domingo, 20 de julio de 2008

La Comisión europea contribuye a la inestabilidad financiera del Sur

Mediante una Carta dirigida a los Ministros de Industria y de Medio Ambiente, Rural y Marino y a sus respectivos Secretarios de Estado, las organizaciones civiles de ATTAC, COAG, Ecologistas en Acción, SETEM, Xarxa de l'Observatori del deute en la Globalització y muchas otras, se hace un llamamiento al Gobierno español para frenar las negociaciones de la llamada Ronda de Doha de la OMC, que pretenden la expansión de las políticas de liberalización comercial, incluidos los servicios financieros, en beneficio las grandes empresas transnacionales.

Además, como esas negociaciones se llevan a cabo por la Comisión europea en nombre de la Unión, resulta que el ejecutivo de Bruselas lleva sus afanes liberalizadores de las finanzas mucho más allá de la geografía del mercado comunitario; mientras muchos ciudadanos europeos se indignan ante la dureza de la directiva sobre la inmigración y, más aún, ante las tropelías del gobierno Berlusconi con la etnia gitana. Y al mismo tiempo la UE secunda la política de Bush de ampliación de los mercados financieros globales en detrimento de la estabilidad y el progreso de los países en desarrollo.

Durante los contactos para finalizar las negociaciones de la OMC sobre agricultura y sobre el acceso a los mercados de bienes no agrícolas, la Unión Europea y los EEUU han insistido en lograr compromisos de mayor liberalización del comercio de los servicios incluyendo los servicios financieros dentro del marco del Acuerdo General para el Comercio y los Servicios (AGCS, en siglas en castellano y GATS, en inglesas). La UE se asocia a los EEUU para pretender que los países en desarrollo incrementen los riesgos que se derivarían de una ulterior liberalización de sus sectores financieros, aunque el mundo este todavía digiriendo una de las crisis financieras internacionales más fuertes y todavía no se hayan instrumentado medidas para evitar otras futuras. Por el contrario, las referidas negociaciones persiguen una mayor desregulación de los servicios financieros; y no tienen en cuenta que precisamente la gran libertad de acción y complejidad de los conglomerados financieros genera inestabilidad y crisis.

Como apunta un estudio reciente del Instituto Transnacional, con estas pretensiones de mayor liberalización y ampliación de los mercados financieros se están ignorando las crisis actuales financiera y alimentaria. Y es sabido que la crisis financiera actual, surgida hace ya un año, reveló deficiencias graves en los mecanismos de gestión y evaluación de riesgos que fueron incapaces de evitar su extensión internacional y su alcance mundial. Y se ha reconocido que esta fragilidad del sistema proviene de un marco desregulado que permite a la industria financiera la combinación de actividades tan diferentes como la banca, los seguros y el negocio bursátil junto con su rápida expansión a muchos países.

El citado estudio traducido subraya que las exigencias liberalizadoras de la UE y de los EEUU se apoyan en los influyentes lobbies de la industria financiera que apelan constantemente al libre acceso permanente de los mercados bancarios y financieros locales así como para la introducción de las normas del AGCS que impiden la intervención de los gobiernos en las estrategias de las grandes corporaciones para lograr grandes beneficios sobre los préstamos y demás servicios financieros necesarios en los países en desarrollo. En años pasados, la UE llegó incluso a solicitar del AGCS que algunos países en desarrollo suprimieran las exigencias de préstamos obligatorios a las PYME. Aunque son muchos los estudios, como los del Banco Mundial y del FMI, que han mostrado que la apertura de los mercados locales de los países en desarrollo para el establecimiento de bancos extranjeros conduce a menudo al debilitamiento del acceso al crédito para las industrias pequeñas y medianas (PYME), ahogando así el desarrollo de la economía nacional.

El caso más llamativo fue el requerimiento de la UE a países como Brasil, Chile e India para que liberalicen sus mercados financieros conforme a los compromisos de largo alcance del AGCS relativos a los servicios financieros y que dejen libertad a los proveedores extranjeros para que introduzcan cualquier tipo de nuevo servicio financiero. Más aún, la UE ha requerido a muchos países para que suprimieran las medidas que obligaban a los bancos extranjeros a que mantuvieran las reservas monetarias en el país anfitrión; previsiones destinadas a mantener la estabilidad financiera, evitando los problemas de liquidez en momentos de crisis.

Como ciudadanos europeos tendríamos que preguntarnos cuando y qué gobiernos han dado tal mandato a la Comisión europea para que impongan la liberalización y desregulación de los sistemas financieros a los países en desarrollo, contribuyendo así a crear las causas del empobrecimiento y la miseria generalizada en el Sur. Es un ejemplo más de cómo funciona esta Europa opaca de las finanzas.-
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