lunes, 31 de agosto de 2015

Fondos buitre en España: de la especulación a los pleitos


Como resultado de la reducción radical de las subvenciones solares, a principios de 2014 veintidós empresas han demandado a España ante los tribunales internacionales en siete casos diferentes; se trata principalmente de fondos de renta variable privados que entraron en el mercado después de que la crisis hubiera comenzado, según el informe publicado por las ONG Transnational Institute y Corporate Europe Observatory. Aunque no estaba claro la cuantía que alcanzarían las demandas, se estima que los fondos internacionales tenían invertido 13,000 millones de euros (17,000 millones de dólares en activos de energías renovables en España; y el gobierno había incumplido las condiciones de las inversiones. Todas las demandas se basan en el Tratado de la Carta de la Energía, un convenio multilateral que proporciona protección a los inversionistas en el sector energético, reconociéndoles derechos similares a los encontrados en los tratados bilaterales de inversión (TBI); y que también permiten a las empresas demandar a los gobiernos ante los tribunales internacionales de arbitraje.

Todos los inversores demandantes están domiciliados ​​en países europeos (Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Italia y Bélgica; y de los siete casos, la firma de abogados Allen & Overy representa a cinco. Más de la mitad de estas empresas inversoras sólo comenzó a invertir después de 2009 (al año siguiente de la quiebra de Lehman Brothers) y continuaron aumentando sus inversiones durante 2010 y 2011, como registra el referido informe. De las 22 firmas demandantes únicamente diez invirtieron antes de la primera medida que restringía las tarifas subvencionadas en 2008; y de esas diez, ocho lo hicieron durante 2009 y 2010 después de los recortes iniciales de las subvenciones,  cuando la crisis era ya reconocida. Cuando la crisis financiera global era una evidencia, siguieron produciéndose estas inversiones que por definición son de riesgo. De modo que para cuando llegaron la mayoría de estos inversores extranjeros, España estaba en plena crisis económica y ya habían comenzado las restricciones a las subvenciones a la energía solar. Lo que permite pensar que estas firmas practicaban estrategias especulativas similares a los fondos buitre, buscando la rentabilidad en la garantía del Estado que lograrían vía pleitos.

La mayoría de las plantas fotovoltaicas se instalaron durante 2007-2008; y era sabido que para agosto de 2007, España había superado el 85% el objetivo para 2010 en energía fotovoltaica (paneles solares y energía eólica). Hasta 2009, la mayoría de los operadores solares eran empresas nacionales que construyeron los parques (instalaciones solares a gran escala) y luego los vendían en subastas. Entonces bandadas de inversores extranjeros -  particularmente firmas de capital riesgo y de fondos de gestión de activos y patrimonio, atraídos todos por los altos márgenes de rentabilidad compraban participaciones de control estas plantas solares ya instaladas. Aunque la cuantía de la inversión no se divulgara, el modus operandi de estas empresas suele consistir en quedarse en el negocio durante cinco a siete años y después desinvierten para recoger la cosecha de los beneficios. Los fondos de inversiones prefieren grandes parques con tecnología y calidad demostrada que ofrezcan seguridad técnica, con tasas de retorno de 12% o 13%, aseguraba Delphine Barredo, Director de la revista Capital & Corporate, especializada en firmas de capital riesgo”.

(Del capítulo 5 del libro LOS FONDOS BUITRE, CAPITALISMO DEPREDADOR, pp.231-232)




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