial de mero registro administrativo sin conexión alguna con las necesidades de la economía maltesa. El éxito de este negocio maltés tiene una explicación sencilla y es que para el registro naval maltés, el propietario del buque tiene que ser una sociedad constituida en Malta, que en la mayoría de los casos está exenta de impuestos y admite cualquier tipo de buque, desde los yates de recreo hasta las plataformas petrolíferas. La legislación maltesa muy liberal no señala restricciones para las tripulaciones ni límite de edad para los buques, siendo muy flexible en relación con la venta o las hipotecas sobre buques; y otras muchas ventajas competitivas.  

El asesinato de la citada periodista de Malta ha provocado alarma en el Parlamento europeo. Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica para el Greens / EFA Group y portavoz de los verdes en la Comisión de Investigación del Parlamento europeo sobre blanqueo de dinero y evasión fiscal hacía un llamamiento público afirmando que:

"Europa ahora debe mirar a Malta. El asesinato de una valiente periodista que ha estado luchando con élites corruptas en su país debe conducir a una protesta europea. El asesinato de la reportera Galizia es un ataque contra los valores democráticos europeos. Europa se rige por el estado de derecho, no por los métodos de la mafia. La energía criminal y los vínculos estrechos entre los políticos y la élite económica en Malta son devastadores. Malta es la meca del blanqueo de dinero sucio y los evasores de impuestos. Las alegaciones de lavado de dinero se extienden hasta el mismo gobierno maltés. Los dos principales partidos en el país han apoyado la evasión fiscal internacional en Malta. El centro del poder en Malta  padece una cultura de impunidad a diferencia de casi ningún otro país en la UE. Europa ya no debe hacer la vista gorda ante la forma en que se incumple el estado de derecho en estas islas. La Comisión Europea debe analizar de cerca la situación en Malta y, si es necesario, iniciar un procedimiento de infracción…. Debemos declarar claramente la responsabilidad del gobierno en Malta, como así como de otros países que permiten el lavado de dinero y el dumping impositivo. La imparcialidad fiscal y el enjuiciamiento efectivo del delito financiero son cruciales para la credibilidad de la Unión Europea".-   




[i] Unión Europea/Ampliación en http://europa.eu/scadplus/leg/es/s40000.htm

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