martes, 1 de abril de 2014

La Troika, al margen de los tratados europeos

En febrero pasado The Economist (1/2/2014) contaba que, durante la reunión de ministros europeos de finanzas en Atenas, hasta las señoras de la limpieza les gritaban “asesinos” a los miembros de la Troika. En Lisboa se leen pancartas de protesta que dicen “Fuck the troika”; y en portugués se ha popularizado un neologismo, entroikado, que viene significar “económicamente jodido”. Desde luego,  este guardián europeo al servicio de los bancos acreedores  nunca ha suscitado la más mínima simpatía en los países a los que suponía que venía a ayudar.

El trío del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional es un organismo improvisado en mayo de 2010 para el rescate de Grecia. Pero ha funcionado como un ente sin legitimidad democrática, ideado para cubrir parcialmente el vacío institucional descubierto con la crisis del sistema financiero globalizado. La eurozona ni siquiera disponía  de un verdadero banco central (el BCE es solo un emisor del euro hasta la fecha sin competencias para supervisar las cuentas de los bancos a los que presta dinero) ni tampoco los gobiernos del euro disponían de recursos para afrontar la crisis y el endeudamiento excesivo de loa bancos.  

Muchos de quienes soñamos con una Europa federal, nunca podíamos haber imaginado que en Europa se llegaran a aplicar  las duras políticas neoliberales que el FMI había venido aplicando en los países en vías de desarrollo que se habían endeudado. Unas políticas que concedían préstamos a los gobiernos, bajo duras condicionalidades que limitaban la soberanía de los países receptores, con privatizaciones impuestas y fuertes reducciones de gasto público; que en la Europa del Sur se han traducido en recortes de la protección social a las capas más desprotegidas de la sociedad. Pero así se decidió entre bastidores por una Unión Europea dirigida por gobiernos de la derecha conservadora y  neoliberal. Y el FMI ha sido el eje central del rescate de Grecia y de los de Irlanda, Portugal, España y más recientemente Chipre.

La realidad es que la Troika ha marcado una línea radical de empobrecimiento y desigualdad social, que ha roto los equilibrios internos que habían alcanzado los países calificados como periféricos, contribuyendo a la socialización de las pérdidas de los bancos. Teóricamente se diseñó como un mero instrumento técnico del Consejo Europeo para el seguimiento y control del cumplimiento de los programa de “consolidación fiscal” acordados, la mal llamada política de austeridad. Todo ello con la anuencia de los gobiernos, incluido el español, que participan en los Consejos Europeos, máximo organismo gobierno de la UE; que han ido aprobando las medidas sugeridas por los “inspectores” de la Troika, a los que el ínclito ministro español de Hacienda llamó “los hombres de negro”cuando sostenía que nunca vendrían a Madrid.
                
Una “catástrofe política

Es evidente que el papel de la Troika ha sido cuestionado desde su creación, sobre todo por los propios ciudadanos afectados directamente por políticas injustas. Dejando a un lado las fuertes protestas ciudadanas, durante los más de tres años de actividad la Troika ha sido objeto de duras críticas a su línea de actuación incluso dentro de la propia Comisión europea. En un mitin en julio de 2013, la vicepresidenta de la Comisión, Vivian Reding criticaba a la falta de transparencia del FMI  apelando a la disolución de tal ente asociado a las instituciones europeas, opiniones que ratificaba posteriormente su portavoz. Y en una entrevista en el periódico griego Kathimerini, Reding cuestionaba la legitimidad del Fondo para intervenir en la Unión Europea:

Los ciudadanos europeos no confían en la Troika. Y tienen razón. Decisiones fundamentales como el despido de miles de empleados públicos no pueden adoptarse a puerta cerrada. Tienen que ser debatidas en el Parlamento Europeo, que ha sido elegido directamente en unas elecciones”.

Y en esa dirección crítica daba un paso más el Director de Notre Europe, un instituto de estudios regido por Jacques Delors. En declaraciones a la Deutsche Welle, la radio nacional alemana, subrayaba que la imagen de la UE se ha deteriorado completamente en países como Grecia, Portugal o España. “La Troika ha sido una catástrofe política para la Unión Europea”, decía, porque ha significado una pérdida de soberanía para los países sometidos a sus dictados.

Por su parte, a la altura de 2014, un portavoz del  Banco de Francfort, Jörg Asmussen, apuntaba que hay que replantear el mecanismo de la Troika, con un enfoque más integrado en el marco europeo comunitario. Si el BCE va a ejercer la supervisón de la gran mayoría de los bancos nacionales europeos, dentro  del plan de la llamada unión bancaria, habrá que evitar que el BCE se encuentre representado en los dos lados de la mesa, como miembro del trío vigilante y como representante de los bancos de la eurozona vigilados.

La ilegitimidad de la Troika

Cuando ya ha perdido relevancia, en particular mediática, superada la fase de la amenaza sobre el euro, dos europarlamentarios abrieron una investigación sobre los trabajos de este organismo tripartito, iniciando en diciembre pasado, un examen para el Parlamento europeo, con encuestas que han dado como resultado dos informes, uno de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y otro de la comisión de Empleo y Asuntos Sociales; los cuales difícilmente a estas alturas pueden tener consecuencias políticas serias, al menos ante las opiniones públicas de los países.

Porque sobre la Troika y su labor podemos destacar TRES conclusiones políticas, deducidas de la observación de las informaciones publicadas, como son:

La primera es su falta de legitimidad de origen y de ejercicio. Para empezar, la expresión periodística frecuente de “troika comunitaria” es una falacia total. La Troika no es una institución prevista en los tratados europeos ni tampoco un organismo intergubernamental como tantos otros creados por acuerdos del Consejo Europeo. Más aún, institucionalmente, la presencia del BCE en la Troika es claramente una anomalía. El mandato del Banco de Francfort no ampara la negociación con los gobiernos de los recortes de los presupuestos nacionales ni las reformas de la legislación laboral ni mucho menos las amenazas de cortar la liquidez a un país si este no cumple con los deseos manifestados por el trío de vigilancia.

En segundo lugar, tenemos que añadir la falta de transparencia en las actuaciones de la Troika, con un funcionamiento totalmente opaco de modo que la opinión pública no conoce informes técnicos o comunicados oficiales ni sus valoraciones de las situaciones de los países vigilados o las actas de sus reuniones con representantes de los gobiernos vigilados. Los ciudadanos solo conocen los retazos informativos de la prensa sobre documentos que se suponen han llegado al Consejo europeo y a los gobiernos afectados, pero sin generar debate alguno que haya trascendido.

Y en tercer lugar, resulta particularmente escandaloso  que el Parlamento europeo no haya tenido ni tenga acceso  a la documentación elaborada por la Troika; y que este organismo espurio ajeno al marco legal europeo no rinda cuentas ante los eurodiputados, únicos representantes directos de los pueblos europeos. La investigación parlamentaria referida es una prueba de ese descontrol. Una vez más,  en esta UE, deficitaria democráticamente,  un instrumento supuestamente técnico se le autoriza para ejercer  acciones políticas alejadas de las democracias nacionales que fundamentan la estructura institucional europea.

Y es que el diseño de este nuevo organismo del gobierno europeo ha venido inspirado por el referente ideológico que comparten la tecnocracia europea y los gobiernos nacionales con los altos gestores de la banca. Los poderes financieros que controlan en la sombra las decisiones de las instituciones europeas, aprovecharon el endeudamiento privado convertido en deuda pública de los Estados sin acceso ya a los mercados internacionales, para imponerles políticas no incluidas en  los respectivos programas de gobierno votados en las elecciones generales.

¿Tendrán en cuenta los ciudadanos y los partidos europeos estas experiencias recientes en las próximas elecciones europeas?

  



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